tag:blogger.com,1999:blog-52955066428627144072024-02-18T18:06:22.435-08:00Historia Contemporánea de EspañaCIHCEhttp://www.blogger.com/profile/11041203763649640990noreply@blogger.comBlogger6125tag:blogger.com,1999:blog-5295506642862714407.post-57395281380634897872008-03-16T08:43:00.001-07:002008-10-04T01:55:31.017-07:00EL SIGLO XX: La Dictadura de Primo de Rivera<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh146wJAsQRXrDAdrEmbfE8a5cIif4M0kDe9Bp4Bo1QnQYhn3ARQw139eVXW5AEP1ahqVBRLIYbQTxdtWYoNzBG2Cpe04i4jHGtgVYg9nd1NZ-1l7EiZWgLTXQnOhKEcuhSLxLMmfpK_Rs/s1600-h/alfonso+xiii+jarandilla.bmp"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5181222565782016034" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh146wJAsQRXrDAdrEmbfE8a5cIif4M0kDe9Bp4Bo1QnQYhn3ARQw139eVXW5AEP1ahqVBRLIYbQTxdtWYoNzBG2Cpe04i4jHGtgVYg9nd1NZ-1l7EiZWgLTXQnOhKEcuhSLxLMmfpK_Rs/s320/alfonso+xiii+jarandilla.bmp" border="0" /></a> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigy3fsZbd0r5RcYDinu8WOMDO4P0kRlvJH87CKq8-00LYpF_oeAGuY0BIz_-yUp9mdYQq7bD3E_yT4bQRBc2GNBqcp1JNMHez-RSWxk2Xy_mvTtaPCa07G6EQAH6_x55WUdtQC4vWvzL8/s1600-h/Fabra,+Largo+1928.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5178629634188341122" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigy3fsZbd0r5RcYDinu8WOMDO4P0kRlvJH87CKq8-00LYpF_oeAGuY0BIz_-yUp9mdYQq7bD3E_yT4bQRBc2GNBqcp1JNMHez-RSWxk2Xy_mvTtaPCa07G6EQAH6_x55WUdtQC4vWvzL8/s320/Fabra,+Largo+1928.jpg" border="0" /></a><br /><div><br /><br /></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"><span style="color:#ff0000;">Alfonso XIII en Jarandilla </span></div><div align="justify"><span style="color:#ff0000;">Fabra, Saborit y Largo Caballero 1928</span></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify">El <strong>pronunciamiento</strong> de Miguel Primo de Rivera en septiembre de 1923 puso fin a la España liberal del siglo XIX, al largo siglo XIX español, abriendo un ciclo de Dictaduras y democracias que caracterizará al Siglo XX.<br />La pretensión del Directorio Civil de elaborar una nueva Constitución corporativa a través de la convocatoria de una Asamblea Nacional consultiva rompía con la tradición liberal de la monarquía constitucional. </div><div><br /></div><div align="justify">La incapacidad del sistema político de la Restauración para democratizarse, y la desastrosa campaña en el protectorado de Marruecos, más que la amenaza de una revolución, fue lo que motivó el pronunciamiento "regeneracionista" de Primo de Rivera, con el consentimiento de Alfonso XIII.<br /><br /></div><strong></strong><div><br /><br /></div><div><strong></strong></div><div><br /></div><div><strong></strong></div><div><br /></div><div><span style="color:#ff6600;"><strong></strong></span></div><div><br /></div><div align="justify"><span style="color:#ff6600;"><strong></strong></span></div><div><br /></div><div align="justify"><span style="color:#ff6600;"><strong>El debate sobre la participación en la Asamblea Nacional</strong> </span></div><div align="justify"><span style="color:#ff6600;"><br /><strong></strong></span><br /><br />Inicialmente, la mayoría de las organizaciones socialistas aceptaron la ocupación de cargos técnicos o de representación siempre que pudieran designar directamente a sus representantes. No obstante, Prieto y algunas federaciones como la vasco-navarra y la castellana se opusieron a esta decisión. Este debate adquirió nuevas dimensiones entre 1926 y 1929 con motivo del proyecto de una nueva Asamblea Nacional que elaboró el Directorio Civil. En el verano de 1926 los Comités Nacionales abordaron por primera vez la cuestión de una asamblea consultiva de carácter corporativo. Besteiro propuso la convocatoria de un Congreso extraordinario, mostrándose partidario de la aceptación de los puestos en la Asamblea, mientras que Largo Caballero defendió el restablecimiento de las garantías constitucionales. Por el contrario, Prieto, aunque había dimitido de los puestos de dirección nacionales, intentó influir en la adopción de una postura abstencionista. Posteriormente, en octubre de 1927, Caballero creía que la Asamblea era una institución consultiva por lo que no era anticonstitucional aunque no fuera democrática. Si se designaba como representantes ugetistas a los vocales del Consejo de Trabajo, que había sustituido al Instituto de Reformas Sociales, no habría ningún inconveniente en participar en la Asamblea Nacional. Los Congresos del PSOE y de UGT de 1928 rechazaron la ocupación de cargos salvo cuando estos fueran ofrecidos directamente a las organizaciones para que designaran libremente sus representantes. El debate sobre la Asamblea Naconal se reabrió todavía en el verano de 1929 cuando Primo de Rivera ofreció directamente a UGT cinco puestos de libre designación en un proycto ampliado de Asamblea. Aunque Besteiro manifestó ser partidario de la participación, Largo Caballero y Saborit creían que el ambiente contra la dictadura aconsejaban la abstención. Finalmente, la caída de Primo en enero de 1930 cerró este debate aunque abriría el debate sobre la participación, del partido y del sindicato, en las elecciones generales y municipales que proyectaba el gobierno de Berenguer para restablecer la monarquía constitucional. </div><div><br /></div><div align="justify"></div><br /><div align="justify"><br /><strong><span style="color:#ff6600;">Lectura: </span><span style="color:#ff6600;">¿Colaboración con la Dictadura de Primo de Rivera?</span></strong></div><div align="justify"><strong><br /></strong>La generalidad de la historiografía considera que las organizaciones socialistas obtuvieron un trato de benevolencia por el dictador Primo de Rivera. La UGT obtuvo la principal representación obrera en organismos técnicos y corporativos, ocupando algunos puestos de representación política en los nuevos ayuntamientos. Sin embargo, como señala Martín Ramos, la aceptación de cargos por socialistas y ugetistas no se puede calificar de "sumisión" ni de convalidación del régimen de excepción establecido por el dictador. En todo caso, la oposición a la Dictadura se hizo más activa a partir del establecimiento del Directorio civil y, sobre todo, a partir del rechazo a la participación en la Asamblea Nacional consultiva desde 1928.<br />Saborit, con crecientes responsabilidades en las organizaciones, sobre todo en el PSOE, donde desempañaba la secretaria, con un enfermo Pablo Iglesias de presidente, mantuvo una actitud muy prudente. Aunque dejó su puesto de concejal en el Ayuntamiento de Madrid y de diputado nacional, al quedar en suspenso la Constitución de 1876, Saborit no se opuso a mantener la participación socialista en la administración y en las instituciones políticas. Para el secretario del PSOE había poca diferencia entre la monarquía de la Restauración borbónica, nacida de un pronunciamiento de Martinez Campos en Sagunto, que bajo la apariencia de normalidad constitucional perseguía a las organizaciones obreras y limitaba a menudo las libertades, y un directorio militar con Alfonso XIII.<br />Además de los puestos directivos en las organizaciones socialistas, Saborit continuó yendo como delegado de la representación obrera a las conferencias anuales de la Organización Internacional del Trabajo hasta 1925. Por otro lado, Largo Caballero y Saborit, en nombre de la Unión General de Trabajadores, pertenecieron a la Comisión Interina de Corporaciones que funcionaba en el Ministerio del Trabajo, bajo la presidencia del general Mayendía. Fueron suplentes de ellos Trifón Gómez y Manuel Cordero. Con la autoridad que les daba pertenecer a ese organismo oficial, los gobernadores civiles estaban obligados a permitir la celebración de los actos de propaganda que organizaban con el pretexto de los Comités Paritarios. Una de esas campañas de divulgación de los ideales socialistas Saborit la realizó en el País Vasco.<br />La definición inicial de las organizaciones socialistas ante el pronuciamiento de Primo de Rivera en septiembre de 1923 fue de cierta pasividad. Solamente en Vizcaya hubo una huelga general de un día. La dirección del PSOE se dirigió sin éxito a Melquiades Álvarez, presidente del Congreso de los Diputados, reclamando alguna acción de respuesta ante el pronunciamiento.<br />La participación institucional de UGT empezó a definirse tras una visita del líder de los mineros asturianos, Manuel Llaneza, a un ministro, a la que sumó por sorpresa el dictador.<br />En marzo de 1924 los socialistas tuvieron que adoptar una posición ante la promulgación de un nuevo Estatuto municipal. En reunión conjunta de los comités nacionales del PSOE y de UGT, Largo Caballero impuso el criterio de<br />"<em>ir a la lucha con la nueva disposición, pues de no hacerlo así se impondrían sanciones a la organización (...) Nos beneficia porque lleva al ejercicio de la acción política a las fuerzas de la UGT".</em><br />En esta declaración estaba ya presente la idea de aprovechar las nuevas circunstancias políticas para el reforzamiento de las organizaciones pero, también, de una acción política directa del sindicato, quizá influida por la victoria laborista en Inglaterra. Para ello, en diciembre de 1924 el Comité nacional decidió crear una comisión mixta central del partido y del sindicato, presidida por Besteiro, con Largo Caballero de secretario, y Saborit de vocal, junto a Lucio Martínez (vicesecretario), Manuel Cordero y Fernández Quer. Este proyecto de impulsar un nuevo órgano de dirección central que coordinara la acción política de las dos organizaciones se quedó en nada, debido al rechazo a participación en la Asamblea Nacional que había de elaborar una nueva constitución corporativa.<br />La representación obrera en el Instituto de Reformas Sociales (IRS) fue trasladada al Consejo de Trabajo que lo reemplazaba. Dado que no hubo una nueva designación de vocales de UGT por el Directorio militar, los representantes siguieron en sus puestos. Esta situación abrió el debate sobre las normas para la aceptación de cargos. Solamente podrían aceptarse aquellos que la organización pudiera designar libremente, así como los de elección popular. Este criterio provocó algunos conflictos con motivo de la designación de concejales corporativos en Madrid, Valladolid y otras ciudades. Saborit se sumó al criterio del representante de Castilla en el Comité Nacional, de que solamente se podrían aceptar puestos corporativos cuando fueran de directa designación por las organizaciones obreras.<br />Primo de Rivera tuvo la idea de ampliar el Consejo de Estado dando entrada a una representación corporativa. De este modo, un representante obrero del Consejo de Trabajo debía formar parte del Consejo de Estado, por lo que Largo Caballero aceptó el puesto pues antes había sido designado por UGT para formar parte del IRS y la institución que lo sustituía, el Consejo de Trabajo. La aceptación de este puesto provocó una encendida crítica de Indalecio Prieto y de Fernando de los Ríos, dimitiendo el primero de su puesto en la comisión ejecutiva del partido.<br />El delegado en el Comité Nacional de UGT que sustituyó a Prieto en la representación de País Vasco, Navarra y Santander, el minero socialista Ángel Lacort, se opuso también a la aceptación de cargos corporativos aún cuando los designara directamente la organización. Lógicamente, Lacort se oponía con mayor vigor a la participación en los Consejo de Trabajo y de Estado. Para Saborit, en cambio, "esta clase de puestos no se pueden abandonar por mera forma sino por cuestión de principios", y ese no era el caso. Saborit señaló, además, que la ejecutiva del PSOE no había tenido conocimiento oficial del nombramiento de Largo Caballero, y que la participación en los cargos estaba aún por discutir en el seno del partido. En todo caso, ese debate no debía afectar al puesto que Largo Caballero había ocupado en el Consejo de Estado pues éste se "concedía a la representación obrera del Consejo de Trabajo". Saborit manifestó su criterio de que la ejecutiva de UGT había hecho bien acepando el nombramiento, pues no se podía abrir una consulta entre las secciones por la falta de libertad impuesta por el régimen de excepción. Los delegados del Comité Nacional que representaban a Castilla-León, País Vasco-Navarra-Cantabria y Aragón defendieron que había que haber consultado a las secciones ante un nombramiento de tanta trascendencia. El debate y la incipiente crítica contra la dirección, fueron cortados por Besteiro señalando que la cuestión no era algo fundamental referidos a principios y tácticas.<br />La discusión sobre la aceptación de cargos lejos de cerrarse habría de adquirir más amplias dimensiones entre 1926 y 1929, con motivo del proyecto de una nueva Asamblea Nacional que proyectó el Directorio Civil de Primo de Rivera.<br />En los meses de julio y agosto de 1926 se reunieron los comités nacionales del partido y del sindicato, abordando por primera vez la cuestión de la Asamblea Nacional corporativa. Saborit dio lectura de una comunicación de Besteiro que proponía la reunión de un congreso extraordinario si el Comité Nacional acordaba la participación. Caballero señaló que la cuestión ya se había discutido en las reuniones de la comisión ejecutiva, mostrándose partidario, como ya había manifestado en la toma de posesión en el Consejo de Estado, del restablecimiento de las garantías constitucionales. Sin embargo, no consideraba muy oportuna la celebración de un Congreso pues sería inevitable abordar la realidad de la Dictadura y no creía que este debate se pudiera emprender en completa libertad. Saborit terció, proponiendo que el secretario general retirara la propuesta reivindicadora de la normalidad constitucional trasladando la discusión a la comisión ejecutiva pues no era el momento oportuno.<br />Poco después, Indalecio Prieto elaboró una carta indicando el procedimiento que había que seguirse ante un posible decreto que crease la Asamblea Nacional. La carta fue reproducida y entregada por el delegado del País Vasco en el Comité Nacional, Zacarías Garay (Lacort estaba en prisión), al resto de los miembros del máximo órgano de dirección entre Congresos. El tono del escrito de Prieto, provocó la protesta de Saborit, seguida por la de Manuel Llaneza que la consideró una "intromisión". Por su lado, Caballero no consentía que les llamara traidores y que hubiera personajes "que quieran erigirse en directores espirituales de la Organización". En cambio, Besteiro, que no había podido asistir por enfermedad, enviaba otro escrito manifestando su criterio de que había que aceptar los puestos ofrecidos en la Asamblea Nacional.<br />A comienzos de noviembre se reunió de nuevo el Comité Nacional, manifestando Saborit que creía que el Congreso sería autorizado. Esperaba que los delegados fueran comedidos para evitar que el Directorio civil de Primo de Rivera lo suspendiera, y que ello supusiera trastornos adicionales para el funcionamiento de la Casa del Pueblo de Madrid.<br />La posición de Saborit en el debate sobre la participación en la Asamblea Consultiva fue inicialmente favorable. Compartía con Besteiro la idea de una cámara legislativa o consultiva de carácter corporativo y creía que, siempre que las organizaciones socialistas pudieran designar libremente sus representantes, había que participar en las instituciones fueran de carácter técnico o político. Sin embargo, el secretario general del PSOE, al igual que Largo Caballero, captaría el giro del ambiente político ante la Dictadura, virando hacia el retraimiento a partir de 1928.<br />Todavía en octubre de 1927, Largo Caballero creía que la Asamblea Nacional al ser meramente consultiva no era anticonstitucional aunque no fuera democrática:<br /><em>"La Organización está obligada a intervenir en todos aquellos organismos en los que se ventilen asuntos que le afecten y debe tener especial cuidado en no cerrarse las puertas del porvenir".</em><br />Además, ante una pregunta de Saborit, Caballero consideraba que si los representantes de UGT en la Asamblea Nacional fueran los que ya ocupaban puestos en el Consejo de Trabajo, habría que aceptarlos para evitar que se eliminase al movimiento obrero de otros organismos oficiales, condenándolo al ostracismo. Saborit creía que había que tomar partido pues cualquier gobierno podría convocar una Asamblea legislativa y no sería "licito ni leal decir que eso es un acto anticonstitucional (...), con ese pretexto no podemos negarnos a ir a la Asamblea". Creía que el proyecto del Directorio civil era muy malo pues, además, el Gobierno no sólo había designado a los ugetistas presentes en el Consejo de Trabajo sino que había designado directamente a personalidades socialistas como Manuel Llaneza o Fernando de los Ríos "sin tener en cuenta su representación colectiva". Creía, no obstante, que no era una cuestión de dignidad lo que se ventilaba con la participación y que habría que aceptar los puestos si venía el nombramiento real. De todas maneras, Saborit percibía que el ambiente del país había cambiado pues hasta los sindicatos libres no aceptaban ir a la Asamblea. Concluyó defendiendo la idea de que solamente se debían aceptar puestos si éstos eran ofrecidos en blanco a UGT. Largo Caballero terminó cambiando de opinión aceptando rechazar de manera prudente los puestos ofrecidos aunque todo dependería de la fórmula que, finalmente, utilizara la Dictadura. Saborit insitió en la idea de que se aceptaran los puestos siempre que la UGT pudiera designar libremente a sus representantes o éstos fueran los que ya ocupaban vocalías en el Consejo de Trabajo. Había que evitar cerrar puertas pero creía que negarse a ir a la Asamblea no era un desafío abierto al Gobierno.<br />El debate sobre la participación en la Asamblea consultiva se trasladó a tres propuestas diferentes de declaración. El texto de Lacort (que representaba la postura de Prieto) reclamaba el retorno a la normalidad constitucional, a lo que Saborit propuso una fórmula más suave que declarara el deseo de que España tuviera una "vida civil y constitucional". Besteiro creía que esa enmienda podría producir confusión pues los socialistas no podían estar de acuerdo con la Constitución de 1876 y lo que procedía era reclamar una nueva. El representante vasco-navarro replicó que él prefería esa Constitución a la Dictadura pero su propuesta fue rechazada por 24 votos contra 3. Saborit se sumó a la posición política propuesta por Trifón Gómez que fue la que terminó triunfando, frente a otra de Largo Caballero que fue rechazada. Esto significó que las organizaciones socialistas no modificaban su actitud ante la Dictadura, de momento, a la espera de lo que decidiera un Congreso.<br />El XII Congreso del PSOE se reunió entre los días 21 de junio y 4 de julio de 1928. Como secretario del partido, Saborit elaboró una extensa y detallada memoria de la gestión de los órganos directivos desde 1921. Saborit tuvo que defender la gestión de la Ejecutiva y de El Socialista. Las principales criticas procedieron de Teodomiro Menéndenz, diputado del PSOE por Oviedo hasta el pronunciamiento de 1923, y de Indalecio Prieto. Para Menéndez, las páginas del diario no criticaban suficientemente a la Dictadura. Creía que no se podía justificar esa falta de oposición por la censura. Aunque hubiese sido prudente preservar la continuidad del sindicato UGT, Menéndez consideraba que el PSOE debía haberse opuesto con más vigor pues hasta 1923 la presión del partido exigiendo responsabilidades por la guerra de Marruecos había conseguido que la "vieja política" empezara a cambiar.<br />La autoridad gubernativa presente en el Congreso llamó al orden cuando Menéndez aludió a Primo de Rivera calificándolo de "asaltador del derecho y de la ley". Teodomiro despreció la llamada al orden por lo que Saborit se vio obligado a pedirle que evitara que por "cuestiones accidentales el Congreso fracasara".<br />"¿Es una política de colaboración la aceptación en determinadas condiciones de puestos representativos?", se preguntó el secretario del PSOE, afirmando que la posibilidad de elegir diputados en el viejo régimen no significaba colaboración con la Monarquía. A juicio de Saborit, esos puestos representativos en el pasado o en el presente no eliminaban la postura de oposición socialista a los gobiernos constitucionales y al Directorio. Además, como socialistas, no habia que "encerrar las ideas en un estrecho límite político liberal burgués".<br />Prieto recriminó a Saborit porque la memoria no recogía sus cartas donde criticaba la postura de la dirección socialista ante la Dictadura, y tras la asunción por Largo Caballero de un puesto en el Consejo de Estado, su dimisión como vocal de la Ejecutiva. Prieto concluyó su discurso con un guiño sentimental, aludiendo a un discurso contra el fascismo italiano:<br /><em>"No se va hacia la justicia a costa de la libertad. Allí donde no hay libertad, la verdadera, la plena, la libertad latente, no podrá haber pensamiento fecundo"</em><br />Saborit reconoció cordialmente su error, demostrando un gran respeto político y admiración personal hacia Don Inda. Respecto a la moderación de El Socialista, Saborit se justificó con la censura gubernativa pero, también, reconoció que se sometían a una especie de autocensura para evitar males mayores. Como era habitual en Saborit, terminó apelando a la unidad, la prudencia y la concordia:<br /><em>"Lo único que hace falta es medir bien el terreno para no dar pasos en falso, para no quebrantar nuestra fuerza, para dar esa unidad de vigor (...) que será mañana una solución para la política del país en que el Partido Socialista tenga la influencia que legítimante merece".</em><br />El debate sobre la participación en la Asamblea nacional corporativa se reabrió todavía en el verano de 1929 cuando la Dictadura ofreció directamente a UGT cinco puestos para una Asamblea ampliada, cumpliendo las exigencias de los socialistas en los Congresos de 1927 y 1928. El presidente del PSOE y de UGT, Julián Besteiro, expresó por escrito su postura favorable pues la abstención era una táctica errónea "que ha producido siempre resultados fatales para la democracia". Besteiro consideraba que el retraimiento era un apoyo indirecto a la tambaleante Dictadura y aún a la Monarquía:<br /><em>"Y digo que no hay mayor colaboración con la dictadura ni mayor participación en sus responsabilidades que la que pudiera resultar de la adopción del criterio abstencionista. La dictadura es una ficción política que pretende salvar de un peligro inminente a otra ficción política aún mayor: la monarquía restaurada".</em><br />Largo Caballero propuso una resolución contraria a la participación, apelando a los acuerdos del Congreso extraordinario de octubre de 1927. Saborit se sumó al criterio del secretario de UGT pues el proyecto de Constitución ya estaba elaborado y no había verdadera posibilidad de influir para su modificación. Lo contrario "sería rendirnos políticamente ante el país sin mérito alguno".<br />Tras la caída de Primo de Rivera en enero de 1930, Saborit recuperó su puesto en el Ayuntamiento de Madrid, realizando una abierta crítica contra la monarquía. Enseguida el nuevo gobierno del general Berenguer trató de restablecer la normalidad constitucional, para consolidar la corona amenazada de Alfonso XIII, con la preparación de elecciones municipales y generales. Dada la fortaleza organizativa de UGT frente a la debilidad territorial de las Agrupaciones Socialistas, se abrió un debate sobre la directa participación del sindicato en las listas electorales. La ejecutiva de UGT, liderada por Largo Caballero, propuso que el sindicato acentuara su acción política presentando directamente candidatos a diputados y concejales, aunque se habría de poner de acuerdo con el partido donde hubiera agrupaciones. Besteiro y Trifón Gómez se opusieron a una implicación electoral directa de UGT. Por su lado, Saborit coincidió con la postura de Largo Caballero que era, en definitiva, la de la mayoría de la Ejecutiva. Saborit veía difícil deslindar los campos del sindicato y del partido, pues cuando hacía propaganda esta tenía una significación socialista. Además, tras la huelga revolucionaria de 1917, el sindicato había reformado la declaración de principios en un sentido explícitamente socialista y pedido el voto en 1918 a favor de los candidatos contrarios a la Monarquía. Recordó que en esas elecciones habían sido elegidos muchos candidatos obreristas sin estar bajo la disciplina directa de las organizaciones, temiendo que esa situación se repitiera ahora. No veía problema en hacer una especie de ensayo general electoral con la presentación de candidatos de UGT. Por tanto, había que apoyar unánimemente la propuesta de la Ejecutiva, evitando forcejeos que limitaran su eficacia y enfriaran los entusiasmos. Sin embargo, todavía se impuso ampliamente el criterio del sucesor de Pablo Iglesias, el profesor Julián Besteiro, siendo desechada la directa participación electoral del sindicato por 23 votos contra 14 y 4 abstenciones.<br />De esta manera se ponía fin a la "tentación laborista" que había padecido las organizaciones socialistas españolas a lo largo de los años veinte, influida por las experiencias gubernamentales inglesa y, en menor medida, por la revolución mexicana, donde el sindicato y su minúsculo partido laborista había entrado en los gobiernos de los generales Obregón y Calles.<br />En efecto, durante la segunda mitad de los años veinte, además de la simpatía hacia la acción de gobierno laborista en Gran Bretaña, también se vio con expectación la institucionalización de la revolución mexicana. En calidad de secretario (algunas veces firmó como secretario general) del PSOE, Saborit agradeció el pésame del presidente de la Cámara de Diputados mexicanos por la muerte de Pablo Iglesias. La Cámara decretó, además, unos días de luto oficial.<br />La relación de los socialistas españoles con las autoridades del gobierno revolucionario mexicano y los diversos partidos socialistas y sindicatos, anteriores a la creación en 1929 del Partido Nacional Revolucionario, fue de gran simpatía a pesar de la dificultad de las relaciones por la lejanía. Largo Caballero fue invitado en varias ocasiones a realizar una gira por México a través del sindicalista americano, Irving Brown. Sin embargo, este viaje no tenía un carácter oficial y Largo Caballero prefirió esperar a la organización de una misión de la Federación Sindical Internacional. Esta misión de la Internacional no llegó a realizarse en 1923-1924, como había sido previsto. Más adelante, Largo Caballero fue invitado por los sindicalistas mexicanos, encabezados por Morones que había accedido a la Secretaría de Trabajo, a una gira de propaganda. Sin embargo, el secretario general de UGT prefería ponerse de acuerdo con la Internacional para evitar los disgustos que había causado una gira independiente de los sindicatos alemanes. Un español emigrante, José de la Mancera, había recomendado a UGT que asistiera a la Conferencia Panamericana que se iba a celebrar en Panamá en 1926. Por su lado, el dirigente socialista español, Andrés Ovejero, propuso en el Comité Nacional de febrero de 1926, que se aprovechara la proyectada Exposición Iberoamericana de Sevilla para organizar un Congreso obrero internacional. De nuevo en 1927 insistió Brown para el viaje de Caballero a México pero el Comité Nacional reiteró la excusa de la carencia de no ser una misión de la Internacional, aunque Saborit hizo aprobar una declaración oficial de "simpatía por la actuación del gobierno mexicano".<br />En <em>El Socialista</em> fueron recogidos los avatares de la revolución mexicana con gran interés durante los años de la dictadura de Primo de Rivera, pues era una forma indirecta de criticar el clericalismo y el régimen del Directorio Civil. Saborit, que ejercía la dirección del Diario, requirió diversas colaboraciones de Julián Zugazagoitia, Luis Araquistain, Fabra Ribas o Fernando de los Ríos sobre la realidad mexicana. Precisamente, De los Ríos impartió ciclos de conferencias en la ciudad de México y Morelia.<br />Otra de las dimensiones del interés de Saborit fue la situación de los emigrantes españoles. La UGT ya participaba en el Consejo Superior de la Emigración pero Saborit propuso al Comité Nacional que el sindicato participara en un organismo supranacional. Para ello habría que utilizar la excelente relación que se mantenía con Jouhaux de la Confederación General del Trabajo francesa, proponiendo que los emigrantes españoles se afiliaran a este sindicato.<br />Otro aspecto de la cuestión de la emigración eran las leyes de trabajo y nacionalidad que países como Cuba o México estaban promoviendo en esos años finales de la década de los veinte. El gobierno mexicano preparaba una ley de Trabajo que reducía en un 20% el número de obreros españoles que podían trabajar en un determinado sector. La ejecutiva de UGT se dirigió a Luis Morones, de la Confederación Regional Obrera Mexicana y secretario de Trabajo e Industria, y a Manuel Pérez Treviño, quien sería el primer presidente del partido oficial mexicano, pidiendo que no se aplicara esa reducción que afectaba a los emigrantes españoles, sobre todo en sectores como la alimentación, el textil y la agricultura.<br /></div><div align="justify"><span style="color:#ff6600;"></span></div><div align="justify"><span style="color:#ff6600;">Abdón Mateos, <em>Andrés Saborit. Líderes y militantes socialistas</em>, Madrid, P. Iglesias, 2008.</span></div><div align="justify"><span style="color:#ff6600;"></span></div><div align="justify"><span style="color:#ff6600;"></span></div><div align="justify"><strong><span style="color:#ff6600;"></span></strong></div><div align="justify"><strong><span style="color:#ff6600;"></span></strong></div><div align="justify"><strong><span style="color:#ff6600;"></span></strong></div><div align="justify"><strong><span style="color:#ff6600;"></span></strong></div><div align="justify"><strong><span style="color:#ff6600;"></span></strong></div><div align="justify"><strong><span style="color:#ff6600;"></span></strong></div><div align="justify"><strong><span style="color:#ff6600;">Comentario de texto:</span></strong></div><div align="justify"><strong><span style="color:#ff6600;"></span></strong></div><div align="justify"><br /><br />“<strong>A las Secciones de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista Obrero</strong><br />La Sección primera de la Asamblea Nacional ha aprobado un antepro­yecto de Constitución de la monarquía española, que será sometido opor­tunamente, según anuncios del Gobierno, a un plebiscito del país.<br />Aunque la actitud política del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores frente al Estado español es bien conocida de to­dos, por constar en acuerdos tomados pública y reiteradamente en sus Congresos generales y en el propio programa específico del Partido Socialista, queremos aprovechar la coyuntura que ahora nos ofrece el antepro­yecto de Constitución para fijar, una vez más, nuestro diáfano criterio sin veladuras ni anfibologías, y sin perjuicio de que, en el momento adecuado, analicemos artículo por artículo este flamante proyecto de digesto constitucional y le contrapongamos la Constitución que deseamos para España y que, en nuestro entender, desea la España que trabaja y piensa. Hoy queremos limitarnos a clasificar en globo el anteproyecto, dentro de la concepción que nosotros, como obreros y socialistas, nos hemos formado de la historia de España, y de las clases sociales que en ella luchan por el dominio político.<br />Con el anteproyecto de Constitución se intenta cerrar el ciclo histórico que comienza en las Cortes de Cádiz de 1812, interrumpiendo el sistema de monarquía absoluta que Carlos V instaura en España a su advenimiento al trono y la consolida en 1521 con la derrota de los co­muneros, defensores de los fueros, de las ciudades y de la naciente burguesía española. Mientras el Estado tiende a democratizarse en casi toda Europa, transformándose en monarquía parlamentaria en Ingla­terra después de la revolución de 1649, y en república burguesa en Francia después de 1789, en España, al contrario, el Estado destruye todos los elementos populares que limitaban el poder de los monarcas medievales y adopta con los Austrias y Borbones una estructura de absolutismo oriental. (...)<br />Cuando el Parlamento se disponía a deshacer la simulación constitu­cional en que había vivido durante casi medio siglo, venciendo las ser­viles resistencias de los partidos monárquicos, fue la propia autocracia la que, adelantándose, se quitó el antifaz constitucionalista. Quedaba instaurada abiertamente la dictadura. Ahora se quiere legitimizar con una Constitución elaborada por una Asamblea de real orden, y mediante un plebiscito que, por la extensión y heterogeneidad del proyecto y de las anejas leyes orgánicas y sin plena libertad de tribuna y de prensa para discutirlas, ni garantía de que ha de ser respetada la voluntad popular, tiene que ser forzosamente una nueva ficción jurídica. Nosotros rechazamos terminantemente el anteproyecto de Constitución por su origen antidemocrático y por el falso plebiscito con que se trata de darle una apa­riencia de sanción popular.<br />Lo rechazamos también, como obreros socialistas republicanos, porque si la Constitución de 1876 fue una máscara del absolutismo, arrojada en 1923, este anteproyecto ni siquiera vuelve a ser una máscara, sino una mueca de desdén para las esperanzas de democracia y liberalismo que el pueblo español, y muy señaladamente la clase obrera que nosotros representamos, había puesto en la evolución del Estado, como medio conducente al desenvolvimiento político de la nación y a una transformación más justa de la sociedad. El anteproyecto y las leyes accesorias, que permiten al Gobierno anular arbitrariamente en cualquier momento las escasas liberta­des individuales y políticas que se instituyen en la Constitución, supe­rando en esta obra de duplicidad a la misma Constitución de 1876, modelo en el arte picaresco de quitar con una mano lo que se da con la otra, no sólo confirman, sin equívocos ni tapujos, la monarquía absoluta, sino que cierran toda posibilidad de modificación constitucional y desarrollo de­mocrático del país dentro de la ley.<br />La proyectada Constitución es como una pirámide. La ancha base está representada por el rey, que sostiene todos los demás poderes y puede anularlos en cualquier instante. Es decir: el único poder efectivo es el suyo. El rey nombra y separa libremente los ministros y puede agre­gar al Gobierno ministros sin cartera. El rey convoca, disuelve, sus­pende y cierra las Cortes bajo la responsabilidad teórica del Gobierno que él mismo nombra. El rey nombra treinta diputados vitalicios. El rey completa el número de consejeros del reino hasta la mitad del total, nombrándolos con carácter vitalicio. El rey dirige las relaciones diplomáticas y comerciales; puede declarar la guerra y hacer ratificar la paz, previa consulta al Consejo del Reino, pero sin necesidad de su aprobación; ejerce el mando supremo del ejército y la armada, y dispone de las fuerzas de mar, tierra y aire, etcétera.<br />El rey y las Cortes tendrán la iniciativa de las leyes, pero exceptuando las referentes a política exterior y concordatoria, defensa na­cional o reforma constitucional, y las que impliquen rebajas de las contribuciones o aumento de los gastos públicos, que serán de exclusiva iniciativa del rey con su Gobierno, responsable en teoría. En rigor, todas las leyes escapan, a la postre, al dominio de las Cortes, pues el Consejo del Reino puede disolverlas para nueva deliberación siempre que quiera y, en última instancia, ‘el texto definitivamente aprobado por las Cortes se someterá a la sanción del rey, quien podrá concederla o negar­la, consultando o no nuevamente al Consejo del Reino’. De este modo, de hecho, tanto las Cortes como el Consejo del Reino y el Gobierno se redu­cen a simples cuerpos consultivos o asesores del rey, que en realidad asume plenamente los poderes legislativo y ejecutivo.<br />A la nación se le otorga la facultad de elegir directamente o por colegios profesionales –originalísimo sistema de representación popular, hasta ahora inédito en la historia universal de las legislaciones, que aquí sería prolijo discutir en detalle– los diputados y consejeros del reino fuera de los que nombra el rey, y, de estos últimos, los que lo so por derecho propio; pero es una facultad completamente platónica como Poder legislativo si el rey quiere oponerse a sus actividades. Es un de­recho imaginario, sin realidad política, perfectamente inútil. Jamás se ideó un sistema de absolutismo tan complicado y tan innecesario. Si se quiere intentar una nueva ficción, ¿a quién puede engañar? Si se trata, como está a la vista, de ejercer sin trabas el poder personal, ¿para qué tantas leyes y tantos organismos encubridores? Si se busca un sis­tema de irresponsabilidad, escudándose tras los ministros responsables y tras la fantasmagoría de unas Cortes y un Consejo del Reino, o dóciles o impotentes frente a la monarquía autocrática, es seguro que para eso es ya tarde hasta en España. Porque conviene que no se hagan ilusione los inspiradores, autores y valedores del anteproyecto de Constitución, tal vez envalentonados por la calma externa de estos seis años de dic­tadura. Cierto que en ella viven, como en su propio elemento, las vie­jas oligarquías del absolutismo y algunas de cuño reciente: la iglesia la aristocracia histórica, el ejército, la pequeña burguesía, postergada por el régimen anterior; la gran burguesía industrial y financiera, ávida de monopolios y de negocios secretos; los tránsfugas y segundones de los antiguos partidos. (...)<br />Nosotros aspiramos, para realizar nuestros fines, a un Estado repu­blicano de libertad y democracia donde podamos alcanzar la plenitud del poder político que corresponde a nuestro creciente poder social. Quere­mos ser una clase directora en los destinos nacionales, y para eso nece­sitamos de condiciones políticas que nos permitan llegar democráticamen­te, si ello es posible, a cumplir esa misión histórica. Pero el ante­proyecto de Constitución nos cierra todos los caminos de la ley, porque toda la ley democrática, si ese Código prospera, se estrellará en la muralla del incontrastable poder real, cuando no convenga a sus privile­gios o a los de sus asociadas, las oligarquías dominantes. Por esto lo combatiremos con toda energía mientras sea. anteproyecto y después, si, para desgracia de España, llega a ser proyecto constitucional. Y si, a pesar de todo, acaba usurpando el título de ley fundamental de la nación en vez de titularse ley muralla de un absolutismo asiático, ni el Parti­do Socialista ni la Unión General de Trabajadores serán responsables de la inadmisible situación de incapacidad política en que se los colo­ca ni de las circunstancias especiales que forzosamente han de crearse para entrar, por todos los medios, en la ciudadela amurallada del Esta­do absoluto. Esta es nuestra opinión, y por la parte que nos corres­ponde, a ella ajustaremos nuestra conducta.<br /><br /><strong>Por la Unión General de Trabajadores de España, Francisco Largo Caballero, secretario. Por el Partido Socialista Obrero Español, Andrés Saborit, secretario. Julián Besteiro, presidente de los dos organismos”.- Madrid, 13 de agosto de 1929</strong>.”</div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"><span style="color:#ff6600;"></span></div><div align="justify"><span style="color:#ff6600;">Comentario guiado, preguntas:</span></div><div align="justify"><span style="color:#ff6600;"></span></div><div align="justify"><span style="color:#ff6600;"></span></div><div align="justify"><span style="color:#ff6600;"></span></div><div align="justify"><span style="color:#ff6600;">1. El proyecto corporativo de Constitución</span></div><div align="justify"><span style="color:#ff6600;">2. ¿Colaboración con la dictadura de Primo de Rivera?</span></div><div align="justify"><span style="color:#ff6600;">3. Los socialistas y la forma de régimen hasta 1931</span></div><div align="justify"><span style="color:#ff6600;"></span></div><div align="justify"><span style="color:#6600cc;">Lectura de ampliación: Eduardo González Calleja, <em>La dictadura de Primo de Rivera</em>, Madrid, Alianza, 2006.</span></div>CIHCEhttp://www.blogger.com/profile/11041203763649640990noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-5295506642862714407.post-24759415648628202862008-03-16T03:09:00.000-07:002009-12-03T03:39:02.684-08:00República y guerra civil<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKTFs_aL4u1GKyprip5LRCn2MVQCNxh3Yf0IBoJHMnJUwyQnh6n7FJyb70VYqipKF4aKclj2WJU0LV9Grxj5R_NUdBnnJp29UW7bQ5QkV7zstAosoPs55A4joT1Cgj2NoYaSpsfsML4eY/s1600-h/Prieto+a+Irujo.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5178636802488758210" style="margin: 0px 10px 10px 0px; float: left;" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKTFs_aL4u1GKyprip5LRCn2MVQCNxh3Yf0IBoJHMnJUwyQnh6n7FJyb70VYqipKF4aKclj2WJU0LV9Grxj5R_NUdBnnJp29UW7bQ5QkV7zstAosoPs55A4joT1Cgj2NoYaSpsfsML4eY/s320/Prieto+a+Irujo.JPG" border="0" /></a><br /><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSr4SVWfHwKHTVLZROa1gG3VxQe5-z2mQ0YzhIsUiDni3yNj75vZ-GIEvewLmx_KXGiGwdYthDVsXC4yq3LyGNbsw97Md5gvGAle7LGAUayR4tOD6PPlocTFy0UZzxo1yAVZhF6_2CPk4/s1600-h/pro_photo1170815917.jpe"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5178631562628657042" style="margin: 0px 10px 10px 0px; float: left;" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSr4SVWfHwKHTVLZROa1gG3VxQe5-z2mQ0YzhIsUiDni3yNj75vZ-GIEvewLmx_KXGiGwdYthDVsXC4yq3LyGNbsw97Md5gvGAle7LGAUayR4tOD6PPlocTFy0UZzxo1yAVZhF6_2CPk4/s320/pro_photo1170815917.jpe" border="0" /></a><br /><br /><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4Ssjhl6l_D9G94r43RN1QTTt3gPcLW0wlMANPFd7vY7EPmGp2gG0ttLuSgn8j2GlBcBGPAugPwJIg-BoO5f2t9NNZ4HQs68_pUbkZKEyYnZN_pvRxAuUZe8aLoliYNhOJliApP7Hrl20/s1600-h/1_1.jpeg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5178358218025037570" style="margin: 0px 10px 10px 0px; float: left;" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4Ssjhl6l_D9G94r43RN1QTTt3gPcLW0wlMANPFd7vY7EPmGp2gG0ttLuSgn8j2GlBcBGPAugPwJIg-BoO5f2t9NNZ4HQs68_pUbkZKEyYnZN_pvRxAuUZe8aLoliYNhOJliApP7Hrl20/s320/1_1.jpeg" border="0" /></a><br /><br /><br /></div><div></div><div><br /><br /><br /></div><div></div><div><br /></div><div></div><div><br /></div><div></div><div><br /></div><div></div><div><br /></div><div></div><div><br /></div><div></div><div><br /></div><div></div><div><br /></div><div></div><div><br /></div><div></div><div><br /></div><div></div><div><br /></div><div align="left"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></div><div align="justify">La <strong>Segunda República </strong>fue proclamada el 14 abril de 1931 tras las elecciones municipales convocadas por el gobierno de Alfonso XIII. Unas elecciones que dieron lugar a una revolución popular pacífica que establecería un régimen repúblicano democrático en España. El primer bienio republicano-socialista emprendió una serie de reformas políticas y sociales (agraria, religiosa, de la organización del Estado, militar, ...) que provocaron diversas tensiones, insurrecciones anarquistas y una tentativa de golpe militar en 1932. </div><div align="justify">La Constitución de 1931 definía a España como una república de trabajadores estableciendo un sistema parlamentario unicameral que reservaba a la presidencia de la República poderes importantes. La Constitución por lo que se refiere a la organización territorial del Estado establecía que España era un Estado integral con derecho a la autonomía de las regiones y de los municipios. Proclamaba la libertad de cultos y la separación de la Iglesia respecto al Estado. </div><div align="justify">La Ley de Congregaciones religiosas de 1933 disolvía a los jesuitas, impidiendo la enseñanza religiosa en la educación media, y todo tipo de presencia pública de las manifestaciones de la religiosidad.</div><div align="justify">La <strong>cuestión agraria</strong> fue uno de los problemas más complejos que tuvo que afrontar la República. La politización del mundo rural, con la extensión de la democracia y de la asociación, supuso, por ejemplo, que más de la mitad de los afiliados de la UGT en 1932 fueran campesinos sin tierra. La tímidas expropiaciones llevadas a cabo por el Instituto de Reforma Agraria permitieron asentar a pocos campesinos en la España meridional. Por otro lado, los pequeños y medianos propietarios fueron movilizados sobre todo por la Confederación Católico-Agraria y la CEDA, restando a los reformistas republicanos y socialistas un apoyo social esencial para la consolidación de la República democrática.</div><div align="justify">La salida de los republicanos del Partido radical de Lerroux de la coalición de gobierno que había instaurado la república les hizo virar hacia posiciones de centro-derecha, debilitándose decisivamente la coalición republicano-socialista. Por su lado, buena parte de los socialistas desconfiaban de la acción de gobierno de coalición con los republicanos burgueses, creyendo que desprestigiaba a la UGT de cara a los trabajadores. La salida del PSOE y de Azaña del gobierno trajo consigo, además, que la izquierda parlamentaria decidiera presentar sus candidaturas por separado lo que, debido al sistema electoral, facilitó el triunfo relativo del Partido Radical y la CEDA en las elecciones de noviembre de 1933. Estas elecciones, las primeras en las que votaron las mujeres, inauguraron una nueva fase: el <strong>bienio radical-cedista</strong>, que fue visto por la izquierda como una amenaza de involución, de pérdida de la república democrática reformista. Aunque los radicales formaron gobierno en solitario dependían del apoyo parlamentario de la CEDA liderada por el católico Gil Robles. Aunque éste abogado, procedente de la Confederación Católico Agraria, se declaró <strong>accidentalista</strong> ante la forma de gobierno, pretendía una revisión autoritaria de la república. El acceso en esos años del nazismo y del corporativismo autoritario católico al poder en Alemania y Austria alimentó el temor de la izquierda a una involución si Gil Robles entraba a formar parte del gobierno.</div><div align="justify">La revolución de octubre de 1934 pretendió establecer una <strong>república popular</strong> que liquidara la amenaza de una contrarrevolución reaccionaria. El programa de las organizaciones socialistas para la revolución, redactado por Prieto, pretendía implantar, a través de un gobierno en solitario del PSOE, unas medidas radicales que disolvieran las fuerzas armadas y las órdenes religiosas, reformaran la Administración ( acentuando la progresividad de los impuestos directos) y la enseñanza (facilitando la igualdad de oportunidades), nacionalizaran la tierra y establecieran un control sobre la industria. Sin embargo, el Proyecto respetaba el sistema representativo parlamentario y los fundamentos del capitalismo. La revolución solamente tuvo éxito en Asturias y Barcelona, limitándose la acción en otros lugares a una huelga general que fue reprimida duramente por el Ejército que encarceló a miles de huelguistas. </div><div align="justify">Los gobiernos radical-cedistas, además de sus discrepancias internas por la represión de Octubre, se vieron envueltos en una serie de escándalos de corrupción que facilitaron que el presidente Álcala-Zamora disolviera las Cortes, encargando el gobierno para la convocatoria de nuevas elecciones al centrista Portela Valladares.</div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify">Las nuevas elecciones de febrero de 1936 dieron la victoria al <strong>Frente Popular</strong>, una coalición electoral de los republicanos de izquierda con los socialistas ampliada hacia los comunistas y otros grupos menores. Azaña formó un gobierno de republicanos en solitario pues los seguidores de Largo Caballero no querían una reedición del primer bienio republicano-socialista. De este modo, tras el ascenso de Azaña a la presidencia de la república, Prieto no pudo formar gobierno pues la izquierda socialista no le dio su apoyo. Los primeros gobiernos republicanos del Frente Popular aceleraron la reforma agraria e intentaron neutralizar la amenaza de golpe militar. La violencia política y conflictividad de la primavera de 1936, con una progresiva militarización de las fuerzas políticas, amenazaban la continuidad de la república parlamentaria. La Falange fue declarada ilegal. Sin embargo, no había ninguna amenaza de revolución en el horizonte pues los caballeristas concebían esta como un movimiento defensivo tras un golpe de los militares y de la derecha. Hubo, eso sí, diversas conspiraciones que implicaron a un sector del Ejército, de Falange, de los monárquicos y de los carlistas, con apoyo de Mussolini.<br /><br /></div><div align="justify">La <strong>guerra civil española</strong> fue consecuencia del relativo fracaso del golpe militar de julio de 1936. La guerra se prolongó hasta el 1 de abril de 1939 debido a la intervención internacional, a la voluntad de resistencia de los gobiernos republicanos de Giral, Largo Caballero y Negrín, así como por la voluntad de Franco de consolidar su poder y limpiar la retaguardia mediante una represión masiva. La victoria de Franco no fue completa pues pervivieron instituciones republicanas en el exilio junto a un éxodo inicial de medio millón de refugiados. </div><div align="justify"></div><div align="justify">El fracaso del golpe militar en julio de 1936 provocó una revolución sindical y popular que hizo inevitable la guerra civil. En la zona republicana, multitud de comités populares de los sindicatos y de los partidos políticos del Frente Popular asumieron el poder y la defensa de la República. A partir de la formación del gobierno de Largo Caballero, de amplia unidad antifascista y de mayoría de las organiaciones socialistas (la CNT se incorporó al mismo en noviembre), se intentó la reconstrucción del Estado republicano. Para ello, había que centralizar el poder y construir un Ejército Popular. La derrota de Málaga y la insurrección del POUM, con apoyo cenetista, en Barcelona, condujeron a la formación de un nuevo gobierno encabezado por Juan Negrín. El nuevo gobierno de mayo de 1937 representaba el predominio de los partidos políticos del Frente Popular frente a los sindicatos, que fueron excluídos del mismo. La principal fuerza política del gobierno de Negrín era el PSOE, liderado por Indalecio Prieto, quien absorbió los ministerios militares en el Ministerio de Defensa. Otros resortes del Estado como Gobernación, Exteriores, Hacienda y Justicia fueron también desempeñados por dirigentes del PSOE. Sin embargo, el PCE logró una creciente presencia en el comisariado y los mandos del Ejército Popular, gracias a la intervención y ayuda militar soviética, lo que provocó el recelo del resto de las fuerzas frentepopulistas. Las nuevas derrotas en el frente Norte y en Aragón condujeron a la sustitución de Prieto en Defensa en la crisis de abril de 1938. A partir de entonces, buena parte de los líderes republicanos, incluido el presidente Azaña, creyeron que la guerra estaba perdida y que solamente cabía una mediación internacional para evitar las represalias de Franco. Negrín tuvo que apoyarse crecientemente en los comunistas, pues la mayoría de las fracciones del PSOE le fueron retirando su apoyo. Tras el hundimiento de Cataluña en enero de 1939, se produjo el pronunciamiento de Casado a través del Consejo Nacional de Defensa, con apoyo de los partidos y sindicatos, contra el gobierno Negrín y la preponderancia del PCE. El Consejo, presidido por el general Miaja, con el socialista Julián Besteiro como principal personalidad política, pretendió acabar con el sufrimiento de la zona frentepopulista, intentando una negociación de la paz con Franco. Este rechazó cualquier compromiso, incluido la evacuación de las personalidades republicanas comprometidas. </div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"></span> </div><div align="justify"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">Lectura. El gobierno Negrín en el exilio. El Servicio de Evacuación de Refugiados </span></div><div align="justify">Abdón Mateos<br /></div><div align="justify">El final de la guerra civil abrió un debate esencial entre las personalidades republicanas a causa de la financiación del exilio. Negrín pretendió mantener la legalidad del gobierno republicano fuera de España (algo diferente a la legitimidad democrática) y reservar buena parte de los considerables recursos salvados para el momento del retorno a España. Negrín estimó en una reunión reservada de la Ejecutiva del PSOE con los ex ministros socialistas en julio de 1939 que los recursos disponibles oscilaban en torno a 2.000 millones de francos (unos 43 millones de dólares), una cifra sin duda notable pues equivalía a cerca de dos meses de la compra de suministros no bélicos por los gobiernos frentepopulistas durante la guerra civil. Sin embargo, tres cuartas partes de estos recursos eran de difícil realización en efectivo y habían pasado al control de Indalecio Prieto en México bajo la fiscalización de la Diputación Permanente de las Cortes. Por el contrario, este líder socialista, que comenzaba a aglutinar en torno suyo a las fracciones mayoritarias del PSOE, consideraba que la única política posible en las circunstancias pavorosas del final de la guerra consistía en destinar la mayor parte de los recursos a la ayuda a la masa de los refugiados y, en general, de las víctimas del franquismo. Negrín, en cambio, defendió reservar el tesoro del Vita, estimado en unos 1.000 a 1.500 millones de francos o unos 40 millones de dólares, que suponía tres cuartas partes del total de lo salvado por el Estado republicano, para el momento del retorno a España. Hay que tener en cuenta que buena parte de esos bienes suntuarios procedían de incautaciones a particulares o aún del patrimonio nacional. Del mismo modo, cabe recordar que tanto Prieto como Negrín realizaron gestiones para su devolución a Franco a cambio de una imposible amnistía que permitiera el retorno de la masa de refugiados. Esta discrepancia fundamental llevó a que la mayoría de Diputación de las Cortes declarara la inexistencia del Gobierno Negrín en el exilio, organizando una Junta de Auxilio (JARE) que pretendía corregir la acción que hasta entonces había llevado a cabo el Servicio de Evacuación.<br />El Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles (SERE) fue organizado por Negrín durante los últimos días de la guerra civil. El SERE nacía, de cara a la Administración francesa, como una dependencia de la Legación mexicana, para organizar la emigración colectiva de políticos republicanos y sus familiares. El Servicio tuvo una abultada e ineficaz burocracia lastrada por una multiplicidad de órganos administrativos y de control. En realidad, el SERE no pasó de ser una dependencia de Francisco Méndez Aspe, antiguo ministro de Economía y Hacienda, sin que Negrín se ocupara apenas directamente de su marcha.<br />El objetivo central del Servicio fue la organización de embarques colectivos a México (suspendidos en agosto de 1939), Chile y la República Dominicana. Lo invertido en la ayuda a la masa de refugiados internados en los campos apenas supuso una cuarta parte del gasto, lo que justificó la creación de la rival Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles. Con la firma del pacto germano-soviético y el estallido de la guerra mundial, la Administración francesa persiguió a los comunistas españoles, lo que repercutió en la marcha del Servicio. Los representantes del PCE (forzados por la persecución francesa), Unión Republicana, ERC y, ya en 1940, el PNV, terminaron abandonando el órgano directivo del SERE.<br />El Comité Técnico de Ayuda a los Republicanos Españoles (CTARE) fue constituido tardíamente en México en junio de 1939, con ocasión de la llegada de la expedición del Sinaia, sin que antes hubiera nada preparado. Esta delegación del SERE en México emprendió inversiones agrícolas e industriales, creó instituciones educativas y culturales y subsidió a los primeros contingentes de emigrados. Sin embargo, el control por parte de Prieto de los bienes del Vita y otros efectos limitó las actividades del Comité Técnico, fracasando la mayor parte de las empresas creadas para dar trabajo a los refugiados. En el momento de la caída de Francia, el CTARE tuvo que cerrar comedores y albergues, suspendiendo los auxilios. No obstante, algunas importantes inversiones agrarias e industriales siguieron activas unos años más, hasta que fueron liquidadas al final de la segunda guerra mundial. Estas inversiones, a diferencia de las de la organización de ayuda rival, se salvaron de la incautación del Gobierno mexicano. Negrín y sus colaboradores, refugiados desde junio de 1940, en Inglaterra redujeron al máximo la ayuda a los republicanos españoles. No obstante, socorrieron a algunos exiliados en Inglaterra, creando instituciones culturales y educativas. Además, con la liberación aliada del Norte de África, prestaron alguna ayuda menor a los internados en campos de concentración.<br />UNA INESTABLE BUROCRACIA<br />El 1 de abril de 1939 la Diputación Permanente de las Cortes, a propuesta de Ramón Lamoneda, decidió crear una comisión de los partidos políticos que fiscalizara la actividad del Gobierno. Ésta comisión parlamentaria no se constituyó finalmente hasta una sesión de la Diputación en mayo en la que el republicano Luis Fernández Clérigo tomó posesión del puesto de Presidente. Sin embargo, esta comisión parlamentaria no parece que llegara a ejercer nunca una función de control del SERE. Por ejemplo, a finales de junio de 1939, antes de la sesión de la Diputación Permanente que decidió desconocer la legalidad del Gobierno Negrín, el Presidente del PSOE y miembro de la comisión parlamentaria, Ramón González Peña, se había reunido con varios directivos del SERE, reclamando la celebración de una sesión de la comisión fiscalizadora de la Diputación Permanente. Azcárate le respondió afirmando no saber nada de una comisión parlamentaria y considerando que la existencia de la misma modificaría el estatuto del SERE.<br />La sesión constitutiva de un Consejo ejecutivo del SERE se celebró el 2 de Abril de 1939, con la asistencia de Emilio Baeza Medina de IR, Amaro del Rosal por UGT, Alejandro Otero del PSOE, Federica Montseny por la FAI, Mariano Rodríguez de CNT, Manuel Torres Campaña de UR, Antonio Mijé del PCE, Jaime Aiguadé de ERC, Eduardo Ragasol de AC, José Olivares de ANV y Julio Jáuregui del PNV. Además de los dos órganos de control anteriores se estableció una Ponencia ministerial que era la que tenía la última decisión sobre la aprobación de los subsidios y pasajes. De la misma formaban parte algunos de los antiguos ministros del Gobierno Negrín, como Francisco Méndez Aspe, Segundo Blanco, Tomás Bilbao y José Moix, como secretario. La decisión del Consejo y la aprobación de la Ponencia no bastaban, pues los candidatos a emigrar tenían que obtener el visado de los países de acogida. Además fueron nombrados varios cargos directivos de máximo rango. El 27 de marzo, Negrín nombró al ex embajador en Londres, Pablo de Azcárate, "comisario-delegado del Gobierno", recibiendo su puesto más tarde la categoría de Presidente del SERE. El antiguo comisario general y dirigente de Izquierda Republicana, Bibiano Fernández Osorio-Tafall fue nombrado Director del Servicio. Para el puesto de secretario general del SERE fue propuesto el filocomunista José Ignacio Mantecón. Los comunistas José Frade y José María Rancaño fueron designados, respectivamente, secretario adjunto al Presidente (desde junio de 1939) y jefe de Administración y Contabilidad. El responsable de la Sección Financiera era el socialista negrinista Jerónimo Bugeda y de la Sección de Emigración se ocupaba Pastor Candeira. El Servicio tuvo inicialmente en Francia una plantilla desorbitada de nada menos que 225 miembros, que se vio reducida a 125 en octubre de 1939 y a 23 en marzo de 1940, una vez suspendida la emigración colectiva a México.<br />No se entendía muy bien la multiplicidad de puestos directivos y de órganos administrativos. Negrín se desentendió de las reuniones y de la gestión del SERE, mientras que Azcárate nunca tuvo demasiado claras sus funciones, por lo que, a los pocos meses, tras la constitución de la JARE, presentó por primera vez su dimisión. En realidad, el peso del Servicio recaía en Méndez Aspe debido a su control de las "finanzas" del exilio. Si la dirección efectiva era de Méndez Aspe, sobraba el puesto reservado a Azcárate y, en cierto modo, el cargo de Director encomendado a Osorio-Tafall. Ambos terminaron presentando la dimisión, suprimiéndose el puesto de Azcárate, y sustituyendo al segundo Alejandro Viana. Mientras que la retirada del ex embajador, demorada en varias ocasiones a lo largo del verano y otoño de 1939, no parece que se debiera a discrepancias políticas con Negrín, la marcha a México de Osorio-Tafall, alto dirigente del partido de Izquierda Republicana, sí parece que tuvo contenidos políticos, pues éste, al marchar a México, se retiró de toda actividad partidaria. Puede ser que hubieran surgido, además, incompatibilidades personales entre Azcárate y Osorio-Tafall.<br />En el equipo funcionarial del SERE tuvo una presencia destacada el PCE pues, además, del puesto de secretario de la Ponencia ministerial reservado a José Moix y de la representación de Antonio Mije en el Consejo ejecutivo, el filocomunista José Ignacio Mantecón desempeñaba la Secretaría general, José Frade era secretario adjunto a la presidencia y José María Rancaño era el responsable de Administración y Contabilidad. Otro funcionario destacado del SERE fue, por ejemplo, Julián Grimau, ejecutado por el franquismo en 1963. Además otros comunistas desempeñaron responsabilidades administrativas como, por ejemplo, Félix Baena, Jefe de la sección de emigración, Antonio Muñoz, Jefe de la sección de correspondencia y Manuel Granda, Inspector de personal. Sin embargo, el pacto germano-soviético hizo que los puestos de representación asignados al PCE en el SERE tuvieran que quedar vacantes mientras que otros responsables sufrieron controles policiales y detenciones. Pese a esta preponderancia, la postura del PCE hacia la gestión del SERE fue muy crítica. Además de defender el retorno a España de los refugiados menos comprometidos, el partido comunista criticó el abandono de los internados en los campos y se manifestó bastante escéptico respecto a las posibilidades del asentamiento en México. Por ejemplo, el responsable de contabilidad, Rancaño, señalaba:<br />"Es una de las atenciones obligadas del SERE y la que menos se ha cuidado. De ahí sin duda la impopularidad del organismo en los campos".<br />Responsables comunistas como José Frade criticaban, además, la inhibición de Negrín y el caos organizativo:<br />"Las cosas siguen el lamentable camino que ya usted conoce. No sé si Viana será capaz de enderezar estos lamentables procedimientos y modos. Advierto que esto lleva las trazas de una organización de clan, con la amalgama regional y de partido".<br />En todo caso, el PCE, a través de responsables de la Legación mexicana en Francia como Narciso Bassols y Fernando Gamboa consiguió una notable representación en los embarques colectivos a México, Chile y Dominicana.<br />Por lo que se refiere a las relaciones entre el SERE y el PNV y el Gobierno vasco en el exilio, encabezado por José Antonio Aguirre, contamos con la investigación de Ludger Mees sobre la historia del nacionalismo vasco durante el franquismo. A pesar de las malas relaciones existentes al final de la guerra civil ente Negrín y Aguirre, debido a la exigencia de rendición de cuentas por el primero, las relaciones se recompusieron, nombrando el PNV para el SERE a Julio Jáuregui y ANV a José Olivares. En el PNV existía una cierta desconfianza respecto a Negrín, al que acusaban de utilizar resortes económicos para orientar la política del nacionalismo vasco y, además, creían que el SERE podría tener un carácter más político que administrativo. El 23 de marzo Aguirre había pedido a Negrín la parte proporcional de los fondos existentes para la ayuda a los refugiados. Heliodoro de la Torre, consejero de Hacienda, exigía que se les devolvieran determinados pagos adelantados por el Gobierno vasco. Negrín contestó a estas demandas desabridamente, criticando la gestión del Gobierno vasco y el establecimiento de subsidios a refugiados vascos que podían combatir y recalcó la necesidad de dar un trato igual a todos. El 1 de abril de 1939 las relaciones quedaron rotas cuando Negrín se negó a recibir a Heliodoro de la Torre, mientras que por su parte Aguirre no contestó a dos duras cartas de Negrín en las que pedía cuentas de la administración vasca. La necesidad de fondos del Gobierno vasco hizo que la relación se recompusiera unas semanas más tarde. En efecto en mayo de 1939 el SERE llegó a un acuerdo con el Gobierno vasco por el que el primero proporcionaría dos millones de francos al mes para atender a los refugiados vascos, de los que 400. 000 francos se destinaban a un hospital y 200. 000 a subsidios. Esta aportación se redujo a un millón y medio en julio de 1939 y 800. 000 desde septiembre de 1939, debido a la política activa de repatriación seguida por los nacionalistas vascos. Las aportaciones del SERE hasta noviembre de 1939 alcanzaron la notable cifra de cerca de catorce millones de francos, lo que permitía que se reservaran unos 300 a 400. 000 francos para gastos del aparato nacionalista. Según los documentos de resumen de gastos del SERE, el Gobierno vasco recibió para su funcionamiento solamente 462. 000 francos lo que suponía una aportación mensual de unos 40. 000 francos.<br />En el seno de los órganos directivos del PNV se estableció un debate sobre las relaciones a establecer con las instituciones republicanas en el exilio entre las que se encontraba, claro está, el Servicio de Evacuación. Mientras que Leizaola defendía la ruptura de todo vínculo para mantener una política vasca independiente, el ex ministro Irujo defendía mantener la presencia en las instituciones. Además de Leizaola, el representante del sindicalismo nacionalista, Robles, criticaba lo que se consideraba una dependencia del Lehendakari respecto a Negrín. El órgano directivo del PNV decidió la retirada de la representación nacionalista tanto del SERE como de la Diputación Permanente de las Cortes. La retirada implicaba la necesidad de reducir gastos, de modo que se decidió la clausura de refugios para mujeres y niños y la repatriación a España. Pese a la decisión de retirada, se llegó a un acuerdo con el SERE debido a la aguda dependencia económica del Gobierno vasco. A cambio de permitir la presencia de un interventor del SERE y de ceder los refugios, Negrín seguiría haciéndose cargo de los gastos (muy bien administrados) llevados a cabo por el PNV entre los refugiados. Tras el inicio de la guerra mundial, el PNV se fue desmarcando del SERE debido, entre otras razones, a la persecución del Gobierno francés para terminar retirándose y estableciendo una representación en la rival Junta de Auxilio a los Republicanos en enero de 1940.<br /><br />LA INTERVENCIÓN FRANCESA TRAS EL PACTO GERMANO-SOVIÉTICO<br />A consecuencia del inicio de la guerra en Europa, el SERE intentó reestructurar sus servicios. Las posibilidades de evacuación se habían reducido dramáticamente debido sobre todo, como veremos, a la suspensión de la emigración por parte de las autoridades de México. Las autoridades francesas presionaban para que la institución republicana coadyuvara a la liquidación de los campos.<br />En primer lugar, Francia intentó que la inmensa mayoría de los españoles que habían pasado la frontera tras la caída de Cataluña volvieran a España, sobre todo en el caso de las mujeres y niños. Además, desde abril de 1939, la Administración francesa insistió ante los responsables del SERE para que se destinara la mayor parte de los fondos de los republicanos españoles al auxilio de los refugiados en tierras francesas, dejando los proyectos de evacuación para una minoría de responsables políticos y de refugiados indeseables dada su ideología anarquista y, posteriormente, comunista. En el caso de los varones adultos, la prioridad francesa desde la primavera de 1939 fue liquidar la estancia improductiva de los refugiados en los campos de internamiento.<br />A comienzos de agosto de 1939 permanecían todavía 92. 000 hombres en los campos de un total de 232. 000 refugiados. La carga de mantener los campos era insoportable pues, en el momento del inicio de la guerra mundial, el Gobierno francés había gastado ya la suma de 700 millones de francos y tenía comprometido un crédito de otros 200 millones en el auxilio de los refugiados españoles.<br />Hay que tener en cuenta que el SERE, controlado por Negrín, gastó poco más de 125 millones de francos en la protección de los refugiados y la administración de la ayuda en los quince meses de su presencia oficiosa en Francia, mientras que la JARE destinó unos cuatro millones mensuales para la protección de los refugiados en tierras francesas (sin contar los embarques) en el trienio de 1940-1942 (180 millones hasta noviembre de 1942).<br />Según Javier Rubio, la III República francesa intentó que la mayoría de los refugiados españoles regresara a España debido al deseo de mantener buenas relaciones con el Gobierno de Franco, asegurándose la frontera sur, y por la misma dimensión cuantitativa del problema de los refugiados. La posición del Gobierno francés era incentivar los retornos de los refugiados a España y, en segundo lugar, liquidar la estancia improductiva de los españoles en los campos. Además, con el inicio del conflicto mundial, hubo un lógico deseo de movilizar a los refugiados en la economía de guerra.<br />Ya el 12 de abril de 1939, el Gobierno francés promulgó un decreto por el que obligaba a los refugiados a realizar prestaciones para el Ejército. A partir del 5 de mayo de 1939 las autoridades de los campos, siguiendo directrices de París, presionaron a los refugiados para que se incorporasen a compañías de trabajadores. Al principio, las autoridades francesas permitieron que el enrolamiento fuese voluntario. A comienzos de julio la negativa de los internados hacia las presiones para ser enrolados en las compañías de trabajadores provocó incidentes en tres campos de concentración. Por ejemplo, en el campo de Agde se produjeron incidentes cuando la mayoría de los reclutados a la fuerza en una compañía de trabajo realizó una huelga de hambre.<br />Las relaciones del SERE con el Gobierno francés nunca fueron buenas. El SERE sólo fue un organismo tolerado porque, de cara a la Administración francesa, que había reconocido a Franco a finales de febrero de 1939, actuaba bajo la protección de la Legación mexicana. Como veremos, el ministro del Interior, Albert Sarraut, mantuvo mejores relaciones con la Junta de Auxilio a los Refugiados y el antiguo embajador en España, Eirik Labonne, acordó con la JARE un plan de emigración de unas 15. 000 familias de refugiados para la colonización de Túnez.<br />El veterano político radical-socialista francés, Albert Sarraut, había presidido el Gobierno en 1933 y 1936, además de desempeñar numerosos puestos ministeriales desde 1906. Al final de la Guerra civil, Sarraut, en su calidad de Ministro del Interior, tuvo que afrontar el problema de los refugiados por lo que a veces mostró una actitud contradictoria. Por ejemplo, en un de debate de la Asamblea francesa a mitad de marzo de 1939 tuvo para acallar las críticas hacia la admisión de los refugiados apelando nada menos que a la humanidad de San Vicente de Paul y a la Francia de los derechos del hombre. Deportado por los nazis, terminó presidiendo la Asamblea Nacional de la IV República francesa en 1950.<br />El Presidente del SERE, Pablo de Azcárate, tuvo como principal interlocutor al secretario general de Interior, Jules Berthoin. A finales de abril de 1939, el ex embajador tuvo unas conversaciones con Berthoin y el general Ménard en la que éstos explicaron que el propósito del Gobierno francés era asimilar a la mayoría de los refugiados varones una vez que se hubiese evacuado a México a la minoría política menos aceptable para la derecha francesa. El general Ménard tenía la convicción de que regresarían a España la mitad de los refugiados, y propuso el reclutamiento voluntario en batallones de trabajadores debido a la imposibilidad de mantener ociosos a más de 200. 000 refugiados en los campos. Para el responsable de Interior era mejor que se empleasen los fondos del SERE en la asistencia a los refugiados en vez de la evacuación a América. Días después, Azcárate se reunió con el director general de Trabajo, proponiendo éste la integración de un gran número de refugiados en la industria del metal con una reducción temporal de sueldo que compensara los gastos del Estado francés en los refugiados y aplacara la hostilidad de la derecha.<br />Las conversaciones entre Azcárate, en representación del SERE, y la administración francesa prosiguieron a lo largo del mes se mayo de 1939, pues Negrín y Méndez Aspe habían partido a México para recibir al primer embarque colectivo y aclarar la situación de los efectos depositados en ese país. Los responsables franceses se oponían a la libre circulación de los agentes del SERE, a otorgar permisos de residencia en el área del Sena y, en general, a todo lo que oliera a política del exilio. En cambio, aceptaban la creación de refugios si existía garantía de sostenimiento y la concentración de los refugiados evacuables en la zona de Perpiñán.<br />Desde el mes de junio, la presión francesa para la liquidación de los campos se hizo muy intensa, exigiendo que el SERE destinara parte de sus fondos a este cometido. Esta liquidación debía hacerse mediante retornos a España, evacuación de una minoría política inasimilable y la incorporación al trabajo en la economía francesa. A comienzos de agosto, Berthoin afirmaba que ya se había producido el retorno a España de unos 150. 000 hombres y que, en esos momentos, era imposible completar un cupo de 50. 000 que el Gobierno francés había acordado con Franco a cambio de la devolución de bienes españoles (a lo que el funcionario francés se había opuesto frente al criterio de Exteriores). Para el responsable de Interior había que seguir presionando para el retorno de las mujeres y los niños. Tras seis meses del éxodo de los refugiados, el balance era de 92. 000 internados en los campos, 120. 000 mujeres y niños residentes en refugios, y 20. 000 movilizados en los batallones de trabajadores. El Gobierno francés había realizado ya un gasto de 700 millones de francos y había tenido que solicitar un crédito adicional de otros 200. El subsecretario de Interior se quejaba de que la carga estuviera a punto de ocasionar un desembolso de mil millones de francos cuando británicos y americanos no estaban dispuestos a compartir los gastos que ocasionaban al Estado francés los refugiados españoles.<br />Con la firma del pacto germano-soviético la presión del Gobierno francés contra el SERE iba a aumentar. Días antes del estallido de la guerra en Europa, José Frade explicaba a Azcárate que "se me olvidaba advertirle de que las autoridades policiales de París se muestran intransigentes y agresivas contra nosotros".<br />La gestión del SERE era puesta en cuestión por todo el mundo: los Gobiernos francés y mexicano, la mayoría de los refugiados y de los diputados de la Diputación Permanente. La prolongación del internamiento de más de 200. 000 españoles en unos precarios campos de concentración, con una mortalidad altísima, era lo que más ponía en cuestión la actividad del SERE. Los gastos del Servicio ascendían a unos 4 millones de francos al mes, sin contar lo asignado para los embarques y los subsidios a las altas personalidades republicanas. Lo directamente asignado a los internados en los campos fue muy reducido: menos de un 1,5%. Esta cifra crecería a cerca de un 25% si se contaran los envíos de vestuario para los internados. Lo gastado en la administración del SERE, con 216 funcionarios y un extravagante servicio de información, suponía unos 500. 000 francos. A esto hay que añadir que la estructura del gasto era necesariamente elitista pues 500 personalidades republicanas recibían subsidios que suponían mensualmente un monto global de 800. 000 francos. Esto quiere decir que lo gastado en subsidios y sueldos para menos de mil republicanos suponía cerca de una tercera parte del gasto mensual del Servicio. En los meses anteriores al estallido de la guerra mundial, el coste por persona de los embarques colectivos era de 3. 000 francos. La primera expedición hacia México en el Sinaia fue sufragada por una institución de ayuda británica, el National Joint Committee For Spanish Relief, presidido por la duquesa de Atholl. La expedición tuvo un coste de 24. 000 libras, de las que el SERE pagó una cuarta parte cuando se había comprometido a cubrir la mitad del flete. En el verano de 1939 hubo otras dos expediciones a México y una a Chile y, en el momento que Cárdenas suspendió los embarques colectivos a México en agosto de 1939, el SERE había entregado al embajador mexicano fichas personales de 24. 000 refugiados para su evacuación hasta finales de 1939. Además estaba contratado para nuevas expediciones el buque Mexique con un coste diario de 30. 000 francos que, con la suspensión de los embarques, se quedó dando tumbos (y gastos) durante todo el mes de agosto. Antes de la suspensión de la emigración, se preveía completar la evacuación de refugiados hasta México por una cifra global de 30. 000 personas, una cantidad muy alejada de las previsiones existentes en el momento del final de la guerra civil.<br />Esto suponía que la previsión de gasto en emigración del Servicio de Evacuación rondaba los 90 millones de francos. Una cifra que revela la precariedad de los recursos manejados por el SERE, que obligó a que la ayuda fuera muy selectiva y elitista.<br />La creación de la JARE, la suspensión de la emigración a México, la persecución del Gobierno francés y el estallido de la guerra mundial obligaron al SERE a limitar progresivamente su gestión. Los colaboradores de Negrín intentaron reestructurar el Servicio, dándole un "estatuto de guerra". Para ello, había que reducir personal y puestos directivos, y extremar la cobertura de la Legación mexicana. El 11 de septiembre, Azcárate, Mantecón y Osorio-Tafall se encontraron con el encargado de negocios mexicano, Bernardo Reyes, y Federico Gamboa, para pedir que se incrementara la protección de la Legación, enmascarando las actividades del SERE de cara a las autoridades francesas. El ex ministro Francisco Méndez Aspe trató de reorganizar el Servicio durante el otoño de 1939. Para sustituir en la presidencia a Azcárate, que había reiterado su dimisión el 30 de agosto y el 14 de octubre, se pensó en el republicano Nistal pero, finalmente, el puesto quedó vacante. Los ex ministros de Negrín Tomás Bilbao y Antonio Velao fueron incorporados en octubre como colaboradores de la presidencia del SERE. La salida del director, Osorio-Tafall, en octubre no fue cubierta por Alejandro Viana hasta diciembre de 1939. En marzo de 1940, el reciente nuevo Director del SERE fue destituido por Negrín al mismo tiempo que el secretario general, José Ignacio Mantecón, pues había surgido discrepancias entre ambos. Reyes, sobrino del polígrafo mexicano, sugirió el traslado del Servicio a Burdeos, dada la cercanía del puerto para los embarques y las buenas relaciones existentes con la prefectura.<br />Durante los primeros días de la guerra mundial, Negrín llevó a cabo paralelamente una gestión similar ante el embajador franquista Félix de Lequerica a la que, como veremos, había sugerido Prieto y autorizado la JARE, para el retorno de la mayoría de los refugiados a cambio de la entrega del dinero y diversos efectos bajo su control. La única fuente que señala estos contactos son los diarios inéditos de Pablo de Azcárate que hizo públicos su hijo Manuel en el libro de memorias Derrotas y esperanzas. La idea de que la mayoría de la masa de refugiados debía regresar a España la manejaron desde comienzos del éxodo no sólo los líderes socialistas sino que otros partidos como el PCE y el PNV, así como el Gobierno francés, defendieron la política de repatriaciones de los refugiados menos comprometidos. Lo sorprendente de la gestión de Negrín, que buscó, además, los buenos oficios del Foreign Office, es que coincidiera en el tiempo con las que había hecho Indalecio Prieto. Puede ser que el ex Presidente del Gobierno republicano conociera la gestión de Prieto con Lequerica y se sumara por su lado a la iniciativa. En el caso de Negrín parece ser que la exploración la realizó a través de su discípulo Blas Cabrera y que Lequerica envió a Madrid a Ruiz Senén, del Banco Urquijo. A mitad de octubre de 1939 nada se sabía de Franco. En una nueva reunión de Negrín con sus colaboradores de mayor rango, Méndez Aspe, Álvarez del Vayo y Azcárate, el ex Presidente encomendó al ex embajador en Londres que explorara una posible mediación del Foreign Office. Azcárate tuvo una conversación con Alexander Cadogan, subsecretario del Foreign Office, pero éste se mostró escéptico, señalando que la diplomacia británica nada podría conseguir de Franco. Esta gestión de Negrín demuestra el personalismo de los modos del ex Presidente, por cuanto éste solamente informó a sus más altos colaboradores con posterioridad al inicio de la gestión, mientras que Prieto pidió el visto bueno de la JARE antes de su gestión directa con Lequerica. Además, Negrín no realizó la gestión directamente sino por personas interpuestas, aunque parece que Lequerica se negó a recibirle. Esta falta de una directa dedicación de Negrín al problema de la ayuda a los refugiados sería acremente criticada por algunos de sus subordinados, en especial los comunistas.<br />Ninguna concesión se conseguiría de Franco, empeñado en una purga represiva masiva de la sociedad española. Más bien al contrario pues, como veremos, las actividades de los republicanos en el exilio y, en especial, las de los vinculados con las instituciones de ayuda republicana, fueron perseguidas con especial saña por la Administración franquista ya que, a su juicio inhumano, añadían un delito continuado contra la seguridad del Estado que se sumaba a las presuntas responsabilidades políticas de la guerra civil.<br />Las presiones franquistas, unidas a la propia prevención anticomunista del Gobierno de guerra de la República francesa, trajeron consigo la persecución directa contra el SERE. El 5 de diciembre de 1939 la policía francesa irrumpió por primera vez en los locales del SERE, registrando, además, los domicilios particulares de sus principales responsables como, entre otros, Mantecón, Rancaño y Viana. La presión francesa contra el SERE había dado un nuevo salto, ya no bastaba con los confinamientos realizados entre septiembre y octubre, que habían afectado a ex ministros de Negrín como Vicente Uribe o Francisco Méndez Aspe, quien era de hecho el máximo responsable del SERE. El 20 de enero de 1940, Azcárate viajó a París para entrevistarse con el secretario general de Interior y el comisario general Simón para inquirir noticias sobre la incautación de documentación del SERE. Al control policial se sumó una acción de los tribunales de justicia. El 31 de enero, cuando Azcárate pensaba regresar a Londres y establecer nuevas bases del SERE con el Gobierno francés, un juez de instrucción envió a la policía a investigar la casa privada de Negrín, las sedes del SERE, los domicilios de otras personalidades y las habitaciones del hotel donde se alojaba Azcárate. Para éste, la nueva fase de la persecución contra el SERE había sido ordenada por el Ministerio de Justicia sin conocimiento de Interior. Ya no se trataría de demostrar el carácter comunista del SERE sino su carácter de asociación extranjera ilegal, según la legislación de abril de 1939. Los responsables del SERE elaboraron una memoria que, a través del encargado de negocios mexicano Bernardo Reyes, enviaron al juez de Instrucción y al Ministerio del Interior en la que intentaban demostrar que el SERE no era una asociación extranjera sino una organización "sui generis" creada por Legaciónmexicana de acuerdo con Gobierno francés para evacuar a refugiados republicanos españoles.<br />Azcárate activó de nuevo sus buenas relaciones con el secretario general de Interior, reuniéndose en varias ocasiones con él. En la memoria enviada al juez de instrucción, el SERE trataba de demostrar la colaboración existente con Interior, así como el carácter del Servicio de "organismo oficioso para una misión temporal", bajo la protección de la Legación de México, por lo que consideraban que era improcedente su autorización como asociación extranjera.<br />Esta intervención judicial agravó la situación del SERE en Francia, imponiendo la necesidad de establecer un plan de liquidación de sus actividades. El 10 de febrero este Plan fue enviado al Ministerio del Interior, precisando la estructura de gasto prevista para los próximos meses, pues pensaban suprimir los subsidios en mayo. El Plan establecía que se dedicarían 1,8 millones para el embarque de 300 refugiados a la Dominicana y 1 millón para los pasajes individuales de otros 100 hacia México, Chile y Argentina. Los gastos necesarios para mantener 6 refugios para unas 500 personas eran de 120. 000 francos al mes y de 100. 000 al mes para 400 refugiados en la zona de Burdeos. Se destinaban 80. 000 para niños y 37. 000 para intelectuales, mientras que se daban subsidios mensuales de 1, 26 millones; 207. 000 para los internados en los campos de concentración; 500. 000 para mutilados; y para administración del Servicio 450. 000 francos. En total, el SERE pensaba destinar unos tres millones de francos al mes a sus actividades durante el periodo de liquidación.<br />El balance de gastos del SERE entre abril de 1939 y el final de enero de 1940 fue de 104 millones de francos, dedicándose 40, 5 millones (39%) en la evacuación de refugiados hacia América. A los campos se había dedicado un 18% de los gastos del SERE, aunque habría que sumar otro 17% de gastos en especie (alimentos, vestuario) y un 17% invertido en residencias y refugios. Según este balance lo gastado en administración y seguros fue de un 10%. Este balance no incluía lo gastado en subsidios a las altas personalidades republicanas, que llegaban a los 20. 000 francos al mes para Negrín, mientras que sus ex ministros cobraban 4. 000.<br />Si tenemos en cuenta que la cantidad disponible para Negrín el 27 de febrero de 1939, fecha del reconocimiento de Franco, era de 1, 512 millones de libras, 454. 000 dólares y 8, 9 millones de francos (en total unos 7 millones de dólares, 311 millones de francos o 1, 7 millones de libras), lo gastado en el SERE fue de un total de 180 millones de francos (incluidos los 70 del CTARE de México). A esta cifra habría que añadir otros 8 millones de francos gastados en ropa para los refugiados, 10 en la evacuación de la zona Centro y 6 millones para los mutilados, lo que supondría una cifra global de gasto de 223,4 millones de francos hasta junio de 1940. En el momento de la huida de Negrín a Inglaterra, coincidiendo con la ocupación alemana, disponía de unos 45 millones de francos (unas 250. 000 libras). En este balance no se tiene en cuenta los efectos no recuperados de Campsa Gentibus, Mid Atlantic, Calviño, Bolaños, Zabala y De los Ríos. En el caso de los fondos manejados por Calviño y De los Ríos, entregados a las autoridades mexicanas, fueron a su vez enviados por el embajador mexicano Narciso Bassols al Comité Técnico en México por lo que habría que añadirlos al gasto total del SERE. Estos fondos fueron de 38 millones de francos y 258. 000 dólares. Este balance del gasto de Negrín y sus colaboradores no tiene en cuenta las retribuciones a ex ministros, los gastos varios y los fondos maneados por el Spanish Refugiee Trust de Henry Reding, con la colaboración de Joaquín Lozano y, más tarde, con la del ex Presidente de Gobierno, Manuel Portela Valladares.<br />El 10 de mayo de 1940 una nueva intervención francesa envió a José Rancaño y José Ignacio Mantecón al campo de Vernet, obligando a esconderse a Alejandro Viana. Otros responsables, como Francisco Méndez Aspe, fueron citados de nuevo por la policía francesa, encabezada por el inspector Louet. A finales de mayo hubo una orden de clausura contra el SERE y otras instituciones de los republicanos españoles. A pesar de la incautación de los archivos y el dinero de la mayoría de las oficinas del SERE, hubo una dependencia que siguió actuando en Tronchet hasta la ocupación alemana en junio, organizando la última expedición del barco Cuba con internados del campo de Vernet, en su mayoría del PCE, hacia la República Dominicana, expedición que terminaría siendo desviada hacia México, gracias a la ayuda y la mediación de la JARE.<br />EL COMITÉ TÉCNICO EN MÉXICO<br />La constitución de la delegación del SERE en México estuvo condicionada por el pleito entre Prieto y Negrín. A pesar de que el doctor José Puche llegó a México el 31 de marzo de 1939, la creación del Comité Técnico de Auxilio a los Republicanos Españoles (CTARE) no se llevó a cabo hasta el 29 de junio de 1939, dos semanas después de la llegada a Veracruz de la expedición del Sinaia . Esta demora se debió a la tentativa de reconciliación que realizó Negrín con Prieto, con motivo del viaje del primero a tierras americanas, ofreciéndole tardíamente la presidencia de una junta técnica. Además, Negrín estaba lejos de propiciar una emigración masiva a México, resevando los bienes del Vita para el futuro de las instituciones republicanas, una vez derribado Franco, más que para la ayuda a los refugiados. Según confesaba Negrín "no tenía ilusión de que inversiones en México fueran a prosperar o mantenerse pues no existían condiciones adecuadas" y era "entrar con el pie forzado de someterse a imposiciones extrañas a toda consideración financiera, sin contar con libertad para organizarse y dirigir sin interferencias". El propósito de Negrín era auxiliar temporalmente a los emigrados y emprender algunas actividades económicas de alcance limitado pero "la ayuda transitoria encaminada a facilitar que encontraran acomodo no encuentra pareja en la prestada a emigraciones colectivas de otros países, ha rebasado lo convenido, con detrimento de los que han llegado a última hora y a expensas de los que en situación más aflictiva y a veces en peligro de vida se hallaban en Francia y en el norte de África".<br />El compromiso existente con el Gobierno de Cárdenas de emprender actividades productivas que facilitaran el asentamiento de los refugiados hizo que Negrín enviara a Puche y otros técnicos antes de la llegada de los primeros embarques colectivos. Para ello, Negrín entregó a Puche en marzo de 1939 la cantidad de 300 mil dólares, enviándole en nuevas remesas a lo largo de 1939, 1,255 millones de dólares adicionales. A estas cantidades habría que sumar unos 400 mil dólares entregados por el embajador Narciso Bassols al CTARE en agosto y noviembre de 1939, procedentes de lo enviado por Fernando de los Ríos y José Calviño Ozores. Posteriormente, en el verano de 1940, Negrín y Vayo proporcionaron a Puche unos 45 mil dólares adicionales, aunque éste demandaba una aportación mínima de 120 mil dólares para sostener las empresas e instituciones creadas en México. Por tanto, parece que la delegación del SERE en México dispuso de unos dos millones de dólares, unos 10 millones de pesos. Esto suponía una cuarta parte de la totalidad de los recursos manejados por Negrín. Teniendo en cuenta la limitación de los recursos, agravada por la precipitada salida de Francia en junio de 1940, lo gastado por el SERE en México para unos 7000 refugiados suponía una cantidad absolutamente desproporcionada respecto a lo asignado para el censo de refugiados, mucho más abultado, en Francia y África del Norte. En el verano de 1940, Negrín insistió en no gastar más en México recuperando parte de las inversiones realizadas con el objeto de poder contribuir a paliar la situación de los refugiados, mucho más angustiosa, bajo la Europa de Hitler.<br />La presión de las autoridades mexicanas para que Negrín concretara la financiación de la emigración a México fue respondida por éste con evasivas, lo que irritó a Cárdenas y a su embajador en Francia. El Presidente mexicano quería que se decidiera de una vez qué se hacía con el cargamento del Vita, recomendando que se retirara del país si no se utilizaba para el asentamiento de los refugiados en México.<br />La llegada de la expedición del Sinaia a mitad de junio de 1939, recibida en Veracruz por Negrín, se encontró con que no había ningún preparativo por parte de las instituciones republicanas españolas. Aunque las autoridades mexicanas habían organizado trenes especiales con el objeto de distribuir a los presuntos campesinos españoles por los diversos Estados, la realidad de una composición social de la expedición en la que escaseaban los trabajadores del sector primario hizo suspender la distribución. Hubo que improvisar albergues y comedores por el Estado de Veracruz, en espera de poder distribuir a los recién llegados. El Frente Popular español de México atendió a unos centenares de refugiados en el Distrito Federal y las autoridades mexicanas tuvieron que pedir que se moderaran las manifestaciones de solidaridad ideológica, pues debían dirigirse a la comunidad de emigrantes económicos españoles para pedirles que dieran trabajo y alojamiento a sus compatriotas.<br />El 24 de junio de 1939 se estableció el reglamento del Comité Técnico, comenzando sus reuniones unos días más tarde. A la sesión del 8 de Julio asistieron José Puche, Martín Díaz de Cosío, Agustín Millares Carló y Joaquín Lozano. Cosío había colaborado con la embajada en la adquisición de suministros alimentarios durante la guerra mientras que Millares había desempeñado el consulado general en 1939. Millares jugaría un papel destacado en la creación del Instituto Luis Vives en agosto de 1939. Posteriormente, se incorporaron a la dirección del Comité Técnico el bancario ugetista, Luis Guillén, asesinado en la primavera de 1941, y el general Llano de la Encomienda, también herido en el mismo atentado. Otro miembro del Comité que sufrió un atentado en Chihuahua fue Díaz de Cosío. Curiosamente, no se incorporaron a las tareas del CTARE algunos directivos del SERE que lograron emigrar a México en 1940 como Osorio-Tafall, Viana o Mantecón.<br />El Comité tuvo que subsidiar a gran número de refugiados, pues varios miles se encontraban sin empleo al año de su llegada a México. La pérdida del control de los bienes del Vita y otros efectos (el barco Arnus, los aviones Bellanca y los motores de aviación, así como valores de diversos países), y la suspensión de la emigración hacia México en agosto de 1939, motivaron que Negrín desalentara nuevas inversiones. De hecho, para octubre de ese año Puche hizo públicos por primera vez planes de supresión de socorros, albergues y comedores. Esto provocó diversas protestas de diputados y representantes políticos, que criticaban el desacato del CTARE a lo acordado por la Diputación Permanente de las Cortes en julio de 1939, así como la inminente reducción de los subsidios a pesar de que se mantenía un amplio y costoso aparato burocrático. Una de las críticas más feroces fue la de Manuel Albar, miembro de la ejecutiva del PSOE, quien se quejaba del triste espectáculo de la situación de los refugiados llegados a México:<br />"Esta administración catastrófica, que consiste en aplacar el hambre de un día sin evitar el de mañana, huérfana de todo sentido constructivo, dilapidadora e ineficaz, discernida, además, con un favoritismo que sonroja, es el reflejo exacto de aquella política de guerra mal llamada de resistencia".<br />El anuncio de reducción de subsidios era algo lógico, tras cuatro meses de la llegada de las primeras expediciones colectivas, pero respondía también al deseo de presionar a la administración cardenista para que les traspasara el control de los bienes y efectos en manos de sus rivales, cuando todavía no había comenzado la actuación de la delegación de la JARE en México. En efecto, Puche se había dirigido en varias ocasiones al Presidente Cárdenas y a su secretario de Gobernación, Ignacio García Téllez, solicitando la cesión de efectos que valoraba, muy exageradamente, en 13,5 millones de pesos (algo menos de 3 millones de dólares). La ausencia de nuevas inversiones en México la justificaba por las dificultades impuestas por el comienzo de la guerra mundial, señalando que el Comité Técnico no podría no sólo crear nuevas empresas agrarias e industriales sino mantener los subsidios. Únicamente la cesión de los efectos (el tesoro del Vita no se consideraba pues Puche conocía los planes de reservar esos bienes para el futuro), podría permitir continuar las actividades de socorro del CTARE. La amenaza de cierre se fue postergando hasta la primavera de 1940 cuando se empezaron a cerrar los albergues y dejar de pagar los subsidios. La situación se agravó con ocasión de la llegada al Caribe del último embarque colectivo en el barco Cuba. Esta expedición, reclutada con internados en el campo de castigo de Vernet, en buena parte de filiación comunista y anarcosindicalista, no fue admitida finalmente en la República Dominicana, que era su lugar de destino.<br />Como veremos, esta situación obligó al CTARE a pedir ayuda a la delegación de la JARE en México para su traslado hasta México y provocó la primera intervención del Gobierno de Cárdenas respecto a la gestión de los organismos de ayuda de los republicanos españoles.<br />Se trataba de dispersar a los refugiados desempleados distribuyéndolos por los Estados, como condición para mantener los subsidios otros 6 meses, y de asentar en tierras tropicales del istmo de Tehuantepec a los recién llegados, fueran o no campesinos. La JARE pagó 24.000 dólares por el flete de un barco que trasladara a 600 refugiados desde la Dominicana hasta el puerto de Coatzacoalcos en México y al CTARE otros 15.000 dólares para las indemnizaciones del cierre de los albergues y comedores. Esta cesión de responsabilidades del CTARE hacia sus rivales no significó que no se mantuvieran algunos subsidios y las actividades económicas que habían emprendido, a pesar de las órdenes de liquidación de Negrín. En efecto, el presupuesto de "liquidación" del CTARE para un año, formulado en octubre de 1940 preveía un gasto total de 156.698 pesos (31.300 dólares). Con ese gasto, que no tenía en cuenta las obligaciones de la Financiera en empresas agrícolas e industriales, se pretendía indemnizar al personal despedido y mantener algunos subsidios. El ex Presidente del Gobierno, refugiado en Inglaterra tras la caída de Francia, gracias a la protección diplomática del embajador mexicano Luis I. Rodríguez, quería liquidar las actividades del SERE en México, recuperando parte de los fondos invertidos en diversas empresas, con el fin de atender prioritariamente a la situación de los refugiados en Francia. Según explicaba Negrín a Puche, irritado por la demanda de 120.000 dólares para sostener las actividades emprendidas en México, los "imprevisibles quebrantos sufridos últimos meses y por desconcierto haberse dispuesto sin nuestra orden ni conocimiento de recursos superiores a los calculados y autorizados. Futura última aportación solamente para empresas viables desde un punto de vista financiero, liquidando negocios fallidos. Incluso antes de limitarse emigración a México se pensaba utilizar recursos fuera de Europa que hoy mermados habrán de cubrir conjunto de necesidades (...) nuestra preocupación actual principal situación compatriotas en Francia a cuyas expensas se realizarán dispendios necesarios en otros sitios".<br />El Comité Técnico había emprendido una serie de inversiones en empresas industriales y agrícolas, además de la creación de instituciones educativas y culturales (Colegio Luis Vives, Editorial Séneca,...). Las más importantes fueron la Empresa Colonizadora Santa Clara en Chihuahua y la empresa metalúrgica Vulcano. El taller Vulcano, que empleaban a más de 300 refugiados, se había constituido con un capital de un millón de pesos (200.000 dólares) pero enseguida arrastró deudas de más de 400.000 pesos. En la antigua hacienda de Santa Clara y en otras pequeñas fincas, el Comité Técnico invirtió 726.000 dólares, prácticamente la mitad de lo gastado en México.<br />La mayoría de las inversiones industriales y agrarias del CTARE resultaron un fiasco pero, al menos, dieron empleo temporalmente a más de 3 mil refugiados. Además del caso de Vulcano, se perdió capital en la Unión Nacional Mexicana de la Construcción por 20.000 dólares "uno de los desastres más completos e injustificados de los padecidos aquí"; y en una empresa química farmacéutica las pérdidas fueron de 30. 000 dólares sin contar 12.000 en préstamos). Las apuestas educativas y culturales lógicamente también produjeron pérdidas, pero fueron la proyección más importante del CTARE para la sociedad mexicana. En mayo de 1940 el Comité había invertido ya 15. 000 dólares en la editorial Séneca y 31.450 en el Instituto Luis Vives. Además el CTARE creó una Financiera Industrial y Agrícola (FIASA) que perviviría, con los restos de las inversiones, hasta comienzos de los años sesenta. Para la primavera de 1941, la situación del CTARE, que había salvado la intervención de nuevo Gobierno del Presidente Manuel Ávila Camacho, era crítica. Además del asesinato de Guillén, Joaquín Lozano había sufrido una angina de pecho, por lo que el peso de la liquidación del Comité recaía en José Puche. A mitad de mayo de 1941 las obligaciones del CTARE ascendían a 1.199.345 pesos (240. 000 dólares) con un déficit de 200. 000 pesos, una vez vendidas tierras sobrantes de Santa Clara y el ganado por medio millón de pesos y contratado créditos adicionales por 400. 000 pesos. Al decir del atribulado doctor Puche "las necesidades a que todavía tenemos que hemos de acudir, el sostenimiento de lo que hemos creado, y el agotamiento de nuestros recursos en todo ello, así como las órdenes recibidas desde Londres nos ha llevado a una situación que, sin énfasis, puede calificarse de verdaderamente épica". Una situación "épica" que obligó a Negrín a enviar, a través de Vayo en Nueva York y del político mexicano Eduardo Villaseñor que trasladaba los fondos, 44 mil dólares adicionales que salvaran las inversiones de FIASA en México. Las obligaciones y compromisos eran de tal calibre que sin esta aportación hubiese quedado comprometida la totalidad del patrimonio. Se trataba ya, no obstante, de una "maniobra de aclaración y liquidación" para la que Puche hubiese necesitado la inyección de, al menos, 120 mil dólares. El ex ministro Álvarez del Vayo y el doctor Puche estaban irritados por la tardanza de Negrín en resolver la situación crítica de sus intereses en México. Según confesaba el primero, estaba indignado con Negrín y esperaba que las inversiones mexicanas pudieran caminar solas:<br />"Tiene usted razón al juzgar la excesiva pusilanimidad de D. (Negrín). Hay momentos en que también a mí me saca de quicio con sus precauciones y lentitudes" pues "emplear más esfuerzos para solo retrasar la hora del atasco definitivo. Y usted sabe muy bien que no es solo el problema de México. No sé en qué situación se encontraría un equipo de Negrín si fuese reconocido algún día".<br /><br />SANTA CLARA: DE UTOPÍA COLONIZADORA A EMPRESA AGRARIA<br />Uno de los objetivos básicos de todos los planes de emigración hacia México fue la colonización agraria en zonas geográficas fronterizas por mar y tierra. En la etapa cardenista, de ejidos comunales y terminación del reparto de las haciendas, se empezó a plantear aspectos no sólo de reforma social sino técnica, que incluyera regadíos, maquinaria, fertilizantes e introducción de nuevos cultivos. Dado el común reformismo radical de Cárdenas y Prieto, unido al regeneracionismo del segundo, los primeros planes de emigración masiva tenían contenidos claramente desarrollistas y modernizadores. Aunque la composición social de los primeros embarques colectivos frustraron el asentamiento y distribución de presuntos refugiados "campesinos" por los ejidos de los Estados, enseguida el Comité Técnico emprendió negociaciones con la Secretaría de Agricultura para conseguir tierras para colonizarlas con los refugiados.<br />Para el mes de agosto de 1939, con la finalización de la primera fase de la emigración a México, se había optado por concentrar los limitados recursos humanos y materiales disponibles en una empresa colonizadora en el norteño y semiárido Estado de Chihuahua, descartando la colonización de ranchos en tierras tropicales de Tabasco, Oaxaca o Veracruz. El Comité Técnico había decidido concentrar sus recursos en la adquisición de una extensa propiedad, conocida como la hacienda Santa Clara, de nada menos que 138 mil hectáreas. Esto significaba que se descartaba la concesión de pequeños lotes por la Secretaría de Agricultura o los Gobiernos de los Estados, decidiendo construir una especie de empresa cooperativa modelo.<br />El reclutamiento y traslado de refugiados a Santa Clara encontró dificultades pues, no en vano, había pocos agricultores entre los recién llegados. Hasta finales de abril de 1940, coincidiendo con la suspensión de los subsidios a los desempleados, el CTARE no decidió la adquisición definitiva de Santa Clara. La Financiera Industrial y Agrícola del CTARE descartó la explotación de las tierras con campesinos a jornal, estableciendo, de acuerdo con unas bases elaboradas por el técnico Adolfo Vázquez Humasque, ex director del Instituto de Reforma Agraria, un régimen de explotación cooperativo. Las bases preveían que los colonos terminaran adquiriendo las tierras con los beneficios de las cosechas. El Comité llevó finalmente a Chihuahua a más de 400 personas, construyendo casas y presas de riego, así como adquiriendo numerosa maquinaria y cabezas de ganado. Sin embargo, enseguida la situación en el seno de la Empresa colonizadora se hizo crítica tras el enfrentamiento de los primeros colonos de diversas ideologías con un grupo de recién llegados desde un rancho de Michoacán pertenecientes al PCE. Además, un grupo de 156 personas, entre colonos y sus familiares, se opusieron al régimen de vida y de producción colectivista, pero sobre todo a las actividades políticas impulsadas por los comunistas. Este grupo, entre los que predominaban socialistas y anarcosindicalistas, se dirigió al director de la Colonia y al CTARE expresando, de manera tajante, su "incompatibilidad con los comunistas para seguir conviviendo y colaborando en la colonia en trabajo con ellos". La situación era tan violenta que uno de los enviados del CTARE, Martín Díaz de Cosío, sufrió un atentado. Se produjo la intervención de la administración mexicana con la visita de delegados de Migración y Gobernación, solicitándoles que demorasen la salida de Santa Clara hasta después de la primera cosecha. A consecuencia de los incidentes, el director técnico, Gaos, fue sustituido por Martín Luna. El 10 de mayo salieron más de 30 colonos y el grueso de los disidentes abandonaron Santa Clara, según lo convenido con las autoridades mexicanas, después del 10 de junio de 1940. La Colonia quedó reducida a 128 trabajadores con 114 familiares, un total de 242 personas. La precariedad del número de colonos hizo contratar a peones mexicanos pero éstos tampoco se amoldaron a la convivencia con los politizados colonos españoles, abandonando Santa Clara el último de los mismos en enero de 1943. El número de colonos se fue reduciendo progresivamente, lo que llevó aparejada la venta de maquinaria, tierras sobrantes y ganado. En junio de 1941, quedaban 100 campesinos mientras que para 1944 el número de personas en total residentes en Santa Clara era de 68. La salida y dispersión de los colonos, y la contratación de jornaleros mexicanos, hicieron inviable la adquisición de parcelas por los cooperativistas. Los colonos no sólo no pudieron adquirir las tierras, prevista para finales de 1943, sino que arrastraban importantes deudas con la Financiera (FIASA).<br />El proyecto de inversión de Puche en la Empresa Colonizadora Santa Clara fue muy ambicioso. En octubre de 1939, a pesar de la pérdida del control de tesoro del Vita y de la limitación de los efectivos de Negrín, el doctor Puche presentó un plan de inversión en Santa Clara de 3.840.000 pesos (768 mil dólares), seguramente con objeto de presionar a las autoridades mexicanas para que cedieran al CTARE determinados efectos como material de aviación, barcos y bonos. De esta manera, Puche quería demostrar a Cárdenas que el plan de inversiones para el asentamiento de refugiados del que había hablado en el pasado mes de junio seguía adelante. Únicamente por motivos ajenos a la voluntad de Negrín y Puche, sobre todo por el estallido de la guerra mundial, no se habrían cumplido las expectativas desarrollistas ante la notable pérdida de recursos. En todo caso, Puche preveía la inversión en México entre empresas y subsidios de 7,5 millones de pesos (1,5 millones de dólares) hasta junio de 1940. Finalmente, el capital social inicial de Santa Clara fue de dos millones de pesos. En el período de constitución de la Colonia, hasta mayo de 1940, el saldo deudor fue de más de 700 mil pesos (en los gastos de constitución se habían ido 136 mil pesos). Medio año después, en enero de 1941, el saldo deudor ascendía ya a más de 800 mil pesos (811 en enero que se convirtieron en 883 en diciembre). Estas pérdidas, unidas a los gastos de constitución, supusieron que para finales de 1942, se tuviera que reducir en un 50% el capital social de partida. La cosecha de avena de Santa Clara por importe de unos 100 mil pesos tenía que ser descontada inmediatamente en la retirada de letras de pago. A finales de 1941, las pérdidas superaban el millón de pesos (200 mil dólares) a pesar de que se habían vendido las tierras sobrantes, parte de la maquinaria y el ganado. De 111.140 hectáreas, valoradas con las mejoras, en 768 mil pesos, se vendieron en 1941 86.285 hectáreas a un precio de 529.000 pesos.<br />La liquidación de la empresa Colonizadora Santa Clara, a pesar de los deseos de Negrín y Méndez Aspe, se fue demorando hasta el final de la segunda guerra mundial, debido al temor de que la administración mexicana del Presidente Ávila Camacho abriera una investigación sobre las actividades del CTARE o incluso terminase incautando todos los activos como había ocurrido con la JARE en noviembre de 1942 y marzo de 1943.<br />Negrín venía insistiendo en la liquidación de los intereses en México, de modo que lo resultante pudiera emplearse en Europa para paliar la dramática situación de los refugiados bajo la bota de Hitler y la maltrecha hacienda del "Gobierno en el exilio":<br />"Es necesario liquidar drásticamente los negocios de ahí para evitar mayores pérdidas que ya no podemos soportar (...) llevamos treinta meses insistiendo en liquidar aunque no explicando las razones salvo telegramas a Guillén (y) supe con asombro que éste había dispuesto, con tremendo quebranto para nuestros planes, de recursos reservados para otros fines".<br />De todas formas, la liquidación de las empresas de FIASA se fue demorando. De la empresa metalúrgica Vulcano, la Financiera se deshizo vendiendo las acciones a un español "gachupín". Esta empresa, junto a Santa Clara, eran las inversiones más difíciles de recuperar debido a que empleaban a unos cuantos centenares de refugiados. Francisco Méndez Aspe aconsejó a Negrín que se liquidaran estas inversiones antes del final de la guerra mundial, debido a la previsible depreciación de las mismas, aunque temía la reacción de Ávila Camacho:<br />"las autoridades mexicanas verán con disgusto toda actuación por nuestra parte que tienda a esa operación, por suponernos con propósito de poner a buen recaudo los recursos invertidos e nuestras empresas, existiendo el peligro de que el Gobierno mexicano se incaute de las empresas o de los recursos o bien conjuntamente incorporándolos a la creada para administrar los bienes de la República Española. De decidirse por la liquidación, habrá necesidad de actuar con extremada habilidad y cautela, comenzando por desprenderse inmediatamente de las empresas pequeñas, luego Vulcano y Santa Clara, que será la que ofrezca más peligros y dificultades, y editorial Séneca que discurre con languidez cercana a la extinción".<br />El último día de 1943, al hacerse el balance de Santa Clara, se estableció que los activos eran de 4.346.438 pesos y los saldos de 2.028.742. Los colonos restantes tenían que hacer un reintegro inmediato de 721. 000 pesos y otro a largo plazo de 775. 000, para cumplir con el plan de que la propiedad pasara a sus manos, lo que, finalmente, no se pudo llevar a cabo.<br />Finalmente, Puche poco pudo recuperar de la inversión en Santa Clara. El 10 de agosto de 1945, días antes de la reunión de Cortes en México en la que Negrín pudo presentar la dimisión como jefe del Gobierno, Puche consiguió una oferta por las 29. 000 hectáreas restantes de Santa Clara de 300. 000 pesos. Dos días después, se acordaba la venta por esa cantidad a pesar de que las acciones tenían un valor nominal de un millón de pesos, estableciéndose la finalización del pago hasta el 15 de marzo de 1946. Posiblemente algunos remanentes de las inversiones y valores en manos del CTARE, a través de la Financiera, continuaron siendo manejados por el Doctor Puche a lo largo de los años cincuenta.<br />La única inversión que pudo recuperar el Gobierno Giral fue la deuda de 30. 000 pesos que la editorial Séneca, dirigida por ese entonces por el propio Puche tras la marcha de José Bergamín a Venezuela, tenía con la Financiera.<br /><br />LA AYUDA DE NEGRÍN DESDE INGLATERRA<br />La precipitada salida de Negrín de Francia, tras el hundimiento de la III República ante la guerra relámpago hitleriana, trajo consigo la pérdida de diversos fondos. Hay que recordar que la policía francesa había intervenido las oficinas del SERE y los domicilios particulares de sus directivos, incluidos los de Negrín y Ramón González Peña, todavía Presidente del PSOE y de UGT. Puede calcularse que el resto de los fondos en efectivo trasladados por los colaboradores de Negrín a Inglaterra ascendían a 222. 000 libras (1,1 millones de dólares). Otros medios de origen republicano como las acciones de la compañía eléctrica CHADES de más de dos millones de libras (10 millones de dólares), pertenecientes originariamente a Francesc Cambó y controladas formalmente por el británico Henry de Reading, con la colaboración española del ex Presidente del Gobierno Manuel Portela Valladares, estaban intervenidos por las autoridades británicas. Los intereses recibidos de este trust permitieron el disfrute de un mediano nivel de vida a Juan Negrín y sus más estrechos colaboradores hasta la entrega a Franco de las acciones de CHADES a comienzos de los años cincuenta.<br />El número de refugiados republicanos españoles en el Reino Unido y su imperio era mínimo aunque todavía estaban acogidos en Inglaterra unos cientos de niños de la guerra. La protección de unos 350 refugiados y 1.000 niños vascos era llevada a cabo por el National Joint Comittee For Spanish Relief, presidido por la duquesa de Atholl. El Comité nacional británico tenía un gasto mensual de 1.750 dólares en la protección de refugiados adultos españoles en Inglaterra y Francia, así como en un millar de niños vascos evacuados durante la guerra civil. Este Comité había sufragado tres cuartas partes de la primera expedición importante del SERE a México en el Sinaia con un coste de 24. 000 libras (125. 000 dólares). La situación del Comité se fue haciendo desesperada pues, aunque la mitad de los niños vascos regresaron a España con el comienzo de la guerra mundial, los 325 refugiados adultos no podían encontrar trabajo. Todavía en marzo de 1940, al año de terminar la guerra civil, la mayoría de los refugiados adultos seguían percibiendo subsidio del Comité británico y el SERE no podía contribuir apenas a su mantenimiento. De 338 refugiados adultos solamente trabajaban 90, y el Comité se hacía cargo de 480 niños con un coste global de 300 libras a la semana. La instalación de Negrín y de sus colaboradores en Inglaterra en junio de 1940 contribuyó al mantenimiento de un puñado de refugiados adultos y a la creación de diversas instituciones culturales y educativas.<br />El SERE, que había sido clausurado definitivamente en Francia en mayo de 1940, quedó en manos de algunos responsables como Pilar Lubián, secretaria y compañera del ex ministro de Hacienda, Francisco Méndez Aspe, Mariano Ansó, Antonio Huerta y el ugetista Eladio Fernández Egocheaga. La mayor parte de estos responsables del SERE pudieron trasladarse a Marsella, siendo tolerados relativamente por las nuevas autoridades de la Francia de Vichy. En todo caso, los antiguos delegados del SERE no tuvieron ya el status de institución bajo la protección de la Legaciónmexicana aunque mantuvieran buenas relaciones con el embajador Luis Rodríguez y el cónsul general Gilberto Bosques.<br />Los máximos responsables del SERE "semiclandestino" en la Francia de Petain, nombrados por Negrín, fueron Pilar Lubián y Mariano Ansó. En agosto de 1940 se reunieron antiguos funcionarios del SERE y ex ministros como Tomás Bilbao, José Moix y los socialistas vascos Amilibia y Huerta (que trabajaba en la Legación chilena) para preparar nuevas expediciones colectivas a México y Chile. La pretensión de los mismos de que la Legación mexicana en Francia se hiciera cargo del pago de sus emolumentos de ex ministros, sin molestarse en recoger los subsidios en persona, fue respondida airadamente por el embajador Rodríguez.<br />Aquí cabe hacer una digresión sobre el importante papel de las mujeres en la gestión de la ayuda republicana a los exiliados. Además de Pilar Lubián, Federica Montseny ostentó la representación de la FAI en el consejo del SERE y la diputada belga Isabel Blume se encargó de la coordinación en Bélgica de la ayuda a los niños de la guerra y sus familiares. En el caso de la JARE se creó un comité femenino que se ocupó sobre todo de los colegios y de la asistencia a los niños de Morelia. Fue presidido por Pilar Bolívar, viuda del diputado republicano Tapia, contando con la presencia de María Maciá, Julia Iruretagoyena y Carmen Gallardo. Por otro lado otras mujeres desempeñaron puestos relevantes en otros organismos de solidaridad con las víctimas del franquismo. Margarita Nelken presidió un comité pro presos mientras que las esposas de los Presidentes mexicanos, Amalia Solórzano y Margarita Richardi, tomaron iniciativas personales en relación con los niños de la guerra. Del mismo modo, los principales puestos del Comité Nacional Británico de Ayuda a España fueron desempeñados por mujeres como la Duquesa de Atholl o Eleanor Rathbone. Entre los cuáqueros muchas mujeres, entre las que destaca Miss Helmes, asistieron a los refugiados.. Entre las instituciones francesas de ayuda se pueden citar a Renée Monbrison del Comité de ayuda a los niños españoles y a madame Boylier del Comité nacional católico de socorros a los refugiados españoles. Hay que recordar, en fin, el compromiso de Eleanor Rooosevelt con la causa de los exiliados republicanos españoles.<br />Los responsables negrinistas coincidían con el criterio de la JARE de primar la evacuación de personalidades republicanas, muy amenazadas de extradiciones. Este criterio no era bien visto por los ugetistas y cenetistas, así como por los responsables de la Legaciónmexicana. La esperanza de una nueva vida en América y, sobre todo, en México, había supuesto que se inscribieran más de 25. 000 refugiados (3.000 de UGT) en las listas de la Legación para obtener visado. Al decir del delegado de UGT en Marsella, el antiguo diputado Eladio Fernández Egocheaga, "resultará que el proletariado (...) quedará en tierra para escoger entre el suicidio y el fusilamiento". En efecto, aunque en la última expedición salida de Burdeos hacia la Dominicana se habían reservado 121 plazas a ugetistas de un total de 600 visados, finalmente habían terminado embarcando 51. El responsable negrinista y ex ministro, Mariano Ansó, también prefería seleccionar a personalidades en una expedición colectiva de cien familias que se preparaba para Chile. Precisamente, Ansó y el socialista Antonio Huerta se vincularon a la Legaciónchilena en tareas semiclandestinas de apoyo a los refugiados en la Francia de Vichy. Negrín destinó 25. 000 libras (unos 5 millones de francos) para una proyectada expedición a Chile que no llegó a realizarse.<br />En realidad, Negrín y Méndez Aspe habían dado instrucciones a los responsables del SERE para que no se vieran mediatizados por las organizaciones sindicales aunque "conviene políticamente no decir que esta exclusión obedece a indicaciones del Gobierno". La situación en el verano de 1940, pese a las expectativas despertadas por el convenio franco-mexicano para la protección y evacuación de los republicanos españoles, no permitía aventurar grandes resultados. El delegado de UGT, en una entrevista con el embajador Rodríguez, había escuchado que "México no ha empezado la tarea sólo para evacuar diez o veinte mil, no distinguir entre diputado y albañil, piensa extender la protección hacia 50. 000 de zona ocupada (pues) mi nación está dispuesta a pagar para los buques lo que se le pida... Se trata de que México aumenta en 130. 000 personas su población y desde el momento del Convenio son habitantes mejicanos, ciudadanos de mí país". De acuerdo con estas manifestaciones del representante de México en Francia, Fernández Egocheaga elaboró unas normas para el embarque de 37. 000 personas en mes y medio. Sin embargo, como veremos, la realidad era más aplastante, pues no había barcos ni recursos para el traslado y asentamiento de una cantidad tan grande de refugiados en México.<br />En el segundo semestre de 1940, la prioridad de la política de ayuda de Negrín desde Inglaterra fue contratar una nueva expedición colectiva hacia Chile que salvara de la Europa de Hitler a las personalidades más comprometidas. Ya no pudo seguir manteniendo un gasto de 3 millones de francos al mes para los refugiados en Francia. No hubo ya aportaciones regulares de Negrín a la Legaciónde México en la Francia de Vichy. Únicamente durante el período de la embajada de Luis Rodríguez, Negrín pudo enviar cinco millones de francos.<br />Los esfuerzos de Negrín y de sus colaboradores para contratar barcos que sacaran de los territorios franceses a unos miles de refugiados fueron infructuosos. Las gestiones con el Chile del Frente Popular, en el que el antiguo embajador republicano Rodrigo Soriano hacía de delegado del SERE, no dieron el resultado apetecido. Después de la experiencia del Winnipeg, las autoridades chilenas preferían la llegada de pescadores, como categoría social, y de vascos, por su origen geográfico. Una política migratoria que difícilmente casaba con la necesidad de evacuar a personalidades políticas.<br />La red de Negrín en América tenía su base principal en México con el CTARE encabezado por el doctor Puche. Desde Nueva York, el ex ministro Julio Álvarez del Vayo conectaba con el otro lado del océano y facilitaba algunos medios. Existían, además, delegaciones del SERE en la Dominicana y Chile. Sin embargo, para el verano de 1942, Negrín creía injustificado persistir en una acción de ayuda a los refugiados que fueran hombres adultos. Además de la inexistencia de fondos, sobre todo después de ser privado de los recursos depositados en México, Negrín insistía en que la magnitud del problema del exilio hacía imposible la generalización del auxilio salvo que lo que se pretendiera fuera comprar voluntades y crear clientelas, aludiendo injuriosamente a su rival Indalecio Prieto:<br />"Injustificada después de tres años éxodo acción general ayuda masa exiliados para la que además del volumen requerido no habría medios después de privación parte más considerable y sustancial recursos salvaguardados en cumplimiento de disposiciones legales e imposibilitado auxilio directo compatriotas residentes en Francia o en España procuramos seguir atendiendo a través otros organismos a mutilados, niños, mujeres abandonadas o en campos de concentración".<br />La última contribución de la maltrecha "hacienda" de Negrín a la ayuda de los refugiados fue con ocasión de la liberación aliada de los territorios del norte de África. Pablo de Azcárate se puso en contacto con el Foreign Office, proporcionando a las autoridades de ocupación británicas una ayuda de 400. 000 francos para los españoles internados en los campos de concentración en Argelia y Túnez. A finales de noviembre de 1942, los españoles internados en el campo de Fouka Marine recibieron un telegrama interesándose por la suerte, en los que se les solicitaba una lista de inválidos.<br />En enero de 1943, el Gobierno británico contestó a una interpelación en la Cámara de los Comunes sobre la situación de los refugiados republicanos españoles y antifascistas de otras nacionalidades internados en los campos de concentración de África. Por ejemplo, en el campo de Djelba estaban internados 480 españoles refugiados (10 antiguos residentes) y 274 antiguos miembros de las Brigadas Internacionales. El Foreign Office agradeció a Azcárate la oferta de ayuda, contestándole que la comisión angloamericana de ocupación estaba estudiando la situación de los antifascistas en los campos de concentración. Sin embargo, las autoridades angloamericanas no atendieron la petición de Azcárate de que les cedieran para la ayuda a los refugiados españoles diez millones de francos que Indalecio Prieto, a través de la JARE, había enviado a Túnez para un plan de colonización del territorio con refugiados españoles durante los primeros meses de 1940.<br />El balance del gasto de Negrín desde Inglaterra entre la segunda quincena de junio de 1940 y abril de 1945 fue de 155.888 libras que equivalían a 27.748.064 francos franceses y unos 800. 000 dólares. De esta cantidad fueron destinadas a la ayuda a los refugiados en Francia y África apenas 28.330 libras que equivalían a 5.042.740 francos (un 18, 2%). Otras pequeñas cantidades fueron asignadas a pasajes hacia América, ayuda en España y auxilios en Inglaterra (8.685 libras en total, equivalentes a un 6% del gasto). 42.620 libras (un 27% del gasto) fueron destinadas a las instituciones creadas por Negrín y sus seguidores en el Reino Unido como el Hogar Español, el patronato del Instituto Español y la editorial (creada en junio de 1944) United Editorial. De esta manera tenemos que cerca de la mitad del gasto de Negrín en Inglaterra durante la segunda guerra mundial se fue en asignaciones (subsidios) y gastos diversos administrativos. Las asignaciones a los componentes del Gobierno en el exilio eran de 20. 000 francos al mes para Negrín y de 7.500 para sus ministros. Además Negrín disfrutó de una residencia de campo oficial en su discutida y inoperativa calidad de jefe de gobierno, con servicio doméstico incluido, y de diversos vehículos hasta el final de la guerra mundial. Hay que tener en cuenta que los ex ministros con familia numerosa recibían un máximo de 2.500 francos al mes. La cantidad devengada por Negrín era cuatro veces más grande que la percibida por el Presidente de las Cortes o el Presidente de la Delegación de la JARE en México, Martínez Barrio y Prieto, que recibieron unos 5. 000 francos al mes. Como ha señalado Moradiellos, puede ser que la asignación de Negrín, como presidente del Gobierno en el exilio, no fuese tan elevada una vez que se trasladó a Inglaterra, donde seguramente el coste de la vida era más alto y el subsidio equivalía a tres veces el sueldo de un funcionario o empleado medio. De todas maneras, Negrín tenía bienes propios y disfrutó de los intereses devengados por la CHADES hasta su devolución a Franco a comienzos de los años cincuenta. Al finalizar la guerra mundial y reactivarse la acción de Negrín se reservaron buena parte de las 75.614 libras (unos 400. 000 dólares) restantes a la política, asegurando, además, la continuidad del Instituto español. No parece muy verosímil que Prieto y Martínez Barrio utilizaran remanentes de los fondos de la JARE, salvados de la intervención mexicana, para la acción política de la Junta Española de Liberación o las reuniones de la Diputación Permanente de las Cortes. Prieto tenía bienes propios y vivía del periodismo. En cambio, el Presidente de las Cortes sí continuó percibiendo un subsidio de las autoridades mexicanas y recibió una fuerte ayuda del Presidente mexicano, Ávila Camacho, para el restablecimiento de las instituciones republicanas.<br />La valoración global de la política de ayuda de Negrín depende de la cuantificación de los recursos manejados. En julio de 1939, Negrín valoraba los recursos de su Gobierno en unos 500 a 600 millones de francos y otros 1.000 a 1.500 en bienes sin convertir (Vita y otros efectos) en México pero fuera de su control. Negrín pretendía emplear los recursos que disponía directamente, una cuarta parte de total, en la ayuda a los refugiados y el mantenimiento de las altas personalidades republicanas. Por el contrario, las otras tres cuartas partes de los recursos había que reservarlos para el futuro de la Hacienda republicana cuando se regresara a España. Esta opción política fue discutida por el resto de las formaciones políticas y sindicatos, pues la mayoría consideró que los fondos había que gastarlos en la ayuda a los refugiados y a las personalidades republicanas (con la oposición de Prieto que consideraba que la prioridad eran los internados en campos y los mutilados y que los subsidios a altos cargos había que suprimirlos). Es cierto que la conversión y venta de los bienes suntuarios y otros efectos no monetarios suponía una considerable depreciación en las circunstancias de la guerra mundial. Además la enormidad del problema de los refugiados en Francia hacía imposible que los recursos disponibles pudieran llegar a la totalidad de los mismos. No había recursos para evacuar a América a más de treinta o cuarenta mil refugiados y había que optar entre el gasto en embarques o el mantenimiento de la masa de los mismos en Europa y África. Por ello, tanto Prieto como Negrín, el PCE o el PNV, terminaron propugnando una política de repatriaciones a España de los refugiados menos comprometidos.<br />El hundimiento de Francia supuso que Negrín perdiera la mitad de los recursos que administraba, lo que le hizo ordenar la suspensión de subsidios y nuevas inversiones en América. Por el contrario, trató de recuperar parte de las inversiones en empresas industriales y agrícolas en México para la pura supervivencia de la ayuda y la acción política de su Gobierno en el exilio en Inglaterra.<br />Habría que cuantificar qué parte de los recursos manejados por Negrín se gastó en la ayuda a los refugiados y qué porcentaje se fue en el pago de subsidios y administración de los fondos. Sin embargo, esta cuantificación resulta poco menos que imposible pues buena parte de las asignaciones a las altas personalidades republicanas se computó fuera de las asignaciones del SERE y no se realizó un balance global del gasto. De todas maneras, cabe aventurar que la mitad del gasto se dedicó a los refugiados de "a pie" pues incluso la existencia de una nómina de cerca de 250 empleados del SERE en el verano de 1939 era una forma de que una parte de los exiliados percibieran una asignación por un empleo y no meramente un subsidio.<br />La política de subsidiar a unos cientos de personalidades republicanas (ministros, diputados, militares), dado que se pretendía la continuidad de la legalidad del Gobierno Negrín y el resto de las instituciones republicanas en el exilio, era criticable, pues significaba privilegiar a unos cuantos a cambio del abandono de la masa de los refugiados. Sin embargo, resulta humanamente comprensible y hubiera sido más legítima moralmente si el grueso de los refugiados hubiese regresado a España (en realidad cerca de 200. 000 refugiados de la primera hora retornaron a España a lo largo de 1939 pero otros 160. 000 se convirtieron en exiliados políticos permanentes). Como podemos observar en la tabla que hace balance de los gastos del Gobierno Negrín durante el bienio de 1939-1940, un 75% de los recursos se emplearon directamente en los organismos de ayuda. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dentro de lo asignado al SERE, el CTARE o la Junta de Auxilios de la República Dominicana una parte considerable se gastó a su vez en la gestión de la ayuda a la masa de los refugiados, con más de 200 funcionarios inicialmente, y en subsidios a personalidades. De este modo, solamente se puede hacer la estimación de que algo menos de la mitad del gasto de Negrín se destinó a la ayuda a la masa de los refugiados. Por el contrario, la Junta de Auxilio a los Republicanos destinó cerca de dos tercios del gasto al conjunto de los refugiados, dedicando muchos menores recursos al subsidio de personalidades o a gastos administrativos y de personal. Finalmente, cabe adelantar que el gasto de los gobiernos de Giral y Llopis entre 1945 y 1947 fue en su mayor parte destinado al mantenimiento del esqueleto de las instituciones republicanas (Gobierno, Cortes, Gobierno Vasco, Generalitat) reservando apenas un 10% a la ayuda directa a los refugiados de a pie mediante subsidios o educación. No obstante, hay que indicar también que, en el contexto de la victoria aliada, la ayuda a los refugiados fue asumida en su mayor pare por los gobiernos francés y norteamericano, así como por numerosas asociaciones humanitarias.</div><div align="justify"></div><div align="justify">Publicado en Abdón Mateos, <em>La batalla de México. El final de la guerra civil y la ayuda a los refugiados, </em>Madrid, Alianza, 2009<br /><br /><strong>Tercera Prueba de Evaluación. </strong></div><div align="justify"><strong>Preguntas</strong></div><div align="justify"><strong>1. El pleito Prieto-Negrín</strong></div><div align="justify"><strong>2. la política francesa hacia los refugiados</strong></div><div align="justify"><strong>3. La JARE</strong><br /></div><span style="color: rgb(153, 0, 0);"></span><div><span style="color: rgb(153, 0, 0);"></span></div><div><span style="color: rgb(153, 0, 0);"></span></div><div><span style="color: rgb(102, 0, 204);">Lectura de ampliación: Juan Avilés, <em>La izquierda burguesa y la tragedia de la II República,</em> Madrid, Comunidad, 2006.</span></div><div></div><div><span style="color: rgb(153, 0, 0);">Documento: Carta de Prieto a Irujo, invitándolo a ser secretario de la JARE, agosto 1939, archivo </span></div><span style="color: rgb(153, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(153, 0, 0);">Prieto, Madrid<br /></span><div></div><div></div><div><div><br /><span style="color: rgb(153, 0, 0);">Vídeo: El PSOE en la guerra de España </span><br /></div><br /><br /><p><span style="color: rgb(153, 0, 0);"></span></p><br /><iframe allowfullscreen='allowfullscreen' webkitallowfullscreen='webkitallowfullscreen' mozallowfullscreen='mozallowfullscreen' width='320' height='266' src='https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dz4RQ9mTclD8LPEKP14bWOeZjgXsbJQOnhl1f0Aet1pd32eNxiAcTV2Kcf_drf00iuqsUJxIy2Pc1IiFWeFQg' class='b-hbp-video b-uploaded' frameborder='0'></iframe></div></div>CIHCEhttp://www.blogger.com/profile/11041203763649640990noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5295506642862714407.post-70587866383806246692008-03-16T01:44:00.001-07:002008-09-03T00:27:40.671-07:00Franquismo<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt4SrwP1EIlEfXv0pYBW_efcNTqc9ud6-_xpDy5ukPQ1SmQacQk5r9xfWbKbAQtY01KqLzGT3PzYdLHMBzsRSFE26C0S-YSm8pjxjQzQKKm8iaK3MkstH97bpfoUf2UqKEyg_ukqfEmQU/s1600-h/Gallo_26.jpeg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5181217849907925010" style="FLOAT: left; 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MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 252px; CURSOR: hand; HEIGHT: 315px" height="315" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgooImCmYGF7YplKXj2w2ZR4H1O_XiTg5O2Ld1DRvTr1ZCmz7qPKXldRg8kYgD-iI9Zx8Lcr7V6rgUJxlu47AZISy812Bv175W_MHENdijp8sQLIoPmd8ERgCbqK9aJXv3FJ2bh6AskTHg/s320/antifranquismo.bmp" width="391" border="0" /></a> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQeqLmg5DjmNLMqkzsdeosDcNDMdmWLhiBZwkxLe-mhS63z46EtBx2GYwlPrxidqbKy-exyuiDDPgvJpjF975lUvJ5NrbgkSKnjjyWo90O3Rk_Eve4ku_5ZoJCU33_AZsKW9NqeTaTlVU/s1600-h/guerrilla+granada+47.jpeg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5178367593938644834" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQeqLmg5DjmNLMqkzsdeosDcNDMdmWLhiBZwkxLe-mhS63z46EtBx2GYwlPrxidqbKy-exyuiDDPgvJpjF975lUvJ5NrbgkSKnjjyWo90O3Rk_Eve4ku_5ZoJCU33_AZsKW9NqeTaTlVU/s320/guerrilla+granada+47.jpeg" border="0" /></a><br /><br /><br /><br /><br /><br /><div><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><div><br /><br /><br /><br /></div><br /><br /><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ4SIzPJHhFlufsr_Kui79nOD3-N8qmoNIGVUA-c3ed7oTXcZYUY4lf1D0etTYFGT2lRbcQrTwwI7rTknkCtNbecLxzzmVq-j8RYzOzbMvVz0jMzbcd2O_b699F1exfH_hWy3geNUaouI/s1600-h/Pza_Oriente5.jpeg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5178360623206723346" style="FLOAT: left; 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El Movimiento, en su origen el partido único FET y de las JONS, fue la reunión de una <strong>coalicción reaccionaria</strong> o contrarrevolucionaria surgida durante la guerra civil. A lo largo de la dictadura algunas fracciones de esta coalicción reaccionaria, como los monárquicos o los católicos, fueron desagregándose para constituir plataformas y grupos políticos de oposición democrática. La oposición democrática, tanto en el exilio como en el interior de España, deslegitimó permanentemente al franquismo. Además, uno de los pilares de esa tríada que sostenía la dictadura de Franco, la Iglesia, fue distanciándose del régimen a partir de los años sesenta con el Concilio Vaticano II. El disentimiento o disidencia de un sector de la Iglesia fue decisivo para la crisis final del franquismo. Las protestas sociales, especialmente la del movimiento obrero, impidieron, además, cualquier perspectiva de reforma limitada y autoritaria del franquismo que permitiera la supervivencia del régimen después de Franco. </div><br /><div align="justify"></div><br /><div align="justify">La duración del <strong>primer franquismo </strong>es una cuestión objeto de debate. Para muchos lo decisivo para esta periodización es el relativo predominio de la Falange de Estado, creada tras la unificación en abril de 1937. Sin duda, hasta 1941 hubo una creciente <strong>fascistización</strong> del régimen de Franco. A partir del giro de la segunda guerra mundial en favor de los aliados, Franco limitó el poder de FET y de las JONS, neutralizando las disidencias de militares monárquicos o carlistas. En 1945, el grupo <strong>nacional-católico, </strong>tuvo mayor visibilidad en el gobierno franquista. El ascenso de Martín-Artajo a Asuntos Exteriores, procedente de Acción Católica y la Asociación Nacional de Propagandistas, junto a la promoción de un proyecto político autoritario de "democracia orgánica" que regulaba la participación política a través de la familia, los Ayuntamientos y el Sindicato vertical, fueron una tentativa de reforma institucionalizadora que limitara el poder dictatorial de Franco. </div><br /><div align="justify">La represión fue una de las características esenciales del franquismo y de las razones de su pervivencia. La sociedad española fue sometida a una purga masiva. Además de los muertos durante la contienda de ambos bandos, el régimen franquista siguió fusilando a miles de españoles. Se puede estimar que la violencia política y represión durante la guerra trajo consigo la muerte de unos 60.000 franquistas y 90.000 republicanos, de los que unos 20.000 fueron desaparecidos tras paseos y procedimientos represivos irregulares. Se trataba de una represión de status, es decir, que la violencia política y la represión afectó sobre todo a personas con algún tipo de poder en un bando como en otro. Además la conquista franquista del territorio conllevó una inversión de terror que afectó a miles de jornaleros y mineros. Tras el final de la guerra civil, la represión, a través de tribunales militares, supuso la ejecución de unas 60.000 personas. Cerca de 300.000 personas fueron internadas en campos de concentración y cárceles, lo que unido al medio millón de refugiados en el extranjero, constituye el balance de las víctimas de la guerra civil. Los avatares de la guerra mundial trajeron consigo la excarcelación de la mayoría de los presos y el retorno a España de buena parte de los refugiados. Por ejemplo, hacia 1950 el número de presos políticos había descendido a unas 6.000 personas y en 1963 a menos de 1.000 presos condenados. Sin embargo, la sociedad española siguió sometida a una vigilancia y control a través de múltiples servicios de información e instituciones. La Falange pretendió la incorporación a las secciones del partido único de la mayoría de los españoles, una vez depuradas las "responsabilidades" de la guerra. Los instrumentos legales de la represión fueron leyes como la de Responsabilidades Políticas, la de represión de la Masonería y el Comunismo, y la de represión del Bandidaje y el Terrorismo. En 1958 fue creado un Tribuanal especial militar de Actividades Extremistas, presidido por el coronel Eymar, y en 1960 fue promulgado un nuevo decreto-ley de represión del bandidaje y terrorismo. Únicamente en diciembre de 1963 se creó el Tribunal de Orden Público que condenó a cerca de 9.000 personas hasta 1976.</div><br /><div align="justify"></div><br /><div align="justify">A partir de los años cincuenta, con la fecha de 1953 de parteaguas principal, se entró en una nueva fase de la dictadura. El final del primer franquismo, de la posguerra inmediata, puede caracterizarse por varios factores. La reanudación del descenso de los activos y población agrarias impulsó el cambio social y cultural. En 1952, además, se suprimió el racionamiento y la política autárquica dejó paso al plan de Liberalización u Estabilización económicas de 1959. La liquidación de la resistencia antifranquista de posguerra, a través de la guerrilla o de las plataformas unitarias, abiertas a los disidentes monárquicos o católicos, fue otra de los hechos decisivos de los primeros cincuenta. Pronto apareció una nueva generación antifranquista que no había vivido la guerra civil, así como se reanudaron las protestas sociales apareciendo nuevas disidencias. La salida del aislamiento internacional, gracias al pacto de 1953 con los Estados Unidos y el concordato con el Vaticano, permitió un limitado ingreso de España en el orden occidental de la guerra fría. Este retorno limitado fue ampliándose con el ingreso en las agencias de la ONU y en otras instituciones internacionales como la OCDE. </div><br /><br /><div align="justify">A partir de la crisis de 1957, y del fracaso del falangista Arrese para "<strong>institucionalizar</strong>" al régimen de Franco, se impuso un proyecto político autoritario de modernización económica, impulsado por personajes emparentados con el grupo de <em>Acción Española. </em>Buena parte de este personal político estaba vinculado al Opus Dei pero, en general, los ministros ya no representaban a los antiguos grupos o "familias" políticas de la coalicción reaccionaria de la guerra civil. La Ley de Principios del Movimiento y la reforma de la administración del Estado sentaban nuevas bases para una progresiva racionalización del Estado, diferenciándose respecto al gobierno dictatorial.</div><br /><br /><div align="justify">La entrada en la Organización Europea de Cooperación Económica (luego OCDE) y en el Fondo Monetario Internacional, impulsada por las relaciones comerciales con Estados Unidos y el programa de racionalización productiva, llevó al Gobierno de Franco a la promulgación de la Ley de Liberalización y Estabilización Económicas en julio de 1959 (un año antes se aprobó la ley de convenios colectivos), cuya consecuencia natural fue una tentativa de aproximación a la Comunidad Económica Europea, en febrero de 1962.</div><br /><br /><div align="justify">En 1962 hubo una nueva crisis de gobierno, tras la generalización de las huelgas obreras, sobre todo en Asturias, y la denuncia del franquismo en Munich desde la tribuna europeísta del Movimiento Europeo. Por primera vez, Franco nombraba al general Muñoz Grandes, vicepresidente del Gobierno. La aproximación a Europa y el cambio social y cultural, obligaron a ensayar unas políticas "liberalizadoras". La reforma de Ley de Prensa, la reforma del Sindicato vertical, la tolerancia hacia las confesiones no católicas o la creación del Tribunal de Orden Público fueron alguna de estas medidas que daban la sensación de una cierta "apertura" política. Los llamados "aperturistas" eran ministros como José Solís, José María Castiella o Manuel Fraga que, aunque estaban vinculados con FET no representaban a la vieja familia falangista. Este grupo sería derrotado en la crisis de 1969, tras la proclamación del príncipe Don Juan Carlos de Borbón como sucesor a la jefatura del estado. Además, en enero de 1967 fue promulgado, tras un reférendum, la Ley Orgánica del Estado que reformaba el Fuero del Trabajo de 1938 y definía al Movimiento Nacional como una "comunión" más que como un partido único. A partir de entonces, el nuevo vicepresidente del gobierno desde 1967, el almirante Carrero Blanco, tuvo un absoluto predominio en la acción de gobierno, accediendo a la presidencia en 1973, poco antes de su asesinato por ETA. Los años de preponderancia de Carrero fueron un periodo de endurecimiento de la política represiva y del control informativo sobre la oposición antifranquista, las diversas disidencias y las protestas sociales. Tras la muerte de Carrero, el antiguo director General de la Policía y ministro de Gobernación, Arias Navarro, asumió la presidencia de unos gobiernos cada vez más vacíos de contenido político y con una clase política crecientemente dividida entre reformistas e inmovilistas. De los primeros surgirá parte de la clase política de UCD y AP durante la transición. Además, algunos sectores reformistas del franquismo crearon nuevas plataformas políticas fuera de las Asociaciones del Movimiento. Entre estas, destacaron FEDISA en torno a Fraga y el grupo Tácito de orientación democristiana.</div><br /><br /><div align="justify">La protesta del movimiento obrero trajo consigo la creación de nuevos grupos de oposición sindical entre los que destacaba CC.OO y Unión Sindical Obrera (USO), mientras que las fuerzas históricas sindicales crearon Alianzas Sindicales que dieron paso a la reestructuración de UGT desde 1968. El movimiento de las comisiones obreras adquirió su definitiva fisonomía y estabilidad tras las elecciones sindicales de 1963 y 1966. Más que grandes huelgas hubo protestas en la calle asociadas a la negociación colectiva. Los comunistas fueron controlando las coordinadoras de Comisiones Obreras e impulsando algunas jornadas de protesta en la calle en 1966 y 1967 (que eran la primera plasmación real de las convocatorias del PCE de huelgas generales pacíficas a partir de la política de reconciliación de 1956). El obrerismo cristiano, a través de movimientos apostólicos como Hermandades Obreras (HOAC), Vanguardias Obreras y Juventud Obrera (JOC) fueron el "blindaje" legal para el impulso de CC.OO y la creación de grupos de oposición sindical como USO, Acción Sindical de Trabajadores (luego la maoísta Organización Revolucionaria de Trabajadores) y el Frente Obrero de Cataluña (vinculado al partido revolucionario, Frente de Liberación Popular). </div><div align="justify"></div><div align="justify">Otro de los procesos destacados del tardofranquismo fue la renovación del socialismo español, con el traslado de su dirección a España y la ruptura con un sector de los veteranos del exilio y del interior de España. La reestructuración del PSOE y de la UGT se realizó desde un realce de las posiciones marxistas que permitieran el aglutinamiento de otros grupos y la neutralización de la hegemonía en la protesta social del PCE liderado por Santiago Carrillo.</div><br /><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify">Además el movimiento de protesta universitaria dio lugar a la creación en 1966 de Sindicatos Democráticos y fue fermento de grupos izquierdistas de ideología maoísta y trotsquista. La disidencia de una parte de la jerarquía católica después del Concilio Vaticano II produjo un fuerte conflicto con la dictadura pues deterioraba uno de los pilares del franquismo desde sus orígenes durante la guerra civil. El mundo de la creación artística e intelectual fue otra de las disidencias esenciales del tardofranquismo. </div><div align="justify"> </div><div align="justify"></div><div align="justify"><strong><span style="color:#ff6600;">Lectura: La política exterior del segundo franquismo, 1957-1975</span></strong></div><div align="justify"> </div><strong><span style="color:#ff6600;"></span></strong></div><div></div><div><div align="justify">Durante la segunda mitad de los años cincuenta el régimen de Franco completó el ingreso en los organismos internacionales. Al retorno a la Organización Internacional del Trabajo en 1956 se sumó el ingreso en la Organización Europea de Cooperación Económica y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el déficit democrático del Régimen impediría la entrada en organizaciones occidentales y europeas como la OTAN, el Mercado Común y el Consejo de Europa. Incluso la pertenencia a organizaciones internacionales como la OIT y la OECE (luego OCDE) no sería del todo cómoda dado el carácter tripartito (Gobiernos, empleadores y trabajadores) de la primera tribuna y la existencia de comités consultivos sindicales en la segunda.<br />Pese a todo, a esas alturas, la dictadura había definido a través de los pactos con los Estados Unidos un modus vivendi peculiar con Occidente, manteniendo un nivel mínimo de intercambios bilaterales con los países europeos, iberoamericanos y árabes. Esto no quiere decir que no existieran limitaciones como pondrían de manifiesto, en seguida, el conflicto con Marruecos, la persistencia de una situación colonial en África y la política de liberalización y estabilización económica.<br /><br /><strong>El proyecto Castiella</strong><br /><br />El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella Maíz, poseía el típico perfil político franquista a secas de la mayor parte de los ministros de los Gobiernos de Franco de la segunda mitad de la dictadura. Aunque Castiella se había iniciado en círculos monárquicos y católicos durante los años de la Segunda República, había derivado hacia posiciones fascistizantes durante la inmediata posguerra. En efecto, en su periodo de camisa azul, siendo director del Instituto de Estudios Políticos, había recomendado la falangistización del cuerpo diplomático y escrito, junto con José María Areilza, el panfleto imperialista Revindicaciones de España. Catedrático de Derecho Internacional, fue ministrable desde 1945, desempeñando las embajadas de Lima y del Vaticano durante el período nacional-católico. Todavía durante los primeros tiempos de su gestión ministerial, debido a una campaña internacional contra la represión, habría de participar en la elaboración de un nuevo panfleto antisocialista titulado ¿Qué pasa en España? El problema del socialismo español, en el que se acusaba al PSOE de complicidad con la violencia anticlerical de los años treinta.<br />La etapa ministerial de Castiella se extendió durante casi trece años. Una etapa en la que diseñó todo un programa de política exterior para España mediante el cual se pretendía incorporar a nuestro país a la corriente de unificación europea, sin descuidar las tradicionales relaciones con Iberoamérica y los países árabes. España debía alcanzar el estatus de una potencia media europea, ser un igual en el club de las potencias occidentales, mediante una diplomacia pragmática y desideologizada que acallara los recelos ante el leproso, más que centinela, de Occidente. Para ello, la política exterior del régimen de Franco pretendía una relación más paritaria con Estados Unidos y un acercamiento a la Europa comunitaria. De manera secundaria, la estrategia de Castiella contemplaba un realce de las tradicionales relaciones con algunos países iberoamericanos y árabes. Unos vínculos históricos que permitieran una política de prestigio cuya contrapartida descansaría en el apoyo en las tribunas internacionales. Sin embargo, como señala Rosa Pardo, este programa global de política exterior no tuvo suficientemente en cuenta las limitaciones que conllevaba el carácter dictatorial del régimen franquista, sobrevalorando las posibilidades reales de actuación. Obsesionado con la recuperación de Gibraltar, el ministro llegó a la conclusión de la inevitabilidad de la descolonización de Guinea, Ifni y el Sahara si se quería obtener el apoyo a las tesis españolas en los organismos internacionales.<br />Más dudosa fue su voluntad reformista y, sobre todo, democratizadora del Régimen. Desde luego una política de apertura exterior que trajera consigo un mayor nivel de reconocimiento internacional de España podría ayudar como diría, posteriormente, el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, a la reforma del régimen de Franco.<br />Castiella fue, por ejemplo, adalid de la libertad religiosa. Esta cuestión enturbiaba la imagen exterior de España y las relaciones con Estados Unidos y con muchos países europeos. Seguramente con el transcurso de los años su pensamiento político fue evolucionando hacia posiciones más liberales, sobre todo tras la dimisión de su estrecho colaborador José María de Areilza y la celebración del Vaticano II, pero los problemas de la política exterior y sus obsesiones personales, como la cuestión gibraltareña, ocuparon la mayor parte de sus energías.<br />Sus primeros pasos en el palacio de Santa Cruz trajeron consigo una renovación del personal diplomático y una apuesta por la profesionalización, como de hecho ocurrió en el resto de la Administración española. Para mejorar la imagen del régimen de Franco, Castiella emprendió numerosos viajes por el mundo occidental. Esta diplomacia directa, junto a la mejora de las relaciones bilaterales con la V República Francesa o la República Federal de Alemania, ayudaron al ingreso en los organismos económicos internacionales. De esta manera, se conseguía un respaldo financiero al Plan de Estabilización de 1959.<br />Especialmente significativa fue la mejora de relaciones con la Francia de De Gaulle. Además de la cooperación militar en Ifni y el Sahara, Francia vendió armamento a España y dificultó la actividad antifranquista de los exiliados. El Gobierno de Franco apoyó a Francia como contrapartida en el problema argelino. El general De Gaulle respaldó la intención española de ingresar en la OTAN al mismo tiempo que buscaba un dócil aliado en sus pretensiones de liderazgo europeo.<br /><br /><br /><strong>La guerra ocultada<br /><br /></strong>Tras la concesión, a remolque de Francia, de la independencia a la zona Norte del protectorado en Marruecos en abril de 1956, las relaciones con el vecino del Sur lejos de mejorar no hicieron sino enturbiarse. Mientras que unas milicias armadas hostigaban a las unidades militares españolas en lfni, Tarfaya y el Sahara, el movimiento nacionalista marroquí Istqlal reivindicaba las imposibles fronteras de un Gran Marruecos que se extendiese a costa de Argelia y Mauritania. Estas reivindicaciones fueron impregnando al resto de los partidos políticos marroquíes y el propio monarca Mohamed V terminó asumiéndolas como objetivos nacionales. En agosto de 1957 el Gobierno del sultán marroquí reclamaba lfni y la zona de Tarfaya. Castiella se mostró dispuesto a negociar y a llevar, incluso, el pleito ante el Tribunal Internacional de La Haya. Sin embargo, en noviembre cerca de 2.000 hombres armados de un Ejército de Liberación atacaron a las guarniciones españolas, que tuvieron que replegarse hacia los principales núcleos urbanos de la costa. Las dificultades de suministro y la prohibición norteamericana para utilizar el armamento más moderno situaron al Ejército español en una grave tesitura que traía el recuerdo de los desastres ocurridos en las primeras décadas del siglo. Hubo que esperar a la colaboración francesa que, mediante una convergencia de operaciones, permitió la expulsión de las unidades irregulares marroquíes en febrero de 1958. Estas operaciones de limpieza coincidieron en el tiempo con una rebelión de la población bereber de la antigua zona de protectorado español en el Rif. Unos meses después, en junio, se alcanzaba el alto el fuego de una pequeña guerra que, sin embargo, había ­costado la vida a más de 200 españoles: 152 muertos, 58 desaparecidos y 518 heridos.<br />Al devolver la zona Sur del Protectorado –la región de Tarfaya– en abril de 1958, España pretendía dar por concluido el proceso de descolonización en Marruecos. Sin embargo, la voluntad de resistencia española en lfni y el Sahara pronto habría de enfrentarse a un nacionalismo marroquí que extendía sus reivindicaciones a las plazas de soberanía (Ceuta y Melilla) y los peñones. Las últimas tropas españolas abandonaron las zonas del protectorado en Marruecos en 1961, mientras que la mayor parte de la población española residente tuvo que emigrar y desmantelar sus intereses.<br />Diez años más tarde de esta guerra olvidada, en enero de 1969, España cedió el territorio de lfni a Marruecos. Un territorio que si bien no había figurado nunca en el texto que estableció el Protectorado en 1912, había sido concedido a España mediante un tratado colonialista tras la guerra con Marruecos de 1860. Con esta concesión, el Gobierno de Franco quizá esperaba que Marruecos congelara su presión sobre las plazas de soberanía y el territorio sahariano, sobre el que se hicieron grandes inversiones.<br /><br /><br /><strong>La ofensiva europea<br /><br /></strong>El 9 de febrero de 1962 el Gobierno de Franco, a través del ministro Castiella, solicitó del Mercado Común una apertura de negociaciones para la asociación con vistas a una adhesión futura. Esta fórmula tenía implicaciones políticas pues pocos meses antes la Asamblea Parlamentaria de la CEE había aprobado el informe Birkelbalch, que establecía que tanto la asociación como la adhesión plena exigían la existencia o la tendencia hacia un cierto nivel de ­desarrollo económico, de compromiso con el bloque occidental y de sistema democrático. Aunque las expectativas de la mayoría del Gobierno de Franco eran puramente económicas, puede ser que la elección por Castiella de la fórmula de la asociación implicara una voluntad de apertura política del Régimen.<br />La reacción de los Gobiernos ante la petición española fue positiva en los casos de Alemania y Francia, mientras que otras potencias europeas evitaron un pronunciamiento prematuro. Por el contrario, la petición de asociación desató rápidamente campañas de opinión antifranquistas. No en vano en esas fechas se habían reactivado las comisiones para España de las Internacionales políticas y sindicales de orientación socialista y democristiana. Además, el grupo socialista de la Asamblea Parlamentaria europea presentó una moción que rechazaba siquiera el inicio de las conversaciones. No obstante, el Consejo de Ministros de la CEE realizó un acuse de recibo de la petición del Gobierno de Franco y, en mayo, el Consejo de Europa recomendó algún tipo de asociación económica siempre que se aprobaran cambios políticos. La coincidencia de la petición de asociación con las huelgas generalizadas de Asturias y el País Vasco y, sobre todo, con la represión de los participantes en el Coloquio europeísta de Munich, originó una nueva campaña internacional de condena contra el régimen franquista. Por ejemplo, las intersindicales presentaron una solicitud de una misión de investigación ante las medidas represivas y ­varias quejas ante el comité de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo.<br />El cambio del Gobierno de Franco de julio de 1962 permitió contrapesar algo la mala imagen internacional que había traído consigo tanto la represión como las concentraciones y discursos de contenido antiliberal.<br />En enero de 1963 el Consejo de Ministros de la CEE trató la cuestión española. El Gobierno de Bélgica fue el más beligerante contra la petición de España, alegando la falta de libertad religiosa de los no católicos. Lo más decisivo fue, no obstante, el veto de De Gaulle hacia la solicitud británica de adhesión. Este veto paralizó todas las negociaciones. Dos años después de la primera solicitud, Madrid volvió a insistir ante el Mercado Común. En julio de 1964, la respuesta de Bruselas se limitaba a aceptar la discusión de los problemas que el desarrollo del Mercado Común planteaba a España sin considerar la perspectiva de la asociación. Aunque Castiella, cada vez más pesimista, siguió buscando vías para eliminar los obstáculos políticos, las propias dificultades internas de la CEE, como la actitud francesa hacia el Reino Unido o la política agrícola, reducían al mínimo las expectativas españolas. Hacia 1965 quedó claro que no se podía esperar ninguna concesión política del Mercado Común. Mientras que los aperturistas del Régimen habían esperado algún tipo de reconocimiento europeo que impulsara los cambios internos, las instituciones comunitarias exigían reformas democratizadoras antes de la asociación. Los lazos entre la dictadura de Franco y la Comunidad Económica Europea habrían de circunscribirse a las relaciones comerciales. Por fin, en 1967, cinco años después de la primera solicitud española, la CEE ofreció un Acuerdo Preferencial. Esta oferta europea, aunque era mucho mejor que un mero acuerdo comercial, tenía un contenido exclusivamente técnico. Tras tres años de negociaciones, llevadas por el ex ministro Ullastres, en julio de 1970 terminó firmándose el Acuerdo Preferencial.<br /><br /><br /><strong>El amigo americano</strong><br /><br />Además de los sueños de una homologación europea, la otra gran apuesta de la gestión de Castiella para la normalización de España en Occidente fue la obtención de una relación más equilibrada con Estados Unidos que cubriese las necesidades defensivas españolas. A pesar de los pactos, el Ejército español seguía teniendo un armamento anticuado y el material más moderno no podía utilizarlo, ante la creciente amenaza marroquí. Sin duda, otros países ­europeos con bases americanas habían recibido mucha más ayuda. Las bases norteamericanas tenían armamento atómico, por lo que la amenaza de una conflagración nuclear afectaba claramente a España. Además, la independencia de los países norteafricanos era percibida por Franco o Carrero con el peligro añadido de una probable expansión del bloque comunista.<br />Aunque Washington había respaldado, a través de los organismos económicos internacionales, la nueva política de liberalización económica del régimen de Franco no estaba dispuesto a aumentar la ayuda económica directa y la cesión de material militar ni a prescindir de bases cercanas a grandes núcleos urbanos, como la de Torrejón.<br />En este contexto la visita de Eisenhower a Madrid en diciembre de 1959 fue, además de propaganda e imagen para el Régimen, el colofón de la firma de los pactos bilaterales pero no trajo consigo una mejora del nivel de ayuda como esperaban el Gobierno de Franco y los militares. La llegada al poder de la administración demócrata de Kennedy no ayudó, desde luego, a mejorar las expectativas franquistas. Además de la falta de apoyo en Marruecos, el Gobierno norteamericano pareció en un primer momento dar alas a la oposición antifranquista, presionando para que España se desmarcara de posiciones colonialistas como las que mantenía Portugal. Para colmo, Kennedy recibió con gran indignación la posición independiente de Franco respecto al régimen revolucionario cubano.<br />Al mismo tiempo que se pedía la apertura de negociaciones con el Mercado Común, el Gobierno decidió el envío del abogado liberal Antonio Garrigues a la embajada en Washington, dadas sus relaciones personales con la familia Kennedy, con el objeto de mejorar el nivel económico de contrapartidas por las bases militares. Aunque enseguida quedó claro que las dificultades presupuestarias norteamericanas limitaban la posibilidad de una mejora de la ayuda económica y militar, Garrigues recomendó la negociación de una contrapartida política. Se pretendía sustituir los pactos bilaterales por un tratado de cooperación o seguridad, que implicaba un difícil refrendo por las cámaras legislativas norteamericanas, así como de conseguir un apoyo decidido en los organismos internacionales y en las candidaturas españolas hacia. la OTAN y la CEE.<br />En septiembre de 1962, una vez que las expectativas europeas habían recibido un jarro de agua fría, por lo que el apoyo estadounidense cobraba mayor relieve, se iniciaron las conversaciones para la renegociación de los pactos. Además de las contrapartidas políticas, los militares españoles realizaron unas peticiones exorbitantes de suministros. La administración Kennedy rechazó ambas peticiones, por lo que al régimen de Franco sólo le quedaba la posibilidad de la denuncia de los pactos para posteriormente negociar una prórroga de los mismos. Esfumada la posibilidad de sumarse a un eje militar entre Francia y Alemania, el Gobierno de Franco tuvo que contentarse con la renovación de los convenios con Estados Unidos como fuera. Finalmente, el 26 de septiembre de 1963 los pactos ­recibían una prórroga por otros cinco años sin apenas cambios. Desde una perspectiva simbólica el texto reconocía la importancia de España en Occidente, obligándose los americanos a negociar cualquier ampliación de la utilización de las bases y a apoyar a España en los organismos internacionales. Los 1.000 millones de dólares que habían esperado inicialmente los militares españoles se quedaron en la modesta cifra de 150 millones. La cláusula secreta de activación automática de las bases permanecía como en 1953. Los norteamericanos podían utilizar Rota para los submarinos nucleares sin contrapartida alguna y ni siquiera la declaración conjunta establecía un compromiso claro con la defensa de España.<br /><br /><br /><strong>La descolonización de Guinea</strong><br /><br />Tras el fracaso del proyecto de homologación europeo y de equilibrio con Estados Unidos, el ministro Castiella regresó a sus obsesiones nacionalistas. La política de prestigio con Iberoamérica y los países árabes cobró mayor importancia, sobre todo una vez que el ministro decidió plantear la cuestión gibraltareña en las Naciones Unidas. La internacionalización del problema de Gibraltar exigía resolver los restos de colonialismo español en África. Mientras que el almirante Carrero Blanco consideraba prematura la independencia de la nominalmente, desde 1959, provincia española de Guinea, Castiella era consciente de las implicaciones que la persistencia del colonialismo tenía para las aspiraciones hacia la CEE y Gibraltar. Finalmente, en agosto de 1963, el Gobierno de Franco concedió un régimen de autonomía como primer paso para la independencia plena. Un referéndum estableció un año después el régimen autonómico que reconocía a los guineanos algo que estaba vedado para los españoles: partidos políticos y asamblea representativa. No obstante, Carrero, desde la Presidencia de Gobierno, hizo que se aprobaron planes de desarrollo para Guinea, deseando retrasar al máximo la descolonización exigida por la ONU. A la reticencia de Carrero, se unieron la resistencia de los colonos españoles, el secesionismo de los bubis de la isla de Fernando Poo y las divisiones de los nacionalistas guineanos. Tras varios aplazamientos, en 1967 se reunió una Conferencia Constitucional que preparase la independencia. Al final, el político Macías Nguema consiguió aglutinar a disidentes de varios partidos y hacerse con la presidencia de Guinea en la segunda vuelta electoral frente al candidato oficial prohispano y a los representantes genuinos del nacionalismo del movimiento MONALIGE. El 12 de octubre de 1968, día de la fiesta de la Hispanidad, Guinea Ecuatorial conseguía la independencia.<br />El proceso de descolonización de Guinea fue realizado un tanto precipitadamente, debido a la cuestión de Gibraltar, y de manera muy lesiva para los intereses españoles. En marzo de 1969, los dirigentes del MONALIGE intentaron derribar a Macías contando con el conocimiento y apoyo tácito del Gobierno español. El fracaso del golpe desató una feroz represión que conduciría a una sangrienta dictadura. La situación de los colonos y las tropas españolas se hizo insostenible. El Gobierno de Franco ordenó la evacuación y retiró la ayuda económica a Guinea, dejando sumido en el caos al nuevo país.<br /><br /><strong>La cuestión gibraltareña<br /></strong><br />Una vez que la diplomacia española se sumó al criterio descolonizador de las Naciones Unidas en septiembre de 1963, la cuestión de Gibraltar pasó a un primer plano de los objetivos del ministro Castiella. Desde septiembre de 1964 las resoluciones de la ONU pasaron a ser favorables a las tesis españolas de descolonización, por lo que Castiella intentó compensar los avances en el objetivo de la recuperación del Peñón con sus fracasos ante Europa y Estados Unidos. La internacionalización del contencioso con el Reino Unido trajo consigo el diseño de una diplomacia multilateral dirigida a la obtención del voto de los países árabes y latinoamericanos. Los gestos diplomáticos de independencia ante los Estados Unidos y el bloque occidental se multiplicaron. Por ejemplo, se mantuvo el apoyo a la causa palestina y se intentó seguir una política independiente ante Cuba. El comportamiento y el discurso de los representantes españoles en los Organismos Internacionales tendió a distanciarse de las potencias occidentales para acentuar los contenidos tercermundistas. Otra línea de acción exterior consistió en un trabajo por la seguridad colectiva en el Mediterráneo, que limitase los riesgos de confrontación Este-Oeste y justificase el retorno de Gibraltar.<br />Además Castiella inició una política de bloqueo y sanciones hacia Gibraltar que entorpecía las actividades económicas de la colonia británica y el funcionamiento de la base militar. Esta política de enfrentamiento con Londres limitó las posibilidades españolas ante la OTAN y enturbió las negociaciones con los Estados Unidos.<br />Las resoluciones favorables a los intereses españoles en Naciones Unidas eran un símbolo de la mejora de imagen del Régimen fuera de Occidente. Desde diciembre de 1967 la ONU se inclinó claramente por las tesis españolas, lo que acentuó los rasgos nacionalistas del ministro Castiella. El compromiso descolonizador había permitido la suma de 73 votos favorables a las tesis españolas contra 19 y 27 abstenciones. Sin embargo, el Gobierno británico hizo caso omiso de la resolución de la ONU, promulgando un nuevo texto constitucional en mayo de 1969 que ampliaba la autonomía de Gibraltar.<br />La diplomacia franquista pretendía ligar la reivindicación de Gibraltar con una vinculación más estrecha con Occidente. Sin embargo, el empecinamiento de Castiella llevó las relaciones con Gran Bretaña a un verdadero callejón sin salida. Además, los Estados Unidos no tomaron en cuenta las aspiraciones españolas respecto a la Roca prefiriendo mantener las líneas de su estrecha relación con los británicos. La huida hacia adelante de Castiella, por ejemplo, en octubre de 1969 cerraba la frontera y cortaba las comunicaciones telefónicas a Gibraltar, terminó siendo contraproducente para los intereses españoles. Además del fuerte enfrentamiento con el Reino Unido, la obcecación de Castiella hizo que peligrara la renovación de los acuerdos con los Estados Unidos.<br /><br /><br /><strong>La diplomacia del tardofranquismo<br /></strong><br />Tras la caída de Castiella, el nuevo ministro de Exteriores, Gregorio López Bravo, intentó quitar hierro a la cuestión gibraltareña. Aunque la frontera siguió cerrada, el régimen franquista abandonó las campañas de prensa y no volvió a plantear la cuestión ante las Naciones Unidas. Las conversaciones bilaterales no permitieron la resolución del contencioso sino que, al contrario, favorecieron las maniobras dilatorias del Gobierno de Gran Bretaña. Además, las tentativas de estrangular la vida económica del Peñón terminaron reforzando los sentimientos de identidad nacional probritánicos de la colonia.<br />El ya veterano ministro Gregorio López Bravo, presente en los Gobiernos de Franco con la cartera de Industria desde 1962, mantenía un perfil de dinamismo y brillantez. Su formación de ingeniero naval y su bagaje previo en Industria imprimieron un realce a los aspectos económicos y comerciales de las relaciones exteriores. López Bravo, aunque estaba vinculado al sector tecnócrata, terminó enfrentándose al todopoderoso almirante Carrero, debido al intervencionismo de éste en las relaciones con los Estados Unidos y el problema del Sahara. Su independencia y pragmatismo permitieron, además del enfriamiento del contencioso gibraltareño, concluir las negociaciones con la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos en junio de 1970. El nuevo ministro fue mucho más consciente que su antecesor de las limitaciones exteriores que conllevaba la existencia de un régimen dictatorial y del peso real de España en la comunidad internacional.<br />Una vez resuelta la renovación de los acuerdos con los Estados Unidos, López Bravo pudo explotar las líneas de diplomacia multilateral diseñadas por Castiella, estableciendo también relaciones con los países del bloque comunista. Esta peculiar apertura al Este, que todavía provocaba tensiones en el seno de la clase política franquista, permitió el establecimiento de relaciones consulares y acuerdos comerciales con la mayoría de los Estados comunistas. Incluso se llegaron a establecer relaciones diplomáticas plenas con países como la República Democrática Alemana o la República Popular China, que tenían problemas de reconocimiento internacional dada su división y la existencia de otros Estados prooccidentales. Al final de la dictadura únicamente países como México o Yugoslavia continuaban reconociendo oficialmente al Gobierno de la República española en el exilio.<br />La mejora de la posición española ante los organismos internacionales permitió el acceso en 1972 a un puesto en el Consejo de Administración de la OIT y el desempeño de la presidencia de las Naciones Unidas. Por otro lado, en mayo de 1970 se firmaba un Protocolo adicional al Tratado de Amistad con Portugal que consolidaba las ya tradicionales relaciones con el régimen salazarista.<br />A pesar de su pragmatismo, López Bravo no pudo evitar que los contenciosos con el Vaticano y las relaciones con Marruecos erosionaran su posición en el Gobierno de Franco. Tras la clausura de la Conferencia de Seguridad Europea de Helsinki, en la que España desempeñó cierto protagonismo con un discurso de tercera vía que permitiera el establecimiento de una zona de seguridad colectiva en el Mediterráneo, se produjo su cese.<br />En junio de 1973 era nombrado ministro Laureano López Rodo. Estrecho colaborador de Carrero, su gestión en Exteriores fue paralela al breve periodo de presidencia del Gobierno del almirante. Sus objetivos principales pasaban por la preparación de la renegociación de los pactos con los Estados Unidos, la obtención de mayores concesiones de la CEE y, sobre todo, la mejora de relaciones con el Vaticano. Otra política innovadora, abortada por cambios políticos como el asesinato de Carrero o la revolución portuguesa, fue un proyecto de unión arancelaria hispano-portuguesa.<br />Entre diciembre de 1973 y la muerte de Franco, Pedro Cortina Mauri desempeñó la cartera de Exteriores. La situación de agonía del régimen de Franco no fue, desde luego, la más propicia para una gestión diplomática brillante. Además la coyuntura exterior no fue nada favorable con nuestros vecinos más cercanos. Al temor al contagio de la revolución portuguesa, se unió la amenaza de guerra con Marruecos. De nuevo, la continuidad de las relaciones con los Estados Unidos cobró absoluta prioridad.<br />En el mes de julio de 1974 se firmaba una declaración conjunta hispano-norteamericana que señalaba que los acuerdos bilaterales se insertaban dentro del marco de la defensa occidental y de la seguridad en el Mediterráneo. España deseaba reforzar el anclaje con el bloque occidental mediante la integración en la OTAN o bien una garantía explícita estadounidense de cobertura defensiva. Si esto no era políticamente factible, los pactos con Estados Unidos debían facilitar ayuda suficiente para que España pudiese hacerse cargo de su seguridad de forma independiente. Ni el ingreso en la OTAN ni la elevación de los pactos a la categoría de Tratado Defensivo fueron posibles. Mientras que a la adhesión española al Pacto Atlántico se oponían países como Gran Bretaña, Noruega o Dinamarca, el Senado norteamericano era reacio a nuevos compromisos exteriores con regímenes problemáticos, en un contexto de escalada bélica en el Sureste asiático.<br />Tras un periodo de deterioro de las relaciones con Estados Unidos, debido al escaso eco que tenían las peticiones de mayor ayuda y a su política promarroquí, en el que se llegó a la idea del desmantelamiento de la mayor parte de las bases militares. Franco envió a Cortina a Washington para que firmara un acuerdo marco que permitiera la renovación de los pactos bilaterales. El 27 de septiembre de 1975 el acuerdo era firmado en una coyuntura de casi guerra con Marruecos en el Sahara y de nueva condena internacional del régimen debido a los fusilamientos de activistas del FRAP y ETA.<br /><br /><br /><strong>El abandono del Sahara</strong><br /><br />La presencia española en África llegó a su fin con el abandono del Sahara en 1975. Se ponía final así a un siglo de colonialismo débil y sustitutorio tras la independencia de las posesiones americanas. Este territorio era, en principio, mucho menos problemático que la antiguas colonias de lfni y Guinea y el protectorado de Marruecos. Habitado por una decenas de miles de personas, pertenecientes a tribus nómadas, el Sahara Occidental era en su mayoría desértico y la presencia efectiva de España era todavía muy reciente. Todavía durante los años cincuenta la Administración había llevado a cabo exploraciones científicas como aquella en la que, por ejemplo, participó el etnógrafo Julio Caro Baroja. Hasta el descubrimiento de las reservas de fosfatos, los intereses económicos españoles se limitaban a unos cuantos asentamientos en la costa que permitieran la explotación de los recursos pesqueros.<br />El territorio saharaui había estado integrado administrativamente en la denominada África Occidental Española hasta su conversión en provincia al final de los años cincuenta. En un primer momento, Castiella pensó en el abandono del Sahara mediante un referéndum, al mismo tiempo que se procedía a la entrega de Ifni a Marruecos y a la independencia de Guinea. La situación se complicó cuando a las reivindicaciones de un Gran Marruecos se sumaron las apetencias argelinas y mauritanas. Además, estallaron conflictos pesqueros con Marruecos debido a la ampliación unilateral por este último de sus aguas jurisdiccionales. Por un tiempo, Marruecos pareció virar a posiciones que defendían la autodeterminación del Sahara debido a las maniobras dilatorias de la Administración española. En realidad, el territorio saharahui nunca había estado históricamente vinculado al reino de Marruecos, manteniendo los sultanes únicamente relaciones comerciales con las tribus nómadas.<br />En 1974 España concedió cierto grado de autonomía al Sahara, impulsando un partido político prohispano que contrapesara la creciente influencia del independentista Frente Polisario. El contencioso hispano-marroquí se trasladó al Tribunal Internacional de La Haya. Los planes de descolonización de la administración española parecía que llegarían por una vez a buen puerto pero la enfermedad de Franco precipitó la situación. Al mismo tiempo que el Tribunal Internacional fallaba favorablemente a las tesis españolas en octubre de 1975, el monarca marroquí Hassan II decidió aprovechar la coyuntura para montar la operación conocida como la marcha verde. Varios cientos de miles de marroquíes se presentaron como una marea humana ante la frontera del Sahara.<br />El Gobierno de Arias Navarro, ante la inminencia de la muerte de Franco, decidió eludir sus compromisos internacionales para la autodeterminación del Sahara, tratando de enfriar el conflicto con Marruecos, que parecía derivar hacia el estallido de una guerra. La debilidad final del régimen de Franco permitió la rápida firma de un tratado en Madrid con Marruecos y Mauritania en noviembre de 1975. Al mismo tiempo que el Príncipe don Juan Carlos visitaba a las tropas españolas acantonadas en el desierto saharahui, el ministro del Movimiento José Solís había sido enviado a Marruecos para desactivar el conflicto. Otra gestión importante fue la realizada, a iniciativa del jefe del Estado en funciones, por Colón de Carvajal con el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger. Por el Tratado de Madrid, España cedía la administración del Sahara a Marruecos y Mauritania con un vago compromiso para que las nuevas potencias administradoras del territorio procediesen más tarde a su descolonización. Al comienzo de 1976, según las tropas españolas abandonaban el Sahara, se iniciaba una guerra de resistencia del Frente Polisario, apoyado por Argelia, que impediría una dominación estable marroquí y provocaría la retirada mauritana en 1979.<br />La dictadura de Franco iba a terminar su vida resolviendo in extremis su amarre con Estados Unidos y, por tanto, su vinculación con Occidente, así como completando la descolonización de sus posesiones africanas. Pero el endurecimiento de la represión durante 1975 y el ajusticiamiento de cinco terroristas en el mes de septiembre, iban a desencadenar una última oleada de protestas de la opinión pública mundial. El anacronismo político del franquismo se reflejaba en una casi absoluta soledad en el seno de la comunidad internacional.<br />Además de la retirada de varios embajadores europeos se produjo un incidente con el presidente Luis Echeverría de México. La República Mexicana, sin relaciones diplomáticas con España desde el final de la guerra civil, denunció al régimen franquista ante las Naciones Unidas, suspendiendo incluso las comunicaciones y el tráfico comercial entre ambos países. La Comunidad Económica Europea paralizó las negociaciones para un progresivo desarme arancelario. Hubo protestas, manifestaciones y hasta asaltos a las legaciones diplomáticas españolas. Perdido el apoyo de aliados tradicionales como Portugal y el Vaticano, al régimen de Franco sólo le quedaba la endeble amistad con algunos regímenes iberoamericanos y árabes.<br /><br /><br /><strong>Abdón Mateos y Álvaro Soto</strong>, <em>El franquismo. Desarrollo, Tecnocracia y protesta social, 1957-1975</em>, Madrid, Arlanza, 2006, pp. 121-140.<br /></div><br /><br /><div><br /><br /><br /></div><br /><br /><div><br /><strong><span style="color:#3333ff;">DOCUMENTOS</span><br /></strong><br />Liquidación de la guerrilla, 1947</div><br /><br /><div>Prieto a Cárdenas, agosto 1939 (archivo Prieto, Madrid)</div><br /><br /><div><br /><br /><br /></div><br /><br /><div><br /><span style="color:#3333ff;"><strong>LECTURAS</strong><br /></span><br /><br />Abdón Mateos, "Represión, propaganda, información", <em>Dictadura y antifranquismo</em>, <em>Historia del Presente</em> 9, Madrid, Eneida, 2007.<br /></div></div><br /><br /><div><br /><br /><div>Abdón Mateos, "La guerra continúa. Ayuda a los refugiados y acción republicana en el exilio", Seminario Instituto Ortega, marzo 2007 <a href="http://www.ucm.es/info/historia/ortega/2-07.pdf">www.ucm.es/info/historia/ortega/2-07.pdf</a><br /><br /><br /></div><br /><br /><div><br /><span style="color:#3333ff;"><strong>VÍDEOS</strong><br /></span><span style="color:#990000;"><br /></span><strong><span style="color:#990000;">El franquismo, fascismo y dictadura</span></strong> </div><br /><br /><div></div><br /><br /><div><strong><span style="color:#990000;">Negrín en el exilio</span><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></strong><br /><br /></div></div></div></div></div><br /><br /><br /><iframe allowfullscreen='allowfullscreen' webkitallowfullscreen='webkitallowfullscreen' mozallowfullscreen='mozallowfullscreen' width='320' height='266' src='https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzD7cDOyQ0fmtfFVoweBoiRCT7_M0ieTABfNpuSFygAMfySW1RoaffLbW4drPZ4Sol3_VybHkjG98dcCPfdXw' class='b-hbp-video b-uploaded' frameborder='0'></iframe></div></div><br /><iframe allowfullscreen='allowfullscreen' webkitallowfullscreen='webkitallowfullscreen' mozallowfullscreen='mozallowfullscreen' width='320' height='266' src='https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxSgk5bQk-X2HVLbL1AOdsNtILZ_exM5hRMfoi0pDlV59TuE-h9IYX58Ulh3tNNGHRA1e8HMrxWNW8Aa9BRcw' class='b-hbp-video b-uploaded' frameborder='0'></iframe>CIHCEhttp://www.blogger.com/profile/11041203763649640990noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-5295506642862714407.post-64172694719306655912008-03-16T01:39:00.001-07:002008-10-04T01:49:15.642-07:00Transición y consolidación democrática<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTGoQnmqnk5kVo4lj_VohqoUK-Sxy-mPg2kOWX8C3oLOBvwOtlc87VeddrljnN1knpK9CUo9dQNiyjRnQ44gJDZejCCH3Sytbsa5wz7u4UIAkmmdH6RCbAN3shRbAC5UfrmlFAZQvk7v8/s1600-h/matanza+atocha+1977.jpe"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5181973540813721666" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTGoQnmqnk5kVo4lj_VohqoUK-Sxy-mPg2kOWX8C3oLOBvwOtlc87VeddrljnN1knpK9CUo9dQNiyjRnQ44gJDZejCCH3Sytbsa5wz7u4UIAkmmdH6RCbAN3shRbAC5UfrmlFAZQvk7v8/s200/matanza+atocha+1977.jpe" border="0" /></a><br /><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0_zt2VxbLLFLVANU04zyO8TL6AqR-F5fUvKFr7DnDJJNRGzoECJO5EBfC201cFIbuILhp2EMTmQ2UyXkyTSvjdEh-Xr89uNnIWS9EBfD6GMFOvrhPfmYiRFfDLaaG66YNnZOVECmeTvY/s1600-h/psoe+suresnes.JPG"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5178363470770040626" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0_zt2VxbLLFLVANU04zyO8TL6AqR-F5fUvKFr7DnDJJNRGzoECJO5EBfC201cFIbuILhp2EMTmQ2UyXkyTSvjdEh-Xr89uNnIWS9EBfD6GMFOvrhPfmYiRFfDLaaG66YNnZOVECmeTvY/s320/psoe+suresnes.JPG" border="0" /></a><br /><br /><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyakF79WjFCh07Y67iRETw6eitQGYhjQFfeAXHtbwVlq0o3Wvnv6MrCs36yg3oJbgYQo8pUim-jMMrp7CsCHBmqW1WY4Mh4_FLNjg7dWUi1ABblAmOsPSHjpME-nsDlN6R4Q0VoIackr0/s1600-h/propaganda+ucd.jpeg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5178361542329724706" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyakF79WjFCh07Y67iRETw6eitQGYhjQFfeAXHtbwVlq0o3Wvnv6MrCs36yg3oJbgYQo8pUim-jMMrp7CsCHBmqW1WY4Mh4_FLNjg7dWUi1ABblAmOsPSHjpME-nsDlN6R4Q0VoIackr0/s320/propaganda+ucd.jpeg" border="0" /></a><br /><br /><br /></div><div></div><div><br /><br /><br /></div><div></div><div><br /></div><div></div><div><br /></div><div></div><div><br /></div><div></div><div><br /></div><div></div><div><br /></div><div></div><div><br /></div><div></div><div><br /></div><div align="justify"></div><div><br /></div><div align="justify"></div><div><br /></div><div align="justify"></div><div><br /></div><div align="justify"></div><div><br /></div><div align="justify"></div><div><br /></div><div align="justify"></div><div><br /></div><div align="justify"></div><div><br /></div><div align="justify">La <strong>transición de la dictadura a la democracia</strong> se desarrolló entre la muerte de Franco en novimebre de 1975 y la proclamación de la Constitución de diciembre de 1978 que establecía que España es una monarquía parlamentaria. Las elecciones de junio de 1977 supusieron una ruptura decisiva con el pasado aunque hasta la aprobación de la Constitución todavía quedaran una serie de enclaves autoritarios en el sistema político. Los años de gobierno de UCD hasta finales de 1982 son una fase de consolidación de la democracia amenazada por el golpismo, el terrorismo y, en general, una espiral de violencia política y conflictividad social.</div><div><br /></div><div></div><div><br /></div><div><span style="color:#ff6600;">Lectura: El antifranquismo y los proyectos políticos para la transición</span></div><div><br /></div><div><span style="color:#ff6600;"></span></div><div><br /></div><div align="justify">La periodización de la transición de la dictadura a la democracia no es meramente una cuestión debatida entre los académicos. En un debate televisivo sobre la transición, preguntados varias personalidades políticas sobre la cuestión, las respuestas fueron muy dispares. Mientras que un democristiano buscaba en el coloquio europeísta de Munich el origen de la transición, el contertulio comunista lo retrotraía hasta la formulación por el PCE de la política de reconciliación nacional en 1956. Por su lado, el socialista creía que el Congreso de su partido celebrado en Suresnes en octubre de 1974, que elevó a Felipe González al liderazgo y reivindicaba una ruptura democrática, marcaba un hito esencial para el cambio político.<br />Por su lado, el final de la transición también es una cuestión debatida por los estudiosos y los políticos. Tradicionalmente, los escritores cercanos al PSOE creyeron ver en el triunfo electoral de octubre de 1982 la fecha clave, mientras que los centristas y populares señalaban a la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978 como un decisivo parteaguas.<br />Al margen de esta polémica, creo que la transición de la dictadura a la democracia debe circunscribirse al tiempo transcurrido entre la muerte de Franco en noviembre de 1975 y las primeras elecciones democráticas de junio de 1977. Este período no fue un tiempo de “final de la dictadura”<a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5295506642862714407&postID=6417269471930665591#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> aunque las libertades todavía estuvieran por conquistarse. Si la Constitución define a España como una monarquía parlamentaria, los dos elementos cruciales del régimen político actual fueron establecidos, precisamente, en noviembre de 1975 (la monarquía) y junio de 1977 (el sistema democrático representativo). Es cierto que hasta la aprobación de la Constitución pervivieron algunos enclaves autoritarios herencia del franquismo y que los primeros años de la monarquía estuvieron marcados por la conflictividad y la violencia política. Los años de mayor conflictividad social fueron los de 1977 a 1979, un proceso que estuvo unido a una espiral de violencia debida al terrorismo de ETA y de la extrema derecha, y al golpismo. Sin embargo, aislar estos fenómenos de violencia y conflictividad, o prolongar la transición con diversos procesos de construcción de la democracia, nos llevaría al absurdo de no encontrar una fecha adecuada y consensuada para dar fin a la transición<a title="" style="mso-footnote-id: ftn2" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5295506642862714407&postID=6417269471930665591#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.<br />Por ejemplo, España es, en cuanto a la organización territorial, un Estado de las autonomías. La aprobación de los primeros estatutos de autonomía para el conjunto del territorio español no concluyó hasta 1983. Sin embargo, el Estado de las autonomías sigue reformándose hoy en día por lo que podríamos llegar a la excesiva conclusión de que la transición no ha acabado todavía.<br />Del mismo modo, la Ley de amnistía de 1977 supuso la cancelación de responsabilidades políticas por un pasado de violencias durante la guerra civil y el franquismo. La aprobación reciente de una nueva Ley de reparación de las víctimas de la guerra y del franquismo, la llamada ley de la “memoria histórica”, no supone, desde luego, una especie de cierre de la transición. Por cierto, la disposición de la oposición democrática, incluido el PCE, para no abrir un proceso de responsabilidades hacia el pasado no fue una renuncia de la izquierda parlamentaria durante la transición sino que había sido formulada en el exilio muchos años antes.<br />Por último, el hecho de que no se celebrara una consulta democrática directa sobre la decisiva cuestión de la forma de gobierno, república o monarquía, no implica que la transición no haya acabado. El proyecto de transición y plebiscito que pacientemente había diseñado la oposición desde 1947, encabezada por el PSOE, no se llevó finalmente a cabo aunque el referéndum de la Constitución de diciembre de 1978 supusiera una inequívoca confirmación de la monarquía parlamentaria.<br /><br /><strong>Tres proyectos políticos<br /></strong><br />Sin duda, cabe realizar la afirmación de que durante la transición se produjo el fracaso del proyecto reformista de monarquía y democracia limitada pero también del proyecto rupturista de república y democracia que había propugnado el antifranquismo histórico<a title="" style="mso-footnote-id: ftn3" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5295506642862714407&postID=6417269471930665591#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>. En cambio, cabe señalar el triunfo del proyecto de monarquía y democracia defendido por disidentes del franquismo, por sectores de monárquicos y de católicos desgajados de coalición contrarrevolucionaria o reaccionaria franquista. Se trató del éxito de un puñado de personalidades demócratas de ideología liberal, democristiana y socialdemócrata que pensaban en un futuro de monarquía parlamentaria como solución o salida frente a la dictadura franquista. Es cierto que los actores del cambio no fueron ellos, pues estas personalidades no pudieron encabezar la transición aunque alguno, como José María Areilza, estuviera presente en el primer gobierno de Juan Carlos I.<br />El sector continuista del franquismo, representado sobre todo por Arias Navarro y también por el “bunker” de la extrema derecha, no tenía un verdadero proyecto político más allá de preservar las instituciones del Movimiento Nacional. Del mismo modo, los grupos de ideología revolucionaria maoísta o trotsquista no tenían un verdadero proyecto respecto a la forma de gobierno aunque hablaran de una república popular.<br />La disyuntiva de República o Monarquía se empezó a plantear poco después de la victoria aliada durante la segunda guerra mundial pero, sobre todo, tras la declaración tripartita de los Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética de marzo de 1946 en un momento de aparente unidad antifascista en torno al gobierno republicano de Giral en el exilio. Fue el momento en que Indalecio Prieto impuso su liderazgo en el PSOE con un proyecto de transición y plebiscito que permitiera la superación de la guerra civil y la concordia entre los españoles.<br />Este proyecto de plebiscito, supervisado por las naciones iberoamericanas, que necesitaba de la concordia y de la participación de los españoles de la España “solariega” y de la España peregrina”, lo había formulado Prieto en un discurso en La Habana el 13 de julio de 1942. Por primera vez, el líder socialista extendía el derecho de la ciudadanía, y no sólo la nacionalidad, al conjunto de los españoles del exterior, fueran emigrantes económicos o exiliados<a title="" style="mso-footnote-id: ftn4" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5295506642862714407&postID=6417269471930665591#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<br />Se trataba también de propiciar, como señalaba el líder sindical besteirista Trifón Gómez, presidente del PSOE durante los años cincuenta, la disgregación de la coalición reaccionaria franquista. Sin embrago, lo esencial era constituir una plataforma antifranquista y no sólo antifascista, es decir, con los derrotados de la guerra civil, que pudiera ofrecer garantía de estabilidad y de una transición pacífica a las potencias aliadas. Como es sabido, las declaraciones antifranquistas de Don Juan fueron respondidas con el referéndum de la Ley de Sucesión de 1947 que establecía que España era una monarquía sin rey.<br />Tras diversas negociaciones, en agosto de 1948, al mismo tiempo que Don Juan de Borbón se encontraba con Franco para decidir el futuro de la educación de Juan Carlos, fue firmada la declaración de San Juan de Luz entre el PSOE y la Confederación de Fuerzas Monárquicas cuya cabeza más visible era José María Gil Robles. Esta declaración, al margen de su valor operativo antifranquista, fue el primer hito que hacía concebible una futura transición a la democracia y, por tanto, la reconciliación entre los españoles. Era una respuesta a la declaración tripartita de las potencias occidentales a sugerencia de Francia del 4 de marzo de 1946 que propugnaba que “los dirigentes españoles, patriotas y liberales, logren la retirada pacífica de Franco, la abolición de Falange y la constitución de un Gobierno provisional o interino bajo el cual pueda el pueblo español tener la posibilidad de determinar libremente el tipo de Gobierno que desee y elegir a sus representantes”.<br />Siguiendo este deseo de las potencias democráticas el punto 8 de la declaración común de San Juan de Luz de agosto de 1948 entre el PSOE y la Confederación de Fuerzas Monárquicas establecía que “previa la devolución de las libertades ciudadanas, ..., consultar a la Nación, a fin de establecer, bien en forma directa o a través de representantes ...., un régimen político definitivo. El Gobierno que presida esta consulta deberá, ser, por su composición y por la significación de sus miembros, eficaz garantía de imparcialidad”.<br />El PSOE consideraba que la dirección de ese proceso de transición debía estar encabezada por un gobierno provisional sin signo institucional definido monárquico o republicano que consultara a la ciudadanía mediante un plebiscito o unas elecciones constituyentes. En esa consulta imparcial el PSOE votaría a favor de la república. Por tanto, democracia y concordia entre los españoles sí pero, al mismo tiempo, una inequívoca opción republicana. Ahora bien, si el pueblo español votaba por la monarquía el PSOE acataría esta decisión. A esta postura solamente se sumaron los nacionalistas vascos y los libertarios del interior pues republicanos liberales, comunistas y catalanistas no aceptaron hasta la segunda mitad de los años cincuenta este proyecto de transición a la democracia. Los republicanos y los catalanistas se unieron al PSOE en otra declaración común, que actualizaba la posición política socialista, en febrero de 1957, y que era una respuesta a las tesis posibilistas hacia la monarquía de la nueva oposición moderada surgida en el interior de España en torno a personalidades como Dionisio Ridruejo, Joaquín Satrústegui, Enrique Tierno, Manuel Jiménez Fernández o José María Gil Robles de significación liberal, socialdemócrata y democristiana.<br />Por su lado, la declaración del PCE en pro de la reconciliación nacional de 1956 silenciaba la reivindicación de la república, buscando una unidad de acción de las fuerzas democráticas aunque no fueran antifascistas. Además, los comunistas se pronunciaban inequívocamente a favor de una salida pacífica de la dictadura frente a la acción armada que habían impulsado durante la inmediata posguerra. Ahora bien, esta llamada a la reconciliación tardó más de una década en tener proyección en la sociedad sobre todo a través de la consolidación del movimiento sociopolítico de Comisiones Obreras<a title="" style="mso-footnote-id: ftn5" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5295506642862714407&postID=6417269471930665591#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />A mi entender, la formulación de esta propuesta tuvo que ver con la adoptada un año anterior por el PSOE (y con su apertura desde 1947 hacia disidentes del franquismo como monárquicos y católicos) y con la declaración de 1956 de los universitarios que declaraba superada la guerra civil. En efecto, el PSOE había manifestado, tras su Congreso de 1955 en un mensaje al pueblo español, que ante el surgimiento de nuevas fuerzas en las Universidades, buscarían un acercamiento pues “nuestro deber nos empuja a colaborar en la reconciliación de España”.<br />La declaración de la reconciliación del PCE pretendía incluso negociar “con fuerzas que no se plantean aún luchas por la abolición de la dictadura, y que por el momento sólo propugnan demandas de carácter parcial”. Es decir, se trataba de definir un posible escenario de transición pacífica en la que se colaboraría con todo tipo de fuerzas políticas y sociales en pro de reivindicaciones parciales aunque no fueran expresamente antifranquistas pero que aumentaran las contradicciones de la dictadura.<br />Otros hitos en esta cooperación entre las fuerzas del exilio y la nueva oposición moderada fueron el pacto de Unión de Fuerzas Democráticas al que se sumó la Izquierda Demócrata Cristiana de Jiménez Fernández en 1960 y sobre todo el movimiento europeísta. Como es conocido en 1948 se formó el Consejo federal español del Movimiento Europeo y a lo largo de los años cincuenta surgieron en el interior de España asociaciones europeístas, de las que la más importante fue la Asociación Española de Cooperación Europea (esta última reunía a democristianos, liberales y socialistas)<a title="" style="mso-footnote-id: ftn6" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5295506642862714407&postID=6417269471930665591#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.<br />El coloquio de Munich de junio de 1962 reunió a un centenar largo de personalidades opositoras tanto del exilio como del interior de España, con exclusión de los comunistas, que aprobaron una declaración común democrática para una futura incorporación de España a las comunidades europeas.<br />Hubo una minoría de la oposición del exilio que no aceptó el abandono de la reivindicación de la república, criticó toda clase de pactos con disidentes franquistas, el lenguaje de la reconciliación e incluso defendió la violencia política. Entre ellos podemos citar a socialistas disidentes de la Unión Socialista Española (USE), encabezados por Julio Álvarez del Vayo, a la CNT ortodoxa guiada por la FAI y otros sectores comunistas (pronto marxistas-leninistas) y republicanos. Entre ellos, podemos citar también al escritor socialista Max Aub, crítico con toda clase de pactos con ex franquistas que consideró los pactos de San Juan de Luz de 1948 o la Unión de Fuerzas Democráticas del exilio con democristianos como una traición a los ideales de la segunda república. Como le decía a Ridruejo en 1957 no podía perdonar aunque fuera necesario el olvido y mirar hacia un futuro de convivencia. Es decir, que Aub, como el conjunto de los socialistas de USE, no estaba de acuerdo con la política de reconciliación con sectores desgajados del franquismo. La única salida era la república democrática.<br />Por tanto, el exilio, con toda su carga de legitimidad democrática, no renunció nunca a la república aunque reconoció públicamente las ventajas de una monarquía parlamentaria si así lo decidían los españoles.<br />El proyecto de ruptura democrática establecía un periodo de transición neutral institucionalmente que consultara a la nación. Esta reivindicación fue silenciada en el caso del PSOE tras el famoso Congreso de Suresnes de octubre de 1974 que encumbró a Felipe González al liderazgo del partido. Aunque se defendiera una república federal y la autodeterminación de los pueblos, el Congreso silenció el proyecto de transición y plebiscito. Del mismo modo, la Plataforma de Convergencia Democrática que encabezó el PSOE junto a nacionalistas vascos, republicanos, democristianos, social-liberales, carlistas y algunos grupos maoístas, no reivindicó explícitamente una transición encabezada por un gobierno provisional. Es decir que la oposición moderada que llevaba veinte años defendiendo un proyecto de monarquía y democracia consiguió que el PSOE renovado silenciara la reivindicación de una transición encabezada por un gobierno provisional. En cambio, la Junta Democrática, liderada por el PCE que incorporaba a personalidades y grupos como el PTE o el PSP, asumió explícitamente el proyecto de transición y plebiscito que hasta entonces habían propugnado los socialistas, reivindicando la creación de un amplio gobierno de transición.<br />Por tanto, el proyecto político que triunfó en la transición no fue ni el reformista de monarquía y un sistema autoritario o de democracia limitada ni tampoco el rupturista que defendía democracia y república (aunque no se hablara de ella después de 1957) sino un proyecto de transición hacia una monarquía parlamentaria que fue propugnado por un puñado de personalidades demócratas y europeístas, que entraron en contacto con el exilio, encabezado por el PSOE, por la legitimidad democrática que representaba y, por tanto, por la necesidad de consentimiento o acatamiento del antifranquismo que la monarquía necesitaba para superar el déficit sucesorio saltando la línea dinástica o la legalidad franquista que la había institucionalizado entre 1947 y 1969.<br />Este silenciamiento de la reivindicación de la república no fue completo pues todavía el PSOE presentó un voto particular republicano que fue rechazado por la comisión que redactaba la constitución en 1978. Una constitución que establecía que España era una monarquía parlamentaria que fue aprobada por las Cortes y sometida a referéndum nacional que no era lo mismo que un plebiscito sobre la forma de gobierno pero si una suficiente legitimación democrática.<br />Este giro de la posición política del PSOE no fue, a mi juicio, una ruptura con la política del exilio, una refundación del socialismo español como propugna Santos Juliá<a title="" style="mso-footnote-id: ftn7" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5295506642862714407&postID=6417269471930665591#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>. En primer lugar, porque la reestructuración del socialismo español fue impulsada por el mismo exilio, representado también a la altura de los años setenta, por una segunda generación del mismo compuesta por hijos de refugiados de 1939, antiguos clandestinos del primer franquismo e, incluso, emigrantes socializados políticamente en el exterior<a title="" style="mso-footnote-id: ftn8" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5295506642862714407&postID=6417269471930665591#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. El núcleo dirigente de las organizaciones socialistas durante la primera mitad de los años setenta tenía una composición plural sin un predominio absoluto de la generación de 1956-68, de los hijos de la guerra. Es cierto, en cambio, que en la Ejecutiva del PSOE elegida en Suresnes sí predominaba la generación de los hijos de la guerra.<br />Por otro lado, la renovación del socialismo español se hizo dentro de las siglas centenarias, preservando un modelo de partido centralizado, ajeno a las tendencias. Felipe González fue muy sensible a evitar que surgiera un proyecto socialdemócrata diferenciado frente a un socialismo marxista, del mismo modo que entendió en 1980 que era necesario generalizar el estado de las autonomías. Por tanto, destacar una evolución o conversión ideológica desde el reformismo o marxismo revolucionario hacia un reformismo democrático o modernizador en la transición interna de los socialistas resulta pobre historiográficamente.<br />Desde el punto de vista de la política del partido, tras la renovación se mantuvo la exclusión de relaciones bilaterales con el PCE y la autonomía política futura del PSOE. Es decir, que desde 1947 se canceló la unidad de acción con el republicanismo liberal que se había establecido desde nada menos la Semana Trágica en 1909. Esto significaba que a partir de 1947 se pensaba que el PSOE desarrollaría una acción de gobierno en solitario en una futura democracia. La unidad de acción con el PCE se limitaría a la consecución de la democracia en España en el marco de las plataformas unitarias antifranquistas. No se contemplaba la creación de comités de enlace o la unidad de la izquierda. Por tanto, se puede decir que hubo un giro en la posición política del PSOE renovado pero eso no significaba exactamente una ruptura con el exilio y una refundación de las organizaciones.En conclusión, la transición fue un proceso político que ocurrió entre la muerte de Franco y las primeras elecciones democráticas, o como sumo hasta la aprobación de la Constitución, que establecía que España era una monarquía parlamentaria. La construcción del estado de las autonomías, la reforma del Ejército o la incorporación a Europa son otros procesos históricos que se desarrollan a lo largo de la historia de la España democrática pero no durante la transición desde una dictadura hacia una monarquía parlamentaria. La oposición antifranquista poseía un plus de reconocimiento internacional y de legitimidad democrática que le era necesaria a la monarquía para consolidarse. El proyecto político de una transición que condujera a una monarquía democrática no fue defendido ni por reformistas ni por rupturistas sino por la nueva oposición moderada, en su mayor parte antiguos disidentes del franquismo, que entraron en contacto con el exilio encabezado por un PSOE liderado por Indalecio Prieto que defendió la concordia entre los españoles y la superación de la guerra civil desde la inmediata posguerra. Para que ese proyecto de una transición hacia una monarquía parlamentaria fuera viable fue necesario que se mantuviera la denuncia internacional del franquismo durante décadas y que la movilización de la sociedad española, impulsada sobre todo por el activismo del PCE, hicieran inviables las sucesivas apuestas reformistas de un franquismo sin Franco, de un régimen autoritario o de una democracia limitada.<br /></div><div><br /></div><div align="justify"><a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5295506642862714407&postID=6417269471930665591#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Véase el libro de Nicolás SARTORIUS y Alberto SABIO, El final de la Dictadura. La conquista de la democracia en España, noviembre de 1975-junio de 1977, Madrid, Temas de hoy, 2007.<br /><a title="" style="mso-footnote-id: ftn2" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5295506642862714407&postID=6417269471930665591#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Una revisión actualizada del proceso de la transición, en sus múltiples manifestaciones, en Rafael QUIROSA (coord.), Historia de la transición en España, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007.<br /><a title="" style="mso-footnote-id: ftn3" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5295506642862714407&postID=6417269471930665591#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Véase el lúcido ensayo interpretativo de Santos JULIÁ, “En torno a los proyectos de transición y sus imprevistos resultados”, en Carme MOLINERO (ed.), La transición, treinta años después, Barcelona, Península, 2006.<br /><a title="" style="mso-footnote-id: ftn4" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5295506642862714407&postID=6417269471930665591#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Indalecio PRIETO, Discursos en América. Con el pensamiento puesto en España, 1939-1944, Madrid, Planeta/Fundación Prieto, 1991, pp. 141-164.<br /><a title="" style="mso-footnote-id: ftn5" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5295506642862714407&postID=6417269471930665591#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Una lectura, desde la historia social del antifranquismo, de la política de reconciliación nacional que minusvalora las limitaciones políticas democráticas de la declaración en Carme MOLINERO, “La política de reconciliación nacional. Su contenido durante el franquismo, su lectura durante la transición”, Ayer, 66, 2007.<br /><a title="" style="mso-footnote-id: ftn6" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5295506642862714407&postID=6417269471930665591#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Sobre Munich véase el ensayo recogido en Abdón MATEOS, Historia y memoria democrática, Madrid, Eneida, 2007.<br /><a title="" style="mso-footnote-id: ftn7" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5295506642862714407&postID=6417269471930665591#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Los socialistas en la política española, 1879-1982, Madrid, Taurus, 1997.<br /><a title="" style="mso-footnote-id: ftn8" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5295506642862714407&postID=6417269471930665591#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Sobre la segunda generación del exilio, véase mi libro Exilio y clandestinidad, Madrid, UNED, 2002.</div></div><div></div><div><span style="color:#ff6600;">Abdón Mateos, "El PSOE y la oposición ante la forma de gobierno", <em>Conflicto y consenso durante la transición</em>, Madrid, P. Iglesias, 2008 (en prensa)</span> <div align="justify"><br /><br /><span style="color:#cc0000;">LA TRANSICIÓN DEL PSOE DURANTE LOS AÑOS SETENTA.</span><br />Abdón Mateos<br /></div><div align="justify">La historia de las organizaciones socialistas durante los años setenta puede caracterizarse como una "transición dentro de la transición". La mayor parte de las interpretaciones se han detenido en la historia interna e ideológica del PSOE destacando la lucha de facciones y la "conversión" ideológica de los líderes socialistas a partir de una presunta refundación ocurrida a partir del Congreso de Suresnes en 1974. Para muchos de estos autores, el rápido paso desde el reformismo revolucionario de un socialismo marxista al reformismo democrático y modernizador de la socialdemocracia sería lo más significativo de la evolución ideológica del PSOE. Estas interpretaciones centradas en la evolución ideológica no tienen en cuenta que lo decisivo de la transición interna del PSOE fue el reforzamiento orgánico y la neutralización de otras alternativas con etiqueta socialista o socialdemócrata, así como la competencia con el PCE eurocomunista por un mismo espacio político. Desde esta perspectiva, considero que los términos continuidad y reestructuración resultan más adecuados para caracterizar el aglutinamiento en torno a las siglas centenarias de la "nueva izquierda" y de la mayor parte del antifranquismo.<br />La tesis de Santos Juliá sobre la refundación del PSOE implica la idea de una ruptura respecto a la trayectoria del exilio y de la primera clandestinidad. De este modo, la refundación implicaría la creación de un partido nuevo utilizando siglas centenarias. Por el contrario, a mi juicio, en la trayectoria socialista no hubo solución de continuidad y la reestructuración de las organizaciones PSOE y UGT arrancó desde el exterior, jugando un papel decisivo la segunda generación del exilio compuesta por hijos de refugiados de 1939, antiguos militantes de la primera clandestinidad y emigrantes del tardofranquismo. Desde un punto de vista simbólico y de la cultura política, la ruptura con la experiencia de la guerra civil (que no del exilio) y la defensa de un lenguaje democrático y de reconciliación se había adoptado durante la posguerra inmediata y no a partir de la transición. En cambio, las experiencias antifranquistas de represión, exilio y clandestinidad habrían de convertirse en los elementos centrales de la política de la memoria de los socialistas en la España democrática aunque no se hiciera un uso explícito de las mismas en el combate político hasta, al menos, 1993.<br />A pesar del proceso de unidad socialista, el partido mantuvo unas estructuras muy centralizadas, sin espacio para las tendencias organizadas aunque durante un tiempo pervivieran los clanes o familias políticas de procedencia, y reafirmó la política de alternativa autónoma de poder democrático respecto a otras formaciones políticas y organizaciones sindicales (lo que supuso la desavenencia con UGT). La admisión de corrientes de opinión tras el Congreso extraordinario de septiembre de 1979 dio lugar a la creación de Izquierda Socialista, cuyo desarrollo se vio ahogado por la introducción de un sistema de representación mayoritario en las delegaciones y órganos de representación, la expulsión de críticos y la creación del Partido de Acción Socialista. El tiempo central del aglutinamiento de la izquierda en el seno del PSOE transcurrió durante el periodo de la transición en sentido estricto, es decir, entre 1975 y 1978. En este periodo reingresaron en el PSOE buena parte de los cuadros del PSOE (H) y del PSP, neutralizando la operación de la Federación de Partidos Socialistas tras un pacto con los socialistas catalanes y los "convergentes" madrileños. Más adelante, en la década de los ochenta, se produjo la absorción de otras formaciones políticas desde el Partido de Acción Democrática a Euskadiko Ezkerra, pasando por los eurocomunistas de Santiago Carrillo. No obstante, resulta necesario enfocar el proceso de la unidad socialista en una perspectiva histórica más amplia. En este sentido, hay que partir de las relaciones del PSOE con otras formaciones políticas desde 1956, momento del surgimiento de la "nueva izquierda" en España. Aunque estas relaciones pasaron por distintas etapas hubo una serie de constantes políticas como el rechazo a las relaciones bilaterales con los comunistas (los pactos municipales de 1979 con el PCE no supusieron la elaboración de un futuro programa común de gobierno), y la defensa de la centralización y de las siglas del partido, que distinguen el proceso de renovación del PSOE respecto a las refundaciones de otros partidos del llamado "eurosocialismo" mediterráneo.<br />Por otro lado, resulta imposible entender la significación de la radicalización del proyecto socialista sin tener en cuenta la lucha por la hegemonía en el seno de la izquierda entre el PSOE y el PCE durante el decenio de los setenta. Para reconstruir el partido, recuperar la posición mayoritaria en la izquierda y conquistar el poder político, había primero que reformular la idea socialista. Una reformulación ideológica que fuera capaz de aglutinar al nuevo antifranquismo conllevaba el realce de los contenidos marxistas y anticapitalistas del socialismo. Una radicalización y revisión del discurso político que pretendía constituir un proyecto equidistante de la socialdemocracia y del comunismo burocrático. Este proceso de revisión del discurso, común para el PSOE y el PCE, pretendía neutralizar las críticas que el nuevo antifranquismo radical de la generación de 1956-1968 hacía de los partidos obreros históricos por su presunto reformismo. Además el discurso moderado del nuevo líder del partido, Felipe González, pretendía neutralizar la consolidación de formaciones con la etiqueta socialdemócrata. El resultado de las elecciones de 1977, con el relativo éxito del PSOE, trajo consigo la absorción del resto de las formaciones socialistas y, por tanto, un rápido abandono de las recientes y superficiales formulaciones ideológicas más radicales.</div><div align="justify"><br /><strong>"TRANSICIÓN AL SOCIALISMO"<br /></strong></div><div align="justify">A fines de 1975, un año después del Congreso de Suresnes, el órgano del PSOE, El Socialista, afirmaba eufóricamente que se había pasado de una situación de partido en transición para ser el partido de la transición al socialismo. Pese a la rimbombante declaración, que confundía los deseos con las realidades, la verdad estaba mucho más cercana a la disección que el politólogo Donald Share hizo de la evolución del socialismo español durante la década setenta. A su juicio, la trayectoria del PSOE constituía una verdadera transición dentro de la transición.<br />Una afirmación que resultaba extensible al conjunto de la izquierda o, incluso, de la mayor parte de la oposición antifranquista. Una oposición que combinaba objetivos democráticos con otros anticapitalistas, una cultura política democrática pero también contraria al capitalismo. Por todo ello, los analistas de la evolución del PSOE durante la transición y consolidación democrática han puesto especial énfasis en destacar la "conversión", según autores como Santos Juliá o Antonio Garcia Santesmases, de los socialistas españoles al liberalismo político y a la necesidad del mercado. Una conversión realizada en tan breve espacio de tiempo que hace dudar de la profundidad del radicalismo anterior. Más bien podríamos destacar la ductilidad de, por ejemplo, Felipe González en la utilización de diferentes lenguajes no sólo según la modificación de la relación de fuerzas con el transcurso del tiempo sino de los públicos a los que se dirigía. A este respecto no deja de ser significativo que dirigentes regionales del PSOE de Madrid o del País Valenciano, por no hablar de los grupos neosocialistas y de los cuadros históricos reintegrados al partido renovado, criticaran la orientación electoralista y socialdemócrata de los líderes del PSOE en fechas tan tempranas como 1976.<br />Este radicalismo del discurso oficial de las organizaciones socialistas, definido como reformismo revolucionario, tenía como principales dogmas ideológicos la defensa de la autodeterminación de los pueblos y de la república federal, del socialismo autogestionario y del neutralismo antiimperialista: modulaciones ideológicas que suponían no sólo una ruptura con la dictadura sino con la totalidad de un orden social cuyos principales elementos eran monarquía, economía de mercado e incorporación a Occidente. El reformismo revolucionario fue un proyecto ideológico común entre la "nueva izquierda" europea cristalizada en torno a Mayo de 1968. En España, sin embargo, surgieron grupos de nueva izquierda desde 1956-58 que rechazaban, además de la dictadura de Franco, el reformismo y revisionismo de la izquierda obrera tradicional y la dinámica de bloques de la Guerra Fría. Pero más significativo que esta precocidad española fue el hecho de que buena parte de estas posiciones ideológicas de la "nueva izquierda" terminaran impregnando al PCE y sobre todo al PSOE durante los años setenta. Mientras que el partido comunista pasó a postular el eurocomunismo, renegando de su dependencia respecto la Unión Soviética y del leninismo, el centenario partido socialista obrero sufrió una especie de "enfermedad infantil" izquierdista hasta 1979.<br />¿Cómo podemos explicar y cuál era el alcance de la radicalización del PSOE durante el decenio de los setenta? ¿Qué relación tiene la evolución del discurso con las distintas posiciones ocupadas en el sistema político o, en otros términos, las diversas relaciones de fuerzas en el seno de la izquierda?. Si observamos dos documentos entre los que transcurrieron diez años, es decir, entre la conciencia de una parte de los dirigentes tanto del exilio como del interior en 1968 respecto a la distancia entre el discurso del PSOE y la mentalidad de las nuevas generaciones, con los documentos oficiales de la unidad socialista en 1978, se puede observar el camino recorrido. Si en 1968 los dirigentes del interior se rebelaban contra la imagen que les encasillaba como presuntos socialdemócratas para defender una supuesta recuperación de las señas de identidad marxista, revolucionaria y antiimperialista, una década más tarde, estos principios constituyeron los aglutinantes del proceso unitario.<br />En efecto, en la declaración política del acto de unidad socialista del PSOE con el PSP y el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV), celebrada al final de Junio de 1978, se afirmaban principios como el "restablecimiento de las libertades del pueblo valenciano" que permitiera un Estado federal ¾ ya no se decía república¾ , así como una autodefinición como partido de clase, marxista y antiimperialista que luchaba por un socialismo autogestionario. Lograda la unidad socialista y desaparecida en la práctica la competencia de otras formaciones socialistas y comunistas, un año más tarde dos Congresos del PSOE sellaban el final del discurso reformista revolucionario para presentarse como alternativa autónoma de poder democrático. La radicalización ideológica del PSOE entre 1968 y 1978 hay que situarla dentro del proceso de renovación y luchas internas que recorre a este partido durante el tardofranquismo y la transición. Además de la escisión del PSOE en 1972 hay que tener en cuenta el surgimiento de nuevas formaciones socialistas que a la salida de la dictadura suponía la presencia de cinco ofertas diferentes: el PSOE renovado, el PSOE histórico, el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, la Federación de Partidos Socialistas, ¾ apoyada por USO y por grupos socialistas regionales¾ , y varios grupos socialdemócratas con personalidades como Francisco Fernández Ordóñez, Josep Pallach y Dionisio Ridruejo. </div><div align="justify"><br /><strong>LUCHA POR LA HEGEMONÍA<br /></strong></div><div align="justify">Por otro lado, no hay que perder de vista la lucha por la hegemonía en el seno de la izquierda no sólo en el campo socialista sino frente al PCE. Un partido comunista que alcanzaba su cenit antifranquista entre 1966, fecha de la consolidación de Comisiones Obreras y de los Sindicatos Democráticos de Estudiantes Universitarios, y 1976, con la fusión de la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática y la presentación pública del flamante partido eurocomunista en Roma en julio de 1976. Durante los dos años que transcurrieron entre la constitución de la Junta Democrática y la presentación del Comité Central del PCE y de la estrategia eurocomunista en Roma, Santiago Carrillo insistió en la idea de la necesidad de una nueva formación política. Un nuevo movimiento político, en 1974 lo definía ante Max Gallo y Regis Debray como un "Movimiento laborista revolucionario", que sin ser un superpartido ni una mera coalición electoral, coordinase en una confederación de partidos y sindicatos a toda la izquierda política y social, incluyendo a los partidos socialistas, socialdemócratas y a las "fuerzas cristianas progresistas". En definitiva, Carrillo pretendía recoger la herencia histórica del PSOE de Pablo Iglesias al de Largo Caballero dada la debilidad y división de sus más directos albaceas. Tras esa llamada a la convergencia de las fuerzas socialistas y cristiano progresistas, existía una realidad que había permitido salir al PCE del aislamiento en que se encontraba desde el final de la guerra civil. En torno a los movimientos sociales una serie de formaciones de la "nueva izquierda" colaboraron con el PCE desde la mitad del decenio de los sesenta. De la unidad de acción en el seno de los movimientos sociales, el PCE logró la formación de plataformas políticas como la Asamblea de Cataluña en 1971, y el lanzamiento de las Juntas Democráticas en el verano de 1974. En esta alianza antifranquista se unieron al PCE grupos neosocialistas como los dirigidos por Enrique Tierno Galván o Alejandro Rojas Marcos, además de formaciones marxistas-leninistas como el Partido del Trabajo. Además, Carrillo consiguió la integración dentro del PCE y del PSUC de grupos como Bandera Roja que redondeaban las señas de identidad eurocomunistas con la presencia de marxistas cristianos.<br />Por el contrario, el campo socialista se encontraba en 1975 aparentemente en el momento de mayor debilidad bajo el franquismo. Por ejemplo, hay que destacar aspectos como la existencia del número más bajo de afiliados al PSOE durante toda la dictadura, la escisión del partido, el fracaso del aglutinamiento del neosocialismo a través de la Conferencia Socialista Ibérica, la ruptura de las negociaciones de unidad con USO y la proliferación de nuevos grupos regionales socialistas. Sin embargo, a partir del verano de 1976 se produjo una clara inflexión en la relación de fuerzas en la izquierda. En primer lugar, el impulso dado a la transición por el Rey y el primer gobierno de Suárez obligó a la oposición a negociar y abandonar la idea de una ruptura democrática mediante la movilización popular. El canto del cisne en este sentido fue la convocatoria de una huelga general por la efímera Coordinadora de Organizaciones Sindicales el 12 de noviembre de 1976. Dentro de la Plataforma de Organismos Democráticos que negociaba con el gobierno Suárez, el PSOE no sólo equilibró su presencia respecto al PCE sino que fue ocupando la posición más influyente. En ese momento, antes de las elecciones, el peso del partido socialista no se medía por el número de militantes ni por la presencia en los movimientos sociales, factores que perdieron importancia relativa desde el fracaso de los aspectos rupturistas de la huelga general de noviembre de 1976, sino por los apoyos internacionales y el reconocimiento del papel que iba a desempeñar en el futuro por otras formaciones políticas y por el gobierno.<br />Un claro indicador de esta presencia fue el trato dado por los medios de comunicación al PSOE frente al PCE. El PSOE fue mucho más noticia que lo que ocurría en el mundo del comunismo español. Algo parecido ocurría incluso con el seguimiento de las actividades de la UGT y CC.OO en el momento de las elecciones sindicales durante el primer trimestre de 1978. Se puede decir que hasta las elecciones generales de 1977 el gobierno y los medios afines potenciaron todo lo que conllevara una recuperación de la imagen y de la presencia ugetista frente a la hegemonía de Comisiones Obreras. Un año antes de las elecciones el PSOE ya doblaba al PCE en las expectativas electorales. Los datos manejados por sus dirigentes situaban a los socialistas con 80 a 90 diputados mientras que el PCE esperaba de 40 a 50. La suma real de escaños entre ambas formaciones en junio de 1977 resultó parecida, dado que ambos partidos competían por un espacio político similar, pero con una muy diferente relación de fuerzas. La proporción de dos a uno se había convertido en casi seis a uno en número de escaños, y de tres a uno en votos. A partir de diciembre de 1976 se puede afirmar que el PSOE logró la hegemonía en el seno de la izquierda. El fracaso relativo de las movilizaciones en pro de la ruptura, o la creciente presencia del PSOE en los medios de información gracias a una estrategia de actos públicos y encuentros con personalidades europeas fueron desplazando al PCE del estrellato de la oposición.<br />El primer paso fue la defensa de la identidad socialista democrática. Felipe González, primer secretario del PSOE, combatió en defensa de esa identidad durante 1976. En sus intervenciones en la escuela de verano del partido en El Escorial o el primer Congreso celebrado en España en diciembre de 1976, insistió en el tema de la unidad socialista partiendo de la preeminencia del PSOE y de la defensa de un patrimonio privilegiado aunque no exclusivo de la idea de "socialismo en libertad". Lo importante en este primer Congreso en España del PSOE fue el hecho de su misma celebración, es decir, la presentación pública de un partido centenario arropado por importantes personalidades socialistas europeas. Normalmente, los politólogos han insistido en el momento de este Congreso como el cenit de radicalismo ideológico socialista, del reformismo revolucionario y de la identificación de socialismo con marxismo, autodeterminación de los pueblos, república federal, anticapitalismo autogestionario y antiimperialismo.<br />Sin embargo, si observamos el discurso de su máximo dirigente ya estaba presente esa dualidad que caracterizó al PSOE durante la transición, es decir, unas resoluciones radicales de los Congresos frente a una presentación moderada del partido ante la opinión pública a cargo de González. En efecto, el secretario general del PSOE reiteró posiciones como la integración de las clases medias, la errónea distinción entre socialismo y socialdemocracia, la autonomía del PSOE respecto al PCE y el valor de la denominada democracia "formal". Estas posiciones resultaban mucho más significativos que el reconocimiento de la existencia de "serias razones" para definirse como un partido marxista en los actos cerrados con la militancia del PSOE o de otras formaciones socialistas. Una definición matizada, no obstante, por González en toda ocasión que tuvo para dirigirse ante la opinión pública con anterioridad a las elecciones de 1977.<br />Existieron dos aspectos, pues, esenciales de continuidad entre el PSOE de la posguerra y el partido liderado por González: el modelo y la política del partido. Se rechazó, por tanto, la idea de una refundación que permitiera la descentralización por motivos geográficos (una federación de partidos) o ideológicos (tendencias organizadas). Este tipo de reconstrucción se distinguía del modelo del socialismo francés que, por otra parte, desde siempre, desde la época de la SFIO, había sido muy permeable a las tendencias. Por otro lado, el rechazo a las relaciones bilaterales con el PCE desde la reconstrucción de las organizaciones socialistas al final de la segunda guerra mundial se mantuvo durante la transición. A mi juicio, el pacto pos electoral de las municipales de 1979 debe interpretarse, además de su carácter táctico y secundario para los líderes socialistas, más como el final real de una década de lucha por la hegemonía entre socialistas y comunistas que como un giro de la política del PSOE hacia el PCE.<br />Desde 1952 el PSOE había aprobado una política denominada por Indalecio Prieto "cura de aislamiento" que consideraba superadas las alianzas permanentes con otras formaciones de la izquierda, en otras palabras, la tradición de subordinación respecto a partidos republicanos de izquierda. Esta idea de autonomía del proyecto político del PSOE conllevaba el rechazo a las relaciones bilaterales con los comunistas y, por supuesto, respecto a la "nueva izquierda" aparecida en España desde 1956. A pesar de que las relaciones con el PCE fue uno de los principales debates que condujeron a la escisión del PSOE en 1972, en ningún momento los "renovadores" pretendieron constituir un frente antifranquista de izquierdas. En cambio, su propuesta fue la unidad de acción circunstancial en las protestas sociales y dentro de las plataformas democráticas contra Franco. Sin embargo, debido a la hegemonía del PCE en la movilización antifranquista, los nuevos dirigentes del PSOE buscaron diferenciar su política de alianzas y táctica de lucha sindical. En todo caso, se trataba de equilibrar la presencia socialista evitando aparecer a remolque del activismo comunista.<br />Hay que tener en cuenta que los grupos neosocialistas y, en general, la "nueva izquierda" colaboraron con el PCE desde sus orígenes. Esta colaboración empezó en el seno de las coordinadoras de movimientos sociopolíticos como el sindicalismo estudiantil y Comisiones Obreras para extenderse durante los primeros años setenta a plataformas unitarias como la Asamblea de Cataluña y las Juntas Democráticas. Desde el punto de vista del PSOE renovado, un primer paso para reequilibrar la correlación de fuerzas en el seno de la izquierda era aglutinar a la "nueva izquierda". Para este aglutinamiento la defensa de las señas de identidad democráticas del socialismo no eran suficientes. La cultura política de la "nueva izquierda" era no sólo antifranquista sino anticapitalista. Rechazaba el revisionismo y el reformismo de los partidos históricos de la izquierda obrera buscando una tercera vía, frente a la socialdemocracia "sumisa" de Occidente y los burócratas stalinistas del Este. Mediante un reformismo revolucionario, es decir, mediante la concepción de la revolución como un proceso acumulativo y no como un acto violento de conquista del poder, pretendía establecer un socialismo autogestionario. La radicalización y las luchas internas del PSOE estuvieron íntimamente relacionadas con el auge del PCE a través de los movimientos sociales y la consolidación de nuevas formaciones socialistas desde la segunda mitad de los años sesenta. La necesidad de neutralizar esta competencia y los ataques que la "nueva izquierda" les hacía como presuntos socialdemócratas condujeron a la radicalización del discurso ideológico del PSOE durante el tardofranquismo y la transición.</div><div align="justify"><br /><strong>UNIDAD SOCIALISTA</strong></div><strong><div align="justify"><br /></strong>El proceso de unidad socialista en el seno de las organizaciones tradicionales podría periodizarse de la siguiente forma. Una primera etapa, cubriría los años de las relaciones del PSOE y de la UGT con la "nueva izquierda" durante una década, entre 1956 y 1967. La colaboración inicial entre el PSOE del interior y formaciones como el Movimiento Socialista de Cataluña, la Agrupación Socialista Universitaria, el neosindicalismo cristiano, el grupo de Enrique Tierno Galván e incluso la primera dirección del Frente de Liberación Popular, coincidió con el planteamiento de una política de unidad de acción antifranquista con el PCE de líderes socialistas clandestinos como Antonio Amat y Luis Martín Santos. Esta aproximación que, en el caso de la ASU y del MSC, había llegado a acuerdos orgánicos, sufrió una fractura a partir de la convocatoria de la Huelga Nacional Pacífica de 1959 y los movimientos huelguísticos de 1962. Este desencuentro estuvo asociado a un debilitamiento del PSOE en el interior entre 1960 y 1968. El PSOE entró con la década de los sesenta en una etapa de crisis interna y de fragmentación del movimiento socialista debido a la incapacidad de la dirección de Toulouse, encabezada por Rodolfo Llopis, para aglutinar a los neosocialistas y flexibilizar su política. Los socialistas federalistas de Cataluña y de otras regiones, el grupo de Tierno Galván y los universitarios socialistas, todos ellos un socialismo radical de clases medias, terminaron alejándose temporalmente de la órbita del PSOE para aproximar sus políticas a las del PCE. Algo parecido ocurrió con el sindicalismo y la izquierda de origen cristiano. El fracaso de la renovación "desde dentro" y el desencuentro con las organizaciones neosocialistas condujo a una nueva etapa entre 1968 y 1974 de radicalización y luchas internas pero también de reconstrucción y reestructuración. Para autores como Juliá o Pradera durante estos años del tardofranquismo se produjo una verdadera refundación del socialismo. Sin embargo, la renovación o la refundación del PSOE se realizó "desde dentro" de este partido aunque la terminaran protagonizando una serie de jóvenes profesionales sevillanos sin ataduras con el pasado que enlazaron con las bases obreras tradicionales del Norte de España y de Francia, y tuviera como resultado a medio plazo una desavenencia entre el partido y el sindicato del histórico movimiento socialista. A pesar de que la escisión del PSOE de 1972 supuso la pérdida de la mitad de la organización en el exilio y quizá una quinta parte de la militancia clandestina, los renovadores comenzaron a reclutar a cuadros que procedían de una gama muy compleja de las formaciones de la oposición antifranquista. El arco abarcaba desde democristianos de izquierda a trotskistas y libertarios.<br />¿Se podría hablar, pese a todo, de un giro de la política de unidad socialista del PSOE después de la escisión de 1972?. Lo que sí existió, desde luego, es una mayor receptividad respecto a la realidad de las nuevas formaciones de la izquierda y un reconocimiento del creciente peso del PCE. Este reconocimiento estuvo unido a un realce del papel que se dio a la movilización obrera en la política de las organizaciones socialistas. No obstante, el reconocimiento del papel de otras formaciones de la izquierda no trajo consigo el establecimiento de relaciones bilaterales con el PCE ni mucho menos un proyecto político común. La dinámica de competencia por la hegemonía siguió estando presente durante estos primeros años setenta. La nueva dirección renovada tuvo que competir también durante 1973 por el reconocimiento de la Internacional Socialista lo que provocó movimientos tácticos de unidad. Por un lado, el Partido Socialista "en el interior" de Tierno Galván se inclinó, sin éxito, por la fusión con el sector del PSOE encabezado por Llopis pese a la existencia de diferencias políticas más fuertes respecto a los renovadores del PSOE. Estos últimos lanzaron en 1973 la iniciativa de una Conferencia Socialista Ibérica con los partidos de ámbito regional negociando, además, una posible fusión entre UGT y USO. En ambas iniciativas los dos sectores del PSOE coincidían en un planteamiento de absorción de las nuevas organizaciones socialistas desechando la fundación de un nuevo partido, la paridad o la desnaturalización del modelo centralizado. Por ello fracasaron ambas operaciones unitarias aunque los renovadores confirmaron el reconocimiento de la Internacional en enero de 1974. A partir de la primavera de 1975, las relaciones del PSOE con el PCE y las formaciones neosocialistas entraron en una nueva fase que podría extenderse hasta las elecciones de 1979 y los congresos del PSOE durante ese año. En términos estrictos este fue el período de la transición, de esa transición paralela del socialismo español que recordaba al principio. Sin duda existió un momento de inflexión decisiva en torno a las elecciones de junio de 1977 que confirmaba la modificación de la relación de fuerzas en el seno de la izquierda. Fue también un período de consolidación del liderazgo de Felipe González entre el celebre Congreso de Suresnes que le eligió primer secretario y el Congreso del "marxismo" que le condujo a una temporal retirada del liderazgo. El proceso de la unidad socialista durante la transición partió del fracaso de los objetivos que el PSOE se había propuesto con la Conferencia Socialista Ibérica y el cenit del PCE después de la constitución de la Junta Democrática. Entonces, en la primavera de 1975, el PSOE promovió una alianza antifranquista, la Plataforma de Convergencia Democrática, con democristianos, nacionalistas, socialdemócratas de Dionisio Ridruejo y Josep Pallach, y con la guinda de carlistas y algunas formaciones maoístas. Además en mayo de 1975 el PSOE emprendía por primera vez negociaciones serias de reunificación con el sector del partido escindido en 1972. Desde finales de 1975, una vez que el PSOE y el PCE encabezaron sus propias plataformas antifranquistas, la oposición alcanzó la unidad de acción.<br />Desde la perspectiva del PSOE, la forma como se logró la coordinación de la oposición en la denominada Platajunta resultaba decisiva para equilibrar la relación de fuerzas respecto al PCE. Los aliados neosocialistas del PCE, personalizados en Enrique Tierno Galván y Alejandro Rojas Marcos, quedaron confinados a un segundo plano pese a la efímera formulación de una nueva plataforma denominada Confederación Socialista. Poco después, en mayo de 1976, el PSOE alcanzaba un acuerdo con el sector mayoritario de los escindidos cuatro años antes y constituía un comité de enlace con los socialistas catalanes de Joan Reventós. Formalmente, desde la perspectiva de la unidad socialista, el primer Congreso celebrado por el PSOE durante la transición fue de reunificación con los históricos. Sin embargo, estos quedaron autoexcluidos de la Ejecutiva al rechazar tres puestos pues hicieron bandera para que el Congreso confirmara como presidente del partido a Alfonso Fernández Torres. A partir del XXVII Congreso de diciembre de 1976 se produjo un giro en el proceso de la unidad socialista. De las cinco ofertas socialistas existentes en el momento de la muerte de Franco poco más de un año después quedaban reducidas a dos reales, el PSOE y el PSP. Al comenzar 1977 el PSOE había conseguido absorber a la mayor parte del PSOE histórico además de establecer acuerdos con el PSC de Reventós y la Convergencia Socialista Madrileña, formaciones que representaban la mitad de los afiliados de la Federación de Partidos Socialistas. Por otro lado, las formaciones socialdemócratas, fracturadas en diversos personalismos y con estados mayores sin ejércitos, optaban por aliarse con los restos del PSOE histórico en una Alianza Socialista Democrática mientras que otros grupos influyentes se terminaban integrando en UCD y en el Pacto Democrático de Cataluña. Frente a la propuesta del PSP de una coalición electoral socialista o la opción confederal de la FPS, el PSOE no estuvo dispuesto a diluir sus siglas ofreciendo únicamente al PSC (Congrés) un pacto electoral. Paralelamente integró dentro de sus candidaturas a miembros de la Convergencia Socialista Madrileña y del Partido Socialista de Murcia. Felipe González había procurado evitar que la distinción de moda por aquel entonces entre socialdemocracia y socialismo marxista restara espacio político al PSOE. En este sentido, en todas las presentaciones públicas del partido durante 1976 y con anterioridad a las elecciones, González rechazó que los socialdemócratas tuvieran diferencias de peso respecto al PSOE para insistir, en cambio, en la distancia que les separaba del PCE.<br />El resultado de las elecciones de 1977 trajo consigo la clarificación del espacio político de la izquierda. Por un lado, la izquierda radical, no legalizada aunque presentó candidaturas, quedó condenada al limbo extraparlamentario mientras que la lista de Unidad Socialista entre el PSP y un sector de la FPS obtuvo únicamente seis diputados y cuatro senadores. Por el otro, el PCE tuvo que abandonar las pretensiones de aglutinar la izquierda mediante un nuevo movimiento político de fuerzas que lucharan por una democracia social y, después, la transición al socialismo. No obstante, Carrillo abrigó la expectativa de que el PSOE terminaría escindiéndose o desgastándose. La sustitución del PSOE, la ocupación de su espacio o el sorpasso, según el modelo italiano de la posguerra mundial, exigiría dos condiciones. La primera, el frente de izquierdas parecía estar descartado. La segunda, era un gobierno de concentración UCD-PSOE para el periodo constituyente. Enseguida, la dirección del PSOE rechazó esta posibilidad aunque durante esta legislatura practicó una política de consenso y, en segundo término, se preparó como presunta alternativa de poder. Ante el fracaso de los planteamientos estratégicos del PCE, Carrillo practicó una creciente moderación ideológica y una desmovilización de las bases sindicales que si bien dieron estabilidad al gobierno de UCD y a la misma democracia supusieron un fuerte desgaste para el partido comunista. Mientras que el PSOE culminaba la unidad socialista, el PCE se veía afectado por las primeras luchas internas, en dos de las zonas de mayor implantación del partido, Asturias y Cataluña. En efecto, desde junio de 1977 hubo una aceleración del proceso de unidad socialista. Primero, fue la unidad de un sector del PSOE histórico encabezado por José Prat. Enseguida, se produjeron las negociaciones de fusión entre UGT y un sector de USO. Desde enero de 1978, las negociaciones afectaron a un endeudado PSP hasta culminar en una fusión en abril de 1978. Finalmente, diversas federaciones del PSOE concluyeron la unidad con partidos de ámbito de nacionalidad o región en julio de 1978.</div><div align="justify"><br /><strong>AJUSTES IDEOLÓGICOS</strong></div><strong><div align="justify"><br /></strong>Cerrado el tiempo de la absorción de las organizaciones neosocialistas el PSOE podía abandonar el discurso reformista revolucionario y marxista para competir con UCD por el centro sociológico. En realidad, la expresa autodefinición marxista en el seno del PSOE era una novedad y la mayor parte de los partidos socialistas europeos no identificaban marxismo y socialismo. En cambio, el abandono por el PCE del leninismo y su conversión al mero "marxismo revolucionario" suponía un giro ideológico mucho más decisivo y oportunista. Y esta afirmación no minusvalora la configuración de una verdadera tendencia renovadora y eurocomunista en torno a, por ejemplo, la revista Nuestra Bandera. Sin embargo, me parece que la cultura política tradicional en el seno del comunismo que podríamos denominar "oportunista revolucionaria" terminó prevaleciendo sobre las nuevas culturas, emergentes desde los años sesenta, sindicalista y democrática. El PSOE había aglutinado en poco tiempo a una diversa gama de formaciones neosocialistas y a cuadros políticos procedentes del conjunto de la oposición al franquismo. El resultado del XXVIII Congreso del PSOE, primero del nuevo partido producto de la absorción de las formaciones neosocialistas y tras el fracaso de las expectativas o, en otros términos, estancamiento en las elecciones generales de marzo de 1979, fue la principal y efímera factura que pagó el "mortero del antifranquismo" en que se estaba convirtiendo el centenario partido. Para muchos fue una crisis de crecimiento en la que aparte de la cuestión del marxismo, por lo demás escasamente debatida, se jugaba la confirmación de una política autónoma dirigida hacia la competencia electoral con UCD o una política de unidad con el PCE y, por tanto, el mantenimiento del proyecto reformista revolucionario. Otras cuestiones importantes de la crisis fueron el modelo de partido, el tipo de dirección y la democracia interna.<br />En todo caso, el Congreso extraordinario de septiembre de 1979 confirmó el liderazgo de Felipe González, moderó sólo relativamente las resoluciones congresuales,- según Maravall y Santesmases inauguró una etapa de discurso reformista radical-, y modificó el sistema de representación. Estos dos Congresos cerraron la década de transición interna del PSOE. A partir de entonces, los clanes y familias políticas de origen perdieron importancia siendo sustituidos por una nueva mayoría monolítica frente a la corriente Izquierda Socialista. Además, el tiempo de la lucha frente al PCE por la hegemonía de la izquierda quedó cerrado para más de una década. Como analizó Richard Gillespie, no hay nada más representativo que lo ocurrido en el Congreso de la Federación Socialista Madrileña tras el Congreso extraordinario en diciembre de 1979. La desmoralización y división de la izquierda del partido dio lugar a una ajustada victoria del "felipista" y antiguo convergente, Joaquín Leguina, frente a Alonso Puerta y Carlos López Riaño.<br />A menudo se ha destacado la influencia de Willy Brandt y del SPD en la moderación ideológica del PSOE. Las buenas relaciones establecidas entre Brandt y González desde 1975 y la paralela la instalación de la Fundación Ebert en España en noviembre de 1975 habrían supuesto, a juicio de Pilar Ortuño, Sergio Gálvez o Bruno Vargas, una especie de tutela de la socialdemocracia alemana sobre el PSOE en el camino hacia la defensa de la mera modernización de España. Estas interpretaciones resultan poco verosímiles pues estas buenas relaciones y apoyo financiero coincidieron con la etapa de mayor radicalismo del PSOE entre 1974 y 1979 en la que los referentes ideológicos estaban en el nuevo socialismo francés o la experiencia chilena. Por el contrario, las iniciativas adoptadas por el sindicalismo y la socialdemocracia alemana en apoyo de nuevas opciones socialistas en el interior de España durante los años sesenta y primeros setenta no significaron una consolidación de las mismas. En todo caso, sí hubo una influencia de Brandt sobre el líder del PSOE más que sobre el conjunto del partido. Si de algún Bad-Godesberg español pudiésemos hablar habría que retrasarlo hasta el XXIX Congreso del PSOE celebrado en octubre de 1981. En un contexto de descomposición de UCD y de fraccionamiento del PCE, por no hablar de la autodisolución del Partido de los Trabajadores, la necesidad de consolidar la democracia amenazada por la involución y el terrorismo, así como las ya reales expectativas de un próximo acceso al gobierno hicieron olvidar definitivamente los objetivos de transición al socialismo. Fue, en efecto, a partir del XXIX Congreso cuando el PSOE eliminó cualquier alusión al marxismo, aun como método de análisis o referente plural teórico para definir al socialismo como una aspiración del hombre a la felicidad, y la unanimidad más que el pluralismo alejaron del horizonte cualquier imagen de división y debate internos.</div><div align="justify"><br /><strong>PSOE Y NACIÓN<br /></strong></div><div align="justify">Otros aspectos del ajuste ideológico de los socialistas fueron su posición sobre nación y nacionalismos, así como ante la inserción de España en Occidente. El nuevo federalismo de los setenta de la izquierda española fue una novedad respecto al pasado. No es exacto que el PSOE tuviera una única tradición jacobina. En realidad, una parte de la tradición del republicanismo español era federal. El PSOE asumió una fórmula federal en 1918. Sin embargo, esa declaración no fue desarrollada. La aprobación de los estatutos de las nacionalidades históricas de Cataluña, Euskadi y Galicia contó con el apoyo socialista. De todas maneras, el PSOE no desarrolló una política propia ante la cuestión nacional, siguiendo la acción de gobierno de Azaña, "jacobino" y nacionalista español, dentro de la coalición republicano-socialista.<br />Indalecio Prieto, caracterizado como demócrata radical, tuvo mucho que ver con esos estatutos de autonomía del llamado estado integral de la segunda república. Es cierto que Prieto en la posguerra atribuyó a la cuestión nacional un papel decisivo en el estallido de la guerra civil pero también lo es que su política buscó la cooperación de catalanistas y nacionalistas vascos. La Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles y la Junta Española de Liberación contaron con la presencia de los federalistas de Esquerra Republicana y Acción Catalana. Prieto se opuso a la existencia de partidos socialistas independientes en Cataluña y el País Vasco y eso dio lugar a un cierto fraccionamiento pero el Comité Central Socialista de Euzkadi alcanzó un acuerdo con el PNV para colaborar en el gobierno vasco en el exilio y las instituciones de resistencia. Esta alianza con el catalanismo y, sobre todo, el nacionalismo vasco se mantuvo durante toda la dictadura franquista. Aunque se reconocía el derecho a la autonomía de los pueblos hubo una cierta resistencia a propugnar el inmediato restablecimiento de las autonomías en el momento de la formación de un gobierno provisional después de Franco. Solo ante la insistencia del PNV, los partidos de la Unión de Fuerzas Democráticas, constituida en 1961, se comprometieron con una solución autonómica para el periodo transitorio. Sin embargo, esta alianza con los nacionalistas no trajo consigo la asunción de una perspectiva federal hasta el Congreso del PSOE de 1964, una vez muerto Indalecio Prieto, en la que se recuperó la fórmula de 1918 de Confederación republicana de nacionalidades ibéricas. La recuperación de la perspectiva federal respondía al surgimiento de nuevas formaciones socialistas en Cataluña, Galicia, Valencia coordinadas por el Movimiento Socialista de Pallach y Reventós. Es decir, la nueva modulación ideológica del PSOE tenía un carácter oportunista. Pretendía neutralizar la competencia del neosocialismo regional. Algo parecido se podría decir del realce de la dimensión anticapitalista y marxista de su proyecto durante los años setenta.<br />Fuera del ámbito de las nacionalidades y regiones hubo un pensamiento minoritario socialista y federalista en el exilio. El núcleo principal se aglutinó desde 1949 en la revista Las Españas editada en México. Los socialistas Arana y Carretero Jiménez colaboraron con catalanistas y republicanos liberales como Bosch Gimpera, Nicolau D´Olwer, Sbert y Granados en una reflexión federal sobre España. Carretero Jiménez, fallecido en 2002, publicó ensayos federalistas que databan la formación histórica de las nacionalidades españolas en la alta edad media. Algunos de los títulos son Las nacionalidades españolas, La personalidad de Castilla en el conjunto de los pueblos de España, o La integración nacional de las Españas. La idea de España como nación de naciones y comunidad de pueblos se debe a la pluma de Carretero Jiménez y Bosch Gimpera. Carretero, presidente la renovada sección del PSOE en México, presentó una propuesta federalista al primer Congreso del partido celebrado en España tras la muerte de Franco en diciembre de 1976. La ponencia insistía en la idea de España como nación de naciones. Contraponía la "España una" del franquismo a la noción de las "Españas unidas": "unión de todos los pueblos hispanos", ya que "el federalismo es el régimen que mejor armoniza la unión con la variedad, la solidaridad del grupo con la autonomía de los miembros".<br />Un exceso de la formulación federal de la idea de España fue la defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos que el PSOE y el PCE incorporaron a sus programas en el bienio 1974-75. En realidad, la fórmula de la autodeterminación de los pueblos procedía del pasado de la segunda internacional y del comunismo soviético. En 1971 las formaciones del gobierno vasco en el exilio, entre las que se encontraban el PSOE e IR, habían suscrito una declaración política que reconocía explícitamente el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco. Ahora se pretendía fundamentar la cuestión nacional en el seno de la lucha de clases: "el partido socialista propugnará el ejercicio libre del derecho a la autodeterminación, por la totalidad de las nacionalidades y regionalidades que compondrán, en pie de igualdad el Estado Federal que preconizamos" o "Los movimientos nacionalistas y regionalistas, asumidos por la clase obrera y el campesinado, elevan cualitativamente sus objetivos con la dialéctica marxista". La propuesta de una República federal de trabajadores se mantuvo hasta las primeras elecciones democráticas de junio de 1977 o incluso hasta la conclusión de la unidad socialista con la absorción del PSP y varias formaciones de la Federación de Partidos Socialistas durante la primera mitad de 1978. Se optó, además, por un modelo federal de partido frente a una federación de partidos socialistas.<br />El nuevo líder del PSOE, el sevillano Felipe González, había manifestado sensibilidad ante la cuestión nacional desde el comienzo de los años setenta. La existencia de formaciones socialistas regionales y el peso de la democracia cristiana en las nacionalidades históricas le inclinaron a alcanzar un pacto con los socialistas catalanistas en 1976. Con la conversión del PSOE en alternativa de poder y la conclusión de la unidad socialista, Felipe González realizó un llamamiento a la prudencia en una conferencia en el club Siglo XXI en febrero de 1978 al mismo tiempo que insistía en la defensa de los términos nacionalidad o "regionalidad" dentro de la nación española. Más adelante, con ocasión del debate constitucional, en julio de 1978, González defendió la idea de las autonomías de los pueblos de España, de todas las regiones y nacionalidades de España, como un camino hacia el federalismo. La autonomía no sería solo para las nacionalidades históricas y el federalismo sería un proceso político: "Queremos la autonomía para todas las regiones y nacionalidades de España; no un planteamiento autonómico para tal o cual nacionalidad o región". El líder del PSOE afirmó que la Constitución de 1978 no era el "momento histórico de hacer una formulación federalista". A pesar del programa federal del PSOE, los socialistas eran los defensores de la unidad de España y el federalismo "podría ser la resultante de un largo proceso histórico del desarrollo del estado de las autonomías". Los socialistas defendieron una postura poco coherente en la cuestión autonómica, emulando las reivindicaciones de los nacionalistas hasta el referéndum de Andalucía en febrero de 1980. Autores como Andrés de Blas o Rodolfo Martín Villa han señalado la responsabilidad del PSOE en la radicalización de las demandas de los partidos nacionalistas. Las llamadas de González a la responsabilidad y las críticas de la demagogia y la improvisación en el tema de la articulación territorial del estado fueron frecuentes durante 1979 y 1980. El líder del PSOE insistía en la federalización o el estado federalizado como resultado de las autonomías pero también en evitar discriminaciones y al mismo tiempo "admitir el derecho a la diferencia". Es decir que debía generalizarse el estado de las autonomías pero admitirse la asimetría o el federalismo desigual. En enero de 1980 González hacia unas declaraciones en las que defendía la generalización de la autonomía en "todas las regiones y en todas las nacionalidades de este país con igual techo de competencia". Es decir que la generalización de las autonomías no sería un proceso, un desarrollo de décadas, al modo del estado integral de la segunda república, sino que había que cerrar el mapa autonómico enseguida. Sin embargo, el comité federal del PSOE aprobaba el mismo mes de enero de 1980 una resolución política que hacia un llamamiento al respeto de la "conciencia colectiva" y la complejidad de ciertas autonomías, reconociendo que la autonomía tenía el fin primordial de resolver el problema de las llamadas nacionalidades históricas.<br />El referéndum de la autonomía andaluza de febrero de 1980 supuso que la generalización del proceso autonómico fuese inevitable. Hay que tener en cuenta que además de las cuatro nacionalidades históricas reconocidas se sumaban los tres casos especiales de Navarra, las islas Baleares y Canarias. Además la victoria de las formaciones nacionalistas PNV y CIU en las primeras elecciones autonómicas del País Vasco y Cataluña de 1980, y la consiguiente derrota y pérdida de protagonismo que había tenido la izquierda durante la transición en estas nacionalidades (recordemos que el PSOE había presidido el Consejo General Vasco y la asamblea de parlamentarios de Cataluña), junto a la amenaza de involución golpista, hizo que González acentuara más sus llamamientos a la prudencia y al encauzamiento del proceso autonómico. En diciembre de 1980, el líder del PSOE señalaba que "a mí me preocupa menos perder unas elecciones que completar correctamente las autonomías".<br />Tras la tentativa de golpe de estado de febrero de 1981, los socialistas ofrecieron un gobierno de coalición con UCD y pactaron con el nuevo presidente de gobierno Calvo-Sotelo unos acuerdos autonómicos que dieron lugar a la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). El propio Felipe González fue quien propuso una ley orgánica que desarrollase el título VIII de la Constitución. Ya desde septiembre de 1980, Martín Villa tenía el propósito de igualar los niveles de autonomía de todas las comunidades. En abril de 1981 Calvo Sotelo y González anunciaron el establecimiento de un modelo global del estado de las autonomías. El pacto del 31 de julio de 1981 recogía el principio de generalización de las autonomías y establecía el mapa territorial definitivo. Aunque no se admitía la creación de nuevas comunidades autónomas por el artículo 151, todas tendrían asamblea legislativa. Estos acuerdos de Estado levantaron la protesta de los partidos nacionalistas. El PNV y CIU recurrieron la LOAPA aprobada finalmente en 1982. La armonización del proceso autonómico fue declarada inconstitucional en una tercera parte en agosto de 1983. Sin embargo, la mayoría del articulado de la LOAPA permitió la regulación de los estatutos pendientes durante el bienio 1982-1983. Durante el primer gobierno del PSOE, los nacionalistas llevaron la confrontación al Tribunal Constitucional, acumulándose centenares de casos. De una tradición de alianza del PSOE con los nacionalistas que se remontaba al tiempo que cubría la guerra civil, el franquismo y la transición, se había llegado al momento en que los socialistas formaban por primera vez un gobierno en solitario y con mayoría absoluta encontrándose con la oposición de los nacionalistas. Esta fue la situación de la primera legislatura aunque los puentes con los nacionalistas se fueron restaurando durante la segunda mitad de los años ochenta, una vez desarrollado en lo esencial los estatutos autonómicos.<br />El federalismo del PSOE quedó silenciado salvo en el caso de los partidos socialistas de las nacionalidades. En todo caso la defensa del modelo de organización del estado establecido por la Constitución se unió a una tenue aspiración a largo plazo federalista. Aunque se ha dicho que tanto el PSOE como los conservadores de AP carecían de un modelo autonómico a medio plazo, vacilando entre la generalización de las competencias autonómicas y el reconocimiento del hecho diferencial de Cataluña y el País Vasco, la tendencia predominante del partido socialista fue, a mi juicio, la defensa de la homogeneización del estado autonómico que condujera a una cierta federalización. Un primer paso en este sentido fueron los pactos autonómicos de 1981 que condujeron a la LOAPA. La declaración de inconstitucionalidad de una tercera parte del articulado de esta Ley en 1983 frenaba la equiparación de competencias, beneficiando a las comunidades gobernadas por partidos nacionalistas.<br />El líder socialista acentuó el entronque con la tradición regeneracionista del nacionalismo español liberal. No fue de extrañar que la figura de Manuel Azaña, tan denostada por la izquierda obrera durante la inmediata posguerra, fuera reivindicada ahora como "padre de la patria", como el principal héroe de la España democrática. Ese regeneracionismo modernizador, el lema de que "España funcione", enlazaba con el nacionalismo español liberal de los miembros de la Institución Libre de Enseñanza. No hace falta recordar que figuras históricas del socialismo español como Julián Besteiro y Fernando De los Ríos habían pertenecido a ese medio.<br />El PSOE había salido de la transición, con la ruptura democrática de las elecciones de 1977, convertido en el principal partido nacional dado que UCD fue inicialmente una coalición de partidos y familias políticas bajo el amparo del gobierno. La defensa del federalismo permitió neutralizar el fortalecimiento de otras opciones socialistas, resolviendo la debilidad del PSOE en nacionalidades como Cataluña o Galicia. El partido socialista era el principal partido nacional, con una tradición de colaboración con las formaciones nacionalistas que se remontaba al tiempo de la guerra civil, y, por lo que refiere a la nación, tuvo que ocuparse, al llegar al poder, del desarrollo del estado de las autonomías, además de la integración en Europa, el combate contra el terrorismo y la neutralización del golpismo.</div><div align="justify"> </div><div align="justify">Publicado en Rafael Quirosa (ed.), <em>Historia de la transición en España</em>, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007.</div><div align="justify"> </div><div align="justify"><strong>Historia contemporánea de España. Cuarta Prueba de Evaluación a Distancia. Lectura</strong>.</div><div align="justify">Responda a las siguientes preguntas:</div><div align="justify">1. La unidad socialista</div><div align="justify">2. La segunda generación del exilio</div><div align="justify">3. El PSOE y el estado de las autonomías</div><div align="justify">4. El debate sobre el marxismo</div><div align="justify"><br /> </div><div></div><div><span style="color:#6600cc;">Lectura de ampliación: Javier Tusell, <em>La transición democrática y el gobierno socialista</em>, Madrid, Taurus, 1999 (múltiples ediciones)</span><br /><br /></div><div></div></div>CIHCEhttp://www.blogger.com/profile/11041203763649640990noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5295506642862714407.post-30137380988338378502008-03-16T01:36:00.001-07:002008-03-26T03:15:40.146-07:00La primera era socialista<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZeWdshQgzBmj-jT3u0bhgVNYp46TM4MUPxZJy8tPkmh1fnPf2dXozyppNBsS13veLr_th-N1DVCThPoUXDz4FEybpeZxW1X-Lg87F3WtimhuthDgOf3KSSpb2WHV72oMIaa_6tvou_o4/s1600-h/adhesión+otan.bmp"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5181972166424186930" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 10px 10px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZeWdshQgzBmj-jT3u0bhgVNYp46TM4MUPxZJy8tPkmh1fnPf2dXozyppNBsS13veLr_th-N1DVCThPoUXDz4FEybpeZxW1X-Lg87F3WtimhuthDgOf3KSSpb2WHV72oMIaa_6tvou_o4/s320/adhesi%C3%B3n+otan.bmp" border="0" /></a><br /><div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlzjeiG7b2074ZEsg8voOuhny6bsthwkt_2bA2GTldZV6h_vPGo38pn7VecyrPNlUQmdWzHQBaT2yL5OLWMwjlNUDfHTRx6JDEENzLg9mtMKwJeXfUvmLcSm1vjwZANfdoHrmZsTMdxt0/s1600-h/Felipe_Gonzalez_conversa_Nicolas_Redondo_Moncloa.jpeg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5178365068497874754" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlzjeiG7b2074ZEsg8voOuhny6bsthwkt_2bA2GTldZV6h_vPGo38pn7VecyrPNlUQmdWzHQBaT2yL5OLWMwjlNUDfHTRx6JDEENzLg9mtMKwJeXfUvmLcSm1vjwZANfdoHrmZsTMdxt0/s320/Felipe_Gonzalez_conversa_Nicolas_Redondo_Moncloa.jpeg" border="0" /></a><br /><br /><br /><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify">El largo periodo de gobierno del PSOE liderado por Felipe González entre 1982 y 1996 constituye ya una época que ha entrado en la Historia de la España del siglo XX.</div><br /><div align="justify">El proyecto político del PSOE en el poder, por primera vez en solitario, osciló entre el reformismo modernizador y la socialdemocracia. Las primeras legislaturas, gobernadas con amplia mayoría, tuvieron como oponentes a los sindicatos, incluido al sindicato hermano UGT, y los nacionalismos periféricos. Entre 1982 y 1990, la vicepresidencia del gobierno fue desempeñada por Alfonso Guerra, quien, además, dirigía el partido socialista. La superación del golpismo, la articulación definitiva del Estado de las Autonomías, la adhesión a la Comunidad Europea y la confirmación de la pertenencia a la OTAN fueron algunos de los principales logros del período. Tras la huelga general de 1988, promovida por UGT y CC.OO, el gobierno socialista acentuó el perfil socialdemócrata con un incremento del gasto social. Sin embargo, a partir de los años noventa, y sobre todo, durante la última legislatura de 1993-1996, se produjo un creciente deterioro debido a la corrupción y a la cuestión de la política contraterrorista a través del GAL. La campaña de propaganda de la prensa conservadura, junto a la pinza de Izquierda Unida y el refundado Partido Popular, fueron deteriorando los apoyos sociales del PSOE en los medios urbanos, hasta la victoria electoral de los populares, encabezados por José María Aznar, en las elecciones de marzo de 1996.</div><br /><div align="justify"></div><br /><div align="justify"><strong></strong></div><br /><div align="justify"><strong></strong></div><br /><div align="justify"><strong>La primera legislatura socialista</strong></div><br /><div align="justify"><strong></strong></div><br /><div align="justify"></div><br /><div align="justify"></div><br /><div align="justify">En diciembre de 1982, Felipe González formaba el primer gobierno en solitario del PSOE, gracias a la obtencion de una abrumadora mayoría absoluta. González había nacido en 1942, participando en la protesta estudiantil, el obrerismo católico y el asesoramiento laboral a los trabajadores sevillanos. En 1969 entró en la dirección de las organizaciones socialistas, accediendo a la secretaría en 1974, desde un discurso ideológico radical que, enseguida, aemperó con un regeneracionismo y un patriotismo español inspirado en figuras republicanas como la de Azaña más que en los líderes históricos del socialismo.</div><br /><div align="justify">El equipo de gobierno de González estaba compuesto por hombres, en su mayor parte universitarios, de la generación antifranquista de 1956-68. Alfonso Guerra accedió a la vicepresidencia del Gobierno, ocupándose, además, de la vida del partido. La presencia de Guerra en el gobierno permitía a apelación a la historia del socialismo español aunque, a menudo, fue acusado de populista. La UGT descartó participar directamente en el Gobierno, ocupando, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, aunque colaboró en la elaboración del programa de gobierno con quien terminó ocupando esta cartera, Joaquín Almunia.</div><br /><div align="justify">Fue aprobada la joranda de 40 horas y la Ley orgánica de Libertad Sindical (LOLS) de 1985 que profundizaba el papel de los sindicatos, ya reconocido parcialmente por el Estatuto de los trabajadadores de 1980, como interlocutores sociales en la empresa y en la administración. Además la LOLS resolvía la cuestión del patrimonio sindical. Sin embargo, la reforma de las pensiones en mayo de 1985 provocó un alejamiento de UGT respecto al Gobierno que culminó con la huelga general de 1988. El gobierno pretendía que los sindicatos mayoritarios UGT y CC.OO, aceptaran la contención salarial, la reconversión industrial y una mayor flexiblidad en la contratación, a cambio de las contrapartidas concedidas en la LOLS.</div><br /><div align="justify">A la cartera de Exteriores accedió el veterano diplomático e intelectual Fernando Morán, que procedía de las filas de Enrique Tierno Galván. Morán no terminó de encajar en el gobierno González, representando una posición ideológica cercana a la corriente Izquierda Socialista del PSOE. Su gestión, muy atacada por los medios de comunicación conservadores, y con problemas en el seno de su propio partido, permitió un acercamiento a Francia y la homologación de España en el mundo occidental a través de la entrada en la CEE.</div><br /><div align="justify">Para Educación fue designado el sociólogo de formación anglosajona, José María Maravall, que había inspirado el retorno de PSOE a una actitud socialdemócrata. Además del crecimiento del gasto público en educación, su gestión tuvo como principales iniciativas la regulación de la enseñanza privada concertada, en su mayoría con la Iglesia, y la Ley de Reforma Universitaria.</div><br /><div align="justify">Para el area de la política económica fueron designados los socialdemócratas Migel Boyer (Economía, Hacienda y Comercio) y Carlos Solchaga (Industria y Energía). Boyer era un técnico procedente del Banco de España con una sólida formación intelectual. Aunque había defendido posiciones marxistas durante los años sesenta, desde su militancia en la ASU y las Juventudes Socialistas, había sido uno de los impulsores del ajuste ideológico del partido durante la transición.</div><br /><div align="justify">En 1982 la economía española se encontraba en su momento más bajo desde los años setenta. La tasa de paro afectaba al 16, 5 % de la población activa, la inflación había descendido pero todavía era del 14% y el déficit público alcanzaba la crifra del 5,6 % del PIB. Además era necesaria la reconversión de la industria pesada, aplazada por el clima social de la transición aunque el gobierno de Calvo-Sotelo había abordado parcialmente el problema en 1981. Los ajustes económicos (devaluación de la peseta, reconversión, reducción del déficit...), alejados del intervencionismo público keynesiano y sin tener en cuenta a los sindicatos y a la patronal, permitieron una cierta salida de la crisis económica desde 1985.</div><br /><div align="justify">Para la cartera de Defensa fue nombrado Narcís Serra. El político catalán procedía del radical Frente Obrero de Cataluña y del Partido Socialista de Cataluña. Entre 1979 y 1982, con los primeros ayuntamientos democráticos, había realizado una excelente gestión en Barcelona. Con una serie de gestos hacia los militares, González y Serra lograron progresivamente enfriar la tensión existente en los cuarteles, neutralizando la amenaza golpista. </div><br /><div align="justify">Las reformas militares de los gobiernos de UCD no habían conseguido la plena inserción de los militares al orden constitucional, es decir, la subordinación de los mandos militares al gobierno, al poder político. En 1984, Serra impulsó la reforma de la Ley orgánica de 1980, logrando poner fin a la autonomía del Ejército. La nueva Ley reformaba la Junta de Jefes del Estado Mayor y precisaba el papel del rey como jefe de las fuerzas armadas. En todo caso, el nuevo papel del Ejército en el marco de la OTAN alejaba la amenaza golpista. </div><br /><div align="justify">Para el ministerio de Interior fue nombrado José Barrionuevo, que había sido concejal en Madrid y procedía de medios carlistas y neosocialistas de USO. Barrionuevo no procedió a una purga de los cuerpos de seguridad del Estado que provenían de la transición y, en último término, del franquismo. La política de seguridad fue, por tanto, una continuación de la desarrollada por UCD. Esta continudad estuvo provocado, en gran medida, por la virulencia de la ofensiva terrorista de ETA. Para los gobiernos civiles Barrionuevo improvisó unos nombramientos como los de Roldán, Elgorriaga y Sancristóbal, condenados posteriormente por la Justicia, los dos últimos por la guerra sucia del GAL contra el terrorismo. Barrionuevo, además, continuó la política de reinserción de etarras iniciada por Rosón, ministro de UCD, e hizo aprobar una discutible Ley orgánica antiterrorista en diciembre de 1984. Las negociaciones políticas para el fin del terrorismo etarra terminaron fracasando pero el Gobierno consiguió la colaboración de Mitterrand para la desarticulación del llamado "santuario francés".</div><br /><div align="justify">Puede decirse que la transición en el ámbito de la política exterior no culminó hasta bien avanzada la década de los ochenta pues, si bien las negociaciones con Europa habían avanzado en la época de Suárez y el gobierno de Calvo-Sotelo había decidido la integración en la OTAN por mayoría parlamentaria simple, la solución de ambos aspectos esenciales de la inserción de España en el mundo occidental no culminó hasta 1986. Además en 1988 fueron revisados los acuerdos con Estados Unidos establecidos en 1953 y actualizados mediante el Tratado de 1976.</div><br /><div align="justify">La cuestión del ingreso de España en la OTAN había planeado sobre la vida política durante toda la transición, pues ya se incluyó en la declaración programática del primer gobierno de UCD. El acceso de Leopoldo Calvo-Sotelo a la presidencia del gobierno en febrero de 1981, tras el golpe militar, dio prioridad a la política de seguridad y defensa. El ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, había declarado el propósito del gobierno de entrar en la OTAN y los Congresos de UCD en 1978 y 1980 habían asumido ese compromiso. Pese a la fuerte crítica de la izquierda parlamentaria y la creación de un movimiento social pacifista y neutralista, que logró modificar la actitud de la opinión pública, Calvo-Sotelo tuvo la firmeza suficiente para proceder a la adhesión a la OTAN de forma rápida e imprecisa, es decir, sin concretar condiciones ni negociar la cuestión de Gibraltar, la cobertura de la Alianza hacia Ceuta y Melilla y las bases de Estados Unidos. Aunque el gobierno de UCD tuvo en cuenta estos aspectos de la política de seguridad y exterior, las Cortes únicamente aprobaron en octubre de 1981 una exigencia para que no se almacenaran armas nucleares en territorio español.</div><br /><div align="justify">El PSOE, europeísta y, en menor medida, atlantista, durante la etapa del exilio y de la clandestinidad, había asumido posiciones neutralistas durante los primeros años setenta. A juicio de los socialistas el ingreso en la OTAN en un periodo de guerra fría desestabilzaría el equilibrio entre los bloques militares. En un momento de crisis de UCD, los socialistas decidieron impulsar un movimiento pacifista con el lema "OTAN, de entrada, no". La exigencia del PSOE de un referéndum previo a la entrada fue derrotada en el Congreso por 172 votos contra 144. A partir de ese momento González se comprometió a organizar una consulta popular cuando estuviese en el poder. </div><br /><div align="justify">Una vez recibida la invitación de la Alianza y completada la rafificación del ingreso de España por los estados miembros, el acta de adhesión fue depositada en Washington el 30 de mayo de 1982.</div><br /><div align="justify">La primera medida del gobierno del PSOE fue la no integración en la estructura militar de la OTAN, ratificándose en la necesidad de un referéndum para resolver la cuestión. Felipe González pronto decidió apoyar el despliegue de los euromisiles en Alemania al encontrarse con que la mayor parte de las potencias europeas asociaabn el ingreso en la CEE con una plena vinculación al mundo occidental a través de la permanencia en la OTAN. Esta percepción condujo a que González terminara identificando ambas opciones internacionales a finales de 1984. En efecto, el Decálogo del PSOE sobre cuestiones de seguridad enlazaba la pertenencia a la OTAN y a la CEE, proponiendo la no integración en la estructura militar, la ausencia de armas nucleares y la reducción de las bases militares. La posición de González no contaba con el apoyo de la totalidad del gobierno y del PSOE. Tanto el vicepresidente Alfonso Guerra como, sobre todo, el ministro de Exteriores, Fernando Morán, discrepaban de la "conversión" o ajuste ideológico socialista hacia el occidentalismo.</div><br /><div align="justify">Al mismo tiempo se produjo un sustancial avance de la integración en la Comunidad Europea. Las conversaciones bilaterales para el ingreso más difíciles se dieron con Francia. Finalmente, en junio de 1985 se alcanzaba el acuerdo que se hizo efectivo en enero de 1986. Por entonces, el porcentaje del comercio exterior español hacia la Europa comunitaria era del 60%. La dimensión política de la entrada en la CEE se concretó mediante la adjudicación de dos comisarías en la Comisión Europea y 60 eurodiputados en el Parlamento Europeo. Tras la adhesión, el presidente del gobierno sustituyó a Morán por el antiguo socialdemócrata, ministro de Hacienda y Justicia con UCD, Francisco Fernández Ordóñez.</div><br /><div align="justify">El 12 de marzo de 1986 se celebró el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. Con una participación de sólo el 60% del censo, debido a la llamada a la abstención de los populares, el voto favorable a la permanencia en la Alianza Atlántica obtuvo únicamente el 52% mientras el 4o% votaba en contra. </div><br /><div align="justify">Se puede decir, por tanto, que apenas un tercio de los españoles con derecho al voto ratificaron la permanencia de España en la OTAN debido, sin duda, a la existencia de una persistente cultura política o conciencia histórica pacifista y antiyanki que anclaba sus raíces en las guerras coloniales y civiles de la España contemporánea y, más recientemente, en la ayuda norteamericana al franquismo. De todas maneras, la campaña del referéndum resultó muy confusa pues la dirección del PSOE tuvo que emplearse a fondo para convencer a sus militantes y votantes sobre el cambio de posición mientras que la conservadora Alianza Popular propugnaba la abstención. Sin embargo, la nueva coalición Izquierda Unida, impulsada por el PCE, no lograría capitalizar el movimiento pacificista con resultados electorales apreciables.</div><br /><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><br /><div align="justify"><span style="color:#6600cc;">Lectura de ampliación: Álvaro Soto (ed.), <em>La primera legislatura socialista, Historia del Presente, 8, </em>Madrid, 2006.</span></div></div>CIHCEhttp://www.blogger.com/profile/11041203763649640990noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5295506642862714407.post-42929720177289252242008-03-16T01:32:00.000-07:002008-06-03T06:09:29.610-07:00España actualLa <strong>historia contemporánea de España</strong> del siglo XX no tiene todavía una fecha final clara. Puede ser que el atentado islamista de 2004 termine sirviendo para delimitar el arranque del Siglo XXI.<br />En todo caso, el periodo 1996-2008 constituye, sin duda, una <strong>historia inmediata</strong> de España.<br /><br /><br /><br /><a id="mws4522474" href="http://webstats.motigo.com/"><br /><img width="18" height="18" border="0" alt="Free counter and web stats" src="http://m1.webstats.motigo.com/n.gif?id=AEUB6gTPM7FFIgVBSP/5CWCkC7PA" /></a><br /><script type="text/javascript" src="http://m1.webstats.motigo.com/c.js?id=4522474"></script>CIHCEhttp://www.blogger.com/profile/11041203763649640990noreply@blogger.com0