domingo, 16 de marzo de 2008

EL SIGLO XX: La Dictadura de Primo de Rivera




Alfonso XIII en Jarandilla
Fabra, Saborit y Largo Caballero 1928
El pronunciamiento de Miguel Primo de Rivera en septiembre de 1923 puso fin a la España liberal del siglo XIX, al largo siglo XIX español, abriendo un ciclo de Dictaduras y democracias que caracterizará al Siglo XX.
La pretensión del Directorio Civil de elaborar una nueva Constitución corporativa a través de la convocatoria de una Asamblea Nacional consultiva rompía con la tradición liberal de la monarquía constitucional.

La incapacidad del sistema político de la Restauración para democratizarse, y la desastrosa campaña en el protectorado de Marruecos, más que la amenaza de una revolución, fue lo que motivó el pronunciamiento "regeneracionista" de Primo de Rivera, con el consentimiento de Alfonso XIII.







El debate sobre la participación en la Asamblea Nacional



Inicialmente, la mayoría de las organizaciones socialistas aceptaron la ocupación de cargos técnicos o de representación siempre que pudieran designar directamente a sus representantes. No obstante, Prieto y algunas federaciones como la vasco-navarra y la castellana se opusieron a esta decisión. Este debate adquirió nuevas dimensiones entre 1926 y 1929 con motivo del proyecto de una nueva Asamblea Nacional que elaboró el Directorio Civil. En el verano de 1926 los Comités Nacionales abordaron por primera vez la cuestión de una asamblea consultiva de carácter corporativo. Besteiro propuso la convocatoria de un Congreso extraordinario, mostrándose partidario de la aceptación de los puestos en la Asamblea, mientras que Largo Caballero defendió el restablecimiento de las garantías constitucionales. Por el contrario, Prieto, aunque había dimitido de los puestos de dirección nacionales, intentó influir en la adopción de una postura abstencionista. Posteriormente, en octubre de 1927, Caballero creía que la Asamblea era una institución consultiva por lo que no era anticonstitucional aunque no fuera democrática. Si se designaba como representantes ugetistas a los vocales del Consejo de Trabajo, que había sustituido al Instituto de Reformas Sociales, no habría ningún inconveniente en participar en la Asamblea Nacional. Los Congresos del PSOE y de UGT de 1928 rechazaron la ocupación de cargos salvo cuando estos fueran ofrecidos directamente a las organizaciones para que designaran libremente sus representantes. El debate sobre la Asamblea Naconal se reabrió todavía en el verano de 1929 cuando Primo de Rivera ofreció directamente a UGT cinco puestos de libre designación en un proycto ampliado de Asamblea. Aunque Besteiro manifestó ser partidario de la participación, Largo Caballero y Saborit creían que el ambiente contra la dictadura aconsejaban la abstención. Finalmente, la caída de Primo en enero de 1930 cerró este debate aunque abriría el debate sobre la participación, del partido y del sindicato, en las elecciones generales y municipales que proyectaba el gobierno de Berenguer para restablecer la monarquía constitucional.



Lectura: ¿Colaboración con la Dictadura de Primo de Rivera?

La generalidad de la historiografía considera que las organizaciones socialistas obtuvieron un trato de benevolencia por el dictador Primo de Rivera. La UGT obtuvo la principal representación obrera en organismos técnicos y corporativos, ocupando algunos puestos de representación política en los nuevos ayuntamientos. Sin embargo, como señala Martín Ramos, la aceptación de cargos por socialistas y ugetistas no se puede calificar de "sumisión" ni de convalidación del régimen de excepción establecido por el dictador. En todo caso, la oposición a la Dictadura se hizo más activa a partir del establecimiento del Directorio civil y, sobre todo, a partir del rechazo a la participación en la Asamblea Nacional consultiva desde 1928.
Saborit, con crecientes responsabilidades en las organizaciones, sobre todo en el PSOE, donde desempañaba la secretaria, con un enfermo Pablo Iglesias de presidente, mantuvo una actitud muy prudente. Aunque dejó su puesto de concejal en el Ayuntamiento de Madrid y de diputado nacional, al quedar en suspenso la Constitución de 1876, Saborit no se opuso a mantener la participación socialista en la administración y en las instituciones políticas. Para el secretario del PSOE había poca diferencia entre la monarquía de la Restauración borbónica, nacida de un pronunciamiento de Martinez Campos en Sagunto, que bajo la apariencia de normalidad constitucional perseguía a las organizaciones obreras y limitaba a menudo las libertades, y un directorio militar con Alfonso XIII.
Además de los puestos directivos en las organizaciones socialistas, Saborit continuó yendo como delegado de la representación obrera a las conferencias anuales de la Organización Internacional del Trabajo hasta 1925. Por otro lado, Largo Caballero y Saborit, en nombre de la Unión General de Trabajadores, pertenecieron a la Comisión Interina de Corporaciones que funcionaba en el Ministerio del Trabajo, bajo la presidencia del general Mayendía. Fueron suplentes de ellos Trifón Gómez y Manuel Cordero. Con la autoridad que les daba pertenecer a ese organismo oficial, los gobernadores civiles estaban obligados a permitir la celebración de los actos de propaganda que organizaban con el pretexto de los Comités Paritarios. Una de esas campañas de divulgación de los ideales socialistas Saborit la realizó en el País Vasco.
La definición inicial de las organizaciones socialistas ante el pronuciamiento de Primo de Rivera en septiembre de 1923 fue de cierta pasividad. Solamente en Vizcaya hubo una huelga general de un día. La dirección del PSOE se dirigió sin éxito a Melquiades Álvarez, presidente del Congreso de los Diputados, reclamando alguna acción de respuesta ante el pronunciamiento.
La participación institucional de UGT empezó a definirse tras una visita del líder de los mineros asturianos, Manuel Llaneza, a un ministro, a la que sumó por sorpresa el dictador.
En marzo de 1924 los socialistas tuvieron que adoptar una posición ante la promulgación de un nuevo Estatuto municipal. En reunión conjunta de los comités nacionales del PSOE y de UGT, Largo Caballero impuso el criterio de
"ir a la lucha con la nueva disposición, pues de no hacerlo así se impondrían sanciones a la organización (...) Nos beneficia porque lleva al ejercicio de la acción política a las fuerzas de la UGT".
En esta declaración estaba ya presente la idea de aprovechar las nuevas circunstancias políticas para el reforzamiento de las organizaciones pero, también, de una acción política directa del sindicato, quizá influida por la victoria laborista en Inglaterra. Para ello, en diciembre de 1924 el Comité nacional decidió crear una comisión mixta central del partido y del sindicato, presidida por Besteiro, con Largo Caballero de secretario, y Saborit de vocal, junto a Lucio Martínez (vicesecretario), Manuel Cordero y Fernández Quer. Este proyecto de impulsar un nuevo órgano de dirección central que coordinara la acción política de las dos organizaciones se quedó en nada, debido al rechazo a participación en la Asamblea Nacional que había de elaborar una nueva constitución corporativa.
La representación obrera en el Instituto de Reformas Sociales (IRS) fue trasladada al Consejo de Trabajo que lo reemplazaba. Dado que no hubo una nueva designación de vocales de UGT por el Directorio militar, los representantes siguieron en sus puestos. Esta situación abrió el debate sobre las normas para la aceptación de cargos. Solamente podrían aceptarse aquellos que la organización pudiera designar libremente, así como los de elección popular. Este criterio provocó algunos conflictos con motivo de la designación de concejales corporativos en Madrid, Valladolid y otras ciudades. Saborit se sumó al criterio del representante de Castilla en el Comité Nacional, de que solamente se podrían aceptar puestos corporativos cuando fueran de directa designación por las organizaciones obreras.
Primo de Rivera tuvo la idea de ampliar el Consejo de Estado dando entrada a una representación corporativa. De este modo, un representante obrero del Consejo de Trabajo debía formar parte del Consejo de Estado, por lo que Largo Caballero aceptó el puesto pues antes había sido designado por UGT para formar parte del IRS y la institución que lo sustituía, el Consejo de Trabajo. La aceptación de este puesto provocó una encendida crítica de Indalecio Prieto y de Fernando de los Ríos, dimitiendo el primero de su puesto en la comisión ejecutiva del partido.
El delegado en el Comité Nacional de UGT que sustituyó a Prieto en la representación de País Vasco, Navarra y Santander, el minero socialista Ángel Lacort, se opuso también a la aceptación de cargos corporativos aún cuando los designara directamente la organización. Lógicamente, Lacort se oponía con mayor vigor a la participación en los Consejo de Trabajo y de Estado. Para Saborit, en cambio, "esta clase de puestos no se pueden abandonar por mera forma sino por cuestión de principios", y ese no era el caso. Saborit señaló, además, que la ejecutiva del PSOE no había tenido conocimiento oficial del nombramiento de Largo Caballero, y que la participación en los cargos estaba aún por discutir en el seno del partido. En todo caso, ese debate no debía afectar al puesto que Largo Caballero había ocupado en el Consejo de Estado pues éste se "concedía a la representación obrera del Consejo de Trabajo". Saborit manifestó su criterio de que la ejecutiva de UGT había hecho bien acepando el nombramiento, pues no se podía abrir una consulta entre las secciones por la falta de libertad impuesta por el régimen de excepción. Los delegados del Comité Nacional que representaban a Castilla-León, País Vasco-Navarra-Cantabria y Aragón defendieron que había que haber consultado a las secciones ante un nombramiento de tanta trascendencia. El debate y la incipiente crítica contra la dirección, fueron cortados por Besteiro señalando que la cuestión no era algo fundamental referidos a principios y tácticas.
La discusión sobre la aceptación de cargos lejos de cerrarse habría de adquirir más amplias dimensiones entre 1926 y 1929, con motivo del proyecto de una nueva Asamblea Nacional que proyectó el Directorio Civil de Primo de Rivera.
En los meses de julio y agosto de 1926 se reunieron los comités nacionales del partido y del sindicato, abordando por primera vez la cuestión de la Asamblea Nacional corporativa. Saborit dio lectura de una comunicación de Besteiro que proponía la reunión de un congreso extraordinario si el Comité Nacional acordaba la participación. Caballero señaló que la cuestión ya se había discutido en las reuniones de la comisión ejecutiva, mostrándose partidario, como ya había manifestado en la toma de posesión en el Consejo de Estado, del restablecimiento de las garantías constitucionales. Sin embargo, no consideraba muy oportuna la celebración de un Congreso pues sería inevitable abordar la realidad de la Dictadura y no creía que este debate se pudiera emprender en completa libertad. Saborit terció, proponiendo que el secretario general retirara la propuesta reivindicadora de la normalidad constitucional trasladando la discusión a la comisión ejecutiva pues no era el momento oportuno.
Poco después, Indalecio Prieto elaboró una carta indicando el procedimiento que había que seguirse ante un posible decreto que crease la Asamblea Nacional. La carta fue reproducida y entregada por el delegado del País Vasco en el Comité Nacional, Zacarías Garay (Lacort estaba en prisión), al resto de los miembros del máximo órgano de dirección entre Congresos. El tono del escrito de Prieto, provocó la protesta de Saborit, seguida por la de Manuel Llaneza que la consideró una "intromisión". Por su lado, Caballero no consentía que les llamara traidores y que hubiera personajes "que quieran erigirse en directores espirituales de la Organización". En cambio, Besteiro, que no había podido asistir por enfermedad, enviaba otro escrito manifestando su criterio de que había que aceptar los puestos ofrecidos en la Asamblea Nacional.
A comienzos de noviembre se reunió de nuevo el Comité Nacional, manifestando Saborit que creía que el Congreso sería autorizado. Esperaba que los delegados fueran comedidos para evitar que el Directorio civil de Primo de Rivera lo suspendiera, y que ello supusiera trastornos adicionales para el funcionamiento de la Casa del Pueblo de Madrid.
La posición de Saborit en el debate sobre la participación en la Asamblea Consultiva fue inicialmente favorable. Compartía con Besteiro la idea de una cámara legislativa o consultiva de carácter corporativo y creía que, siempre que las organizaciones socialistas pudieran designar libremente sus representantes, había que participar en las instituciones fueran de carácter técnico o político. Sin embargo, el secretario general del PSOE, al igual que Largo Caballero, captaría el giro del ambiente político ante la Dictadura, virando hacia el retraimiento a partir de 1928.
Todavía en octubre de 1927, Largo Caballero creía que la Asamblea Nacional al ser meramente consultiva no era anticonstitucional aunque no fuera democrática:
"La Organización está obligada a intervenir en todos aquellos organismos en los que se ventilen asuntos que le afecten y debe tener especial cuidado en no cerrarse las puertas del porvenir".
Además, ante una pregunta de Saborit, Caballero consideraba que si los representantes de UGT en la Asamblea Nacional fueran los que ya ocupaban puestos en el Consejo de Trabajo, habría que aceptarlos para evitar que se eliminase al movimiento obrero de otros organismos oficiales, condenándolo al ostracismo. Saborit creía que había que tomar partido pues cualquier gobierno podría convocar una Asamblea legislativa y no sería "licito ni leal decir que eso es un acto anticonstitucional (...), con ese pretexto no podemos negarnos a ir a la Asamblea". Creía que el proyecto del Directorio civil era muy malo pues, además, el Gobierno no sólo había designado a los ugetistas presentes en el Consejo de Trabajo sino que había designado directamente a personalidades socialistas como Manuel Llaneza o Fernando de los Ríos "sin tener en cuenta su representación colectiva". Creía, no obstante, que no era una cuestión de dignidad lo que se ventilaba con la participación y que habría que aceptar los puestos si venía el nombramiento real. De todas maneras, Saborit percibía que el ambiente del país había cambiado pues hasta los sindicatos libres no aceptaban ir a la Asamblea. Concluyó defendiendo la idea de que solamente se debían aceptar puestos si éstos eran ofrecidos en blanco a UGT. Largo Caballero terminó cambiando de opinión aceptando rechazar de manera prudente los puestos ofrecidos aunque todo dependería de la fórmula que, finalmente, utilizara la Dictadura. Saborit insitió en la idea de que se aceptaran los puestos siempre que la UGT pudiera designar libremente a sus representantes o éstos fueran los que ya ocupaban vocalías en el Consejo de Trabajo. Había que evitar cerrar puertas pero creía que negarse a ir a la Asamblea no era un desafío abierto al Gobierno.
El debate sobre la participación en la Asamblea consultiva se trasladó a tres propuestas diferentes de declaración. El texto de Lacort (que representaba la postura de Prieto) reclamaba el retorno a la normalidad constitucional, a lo que Saborit propuso una fórmula más suave que declarara el deseo de que España tuviera una "vida civil y constitucional". Besteiro creía que esa enmienda podría producir confusión pues los socialistas no podían estar de acuerdo con la Constitución de 1876 y lo que procedía era reclamar una nueva. El representante vasco-navarro replicó que él prefería esa Constitución a la Dictadura pero su propuesta fue rechazada por 24 votos contra 3. Saborit se sumó a la posición política propuesta por Trifón Gómez que fue la que terminó triunfando, frente a otra de Largo Caballero que fue rechazada. Esto significó que las organizaciones socialistas no modificaban su actitud ante la Dictadura, de momento, a la espera de lo que decidiera un Congreso.
El XII Congreso del PSOE se reunió entre los días 21 de junio y 4 de julio de 1928. Como secretario del partido, Saborit elaboró una extensa y detallada memoria de la gestión de los órganos directivos desde 1921. Saborit tuvo que defender la gestión de la Ejecutiva y de El Socialista. Las principales criticas procedieron de Teodomiro Menéndenz, diputado del PSOE por Oviedo hasta el pronunciamiento de 1923, y de Indalecio Prieto. Para Menéndez, las páginas del diario no criticaban suficientemente a la Dictadura. Creía que no se podía justificar esa falta de oposición por la censura. Aunque hubiese sido prudente preservar la continuidad del sindicato UGT, Menéndez consideraba que el PSOE debía haberse opuesto con más vigor pues hasta 1923 la presión del partido exigiendo responsabilidades por la guerra de Marruecos había conseguido que la "vieja política" empezara a cambiar.
La autoridad gubernativa presente en el Congreso llamó al orden cuando Menéndez aludió a Primo de Rivera calificándolo de "asaltador del derecho y de la ley". Teodomiro despreció la llamada al orden por lo que Saborit se vio obligado a pedirle que evitara que por "cuestiones accidentales el Congreso fracasara".
"¿Es una política de colaboración la aceptación en determinadas condiciones de puestos representativos?", se preguntó el secretario del PSOE, afirmando que la posibilidad de elegir diputados en el viejo régimen no significaba colaboración con la Monarquía. A juicio de Saborit, esos puestos representativos en el pasado o en el presente no eliminaban la postura de oposición socialista a los gobiernos constitucionales y al Directorio. Además, como socialistas, no habia que "encerrar las ideas en un estrecho límite político liberal burgués".
Prieto recriminó a Saborit porque la memoria no recogía sus cartas donde criticaba la postura de la dirección socialista ante la Dictadura, y tras la asunción por Largo Caballero de un puesto en el Consejo de Estado, su dimisión como vocal de la Ejecutiva. Prieto concluyó su discurso con un guiño sentimental, aludiendo a un discurso contra el fascismo italiano:
"No se va hacia la justicia a costa de la libertad. Allí donde no hay libertad, la verdadera, la plena, la libertad latente, no podrá haber pensamiento fecundo"
Saborit reconoció cordialmente su error, demostrando un gran respeto político y admiración personal hacia Don Inda. Respecto a la moderación de El Socialista, Saborit se justificó con la censura gubernativa pero, también, reconoció que se sometían a una especie de autocensura para evitar males mayores. Como era habitual en Saborit, terminó apelando a la unidad, la prudencia y la concordia:
"Lo único que hace falta es medir bien el terreno para no dar pasos en falso, para no quebrantar nuestra fuerza, para dar esa unidad de vigor (...) que será mañana una solución para la política del país en que el Partido Socialista tenga la influencia que legítimante merece".
El debate sobre la participación en la Asamblea nacional corporativa se reabrió todavía en el verano de 1929 cuando la Dictadura ofreció directamente a UGT cinco puestos para una Asamblea ampliada, cumpliendo las exigencias de los socialistas en los Congresos de 1927 y 1928. El presidente del PSOE y de UGT, Julián Besteiro, expresó por escrito su postura favorable pues la abstención era una táctica errónea "que ha producido siempre resultados fatales para la democracia". Besteiro consideraba que el retraimiento era un apoyo indirecto a la tambaleante Dictadura y aún a la Monarquía:
"Y digo que no hay mayor colaboración con la dictadura ni mayor participación en sus responsabilidades que la que pudiera resultar de la adopción del criterio abstencionista. La dictadura es una ficción política que pretende salvar de un peligro inminente a otra ficción política aún mayor: la monarquía restaurada".
Largo Caballero propuso una resolución contraria a la participación, apelando a los acuerdos del Congreso extraordinario de octubre de 1927. Saborit se sumó al criterio del secretario de UGT pues el proyecto de Constitución ya estaba elaborado y no había verdadera posibilidad de influir para su modificación. Lo contrario "sería rendirnos políticamente ante el país sin mérito alguno".
Tras la caída de Primo de Rivera en enero de 1930, Saborit recuperó su puesto en el Ayuntamiento de Madrid, realizando una abierta crítica contra la monarquía. Enseguida el nuevo gobierno del general Berenguer trató de restablecer la normalidad constitucional, para consolidar la corona amenazada de Alfonso XIII, con la preparación de elecciones municipales y generales. Dada la fortaleza organizativa de UGT frente a la debilidad territorial de las Agrupaciones Socialistas, se abrió un debate sobre la directa participación del sindicato en las listas electorales. La ejecutiva de UGT, liderada por Largo Caballero, propuso que el sindicato acentuara su acción política presentando directamente candidatos a diputados y concejales, aunque se habría de poner de acuerdo con el partido donde hubiera agrupaciones. Besteiro y Trifón Gómez se opusieron a una implicación electoral directa de UGT. Por su lado, Saborit coincidió con la postura de Largo Caballero que era, en definitiva, la de la mayoría de la Ejecutiva. Saborit veía difícil deslindar los campos del sindicato y del partido, pues cuando hacía propaganda esta tenía una significación socialista. Además, tras la huelga revolucionaria de 1917, el sindicato había reformado la declaración de principios en un sentido explícitamente socialista y pedido el voto en 1918 a favor de los candidatos contrarios a la Monarquía. Recordó que en esas elecciones habían sido elegidos muchos candidatos obreristas sin estar bajo la disciplina directa de las organizaciones, temiendo que esa situación se repitiera ahora. No veía problema en hacer una especie de ensayo general electoral con la presentación de candidatos de UGT. Por tanto, había que apoyar unánimemente la propuesta de la Ejecutiva, evitando forcejeos que limitaran su eficacia y enfriaran los entusiasmos. Sin embargo, todavía se impuso ampliamente el criterio del sucesor de Pablo Iglesias, el profesor Julián Besteiro, siendo desechada la directa participación electoral del sindicato por 23 votos contra 14 y 4 abstenciones.
De esta manera se ponía fin a la "tentación laborista" que había padecido las organizaciones socialistas españolas a lo largo de los años veinte, influida por las experiencias gubernamentales inglesa y, en menor medida, por la revolución mexicana, donde el sindicato y su minúsculo partido laborista había entrado en los gobiernos de los generales Obregón y Calles.
En efecto, durante la segunda mitad de los años veinte, además de la simpatía hacia la acción de gobierno laborista en Gran Bretaña, también se vio con expectación la institucionalización de la revolución mexicana. En calidad de secretario (algunas veces firmó como secretario general) del PSOE, Saborit agradeció el pésame del presidente de la Cámara de Diputados mexicanos por la muerte de Pablo Iglesias. La Cámara decretó, además, unos días de luto oficial.
La relación de los socialistas españoles con las autoridades del gobierno revolucionario mexicano y los diversos partidos socialistas y sindicatos, anteriores a la creación en 1929 del Partido Nacional Revolucionario, fue de gran simpatía a pesar de la dificultad de las relaciones por la lejanía. Largo Caballero fue invitado en varias ocasiones a realizar una gira por México a través del sindicalista americano, Irving Brown. Sin embargo, este viaje no tenía un carácter oficial y Largo Caballero prefirió esperar a la organización de una misión de la Federación Sindical Internacional. Esta misión de la Internacional no llegó a realizarse en 1923-1924, como había sido previsto. Más adelante, Largo Caballero fue invitado por los sindicalistas mexicanos, encabezados por Morones que había accedido a la Secretaría de Trabajo, a una gira de propaganda. Sin embargo, el secretario general de UGT prefería ponerse de acuerdo con la Internacional para evitar los disgustos que había causado una gira independiente de los sindicatos alemanes. Un español emigrante, José de la Mancera, había recomendado a UGT que asistiera a la Conferencia Panamericana que se iba a celebrar en Panamá en 1926. Por su lado, el dirigente socialista español, Andrés Ovejero, propuso en el Comité Nacional de febrero de 1926, que se aprovechara la proyectada Exposición Iberoamericana de Sevilla para organizar un Congreso obrero internacional. De nuevo en 1927 insistió Brown para el viaje de Caballero a México pero el Comité Nacional reiteró la excusa de la carencia de no ser una misión de la Internacional, aunque Saborit hizo aprobar una declaración oficial de "simpatía por la actuación del gobierno mexicano".
En El Socialista fueron recogidos los avatares de la revolución mexicana con gran interés durante los años de la dictadura de Primo de Rivera, pues era una forma indirecta de criticar el clericalismo y el régimen del Directorio Civil. Saborit, que ejercía la dirección del Diario, requirió diversas colaboraciones de Julián Zugazagoitia, Luis Araquistain, Fabra Ribas o Fernando de los Ríos sobre la realidad mexicana. Precisamente, De los Ríos impartió ciclos de conferencias en la ciudad de México y Morelia.
Otra de las dimensiones del interés de Saborit fue la situación de los emigrantes españoles. La UGT ya participaba en el Consejo Superior de la Emigración pero Saborit propuso al Comité Nacional que el sindicato participara en un organismo supranacional. Para ello habría que utilizar la excelente relación que se mantenía con Jouhaux de la Confederación General del Trabajo francesa, proponiendo que los emigrantes españoles se afiliaran a este sindicato.
Otro aspecto de la cuestión de la emigración eran las leyes de trabajo y nacionalidad que países como Cuba o México estaban promoviendo en esos años finales de la década de los veinte. El gobierno mexicano preparaba una ley de Trabajo que reducía en un 20% el número de obreros españoles que podían trabajar en un determinado sector. La ejecutiva de UGT se dirigió a Luis Morones, de la Confederación Regional Obrera Mexicana y secretario de Trabajo e Industria, y a Manuel Pérez Treviño, quien sería el primer presidente del partido oficial mexicano, pidiendo que no se aplicara esa reducción que afectaba a los emigrantes españoles, sobre todo en sectores como la alimentación, el textil y la agricultura.
Abdón Mateos, Andrés Saborit. Líderes y militantes socialistas, Madrid, P. Iglesias, 2008.
Comentario de texto:


A las Secciones de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista Obrero
La Sección primera de la Asamblea Nacional ha aprobado un antepro­yecto de Constitución de la monarquía española, que será sometido opor­tunamente, según anuncios del Gobierno, a un plebiscito del país.
Aunque la actitud política del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores frente al Estado español es bien conocida de to­dos, por constar en acuerdos tomados pública y reiteradamente en sus Congresos generales y en el propio programa específico del Partido Socialista, queremos aprovechar la coyuntura que ahora nos ofrece el antepro­yecto de Constitución para fijar, una vez más, nuestro diáfano criterio sin veladuras ni anfibologías, y sin perjuicio de que, en el momento adecuado, analicemos artículo por artículo este flamante proyecto de digesto constitucional y le contrapongamos la Constitución que deseamos para España y que, en nuestro entender, desea la España que trabaja y piensa. Hoy queremos limitarnos a clasificar en globo el anteproyecto, dentro de la concepción que nosotros, como obreros y socialistas, nos hemos formado de la historia de España, y de las clases sociales que en ella luchan por el dominio político.
Con el anteproyecto de Constitución se intenta cerrar el ciclo histórico que comienza en las Cortes de Cádiz de 1812, interrumpiendo el sistema de monarquía absoluta que Carlos V instaura en España a su advenimiento al trono y la consolida en 1521 con la derrota de los co­muneros, defensores de los fueros, de las ciudades y de la naciente burguesía española. Mientras el Estado tiende a democratizarse en casi toda Europa, transformándose en monarquía parlamentaria en Ingla­terra después de la revolución de 1649, y en república burguesa en Francia después de 1789, en España, al contrario, el Estado destruye todos los elementos populares que limitaban el poder de los monarcas medievales y adopta con los Austrias y Borbones una estructura de absolutismo oriental. (...)
Cuando el Parlamento se disponía a deshacer la simulación constitu­cional en que había vivido durante casi medio siglo, venciendo las ser­viles resistencias de los partidos monárquicos, fue la propia autocracia la que, adelantándose, se quitó el antifaz constitucionalista. Quedaba instaurada abiertamente la dictadura. Ahora se quiere legitimizar con una Constitución elaborada por una Asamblea de real orden, y mediante un plebiscito que, por la extensión y heterogeneidad del proyecto y de las anejas leyes orgánicas y sin plena libertad de tribuna y de prensa para discutirlas, ni garantía de que ha de ser respetada la voluntad popular, tiene que ser forzosamente una nueva ficción jurídica. Nosotros rechazamos terminantemente el anteproyecto de Constitución por su origen antidemocrático y por el falso plebiscito con que se trata de darle una apa­riencia de sanción popular.
Lo rechazamos también, como obreros socialistas republicanos, porque si la Constitución de 1876 fue una máscara del absolutismo, arrojada en 1923, este anteproyecto ni siquiera vuelve a ser una máscara, sino una mueca de desdén para las esperanzas de democracia y liberalismo que el pueblo español, y muy señaladamente la clase obrera que nosotros representamos, había puesto en la evolución del Estado, como medio conducente al desenvolvimiento político de la nación y a una transformación más justa de la sociedad. El anteproyecto y las leyes accesorias, que permiten al Gobierno anular arbitrariamente en cualquier momento las escasas liberta­des individuales y políticas que se instituyen en la Constitución, supe­rando en esta obra de duplicidad a la misma Constitución de 1876, modelo en el arte picaresco de quitar con una mano lo que se da con la otra, no sólo confirman, sin equívocos ni tapujos, la monarquía absoluta, sino que cierran toda posibilidad de modificación constitucional y desarrollo de­mocrático del país dentro de la ley.
La proyectada Constitución es como una pirámide. La ancha base está representada por el rey, que sostiene todos los demás poderes y puede anularlos en cualquier instante. Es decir: el único poder efectivo es el suyo. El rey nombra y separa libremente los ministros y puede agre­gar al Gobierno ministros sin cartera. El rey convoca, disuelve, sus­pende y cierra las Cortes bajo la responsabilidad teórica del Gobierno que él mismo nombra. El rey nombra treinta diputados vitalicios. El rey completa el número de consejeros del reino hasta la mitad del total, nombrándolos con carácter vitalicio. El rey dirige las relaciones diplomáticas y comerciales; puede declarar la guerra y hacer ratificar la paz, previa consulta al Consejo del Reino, pero sin necesidad de su aprobación; ejerce el mando supremo del ejército y la armada, y dispone de las fuerzas de mar, tierra y aire, etcétera.
El rey y las Cortes tendrán la iniciativa de las leyes, pero exceptuando las referentes a política exterior y concordatoria, defensa na­cional o reforma constitucional, y las que impliquen rebajas de las contribuciones o aumento de los gastos públicos, que serán de exclusiva iniciativa del rey con su Gobierno, responsable en teoría. En rigor, todas las leyes escapan, a la postre, al dominio de las Cortes, pues el Consejo del Reino puede disolverlas para nueva deliberación siempre que quiera y, en última instancia, ‘el texto definitivamente aprobado por las Cortes se someterá a la sanción del rey, quien podrá concederla o negar­la, consultando o no nuevamente al Consejo del Reino’. De este modo, de hecho, tanto las Cortes como el Consejo del Reino y el Gobierno se redu­cen a simples cuerpos consultivos o asesores del rey, que en realidad asume plenamente los poderes legislativo y ejecutivo.
A la nación se le otorga la facultad de elegir directamente o por colegios profesionales –originalísimo sistema de representación popular, hasta ahora inédito en la historia universal de las legislaciones, que aquí sería prolijo discutir en detalle– los diputados y consejeros del reino fuera de los que nombra el rey, y, de estos últimos, los que lo so por derecho propio; pero es una facultad completamente platónica como Poder legislativo si el rey quiere oponerse a sus actividades. Es un de­recho imaginario, sin realidad política, perfectamente inútil. Jamás se ideó un sistema de absolutismo tan complicado y tan innecesario. Si se quiere intentar una nueva ficción, ¿a quién puede engañar? Si se trata, como está a la vista, de ejercer sin trabas el poder personal, ¿para qué tantas leyes y tantos organismos encubridores? Si se busca un sis­tema de irresponsabilidad, escudándose tras los ministros responsables y tras la fantasmagoría de unas Cortes y un Consejo del Reino, o dóciles o impotentes frente a la monarquía autocrática, es seguro que para eso es ya tarde hasta en España. Porque conviene que no se hagan ilusione los inspiradores, autores y valedores del anteproyecto de Constitución, tal vez envalentonados por la calma externa de estos seis años de dic­tadura. Cierto que en ella viven, como en su propio elemento, las vie­jas oligarquías del absolutismo y algunas de cuño reciente: la iglesia la aristocracia histórica, el ejército, la pequeña burguesía, postergada por el régimen anterior; la gran burguesía industrial y financiera, ávida de monopolios y de negocios secretos; los tránsfugas y segundones de los antiguos partidos. (...)
Nosotros aspiramos, para realizar nuestros fines, a un Estado repu­blicano de libertad y democracia donde podamos alcanzar la plenitud del poder político que corresponde a nuestro creciente poder social. Quere­mos ser una clase directora en los destinos nacionales, y para eso nece­sitamos de condiciones políticas que nos permitan llegar democráticamen­te, si ello es posible, a cumplir esa misión histórica. Pero el ante­proyecto de Constitución nos cierra todos los caminos de la ley, porque toda la ley democrática, si ese Código prospera, se estrellará en la muralla del incontrastable poder real, cuando no convenga a sus privile­gios o a los de sus asociadas, las oligarquías dominantes. Por esto lo combatiremos con toda energía mientras sea. anteproyecto y después, si, para desgracia de España, llega a ser proyecto constitucional. Y si, a pesar de todo, acaba usurpando el título de ley fundamental de la nación en vez de titularse ley muralla de un absolutismo asiático, ni el Parti­do Socialista ni la Unión General de Trabajadores serán responsables de la inadmisible situación de incapacidad política en que se los colo­ca ni de las circunstancias especiales que forzosamente han de crearse para entrar, por todos los medios, en la ciudadela amurallada del Esta­do absoluto. Esta es nuestra opinión, y por la parte que nos corres­ponde, a ella ajustaremos nuestra conducta.

Por la Unión General de Trabajadores de España, Francisco Largo Caballero, secretario. Por el Partido Socialista Obrero Español, Andrés Saborit, secretario. Julián Besteiro, presidente de los dos organismos”.- Madrid, 13 de agosto de 1929.”
Comentario guiado, preguntas:
1. El proyecto corporativo de Constitución
2. ¿Colaboración con la dictadura de Primo de Rivera?
3. Los socialistas y la forma de régimen hasta 1931
Lectura de ampliación: Eduardo González Calleja, La dictadura de Primo de Rivera, Madrid, Alianza, 2006.

1 comentario:

filomeno2006 dijo...

¿Época de Orden Público y Prosperidad Económica ?