EL SIGLO XX: La Dictadura de Primo de Rivera

Alfonso XIII en Jarandilla

Fabra, Saborit y Largo Caballero 1928

El pronunciamiento de Miguel Primo de Rivera en septiembre de 1923 puso fin a la España liberal del siglo XIX, al largo siglo XIX español, abriendo un ciclo de Dictaduras y democracias que caracterizará al Siglo XX.
La pretensión del Directorio Civil de elaborar una nueva Constitución corporativa a través de la convocatoria de una Asamblea Nacional consultiva rompía con la tradición liberal de la monarquía constitucional.

La incapacidad del sistema político de la Restauración para democratizarse, y la desastrosa campaña en el protectorado de Marruecos, más que la amenaza de una revolución, fue lo que motivó el pronunciamiento "regeneracionista" de Primo de Rivera, con el consentimiento de Alfonso XIII.

El debate sobre la participación en la Asamblea Nacional

Inicialmente, la mayoría de las organizaciones socialistas aceptaron la ocupación de cargos técnicos o de representación siempre que pudieran designar directamente a sus representantes. No obstante, Prieto y algunas federaciones como la vasco-navarra y la castellana se opusieron a esta decisión. Este debate adquirió nuevas dimensiones entre 1926 y 1929 con motivo del proyecto de una nueva Asamblea Nacional que elaboró el Directorio Civil. En el verano de 1926 los Comités Nacionales abordaron por primera vez la cuestión de una asamblea consultiva de carácter corporativo. Besteiro propuso la convocatoria de un Congreso extraordinario, mostrándose partidario de la aceptación de los puestos en la Asamblea, mientras que Largo Caballero defendió el restablecimiento de las garantías constitucionales. Por el contrario, Prieto, aunque había dimitido de los puestos de dirección nacionales, intentó influir en la adopción de una postura abstencionista. Posteriormente, en octubre de 1927, Caballero creía que la Asamblea era una institución consultiva por lo que no era anticonstitucional aunque no fuera democrática. Si se designaba como representantes ugetistas a los vocales del Consejo de Trabajo, que había sustituido al Instituto de Reformas Sociales, no habría ningún inconveniente en participar en la Asamblea Nacional. Los Congresos del PSOE y de UGT de 1928 rechazaron la ocupación de cargos salvo cuando estos fueran ofrecidos directamente a las organizaciones para que designaran libremente sus representantes. El debate sobre la Asamblea Naconal se reabrió todavía en el verano de 1929 cuando Primo de Rivera ofreció directamente a UGT cinco puestos de libre designación en un proycto ampliado de Asamblea. Aunque Besteiro manifestó ser partidario de la participación, Largo Caballero y Saborit creían que el ambiente contra la dictadura aconsejaban la abstención. Finalmente, la caída de Primo en enero de 1930 cerró este debate aunque abriría el debate sobre la participación, del partido y del sindicato, en las elecciones generales y municipales que proyectaba el gobierno de Berenguer para restablecer la monarquía constitucional.

Lectura: ¿Colaboración con la Dictadura de Primo de Rivera?

La generalidad de la historiografía considera que las organizaciones socialistas obtuvieron un trato de benevolencia por el dictador Primo de Rivera. La UGT obtuvo la principal representación obrera en organismos técnicos y corporativos, ocupando algunos puestos de representación política en los nuevos ayuntamientos. Sin embargo, como señala Martín Ramos, la aceptación de cargos por socialistas y ugetistas no se puede calificar de "sumisión" ni de convalidación del régimen de excepción establecido por el dictador. En todo caso, la oposición a la Dictadura se hizo más activa a partir del establecimiento del Directorio civil y, sobre todo, a partir del rechazo a la participación en la Asamblea Nacional consultiva desde 1928.
Saborit, con crecientes responsabilidades en las organizaciones, sobre todo en el PSOE, donde desempañaba la secretaria, con un enfermo Pablo Iglesias de presidente, mantuvo una actitud muy prudente. Aunque dejó su puesto de concejal en el Ayuntamiento de Madrid y de diputado nacional, al quedar en suspenso la Constitución de 1876, Saborit no se opuso a mantener la participación socialista en la administración y en las instituciones políticas. Para el secretario del PSOE había poca diferencia entre la monarquía de la Restauración borbónica, nacida de un pronunciamiento de Martinez Campos en Sagunto, que bajo la apariencia de normalidad constitucional perseguía a las organizaciones obreras y limitaba a menudo las libertades, y un directorio militar con Alfonso XIII.
Además de los puestos directivos en las organizaciones socialistas, Saborit continuó yendo como delegado de la representación obrera a las conferencias anuales de la Organización Internacional del Trabajo hasta 1925. Por otro lado, Largo Caballero y Saborit, en nombre de la Unión General de Trabajadores, pertenecieron a la Comisión Interina de Corporaciones que funcionaba en el Ministerio del Trabajo, bajo la presidencia del general Mayendía. Fueron suplentes de ellos Trifón Gómez y Manuel Cordero. Con la autoridad que les daba pertenecer a ese organismo oficial, los gobernadores civiles estaban obligados a permitir la celebración de los actos de propaganda que organizaban con el pretexto de los Comités Paritarios. Una de esas campañas de divulgación de los ideales socialistas Saborit la realizó en el País Vasco.
La definición inicial de las organizaciones socialistas ante el pronuciamiento de Primo de Rivera en septiembre de 1923 fue de cierta pasividad. Solamente en Vizcaya hubo una huelga general de un día. La dirección del PSOE se dirigió sin éxito a Melquiades Álvarez, presidente del Congreso de los Diputados, reclamando alguna acción de respuesta ante el pronunciamiento.
La participación institucional de UGT empezó a definirse tras una visita del líder de los mineros asturianos, Manuel Llaneza, a un ministro, a la que sumó por sorpresa el dictador.
En marzo de 1924 los socialistas tuvieron que adoptar una posición ante la promulgación de un nuevo Estatuto municipal. En reunión conjunta de los comités nacionales del PSOE y de UGT, Largo Caballero impuso el criterio de
"ir a la lucha con la nueva disposición, pues de no hacerlo así se impondrían sanciones a la organización (...) Nos beneficia porque lleva al ejercicio de la acción política a las fuerzas de la UGT".
En esta declaración estaba ya presente la idea de aprovechar las nuevas circunstancias políticas para el reforzamiento de las organizaciones pero, también, de una acción política directa del sindicato, quizá influida por la victoria laborista en Inglaterra. Para ello, en diciembre de 1924 el Comité nacional decidió crear una comisión mixta central del partido y del sindicato, presidida por Besteiro, con Largo Caballero de secretario, y Saborit de vocal, junto a Lucio Martínez (vicesecretario), Manuel Cordero y Fernández Quer. Este proyecto de impulsar un nuevo órgano de dirección central que coordinara la acción política de las dos organizaciones se quedó en nada, debido al rechazo a participación en la Asamblea Nacional que había de elaborar una nueva constitución corporativa.
La representación obrera en el Instituto de Reformas Sociales (IRS) fue trasladada al Consejo de Trabajo que lo reemplazaba. Dado que no hubo una nueva designación de vocales de UGT por el Directorio militar, los representantes siguieron en sus puestos. Esta situación abrió el debate sobre las normas para la aceptación de cargos. Solamente podrían aceptarse aquellos que la organización pudiera designar libremente, así como los de elección popular. Este criterio provocó algunos conflictos con motivo de la designación de concejales corporativos en Madrid, Valladolid y otras ciudades. Saborit se sumó al criterio del representante de Castilla en el Comité Nacional, de que solamente se podrían aceptar puestos corporativos cuando fueran de directa designación por las organizaciones obreras.
Primo de Rivera tuvo la idea de ampliar el Consejo de Estado dando entrada a una representación corporativa. De este modo, un representante obrero del Consejo de Trabajo debía formar parte del Consejo de Estado, por lo que Largo Caballero aceptó el puesto pues antes había sido designado por UGT para formar parte del IRS y la institución que lo sustituía, el Consejo de Trabajo. La aceptación de este puesto provocó una encendida crítica de Indalecio Prieto y de Fernando de los Ríos, dimitiendo el primero de su puesto en la comisión ejecutiva del partido.
El delegado en el Comité Nacional de UGT que sustituyó a Prieto en la representación de País Vasco, Navarra y Santander, el minero socialista Ángel Lacort, se opuso también a la aceptación de cargos corporativos aún cuando los designara directamente la organización. Lógicamente, Lacort se oponía con mayor vigor a la participación en los Consejo de Trabajo y de Estado. Para Saborit, en cambio, "esta clase de puestos no se pueden abandonar por mera forma sino por cuestión de principios", y ese no era el caso. Saborit señaló, además, que la ejecutiva del PSOE no había tenido conocimiento oficial del nombramiento de Largo Caballero, y que la participación en los cargos estaba aún por discutir en el seno del partido. En todo caso, ese debate no debía afectar al puesto que Largo Caballero había ocupado en el Consejo de Estado pues éste se "concedía a la representación obrera del Consejo de Trabajo". Saborit manifestó su criterio de que la ejecutiva de UGT había hecho bien acepando el nombramiento, pues no se podía abrir una consulta entre las secciones por la falta de libertad impuesta por el régimen de excepción. Los delegados del Comité Nacional que representaban a Castilla-León, País Vasco-Navarra-Cantabria y Aragón defendieron que había que haber consultado a las secciones ante un nombramiento de tanta trascendencia. El debate y la incipiente crítica contra la dirección, fueron cortados por Besteiro señalando que la cuestión no era algo fundamental referidos a principios y tácticas.
La discusión sobre la aceptación de cargos lejos de cerrarse habría de adquirir más amplias dimensiones entre 1926 y 1929, con motivo del proyecto de una nueva Asamblea Nacional que proyectó el Directorio Civil de Primo de Rivera.
En los meses de julio y agosto de 1926 se reunieron los comités nacionales del partido y del sindicato, abordando por primera vez la cuestión de la Asamblea Nacional corporativa. Saborit dio lectura de una comunicación de Besteiro que proponía la reunión de un congreso extraordinario si el Comité Nacional acordaba la participación. Caballero señaló que la cuestión ya se había discutido en las reuniones de la comisión ejecutiva, mostrándose partidario, como ya había manifestado en la toma de posesión en el Consejo de Estado, del restablecimiento de las garantías constitucionales. Sin embargo, no consideraba muy oportuna la celebración de un Congreso pues sería inevitable abordar la realidad de la Dictadura y no creía que este debate se pudiera emprender en completa libertad. Saborit terció, proponiendo que el secretario general retirara la propuesta reivindicadora de la normalidad constitucional trasladando la discusión a la comisión ejecutiva pues no era el momento oportuno.
Poco después, Indalecio Prieto elaboró una carta indicando el procedimiento que había que seguirse ante un posible decreto que crease la Asamblea Nacional. La carta fue reproducida y entregada por el delegado del País Vasco en el Comité Nacional, Zacarías Garay (Lacort estaba en prisión), al resto de los miembros del máximo órgano de dirección entre Congresos. El tono del escrito de Prieto, provocó la protesta de Saborit, seguida por la de Manuel Llaneza que la consideró una "intromisión". Por su lado, Caballero no consentía que les llamara traidores y que hubiera personajes "que quieran erigirse en directores espirituales de la Organización". En cambio, Besteiro, que no había podido asistir por enfermedad, enviaba otro escrito manifestando su criterio de que había que aceptar los puestos ofrecidos en la Asamblea Nacional.
A comienzos de noviembre se reunió de nuevo el Comité Nacional, manifestando Saborit que creía que el Congreso sería autorizado. Esperaba que los delegados fueran comedidos para evitar que el Directorio civil de Primo de Rivera lo suspendiera, y que ello supusiera trastornos adicionales para el funcionamiento de la Casa del Pueblo de Madrid.
La posición de Saborit en el debate sobre la participación en la Asamblea Consultiva fue inicialmente favorable. Compartía con Besteiro la idea de una cámara legislativa o consultiva de carácter corporativo y creía que, siempre que las organizaciones socialistas pudieran designar libremente sus representantes, había que participar en las instituciones fueran de carácter técnico o político. Sin embargo, el secretario general del PSOE, al igual que Largo Caballero, captaría el giro del ambiente político ante la Dictadura, virando hacia el retraimiento a partir de 1928.
Todavía en octubre de 1927, Largo Caballero creía que la Asamblea Nacional al ser meramente consultiva no era anticonstitucional aunque no fuera democrática:
"La Organización está obligada a intervenir en todos aquellos organismos en los que se ventilen asuntos que le afecten y debe tener especial cuidado en no cerrarse las puertas del porvenir".
Además, ante una pregunta de Saborit, Caballero consideraba que si los representantes de UGT en la Asamblea Nacional fueran los que ya ocupaban puestos en el Consejo de Trabajo, habría que aceptarlos para evitar que se eliminase al movimiento obrero de otros organismos oficiales, condenándolo al ostracismo. Saborit creía que había que tomar partido pues cualquier gobierno podría convocar una Asamblea legislativa y no sería "licito ni leal decir que eso es un acto anticonstitucional (...), con ese pretexto no podemos negarnos a ir a la Asamblea". Creía que el proyecto del Directorio civil era muy malo pues, además, el Gobierno no sólo había designado a los ugetistas presentes en el Consejo de Trabajo sino que había designado directamente a personalidades socialistas como Manuel Llaneza o Fernando de los Ríos "sin tener en cuenta su representación colectiva". Creía, no obstante, que no era una cuestión de dignidad lo que se ventilaba con la participación y que habría que aceptar los puestos si venía el nombramiento real. De todas maneras, Saborit percibía que el ambiente del país había cambiado pues hasta los sindicatos libres no aceptaban ir a la Asamblea. Concluyó defendiendo la idea de que solamente se debían aceptar puestos si éstos eran ofrecidos en blanco a UGT. Largo Caballero terminó cambiando de opinión aceptando rechazar de manera prudente los puestos ofrecidos aunque todo dependería de la fórmula que, finalmente, utilizara la Dictadura. Saborit insitió en la idea de que se aceptaran los puestos siempre que la UGT pudiera designar libremente a sus representantes o éstos fueran los que ya ocupaban vocalías en el Consejo de Trabajo. Había que evitar cerrar puertas pero creía que negarse a ir a la Asamblea no era un desafío abierto al Gobierno.
El debate sobre la participación en la Asamblea consultiva se trasladó a tres propuestas diferentes de declaración. El texto de Lacort (que representaba la postura de Prieto) reclamaba el retorno a la normalidad constitucional, a lo que Saborit propuso una fórmula más suave que declarara el deseo de que España tuviera una "vida civil y constitucional". Besteiro creía que esa enmienda podría producir confusión pues los socialistas no podían estar de acuerdo con la Constitución de 1876 y lo que procedía era reclamar una nueva. El representante vasco-navarro replicó que él prefería esa Constitución a la Dictadura pero su propuesta fue rechazada por 24 votos contra 3. Saborit se sumó a la posición política propuesta por Trifón Gómez que fue la que terminó triunfando, frente a otra de Largo Caballero que fue rechazada. Esto significó que las organizaciones socialistas no modificaban su actitud ante la Dictadura, de momento, a la espera de lo que decidiera un Congreso.
El XII Congreso del PSOE se reunió entre los días 21 de junio y 4 de julio de 1928. Como secretario del partido, Saborit elaboró una extensa y detallada memoria de la gestión de los órganos directivos desde 1921. Saborit tuvo que defender la gestión de la Ejecutiva y de El Socialista. Las principales criticas procedieron de Teodomiro Menéndenz, diputado del PSOE por Oviedo hasta el pronunciamiento de 1923, y de Indalecio Prieto. Para Menéndez, las páginas del diario no criticaban suficientemente a la Dictadura. Creía que no se podía justificar esa falta de oposición por la censura. Aunque hubiese sido prudente preservar la continuidad del sindicato UGT, Menéndez consideraba que el PSOE debía haberse opuesto con más vigor pues hasta 1923 la presión del partido exigiendo responsabilidades por la guerra de Marruecos había conseguido que la "vieja política" empezara a cambiar.
La autoridad gubernativa presente en el Congreso llamó al orden cuando Menéndez aludió a Primo de Rivera calificándolo de "asaltador del derecho y de la ley". Teodomiro despreció la llamada al orden por lo que Saborit se vio obligado a pedirle que evitara que por "cuestiones accidentales el Congreso fracasara".
"¿Es una política de colaboración la aceptación en determinadas condiciones de puestos representativos?", se preguntó el secretario del PSOE, afirmando que la posibilidad de elegir diputados en el viejo régimen no significaba colaboración con la Monarquía. A juicio de Saborit, esos puestos representativos en el pasado o en el presente no eliminaban la postura de oposición socialista a los gobiernos constitucionales y al Directorio. Además, como socialistas, no habia que "encerrar las ideas en un estrecho límite político liberal burgués".
Prieto recriminó a Saborit porque la memoria no recogía sus cartas donde criticaba la postura de la dirección socialista ante la Dictadura, y tras la asunción por Largo Caballero de un puesto en el Consejo de Estado, su dimisión como vocal de la Ejecutiva. Prieto concluyó su discurso con un guiño sentimental, aludiendo a un discurso contra el fascismo italiano:
"No se va hacia la justicia a costa de la libertad. Allí donde no hay libertad, la verdadera, la plena, la libertad latente, no podrá haber pensamiento fecundo"
Saborit reconoció cordialmente su error, demostrando un gran respeto político y admiración personal hacia Don Inda. Respecto a la moderación de El Socialista, Saborit se justificó con la censura gubernativa pero, también, reconoció que se sometían a una especie de autocensura para evitar males mayores. Como era habitual en Saborit, terminó apelando a la unidad, la prudencia y la concordia:
"Lo único que hace falta es medir bien el terreno para no dar pasos en falso, para no quebrantar nuestra fuerza, para dar esa unidad de vigor (...) que será mañana una solución para la política del país en que el Partido Socialista tenga la influencia que legítimante merece".
El debate sobre la participación en la Asamblea nacional corporativa se reabrió todavía en el verano de 1929 cuando la Dictadura ofreció directamente a UGT cinco puestos para una Asamblea ampliada, cumpliendo las exigencias de los socialistas en los Congresos de 1927 y 1928. El presidente del PSOE y de UGT, Julián Besteiro, expresó por escrito su postura favorable pues la abstención era una táctica errónea "que ha producido siempre resultados fatales para la democracia". Besteiro consideraba que el retraimiento era un apoyo indirecto a la tambaleante Dictadura y aún a la Monarquía:
"Y digo que no hay mayor colaboración con la dictadura ni mayor participación en sus responsabilidades que la que pudiera resultar de la adopción del criterio abstencionista. La dictadura es una ficción política que pretende salvar de un peligro inminente a otra ficción política aún mayor: la monarquía restaurada".
Largo Caballero propuso una resolución contraria a la participación, apelando a los acuerdos del Congreso extraordinario de octubre de 1927. Saborit se sumó al criterio del secretario de UGT pues el proyecto de Constitución ya estaba elaborado y no había verdadera posibilidad de influir para su modificación. Lo contrario "sería rendirnos políticamente ante el país sin mérito alguno".
Tras la caída de Primo de Rivera en enero de 1930, Saborit recuperó su puesto en el Ayuntamiento de Madrid, realizando una abierta crítica contra la monarquía. Enseguida el nuevo gobierno del general Berenguer trató de restablecer la normalidad constitucional, para consolidar la corona amenazada de Alfonso XIII, con la preparación de elecciones municipales y generales. Dada la fortaleza organizativa de UGT frente a la debilidad territorial de las Agrupaciones Socialistas, se abrió un debate sobre la directa participación del sindicato en las listas electorales. La ejecutiva de UGT, liderada por Largo Caballero, propuso que el sindicato acentuara su acción política presentando directamente candidatos a diputados y concejales, aunque se habría de poner de acuerdo con el partido donde hubiera agrupaciones. Besteiro y Trifón Gómez se opusieron a una implicación electoral directa de UGT. Por su lado, Saborit coincidió con la postura de Largo Caballero que era, en definitiva, la de la mayoría de la Ejecutiva. Saborit veía difícil deslindar los campos del sindicato y del partido, pues cuando hacía propaganda esta tenía una significación socialista. Además, tras la huelga revolucionaria de 1917, el sindicato había reformado la declaración de principios en un sentido explícitamente socialista y pedido el voto en 1918 a favor de los candidatos contrarios a la Monarquía. Recordó que en esas elecciones habían sido elegidos muchos candidatos obreristas sin estar bajo la disciplina directa de las organizaciones, temiendo que esa situación se repitiera ahora. No veía problema en hacer una especie de ensayo general electoral con la presentación de candidatos de UGT. Por tanto, había que apoyar unánimemente la propuesta de la Ejecutiva, evitando forcejeos que limitaran su eficacia y enfriaran los entusiasmos. Sin embargo, todavía se impuso ampliamente el criterio del sucesor de Pablo Iglesias, el profesor Julián Besteiro, siendo desechada la directa participación electoral del sindicato por 23 votos contra 14 y 4 abstenciones.
De esta manera se ponía fin a la "tentación laborista" que había padecido las organizaciones socialistas españolas a lo largo de los años veinte, influida por las experiencias gubernamentales inglesa y, en menor medida, por la revolución mexicana, donde el sindicato y su minúsculo partido laborista había entrado en los gobiernos de los generales Obregón y Calles.
En efecto, durante la segunda mitad de los años veinte, además de la simpatía hacia la acción de gobierno laborista en Gran Bretaña, también se vio con expectación la institucionalización de la revolución mexicana. En calidad de secretario (algunas veces firmó como secretario general) del PSOE, Saborit agradeció el pésame del presidente de la Cámara de Diputados mexicanos por la muerte de Pablo Iglesias. La Cámara decretó, además, unos días de luto oficial.
La relación de los socialistas españoles con las autoridades del gobierno revolucionario mexicano y los diversos partidos socialistas y sindicatos, anteriores a la creación en 1929 del Partido Nacional Revolucionario, fue de gran simpatía a pesar de la dificultad de las relaciones por la lejanía. Largo Caballero fue invitado en varias ocasiones a realizar una gira por México a través del sindicalista americano, Irving Brown. Sin embargo, este viaje no tenía un carácter oficial y Largo Caballero prefirió esperar a la organización de una misión de la Federación Sindical Internacional. Esta misión de la Internacional no llegó a realizarse en 1923-1924, como había sido previsto. Más adelante, Largo Caballero fue invitado por los sindicalistas mexicanos, encabezados por Morones que había accedido a la Secretaría de Trabajo, a una gira de propaganda. Sin embargo, el secretario general de UGT prefería ponerse de acuerdo con la Internacional para evitar los disgustos que había causado una gira independiente de los sindicatos alemanes. Un español emigrante, José de la Mancera, había recomendado a UGT que asistiera a la Conferencia Panamericana que se iba a celebrar en Panamá en 1926. Por su lado, el dirigente socialista español, Andrés Ovejero, propuso en el Comité Nacional de febrero de 1926, que se aprovechara la proyectada Exposición Iberoamericana de Sevilla para organizar un Congreso obrero internacional. De nuevo en 1927 insistió Brown para el viaje de Caballero a México pero el Comité Nacional reiteró la excusa de la carencia de no ser una misión de la Internacional, aunque Saborit hizo aprobar una declaración oficial de "simpatía por la actuación del gobierno mexicano".
En El Socialista fueron recogidos los avatares de la revolución mexicana con gran interés durante los años de la dictadura de Primo de Rivera, pues era una forma indirecta de criticar el clericalismo y el régimen del Directorio Civil. Saborit, que ejercía la dirección del Diario, requirió diversas colaboraciones de Julián Zugazagoitia, Luis Araquistain, Fabra Ribas o Fernando de los Ríos sobre la realidad mexicana. Precisamente, De los Ríos impartió ciclos de conferencias en la ciudad de México y Morelia.
Otra de las dimensiones del interés de Saborit fue la situación de los emigrantes españoles. La UGT ya participaba en el Consejo Superior de la Emigración pero Saborit propuso al Comité Nacional que el sindicato participara en un organismo supranacional. Para ello habría que utilizar la excelente relación que se mantenía con Jouhaux de la Confederación General del Trabajo francesa, proponiendo que los emigrantes españoles se afiliaran a este sindicato.
Otro aspecto de la cuestión de la emigración eran las leyes de trabajo y nacionalidad que países como Cuba o México estaban promoviendo en esos años finales de la década de los veinte. El gobierno mexicano preparaba una ley de Trabajo que reducía en un 20% el número de obreros españoles que podían trabajar en un determinado sector. La ejecutiva de UGT se dirigió a Luis Morones, de la Confederación Regional Obrera Mexicana y secretario de Trabajo e Industria, y a Manuel Pérez Treviño, quien sería el primer presidente del partido oficial mexicano, pidiendo que no se aplicara esa reducción que afectaba a los emigrantes españoles, sobre todo en sectores como la alimentación, el textil y la agricultura.

Abdón Mateos, Andrés Saborit. Líderes y militantes socialistas, Madrid, P. Iglesias, 2008.

Comentario de texto:

“A las Secciones de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista Obrero
La Sección primera de la Asamblea Nacional ha aprobado un antepro­yecto de Constitución de la monarquía española, que será sometido opor­tunamente, según anuncios del Gobierno, a un plebiscito del país.
Aunque la actitud política del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores frente al Estado español es bien conocida de to­dos, por constar en acuerdos tomados pública y reiteradamente en sus Congresos generales y en el propio programa específico del Partido Socialista, queremos aprovechar la coyuntura que ahora nos ofrece el antepro­yecto de Constitución para fijar, una vez más, nuestro diáfano criterio sin veladuras ni anfibologías, y sin perjuicio de que, en el momento adecuado, analicemos artículo por artículo este flamante proyecto de digesto constitucional y le contrapongamos la Constitución que deseamos para España y que, en nuestro entender, desea la España que trabaja y piensa. Hoy queremos limitarnos a clasificar en globo el anteproyecto, dentro de la concepción que nosotros, como obreros y socialistas, nos hemos formado de la historia de España, y de las clases sociales que en ella luchan por el dominio político.
Con el anteproyecto de Constitución se intenta cerrar el ciclo histórico que comienza en las Cortes de Cádiz de 1812, interrumpiendo el sistema de monarquía absoluta que Carlos V instaura en España a su advenimiento al trono y la consolida en 1521 con la derrota de los co­muneros, defensores de los fueros, de las ciudades y de la naciente burguesía española. Mientras el Estado tiende a democratizarse en casi toda Europa, transformándose en monarquía parlamentaria en Ingla­terra después de la revolución de 1649, y en república burguesa en Francia después de 1789, en España, al contrario, el Estado destruye todos los elementos populares que limitaban el poder de los monarcas medievales y adopta con los Austrias y Borbones una estructura de absolutismo oriental. (...)
Cuando el Parlamento se disponía a deshacer la simulación constitu­cional en que había vivido durante casi medio siglo, venciendo las ser­viles resistencias de los partidos monárquicos, fue la propia autocracia la que, adelantándose, se quitó el antifaz constitucionalista. Quedaba instaurada abiertamente la dictadura. Ahora se quiere legitimizar con una Constitución elaborada por una Asamblea de real orden, y mediante un plebiscito que, por la extensión y heterogeneidad del proyecto y de las anejas leyes orgánicas y sin plena libertad de tribuna y de prensa para discutirlas, ni garantía de que ha de ser respetada la voluntad popular, tiene que ser forzosamente una nueva ficción jurídica. Nosotros rechazamos terminantemente el anteproyecto de Constitución por su origen antidemocrático y por el falso plebiscito con que se trata de darle una apa­riencia de sanción popular.
Lo rechazamos también, como obreros socialistas republicanos, porque si la Constitución de 1876 fue una máscara del absolutismo, arrojada en 1923, este anteproyecto ni siquiera vuelve a ser una máscara, sino una mueca de desdén para las esperanzas de democracia y liberalismo que el pueblo español, y muy señaladamente la clase obrera que nosotros representamos, había puesto en la evolución del Estado, como medio conducente al desenvolvimiento político de la nación y a una transformación más justa de la sociedad. El anteproyecto y las leyes accesorias, que permiten al Gobierno anular arbitrariamente en cualquier momento las escasas liberta­des individuales y políticas que se instituyen en la Constitución, supe­rando en esta obra de duplicidad a la misma Constitución de 1876, modelo en el arte picaresco de quitar con una mano lo que se da con la otra, no sólo confirman, sin equívocos ni tapujos, la monarquía absoluta, sino que cierran toda posibilidad de modificación constitucional y desarrollo de­mocrático del país dentro de la ley.
La proyectada Constitución es como una pirámide. La ancha base está representada por el rey, que sostiene todos los demás poderes y puede anularlos en cualquier instante. Es decir: el único poder efectivo es el suyo. El rey nombra y separa libremente los ministros y puede agre­gar al Gobierno ministros sin cartera. El rey convoca, disuelve, sus­pende y cierra las Cortes bajo la responsabilidad teórica del Gobierno que él mismo nombra. El rey nombra treinta diputados vitalicios. El rey completa el número de consejeros del reino hasta la mitad del total, nombrándolos con carácter vitalicio. El rey dirige las relaciones diplomáticas y comerciales; puede declarar la guerra y hacer ratificar la paz, previa consulta al Consejo del Reino, pero sin necesidad de su aprobación; ejerce el mando supremo del ejército y la armada, y dispone de las fuerzas de mar, tierra y aire, etcétera.
El rey y las Cortes tendrán la iniciativa de las leyes, pero exceptuando las referentes a política exterior y concordatoria, defensa na­cional o reforma constitucional, y las que impliquen rebajas de las contribuciones o aumento de los gastos públicos, que serán de exclusiva iniciativa del rey con su Gobierno, responsable en teoría. En rigor, todas las leyes escapan, a la postre, al dominio de las Cortes, pues el Consejo del Reino puede disolverlas para nueva deliberación siempre que quiera y, en última instancia, ‘el texto definitivamente aprobado por las Cortes se someterá a la sanción del rey, quien podrá concederla o negar­la, consultando o no nuevamente al Consejo del Reino’. De este modo, de hecho, tanto las Cortes como el Consejo del Reino y el Gobierno se redu­cen a simples cuerpos consultivos o asesores del rey, que en realidad asume plenamente los poderes legislativo y ejecutivo.
A la nación se le otorga la facultad de elegir directamente o por colegios profesionales –originalísimo sistema de representación popular, hasta ahora inédito en la historia universal de las legislaciones, que aquí sería prolijo discutir en detalle– los diputados y consejeros del reino fuera de los que nombra el rey, y, de estos últimos, los que lo so por derecho propio; pero es una facultad completamente platónica como Poder legislativo si el rey quiere oponerse a sus actividades. Es un de­recho imaginario, sin realidad política, perfectamente inútil. Jamás se ideó un sistema de absolutismo tan complicado y tan innecesario. Si se quiere intentar una nueva ficción, ¿a quién puede engañar? Si se trata, como está a la vista, de ejercer sin trabas el poder personal, ¿para qué tantas leyes y tantos organismos encubridores? Si se busca un sis­tema de irresponsabilidad, escudándose tras los ministros responsables y tras la fantasmagoría de unas Cortes y un Consejo del Reino, o dóciles o impotentes frente a la monarquía autocrática, es seguro que para eso es ya tarde hasta en España. Porque conviene que no se hagan ilusione los inspiradores, autores y valedores del anteproyecto de Constitución, tal vez envalentonados por la calma externa de estos seis años de dic­tadura. Cierto que en ella viven, como en su propio elemento, las vie­jas oligarquías del absolutismo y algunas de cuño reciente: la iglesia la aristocracia histórica, el ejército, la pequeña burguesía, postergada por el régimen anterior; la gran burguesía industrial y financiera, ávida de monopolios y de negocios secretos; los tránsfugas y segundones de los antiguos partidos. (...)
Nosotros aspiramos, para realizar nuestros fines, a un Estado repu­blicano de libertad y democracia donde podamos alcanzar la plenitud del poder político que corresponde a nuestro creciente poder social. Quere­mos ser una clase directora en los destinos nacionales, y para eso nece­sitamos de condiciones políticas que nos permitan llegar democráticamen­te, si ello es posible, a cumplir esa misión histórica. Pero el ante­proyecto de Constitución nos cierra todos los caminos de la ley, porque toda la ley democrática, si ese Código prospera, se estrellará en la muralla del incontrastable poder real, cuando no convenga a sus privile­gios o a los de sus asociadas, las oligarquías dominantes. Por esto lo combatiremos con toda energía mientras sea. anteproyecto y después, si, para desgracia de España, llega a ser proyecto constitucional. Y si, a pesar de todo, acaba usurpando el título de ley fundamental de la nación en vez de titularse ley muralla de un absolutismo asiático, ni el Parti­do Socialista ni la Unión General de Trabajadores serán responsables de la inadmisible situación de incapacidad política en que se los colo­ca ni de las circunstancias especiales que forzosamente han de crearse para entrar, por todos los medios, en la ciudadela amurallada del Esta­do absoluto. Esta es nuestra opinión, y por la parte que nos corres­ponde, a ella ajustaremos nuestra conducta.

Por la Unión General de Trabajadores de España, Francisco Largo Caballero, secretario. Por el Partido Socialista Obrero Español, Andrés Saborit, secretario. Julián Besteiro, presidente de los dos organismos”.- Madrid, 13 de agosto de 1929.”

Comentario guiado, preguntas:

1. El proyecto corporativo de Constitución

2. ¿Colaboración con la dictadura de Primo de Rivera?

3. Los socialistas y la forma de régimen hasta 1931

Lectura de ampliación: Eduardo González Calleja, La dictadura de Primo de Rivera, Madrid, Alianza, 2006.

República y guerra civil

La Segunda República fue proclamada el 14 abril de 1931 tras las elecciones municipales convocadas por el gobierno de Alfonso XIII. Unas elecciones que dieron lugar a una revolución popular pacífica que establecería un régimen repúblicano democrático en España. El primer bienio republicano-socialista emprendió una serie de reformas políticas y sociales (agraria, religiosa, de la organización del Estado, militar, ...) que provocaron diversas tensiones, insurrecciones anarquistas y una tentativa de golpe militar en 1932.

La Constitución de 1931 definía a España como una república de trabajadores estableciendo un sistema parlamentario unicameral que reservaba a la presidencia de la República poderes importantes. La Constitución por lo que se refiere a la organización territorial del Estado establecía que España era un Estado integral con derecho a la autonomía de las regiones y de los municipios. Proclamaba la libertad de cultos y la separación de la Iglesia respecto al Estado.

La Ley de Congregaciones religiosas de 1933 disolvía a los jesuitas, impidiendo la enseñanza religiosa en la educación media, y todo tipo de presencia pública de las manifestaciones de la religiosidad.

La cuestión agraria fue uno de los problemas más complejos que tuvo que afrontar la República. La politización del mundo rural, con la extensión de la democracia y de la asociación, supuso, por ejemplo, que más de la mitad de los afiliados de la UGT en 1932 fueran campesinos sin tierra. La tímidas expropiaciones llevadas a cabo por el Instituto de Reforma Agraria permitieron asentar a pocos campesinos en la España meridional. Por otro lado, los pequeños y medianos propietarios fueron movilizados sobre todo por la Confederación Católico-Agraria y la CEDA, restando a los reformistas republicanos y socialistas un apoyo social esencial para la consolidación de la República democrática.

La salida de los republicanos del Partido radical de Lerroux de la coalición de gobierno que había instaurado la república les hizo virar hacia posiciones de centro-derecha, debilitándose decisivamente la coalición republicano-socialista. Por su lado, buena parte de los socialistas desconfiaban de la acción de gobierno de coalición con los republicanos burgueses, creyendo que desprestigiaba a la UGT de cara a los trabajadores. La salida del PSOE y de Azaña del gobierno trajo consigo, además, que la izquierda parlamentaria decidiera presentar sus candidaturas por separado lo que, debido al sistema electoral, facilitó el triunfo relativo del Partido Radical y la CEDA en las elecciones de noviembre de 1933. Estas elecciones, las primeras en las que votaron las mujeres, inauguraron una nueva fase: el bienio radical-cedista, que fue visto por la izquierda como una amenaza de involución, de pérdida de la república democrática reformista. Aunque los radicales formaron gobierno en solitario dependían del apoyo parlamentario de la CEDA liderada por el católico Gil Robles. Aunque éste abogado, procedente de la Confederación Católico Agraria, se declaró accidentalista ante la forma de gobierno, pretendía una revisión autoritaria de la república. El acceso en esos años del nazismo y del corporativismo autoritario católico al poder en Alemania y Austria alimentó el temor de la izquierda a una involución si Gil Robles entraba a formar parte del gobierno.

La revolución de octubre de 1934 pretendió establecer una república popular que liquidara la amenaza de una contrarrevolución reaccionaria. El programa de las organizaciones socialistas para la revolución, redactado por Prieto, pretendía implantar, a través de un gobierno en solitario del PSOE, unas medidas radicales que disolvieran las fuerzas armadas y las órdenes religiosas, reformaran la Administración ( acentuando la progresividad de los impuestos directos) y la enseñanza (facilitando la igualdad de oportunidades), nacionalizaran la tierra y establecieran un control sobre la industria. Sin embargo, el Proyecto respetaba el sistema representativo parlamentario y los fundamentos del capitalismo. La revolución solamente tuvo éxito en Asturias y Barcelona, limitándose la acción en otros lugares a una huelga general que fue reprimida duramente por el Ejército que encarceló a miles de huelguistas.

Los gobiernos radical-cedistas, además de sus discrepancias internas por la represión de Octubre, se vieron envueltos en una serie de escándalos de corrupción que facilitaron que el presidente Álcala-Zamora disolviera las Cortes, encargando el gobierno para la convocatoria de nuevas elecciones al centrista Portela Valladares.

Las nuevas elecciones de febrero de 1936 dieron la victoria al Frente Popular, una coalición electoral de los republicanos de izquierda con los socialistas ampliada hacia los comunistas y otros grupos menores. Azaña formó un gobierno de republicanos en solitario pues los seguidores de Largo Caballero no querían una reedición del primer bienio republicano-socialista. De este modo, tras el ascenso de Azaña a la presidencia de la república, Prieto no pudo formar gobierno pues la izquierda socialista no le dio su apoyo. Los primeros gobiernos republicanos del Frente Popular aceleraron la reforma agraria e intentaron neutralizar la amenaza de golpe militar. La violencia política y conflictividad de la primavera de 1936, con una progresiva militarización de las fuerzas políticas, amenazaban la continuidad de la república parlamentaria. La Falange fue declarada ilegal. Sin embargo, no había ninguna amenaza de revolución en el horizonte pues los caballeristas concebían esta como un movimiento defensivo tras un golpe de los militares y de la derecha. Hubo, eso sí, diversas conspiraciones que implicaron a un sector del Ejército, de Falange, de los monárquicos y de los carlistas, con apoyo de Mussolini.

La guerra civil española fue consecuencia del relativo fracaso del golpe militar de julio de 1936. La guerra se prolongó hasta el 1 de abril de 1939 debido a la intervención internacional, a la voluntad de resistencia de los gobiernos republicanos de Giral, Largo Caballero y Negrín, así como por la voluntad de Franco de consolidar su poder y limpiar la retaguardia mediante una represión masiva. La victoria de Franco no fue completa pues pervivieron instituciones republicanas en el exilio junto a un éxodo inicial de medio millón de refugiados.

El fracaso del golpe militar en julio de 1936 provocó una revolución sindical y popular que hizo inevitable la guerra civil. En la zona republicana, multitud de comités populares de los sindicatos y de los partidos políticos del Frente Popular asumieron el poder y la defensa de la República. A partir de la formación del gobierno de Largo Caballero, de amplia unidad antifascista y de mayoría de las organiaciones socialistas (la CNT se incorporó al mismo en noviembre), se intentó la reconstrucción del Estado republicano. Para ello, había que centralizar el poder y construir un Ejército Popular. La derrota de Málaga y la insurrección del POUM, con apoyo cenetista, en Barcelona, condujeron a la formación de un nuevo gobierno encabezado por Juan Negrín. El nuevo gobierno de mayo de 1937 representaba el predominio de los partidos políticos del Frente Popular frente a los sindicatos, que fueron excluídos del mismo. La principal fuerza política del gobierno de Negrín era el PSOE, liderado por Indalecio Prieto, quien absorbió los ministerios militares en el Ministerio de Defensa. Otros resortes del Estado como Gobernación, Exteriores, Hacienda y Justicia fueron también desempeñados por dirigentes del PSOE. Sin embargo, el PCE logró una creciente presencia en el comisariado y los mandos del Ejército Popular, gracias a la intervención y ayuda militar soviética, lo que provocó el recelo del resto de las fuerzas frentepopulistas. Las nuevas derrotas en el frente Norte y en Aragón condujeron a la sustitución de Prieto en Defensa en la crisis de abril de 1938. A partir de entonces, buena parte de los líderes republicanos, incluido el presidente Azaña, creyeron que la guerra estaba perdida y que solamente cabía una mediación internacional para evitar las represalias de Franco. Negrín tuvo que apoyarse crecientemente en los comunistas, pues la mayoría de las fracciones del PSOE le fueron retirando su apoyo. Tras el hundimiento de Cataluña en enero de 1939, se produjo el pronunciamiento de Casado a través del Consejo Nacional de Defensa, con apoyo de los partidos y sindicatos, contra el gobierno Negrín y la preponderancia del PCE. El Consejo, presidido por el general Miaja, con el socialista Julián Besteiro como principal personalidad política, pretendió acabar con el sufrimiento de la zona frentepopulista, intentando una negociación de la paz con Franco. Este rechazó cualquier compromiso, incluido la evacuación de las personalidades republicanas comprometidas.

Lectura. El gobierno Negrín en el exilio. El Servicio de Evacuación de Refugiados

Abdón Mateos

El final de la guerra civil abrió un debate esencial entre las personalidades republicanas a causa de la financiación del exilio. Negrín pretendió mantener la legalidad del gobierno republicano fuera de España (algo diferente a la legitimidad democrática) y reservar buena parte de los considerables recursos salvados para el momento del retorno a España. Negrín estimó en una reunión reservada de la Ejecutiva del PSOE con los ex ministros socialistas en julio de 1939 que los recursos disponibles oscilaban en torno a 2.000 millones de francos (unos 43 millones de dólares), una cifra sin duda notable pues equivalía a cerca de dos meses de la compra de suministros no bélicos por los gobiernos frentepopulistas durante la guerra civil. Sin embargo, tres cuartas partes de estos recursos eran de difícil realización en efectivo y habían pasado al control de Indalecio Prieto en México bajo la fiscalización de la Diputación Permanente de las Cortes. Por el contrario, este líder socialista, que comenzaba a aglutinar en torno suyo a las fracciones mayoritarias del PSOE, consideraba que la única política posible en las circunstancias pavorosas del final de la guerra consistía en destinar la mayor parte de los recursos a la ayuda a la masa de los refugiados y, en general, de las víctimas del franquismo. Negrín, en cambio, defendió reservar el tesoro del Vita, estimado en unos 1.000 a 1.500 millones de francos o unos 40 millones de dólares, que suponía tres cuartas partes del total de lo salvado por el Estado republicano, para el momento del retorno a España. Hay que tener en cuenta que buena parte de esos bienes suntuarios procedían de incautaciones a particulares o aún del patrimonio nacional. Del mismo modo, cabe recordar que tanto Prieto como Negrín realizaron gestiones para su devolución a Franco a cambio de una imposible amnistía que permitiera el retorno de la masa de refugiados. Esta discrepancia fundamental llevó a que la mayoría de Diputación de las Cortes declarara la inexistencia del Gobierno Negrín en el exilio, organizando una Junta de Auxilio (JARE) que pretendía corregir la acción que hasta entonces había llevado a cabo el Servicio de Evacuación.
El Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles (SERE) fue organizado por Negrín durante los últimos días de la guerra civil. El SERE nacía, de cara a la Administración francesa, como una dependencia de la Legación mexicana, para organizar la emigración colectiva de políticos republicanos y sus familiares. El Servicio tuvo una abultada e ineficaz burocracia lastrada por una multiplicidad de órganos administrativos y de control. En realidad, el SERE no pasó de ser una dependencia de Francisco Méndez Aspe, antiguo ministro de Economía y Hacienda, sin que Negrín se ocupara apenas directamente de su marcha.
El objetivo central del Servicio fue la organización de embarques colectivos a México (suspendidos en agosto de 1939), Chile y la República Dominicana. Lo invertido en la ayuda a la masa de refugiados internados en los campos apenas supuso una cuarta parte del gasto, lo que justificó la creación de la rival Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles. Con la firma del pacto germano-soviético y el estallido de la guerra mundial, la Administración francesa persiguió a los comunistas españoles, lo que repercutió en la marcha del Servicio. Los representantes del PCE (forzados por la persecución francesa), Unión Republicana, ERC y, ya en 1940, el PNV, terminaron abandonando el órgano directivo del SERE.
El Comité Técnico de Ayuda a los Republicanos Españoles (CTARE) fue constituido tardíamente en México en junio de 1939, con ocasión de la llegada de la expedición del Sinaia, sin que antes hubiera nada preparado. Esta delegación del SERE en México emprendió inversiones agrícolas e industriales, creó instituciones educativas y culturales y subsidió a los primeros contingentes de emigrados. Sin embargo, el control por parte de Prieto de los bienes del Vita y otros efectos limitó las actividades del Comité Técnico, fracasando la mayor parte de las empresas creadas para dar trabajo a los refugiados. En el momento de la caída de Francia, el CTARE tuvo que cerrar comedores y albergues, suspendiendo los auxilios. No obstante, algunas importantes inversiones agrarias e industriales siguieron activas unos años más, hasta que fueron liquidadas al final de la segunda guerra mundial. Estas inversiones, a diferencia de las de la organización de ayuda rival, se salvaron de la incautación del Gobierno mexicano. Negrín y sus colaboradores, refugiados desde junio de 1940, en Inglaterra redujeron al máximo la ayuda a los republicanos españoles. No obstante, socorrieron a algunos exiliados en Inglaterra, creando instituciones culturales y educativas. Además, con la liberación aliada del Norte de África, prestaron alguna ayuda menor a los internados en campos de concentración.
UNA INESTABLE BUROCRACIA
El 1 de abril de 1939 la Diputación Permanente de las Cortes, a propuesta de Ramón Lamoneda, decidió crear una comisión de los partidos políticos que fiscalizara la actividad del Gobierno. Ésta comisión parlamentaria no se constituyó finalmente hasta una sesión de la Diputación en mayo en la que el republicano Luis Fernández Clérigo tomó posesión del puesto de Presidente. Sin embargo, esta comisión parlamentaria no parece que llegara a ejercer nunca una función de control del SERE. Por ejemplo, a finales de junio de 1939, antes de la sesión de la Diputación Permanente que decidió desconocer la legalidad del Gobierno Negrín, el Presidente del PSOE y miembro de la comisión parlamentaria, Ramón González Peña, se había reunido con varios directivos del SERE, reclamando la celebración de una sesión de la comisión fiscalizadora de la Diputación Permanente. Azcárate le respondió afirmando no saber nada de una comisión parlamentaria y considerando que la existencia de la misma modificaría el estatuto del SERE.
La sesión constitutiva de un Consejo ejecutivo del SERE se celebró el 2 de Abril de 1939, con la asistencia de Emilio Baeza Medina de IR, Amaro del Rosal por UGT, Alejandro Otero del PSOE, Federica Montseny por la FAI, Mariano Rodríguez de CNT, Manuel Torres Campaña de UR, Antonio Mijé del PCE, Jaime Aiguadé de ERC, Eduardo Ragasol de AC, José Olivares de ANV y Julio Jáuregui del PNV. Además de los dos órganos de control anteriores se estableció una Ponencia ministerial que era la que tenía la última decisión sobre la aprobación de los subsidios y pasajes. De la misma formaban parte algunos de los antiguos ministros del Gobierno Negrín, como Francisco Méndez Aspe, Segundo Blanco, Tomás Bilbao y José Moix, como secretario. La decisión del Consejo y la aprobación de la Ponencia no bastaban, pues los candidatos a emigrar tenían que obtener el visado de los países de acogida. Además fueron nombrados varios cargos directivos de máximo rango. El 27 de marzo, Negrín nombró al ex embajador en Londres, Pablo de Azcárate, "comisario-delegado del Gobierno", recibiendo su puesto más tarde la categoría de Presidente del SERE. El antiguo comisario general y dirigente de Izquierda Republicana, Bibiano Fernández Osorio-Tafall fue nombrado Director del Servicio. Para el puesto de secretario general del SERE fue propuesto el filocomunista José Ignacio Mantecón. Los comunistas José Frade y José María Rancaño fueron designados, respectivamente, secretario adjunto al Presidente (desde junio de 1939) y jefe de Administración y Contabilidad. El responsable de la Sección Financiera era el socialista negrinista Jerónimo Bugeda y de la Sección de Emigración se ocupaba Pastor Candeira. El Servicio tuvo inicialmente en Francia una plantilla desorbitada de nada menos que 225 miembros, que se vio reducida a 125 en octubre de 1939 y a 23 en marzo de 1940, una vez suspendida la emigración colectiva a México.
No se entendía muy bien la multiplicidad de puestos directivos y de órganos administrativos. Negrín se desentendió de las reuniones y de la gestión del SERE, mientras que Azcárate nunca tuvo demasiado claras sus funciones, por lo que, a los pocos meses, tras la constitución de la JARE, presentó por primera vez su dimisión. En realidad, el peso del Servicio recaía en Méndez Aspe debido a su control de las "finanzas" del exilio. Si la dirección efectiva era de Méndez Aspe, sobraba el puesto reservado a Azcárate y, en cierto modo, el cargo de Director encomendado a Osorio-Tafall. Ambos terminaron presentando la dimisión, suprimiéndose el puesto de Azcárate, y sustituyendo al segundo Alejandro Viana. Mientras que la retirada del ex embajador, demorada en varias ocasiones a lo largo del verano y otoño de 1939, no parece que se debiera a discrepancias políticas con Negrín, la marcha a México de Osorio-Tafall, alto dirigente del partido de Izquierda Republicana, sí parece que tuvo contenidos políticos, pues éste, al marchar a México, se retiró de toda actividad partidaria. Puede ser que hubieran surgido, además, incompatibilidades personales entre Azcárate y Osorio-Tafall.
En el equipo funcionarial del SERE tuvo una presencia destacada el PCE pues, además, del puesto de secretario de la Ponencia ministerial reservado a José Moix y de la representación de Antonio Mije en el Consejo ejecutivo, el filocomunista José Ignacio Mantecón desempeñaba la Secretaría general, José Frade era secretario adjunto a la presidencia y José María Rancaño era el responsable de Administración y Contabilidad. Otro funcionario destacado del SERE fue, por ejemplo, Julián Grimau, ejecutado por el franquismo en 1963. Además otros comunistas desempeñaron responsabilidades administrativas como, por ejemplo, Félix Baena, Jefe de la sección de emigración, Antonio Muñoz, Jefe de la sección de correspondencia y Manuel Granda, Inspector de personal. Sin embargo, el pacto germano-soviético hizo que los puestos de representación asignados al PCE en el SERE tuvieran que quedar vacantes mientras que otros responsables sufrieron controles policiales y detenciones. Pese a esta preponderancia, la postura del PCE hacia la gestión del SERE fue muy crítica. Además de defender el retorno a España de los refugiados menos comprometidos, el partido comunista criticó el abandono de los internados en los campos y se manifestó bastante escéptico respecto a las posibilidades del asentamiento en México. Por ejemplo, el responsable de contabilidad, Rancaño, señalaba:
"Es una de las atenciones obligadas del SERE y la que menos se ha cuidado. De ahí sin duda la impopularidad del organismo en los campos".
Responsables comunistas como José Frade criticaban, además, la inhibición de Negrín y el caos organizativo:
"Las cosas siguen el lamentable camino que ya usted conoce. No sé si Viana será capaz de enderezar estos lamentables procedimientos y modos. Advierto que esto lleva las trazas de una organización de clan, con la amalgama regional y de partido".
En todo caso, el PCE, a través de responsables de la Legación mexicana en Francia como Narciso Bassols y Fernando Gamboa consiguió una notable representación en los embarques colectivos a México, Chile y Dominicana.
Por lo que se refiere a las relaciones entre el SERE y el PNV y el Gobierno vasco en el exilio, encabezado por José Antonio Aguirre, contamos con la investigación de Ludger Mees sobre la historia del nacionalismo vasco durante el franquismo. A pesar de las malas relaciones existentes al final de la guerra civil ente Negrín y Aguirre, debido a la exigencia de rendición de cuentas por el primero, las relaciones se recompusieron, nombrando el PNV para el SERE a Julio Jáuregui y ANV a José Olivares. En el PNV existía una cierta desconfianza respecto a Negrín, al que acusaban de utilizar resortes económicos para orientar la política del nacionalismo vasco y, además, creían que el SERE podría tener un carácter más político que administrativo. El 23 de marzo Aguirre había pedido a Negrín la parte proporcional de los fondos existentes para la ayuda a los refugiados. Heliodoro de la Torre, consejero de Hacienda, exigía que se les devolvieran determinados pagos adelantados por el Gobierno vasco. Negrín contestó a estas demandas desabridamente, criticando la gestión del Gobierno vasco y el establecimiento de subsidios a refugiados vascos que podían combatir y recalcó la necesidad de dar un trato igual a todos. El 1 de abril de 1939 las relaciones quedaron rotas cuando Negrín se negó a recibir a Heliodoro de la Torre, mientras que por su parte Aguirre no contestó a dos duras cartas de Negrín en las que pedía cuentas de la administración vasca. La necesidad de fondos del Gobierno vasco hizo que la relación se recompusiera unas semanas más tarde. En efecto en mayo de 1939 el SERE llegó a un acuerdo con el Gobierno vasco por el que el primero proporcionaría dos millones de francos al mes para atender a los refugiados vascos, de los que 400. 000 francos se destinaban a un hospital y 200. 000 a subsidios. Esta aportación se redujo a un millón y medio en julio de 1939 y 800. 000 desde septiembre de 1939, debido a la política activa de repatriación seguida por los nacionalistas vascos. Las aportaciones del SERE hasta noviembre de 1939 alcanzaron la notable cifra de cerca de catorce millones de francos, lo que permitía que se reservaran unos 300 a 400. 000 francos para gastos del aparato nacionalista. Según los documentos de resumen de gastos del SERE, el Gobierno vasco recibió para su funcionamiento solamente 462. 000 francos lo que suponía una aportación mensual de unos 40. 000 francos.
En el seno de los órganos directivos del PNV se estableció un debate sobre las relaciones a establecer con las instituciones republicanas en el exilio entre las que se encontraba, claro está, el Servicio de Evacuación. Mientras que Leizaola defendía la ruptura de todo vínculo para mantener una política vasca independiente, el ex ministro Irujo defendía mantener la presencia en las instituciones. Además de Leizaola, el representante del sindicalismo nacionalista, Robles, criticaba lo que se consideraba una dependencia del Lehendakari respecto a Negrín. El órgano directivo del PNV decidió la retirada de la representación nacionalista tanto del SERE como de la Diputación Permanente de las Cortes. La retirada implicaba la necesidad de reducir gastos, de modo que se decidió la clausura de refugios para mujeres y niños y la repatriación a España. Pese a la decisión de retirada, se llegó a un acuerdo con el SERE debido a la aguda dependencia económica del Gobierno vasco. A cambio de permitir la presencia de un interventor del SERE y de ceder los refugios, Negrín seguiría haciéndose cargo de los gastos (muy bien administrados) llevados a cabo por el PNV entre los refugiados. Tras el inicio de la guerra mundial, el PNV se fue desmarcando del SERE debido, entre otras razones, a la persecución del Gobierno francés para terminar retirándose y estableciendo una representación en la rival Junta de Auxilio a los Republicanos en enero de 1940.

LA INTERVENCIÓN FRANCESA TRAS EL PACTO GERMANO-SOVIÉTICO
A consecuencia del inicio de la guerra en Europa, el SERE intentó reestructurar sus servicios. Las posibilidades de evacuación se habían reducido dramáticamente debido sobre todo, como veremos, a la suspensión de la emigración por parte de las autoridades de México. Las autoridades francesas presionaban para que la institución republicana coadyuvara a la liquidación de los campos.
En primer lugar, Francia intentó que la inmensa mayoría de los españoles que habían pasado la frontera tras la caída de Cataluña volvieran a España, sobre todo en el caso de las mujeres y niños. Además, desde abril de 1939, la Administración francesa insistió ante los responsables del SERE para que se destinara la mayor parte de los fondos de los republicanos españoles al auxilio de los refugiados en tierras francesas, dejando los proyectos de evacuación para una minoría de responsables políticos y de refugiados indeseables dada su ideología anarquista y, posteriormente, comunista. En el caso de los varones adultos, la prioridad francesa desde la primavera de 1939 fue liquidar la estancia improductiva de los refugiados en los campos de internamiento.
A comienzos de agosto de 1939 permanecían todavía 92. 000 hombres en los campos de un total de 232. 000 refugiados. La carga de mantener los campos era insoportable pues, en el momento del inicio de la guerra mundial, el Gobierno francés había gastado ya la suma de 700 millones de francos y tenía comprometido un crédito de otros 200 millones en el auxilio de los refugiados españoles.
Hay que tener en cuenta que el SERE, controlado por Negrín, gastó poco más de 125 millones de francos en la protección de los refugiados y la administración de la ayuda en los quince meses de su presencia oficiosa en Francia, mientras que la JARE destinó unos cuatro millones mensuales para la protección de los refugiados en tierras francesas (sin contar los embarques) en el trienio de 1940-1942 (180 millones hasta noviembre de 1942).
Según Javier Rubio, la III República francesa intentó que la mayoría de los refugiados españoles regresara a España debido al deseo de mantener buenas relaciones con el Gobierno de Franco, asegurándose la frontera sur, y por la misma dimensión cuantitativa del problema de los refugiados. La posición del Gobierno francés era incentivar los retornos de los refugiados a España y, en segundo lugar, liquidar la estancia improductiva de los españoles en los campos. Además, con el inicio del conflicto mundial, hubo un lógico deseo de movilizar a los refugiados en la economía de guerra.
Ya el 12 de abril de 1939, el Gobierno francés promulgó un decreto por el que obligaba a los refugiados a realizar prestaciones para el Ejército. A partir del 5 de mayo de 1939 las autoridades de los campos, siguiendo directrices de París, presionaron a los refugiados para que se incorporasen a compañías de trabajadores. Al principio, las autoridades francesas permitieron que el enrolamiento fuese voluntario. A comienzos de julio la negativa de los internados hacia las presiones para ser enrolados en las compañías de trabajadores provocó incidentes en tres campos de concentración. Por ejemplo, en el campo de Agde se produjeron incidentes cuando la mayoría de los reclutados a la fuerza en una compañía de trabajo realizó una huelga de hambre.
Las relaciones del SERE con el Gobierno francés nunca fueron buenas. El SERE sólo fue un organismo tolerado porque, de cara a la Administración francesa, que había reconocido a Franco a finales de febrero de 1939, actuaba bajo la protección de la Legación mexicana. Como veremos, el ministro del Interior, Albert Sarraut, mantuvo mejores relaciones con la Junta de Auxilio a los Refugiados y el antiguo embajador en España, Eirik Labonne, acordó con la JARE un plan de emigración de unas 15. 000 familias de refugiados para la colonización de Túnez.
El veterano político radical-socialista francés, Albert Sarraut, había presidido el Gobierno en 1933 y 1936, además de desempeñar numerosos puestos ministeriales desde 1906. Al final de la Guerra civil, Sarraut, en su calidad de Ministro del Interior, tuvo que afrontar el problema de los refugiados por lo que a veces mostró una actitud contradictoria. Por ejemplo, en un de debate de la Asamblea francesa a mitad de marzo de 1939 tuvo para acallar las críticas hacia la admisión de los refugiados apelando nada menos que a la humanidad de San Vicente de Paul y a la Francia de los derechos del hombre. Deportado por los nazis, terminó presidiendo la Asamblea Nacional de la IV República francesa en 1950.
El Presidente del SERE, Pablo de Azcárate, tuvo como principal interlocutor al secretario general de Interior, Jules Berthoin. A finales de abril de 1939, el ex embajador tuvo unas conversaciones con Berthoin y el general Ménard en la que éstos explicaron que el propósito del Gobierno francés era asimilar a la mayoría de los refugiados varones una vez que se hubiese evacuado a México a la minoría política menos aceptable para la derecha francesa. El general Ménard tenía la convicción de que regresarían a España la mitad de los refugiados, y propuso el reclutamiento voluntario en batallones de trabajadores debido a la imposibilidad de mantener ociosos a más de 200. 000 refugiados en los campos. Para el responsable de Interior era mejor que se empleasen los fondos del SERE en la asistencia a los refugiados en vez de la evacuación a América. Días después, Azcárate se reunió con el director general de Trabajo, proponiendo éste la integración de un gran número de refugiados en la industria del metal con una reducción temporal de sueldo que compensara los gastos del Estado francés en los refugiados y aplacara la hostilidad de la derecha.
Las conversaciones entre Azcárate, en representación del SERE, y la administración francesa prosiguieron a lo largo del mes se mayo de 1939, pues Negrín y Méndez Aspe habían partido a México para recibir al primer embarque colectivo y aclarar la situación de los efectos depositados en ese país. Los responsables franceses se oponían a la libre circulación de los agentes del SERE, a otorgar permisos de residencia en el área del Sena y, en general, a todo lo que oliera a política del exilio. En cambio, aceptaban la creación de refugios si existía garantía de sostenimiento y la concentración de los refugiados evacuables en la zona de Perpiñán.
Desde el mes de junio, la presión francesa para la liquidación de los campos se hizo muy intensa, exigiendo que el SERE destinara parte de sus fondos a este cometido. Esta liquidación debía hacerse mediante retornos a España, evacuación de una minoría política inasimilable y la incorporación al trabajo en la economía francesa. A comienzos de agosto, Berthoin afirmaba que ya se había producido el retorno a España de unos 150. 000 hombres y que, en esos momentos, era imposible completar un cupo de 50. 000 que el Gobierno francés había acordado con Franco a cambio de la devolución de bienes españoles (a lo que el funcionario francés se había opuesto frente al criterio de Exteriores). Para el responsable de Interior había que seguir presionando para el retorno de las mujeres y los niños. Tras seis meses del éxodo de los refugiados, el balance era de 92. 000 internados en los campos, 120. 000 mujeres y niños residentes en refugios, y 20. 000 movilizados en los batallones de trabajadores. El Gobierno francés había realizado ya un gasto de 700 millones de francos y había tenido que solicitar un crédito adicional de otros 200. El subsecretario de Interior se quejaba de que la carga estuviera a punto de ocasionar un desembolso de mil millones de francos cuando británicos y americanos no estaban dispuestos a compartir los gastos que ocasionaban al Estado francés los refugiados españoles.
Con la firma del pacto germano-soviético la presión del Gobierno francés contra el SERE iba a aumentar. Días antes del estallido de la guerra en Europa, José Frade explicaba a Azcárate que "se me olvidaba advertirle de que las autoridades policiales de París se muestran intransigentes y agresivas contra nosotros".
La gestión del SERE era puesta en cuestión por todo el mundo: los Gobiernos francés y mexicano, la mayoría de los refugiados y de los diputados de la Diputación Permanente. La prolongación del internamiento de más de 200. 000 españoles en unos precarios campos de concentración, con una mortalidad altísima, era lo que más ponía en cuestión la actividad del SERE. Los gastos del Servicio ascendían a unos 4 millones de francos al mes, sin contar lo asignado para los embarques y los subsidios a las altas personalidades republicanas. Lo directamente asignado a los internados en los campos fue muy reducido: menos de un 1,5%. Esta cifra crecería a cerca de un 25% si se contaran los envíos de vestuario para los internados. Lo gastado en la administración del SERE, con 216 funcionarios y un extravagante servicio de información, suponía unos 500. 000 francos. A esto hay que añadir que la estructura del gasto era necesariamente elitista pues 500 personalidades republicanas recibían subsidios que suponían mensualmente un monto global de 800. 000 francos. Esto quiere decir que lo gastado en subsidios y sueldos para menos de mil republicanos suponía cerca de una tercera parte del gasto mensual del Servicio. En los meses anteriores al estallido de la guerra mundial, el coste por persona de los embarques colectivos era de 3. 000 francos. La primera expedición hacia México en el Sinaia fue sufragada por una institución de ayuda británica, el National Joint Committee For Spanish Relief, presidido por la duquesa de Atholl. La expedición tuvo un coste de 24. 000 libras, de las que el SERE pagó una cuarta parte cuando se había comprometido a cubrir la mitad del flete. En el verano de 1939 hubo otras dos expediciones a México y una a Chile y, en el momento que Cárdenas suspendió los embarques colectivos a México en agosto de 1939, el SERE había entregado al embajador mexicano fichas personales de 24. 000 refugiados para su evacuación hasta finales de 1939. Además estaba contratado para nuevas expediciones el buque Mexique con un coste diario de 30. 000 francos que, con la suspensión de los embarques, se quedó dando tumbos (y gastos) durante todo el mes de agosto. Antes de la suspensión de la emigración, se preveía completar la evacuación de refugiados hasta México por una cifra global de 30. 000 personas, una cantidad muy alejada de las previsiones existentes en el momento del final de la guerra civil.
Esto suponía que la previsión de gasto en emigración del Servicio de Evacuación rondaba los 90 millones de francos. Una cifra que revela la precariedad de los recursos manejados por el SERE, que obligó a que la ayuda fuera muy selectiva y elitista.
La creación de la JARE, la suspensión de la emigración a México, la persecución del Gobierno francés y el estallido de la guerra mundial obligaron al SERE a limitar progresivamente su gestión. Los colaboradores de Negrín intentaron reestructurar el Servicio, dándole un "estatuto de guerra". Para ello, había que reducir personal y puestos directivos, y extremar la cobertura de la Legación mexicana. El 11 de septiembre, Azcárate, Mantecón y Osorio-Tafall se encontraron con el encargado de negocios mexicano, Bernardo Reyes, y Federico Gamboa, para pedir que se incrementara la protección de la Legación, enmascarando las actividades del SERE de cara a las autoridades francesas. El ex ministro Francisco Méndez Aspe trató de reorganizar el Servicio durante el otoño de 1939. Para sustituir en la presidencia a Azcárate, que había reiterado su dimisión el 30 de agosto y el 14 de octubre, se pensó en el republicano Nistal pero, finalmente, el puesto quedó vacante. Los ex ministros de Negrín Tomás Bilbao y Antonio Velao fueron incorporados en octubre como colaboradores de la presidencia del SERE. La salida del director, Osorio-Tafall, en octubre no fue cubierta por Alejandro Viana hasta diciembre de 1939. En marzo de 1940, el reciente nuevo Director del SERE fue destituido por Negrín al mismo tiempo que el secretario general, José Ignacio Mantecón, pues había surgido discrepancias entre ambos. Reyes, sobrino del polígrafo mexicano, sugirió el traslado del Servicio a Burdeos, dada la cercanía del puerto para los embarques y las buenas relaciones existentes con la prefectura.
Durante los primeros días de la guerra mundial, Negrín llevó a cabo paralelamente una gestión similar ante el embajador franquista Félix de Lequerica a la que, como veremos, había sugerido Prieto y autorizado la JARE, para el retorno de la mayoría de los refugiados a cambio de la entrega del dinero y diversos efectos bajo su control. La única fuente que señala estos contactos son los diarios inéditos de Pablo de Azcárate que hizo públicos su hijo Manuel en el libro de memorias Derrotas y esperanzas. La idea de que la mayoría de la masa de refugiados debía regresar a España la manejaron desde comienzos del éxodo no sólo los líderes socialistas sino que otros partidos como el PCE y el PNV, así como el Gobierno francés, defendieron la política de repatriaciones de los refugiados menos comprometidos. Lo sorprendente de la gestión de Negrín, que buscó, además, los buenos oficios del Foreign Office, es que coincidiera en el tiempo con las que había hecho Indalecio Prieto. Puede ser que el ex Presidente del Gobierno republicano conociera la gestión de Prieto con Lequerica y se sumara por su lado a la iniciativa. En el caso de Negrín parece ser que la exploración la realizó a través de su discípulo Blas Cabrera y que Lequerica envió a Madrid a Ruiz Senén, del Banco Urquijo. A mitad de octubre de 1939 nada se sabía de Franco. En una nueva reunión de Negrín con sus colaboradores de mayor rango, Méndez Aspe, Álvarez del Vayo y Azcárate, el ex Presidente encomendó al ex embajador en Londres que explorara una posible mediación del Foreign Office. Azcárate tuvo una conversación con Alexander Cadogan, subsecretario del Foreign Office, pero éste se mostró escéptico, señalando que la diplomacia británica nada podría conseguir de Franco. Esta gestión de Negrín demuestra el personalismo de los modos del ex Presidente, por cuanto éste solamente informó a sus más altos colaboradores con posterioridad al inicio de la gestión, mientras que Prieto pidió el visto bueno de la JARE antes de su gestión directa con Lequerica. Además, Negrín no realizó la gestión directamente sino por personas interpuestas, aunque parece que Lequerica se negó a recibirle. Esta falta de una directa dedicación de Negrín al problema de la ayuda a los refugiados sería acremente criticada por algunos de sus subordinados, en especial los comunistas.
Ninguna concesión se conseguiría de Franco, empeñado en una purga represiva masiva de la sociedad española. Más bien al contrario pues, como veremos, las actividades de los republicanos en el exilio y, en especial, las de los vinculados con las instituciones de ayuda republicana, fueron perseguidas con especial saña por la Administración franquista ya que, a su juicio inhumano, añadían un delito continuado contra la seguridad del Estado que se sumaba a las presuntas responsabilidades políticas de la guerra civil.
Las presiones franquistas, unidas a la propia prevención anticomunista del Gobierno de guerra de la República francesa, trajeron consigo la persecución directa contra el SERE. El 5 de diciembre de 1939 la policía francesa irrumpió por primera vez en los locales del SERE, registrando, además, los domicilios particulares de sus principales responsables como, entre otros, Mantecón, Rancaño y Viana. La presión francesa contra el SERE había dado un nuevo salto, ya no bastaba con los confinamientos realizados entre septiembre y octubre, que habían afectado a ex ministros de Negrín como Vicente Uribe o Francisco Méndez Aspe, quien era de hecho el máximo responsable del SERE. El 20 de enero de 1940, Azcárate viajó a París para entrevistarse con el secretario general de Interior y el comisario general Simón para inquirir noticias sobre la incautación de documentación del SERE. Al control policial se sumó una acción de los tribunales de justicia. El 31 de enero, cuando Azcárate pensaba regresar a Londres y establecer nuevas bases del SERE con el Gobierno francés, un juez de instrucción envió a la policía a investigar la casa privada de Negrín, las sedes del SERE, los domicilios de otras personalidades y las habitaciones del hotel donde se alojaba Azcárate. Para éste, la nueva fase de la persecución contra el SERE había sido ordenada por el Ministerio de Justicia sin conocimiento de Interior. Ya no se trataría de demostrar el carácter comunista del SERE sino su carácter de asociación extranjera ilegal, según la legislación de abril de 1939. Los responsables del SERE elaboraron una memoria que, a través del encargado de negocios mexicano Bernardo Reyes, enviaron al juez de Instrucción y al Ministerio del Interior en la que intentaban demostrar que el SERE no era una asociación extranjera sino una organización "sui generis" creada por Legaciónmexicana de acuerdo con Gobierno francés para evacuar a refugiados republicanos españoles.
Azcárate activó de nuevo sus buenas relaciones con el secretario general de Interior, reuniéndose en varias ocasiones con él. En la memoria enviada al juez de instrucción, el SERE trataba de demostrar la colaboración existente con Interior, así como el carácter del Servicio de "organismo oficioso para una misión temporal", bajo la protección de la Legación de México, por lo que consideraban que era improcedente su autorización como asociación extranjera.
Esta intervención judicial agravó la situación del SERE en Francia, imponiendo la necesidad de establecer un plan de liquidación de sus actividades. El 10 de febrero este Plan fue enviado al Ministerio del Interior, precisando la estructura de gasto prevista para los próximos meses, pues pensaban suprimir los subsidios en mayo. El Plan establecía que se dedicarían 1,8 millones para el embarque de 300 refugiados a la Dominicana y 1 millón para los pasajes individuales de otros 100 hacia México, Chile y Argentina. Los gastos necesarios para mantener 6 refugios para unas 500 personas eran de 120. 000 francos al mes y de 100. 000 al mes para 400 refugiados en la zona de Burdeos. Se destinaban 80. 000 para niños y 37. 000 para intelectuales, mientras que se daban subsidios mensuales de 1, 26 millones; 207. 000 para los internados en los campos de concentración; 500. 000 para mutilados; y para administración del Servicio 450. 000 francos. En total, el SERE pensaba destinar unos tres millones de francos al mes a sus actividades durante el periodo de liquidación.
El balance de gastos del SERE entre abril de 1939 y el final de enero de 1940 fue de 104 millones de francos, dedicándose 40, 5 millones (39%) en la evacuación de refugiados hacia América. A los campos se había dedicado un 18% de los gastos del SERE, aunque habría que sumar otro 17% de gastos en especie (alimentos, vestuario) y un 17% invertido en residencias y refugios. Según este balance lo gastado en administración y seguros fue de un 10%. Este balance no incluía lo gastado en subsidios a las altas personalidades republicanas, que llegaban a los 20. 000 francos al mes para Negrín, mientras que sus ex ministros cobraban 4. 000.
Si tenemos en cuenta que la cantidad disponible para Negrín el 27 de febrero de 1939, fecha del reconocimiento de Franco, era de 1, 512 millones de libras, 454. 000 dólares y 8, 9 millones de francos (en total unos 7 millones de dólares, 311 millones de francos o 1, 7 millones de libras), lo gastado en el SERE fue de un total de 180 millones de francos (incluidos los 70 del CTARE de México). A esta cifra habría que añadir otros 8 millones de francos gastados en ropa para los refugiados, 10 en la evacuación de la zona Centro y 6 millones para los mutilados, lo que supondría una cifra global de gasto de 223,4 millones de francos hasta junio de 1940. En el momento de la huida de Negrín a Inglaterra, coincidiendo con la ocupación alemana, disponía de unos 45 millones de francos (unas 250. 000 libras). En este balance no se tiene en cuenta los efectos no recuperados de Campsa Gentibus, Mid Atlantic, Calviño, Bolaños, Zabala y De los Ríos. En el caso de los fondos manejados por Calviño y De los Ríos, entregados a las autoridades mexicanas, fueron a su vez enviados por el embajador mexicano Narciso Bassols al Comité Técnico en México por lo que habría que añadirlos al gasto total del SERE. Estos fondos fueron de 38 millones de francos y 258. 000 dólares. Este balance del gasto de Negrín y sus colaboradores no tiene en cuenta las retribuciones a ex ministros, los gastos varios y los fondos maneados por el Spanish Refugiee Trust de Henry Reding, con la colaboración de Joaquín Lozano y, más tarde, con la del ex Presidente de Gobierno, Manuel Portela Valladares.
El 10 de mayo de 1940 una nueva intervención francesa envió a José Rancaño y José Ignacio Mantecón al campo de Vernet, obligando a esconderse a Alejandro Viana. Otros responsables, como Francisco Méndez Aspe, fueron citados de nuevo por la policía francesa, encabezada por el inspector Louet. A finales de mayo hubo una orden de clausura contra el SERE y otras instituciones de los republicanos españoles. A pesar de la incautación de los archivos y el dinero de la mayoría de las oficinas del SERE, hubo una dependencia que siguió actuando en Tronchet hasta la ocupación alemana en junio, organizando la última expedición del barco Cuba con internados del campo de Vernet, en su mayoría del PCE, hacia la República Dominicana, expedición que terminaría siendo desviada hacia México, gracias a la ayuda y la mediación de la JARE.
EL COMITÉ TÉCNICO EN MÉXICO
La constitución de la delegación del SERE en México estuvo condicionada por el pleito entre Prieto y Negrín. A pesar de que el doctor José Puche llegó a México el 31 de marzo de 1939, la creación del Comité Técnico de Auxilio a los Republicanos Españoles (CTARE) no se llevó a cabo hasta el 29 de junio de 1939, dos semanas después de la llegada a Veracruz de la expedición del Sinaia . Esta demora se debió a la tentativa de reconciliación que realizó Negrín con Prieto, con motivo del viaje del primero a tierras americanas, ofreciéndole tardíamente la presidencia de una junta técnica. Además, Negrín estaba lejos de propiciar una emigración masiva a México, resevando los bienes del Vita para el futuro de las instituciones republicanas, una vez derribado Franco, más que para la ayuda a los refugiados. Según confesaba Negrín "no tenía ilusión de que inversiones en México fueran a prosperar o mantenerse pues no existían condiciones adecuadas" y era "entrar con el pie forzado de someterse a imposiciones extrañas a toda consideración financiera, sin contar con libertad para organizarse y dirigir sin interferencias". El propósito de Negrín era auxiliar temporalmente a los emigrados y emprender algunas actividades económicas de alcance limitado pero "la ayuda transitoria encaminada a facilitar que encontraran acomodo no encuentra pareja en la prestada a emigraciones colectivas de otros países, ha rebasado lo convenido, con detrimento de los que han llegado a última hora y a expensas de los que en situación más aflictiva y a veces en peligro de vida se hallaban en Francia y en el norte de África".
El compromiso existente con el Gobierno de Cárdenas de emprender actividades productivas que facilitaran el asentamiento de los refugiados hizo que Negrín enviara a Puche y otros técnicos antes de la llegada de los primeros embarques colectivos. Para ello, Negrín entregó a Puche en marzo de 1939 la cantidad de 300 mil dólares, enviándole en nuevas remesas a lo largo de 1939, 1,255 millones de dólares adicionales. A estas cantidades habría que sumar unos 400 mil dólares entregados por el embajador Narciso Bassols al CTARE en agosto y noviembre de 1939, procedentes de lo enviado por Fernando de los Ríos y José Calviño Ozores. Posteriormente, en el verano de 1940, Negrín y Vayo proporcionaron a Puche unos 45 mil dólares adicionales, aunque éste demandaba una aportación mínima de 120 mil dólares para sostener las empresas e instituciones creadas en México. Por tanto, parece que la delegación del SERE en México dispuso de unos dos millones de dólares, unos 10 millones de pesos. Esto suponía una cuarta parte de la totalidad de los recursos manejados por Negrín. Teniendo en cuenta la limitación de los recursos, agravada por la precipitada salida de Francia en junio de 1940, lo gastado por el SERE en México para unos 7000 refugiados suponía una cantidad absolutamente desproporcionada respecto a lo asignado para el censo de refugiados, mucho más abultado, en Francia y África del Norte. En el verano de 1940, Negrín insistió en no gastar más en México recuperando parte de las inversiones realizadas con el objeto de poder contribuir a paliar la situación de los refugiados, mucho más angustiosa, bajo la Europa de Hitler.
La presión de las autoridades mexicanas para que Negrín concretara la financiación de la emigración a México fue respondida por éste con evasivas, lo que irritó a Cárdenas y a su embajador en Francia. El Presidente mexicano quería que se decidiera de una vez qué se hacía con el cargamento del Vita, recomendando que se retirara del país si no se utilizaba para el asentamiento de los refugiados en México.
La llegada de la expedición del Sinaia a mitad de junio de 1939, recibida en Veracruz por Negrín, se encontró con que no había ningún preparativo por parte de las instituciones republicanas españolas. Aunque las autoridades mexicanas habían organizado trenes especiales con el objeto de distribuir a los presuntos campesinos españoles por los diversos Estados, la realidad de una composición social de la expedición en la que escaseaban los trabajadores del sector primario hizo suspender la distribución. Hubo que improvisar albergues y comedores por el Estado de Veracruz, en espera de poder distribuir a los recién llegados. El Frente Popular español de México atendió a unos centenares de refugiados en el Distrito Federal y las autoridades mexicanas tuvieron que pedir que se moderaran las manifestaciones de solidaridad ideológica, pues debían dirigirse a la comunidad de emigrantes económicos españoles para pedirles que dieran trabajo y alojamiento a sus compatriotas.
El 24 de junio de 1939 se estableció el reglamento del Comité Técnico, comenzando sus reuniones unos días más tarde. A la sesión del 8 de Julio asistieron José Puche, Martín Díaz de Cosío, Agustín Millares Carló y Joaquín Lozano. Cosío había colaborado con la embajada en la adquisición de suministros alimentarios durante la guerra mientras que Millares había desempeñado el consulado general en 1939. Millares jugaría un papel destacado en la creación del Instituto Luis Vives en agosto de 1939. Posteriormente, se incorporaron a la dirección del Comité Técnico el bancario ugetista, Luis Guillén, asesinado en la primavera de 1941, y el general Llano de la Encomienda, también herido en el mismo atentado. Otro miembro del Comité que sufrió un atentado en Chihuahua fue Díaz de Cosío. Curiosamente, no se incorporaron a las tareas del CTARE algunos directivos del SERE que lograron emigrar a México en 1940 como Osorio-Tafall, Viana o Mantecón.
El Comité tuvo que subsidiar a gran número de refugiados, pues varios miles se encontraban sin empleo al año de su llegada a México. La pérdida del control de los bienes del Vita y otros efectos (el barco Arnus, los aviones Bellanca y los motores de aviación, así como valores de diversos países), y la suspensión de la emigración hacia México en agosto de 1939, motivaron que Negrín desalentara nuevas inversiones. De hecho, para octubre de ese año Puche hizo públicos por primera vez planes de supresión de socorros, albergues y comedores. Esto provocó diversas protestas de diputados y representantes políticos, que criticaban el desacato del CTARE a lo acordado por la Diputación Permanente de las Cortes en julio de 1939, así como la inminente reducción de los subsidios a pesar de que se mantenía un amplio y costoso aparato burocrático. Una de las críticas más feroces fue la de Manuel Albar, miembro de la ejecutiva del PSOE, quien se quejaba del triste espectáculo de la situación de los refugiados llegados a México:
"Esta administración catastrófica, que consiste en aplacar el hambre de un día sin evitar el de mañana, huérfana de todo sentido constructivo, dilapidadora e ineficaz, discernida, además, con un favoritismo que sonroja, es el reflejo exacto de aquella política de guerra mal llamada de resistencia".
El anuncio de reducción de subsidios era algo lógico, tras cuatro meses de la llegada de las primeras expediciones colectivas, pero respondía también al deseo de presionar a la administración cardenista para que les traspasara el control de los bienes y efectos en manos de sus rivales, cuando todavía no había comenzado la actuación de la delegación de la JARE en México. En efecto, Puche se había dirigido en varias ocasiones al Presidente Cárdenas y a su secretario de Gobernación, Ignacio García Téllez, solicitando la cesión de efectos que valoraba, muy exageradamente, en 13,5 millones de pesos (algo menos de 3 millones de dólares). La ausencia de nuevas inversiones en México la justificaba por las dificultades impuestas por el comienzo de la guerra mundial, señalando que el Comité Técnico no podría no sólo crear nuevas empresas agrarias e industriales sino mantener los subsidios. Únicamente la cesión de los efectos (el tesoro del Vita no se consideraba pues Puche conocía los planes de reservar esos bienes para el futuro), podría permitir continuar las actividades de socorro del CTARE. La amenaza de cierre se fue postergando hasta la primavera de 1940 cuando se empezaron a cerrar los albergues y dejar de pagar los subsidios. La situación se agravó con ocasión de la llegada al Caribe del último embarque colectivo en el barco Cuba. Esta expedición, reclutada con internados en el campo de castigo de Vernet, en buena parte de filiación comunista y anarcosindicalista, no fue admitida finalmente en la República Dominicana, que era su lugar de destino.
Como veremos, esta situación obligó al CTARE a pedir ayuda a la delegación de la JARE en México para su traslado hasta México y provocó la primera intervención del Gobierno de Cárdenas respecto a la gestión de los organismos de ayuda de los republicanos españoles.
Se trataba de dispersar a los refugiados desempleados distribuyéndolos por los Estados, como condición para mantener los subsidios otros 6 meses, y de asentar en tierras tropicales del istmo de Tehuantepec a los recién llegados, fueran o no campesinos. La JARE pagó 24.000 dólares por el flete de un barco que trasladara a 600 refugiados desde la Dominicana hasta el puerto de Coatzacoalcos en México y al CTARE otros 15.000 dólares para las indemnizaciones del cierre de los albergues y comedores. Esta cesión de responsabilidades del CTARE hacia sus rivales no significó que no se mantuvieran algunos subsidios y las actividades económicas que habían emprendido, a pesar de las órdenes de liquidación de Negrín. En efecto, el presupuesto de "liquidación" del CTARE para un año, formulado en octubre de 1940 preveía un gasto total de 156.698 pesos (31.300 dólares). Con ese gasto, que no tenía en cuenta las obligaciones de la Financiera en empresas agrícolas e industriales, se pretendía indemnizar al personal despedido y mantener algunos subsidios. El ex Presidente del Gobierno, refugiado en Inglaterra tras la caída de Francia, gracias a la protección diplomática del embajador mexicano Luis I. Rodríguez, quería liquidar las actividades del SERE en México, recuperando parte de los fondos invertidos en diversas empresas, con el fin de atender prioritariamente a la situación de los refugiados en Francia. Según explicaba Negrín a Puche, irritado por la demanda de 120.000 dólares para sostener las actividades emprendidas en México, los "imprevisibles quebrantos sufridos últimos meses y por desconcierto haberse dispuesto sin nuestra orden ni conocimiento de recursos superiores a los calculados y autorizados. Futura última aportación solamente para empresas viables desde un punto de vista financiero, liquidando negocios fallidos. Incluso antes de limitarse emigración a México se pensaba utilizar recursos fuera de Europa que hoy mermados habrán de cubrir conjunto de necesidades (...) nuestra preocupación actual principal situación compatriotas en Francia a cuyas expensas se realizarán dispendios necesarios en otros sitios".
El Comité Técnico había emprendido una serie de inversiones en empresas industriales y agrícolas, además de la creación de instituciones educativas y culturales (Colegio Luis Vives, Editorial Séneca,...). Las más importantes fueron la Empresa Colonizadora Santa Clara en Chihuahua y la empresa metalúrgica Vulcano. El taller Vulcano, que empleaban a más de 300 refugiados, se había constituido con un capital de un millón de pesos (200.000 dólares) pero enseguida arrastró deudas de más de 400.000 pesos. En la antigua hacienda de Santa Clara y en otras pequeñas fincas, el Comité Técnico invirtió 726.000 dólares, prácticamente la mitad de lo gastado en México.
La mayoría de las inversiones industriales y agrarias del CTARE resultaron un fiasco pero, al menos, dieron empleo temporalmente a más de 3 mil refugiados. Además del caso de Vulcano, se perdió capital en la Unión Nacional Mexicana de la Construcción por 20.000 dólares "uno de los desastres más completos e injustificados de los padecidos aquí"; y en una empresa química farmacéutica las pérdidas fueron de 30. 000 dólares sin contar 12.000 en préstamos). Las apuestas educativas y culturales lógicamente también produjeron pérdidas, pero fueron la proyección más importante del CTARE para la sociedad mexicana. En mayo de 1940 el Comité había invertido ya 15. 000 dólares en la editorial Séneca y 31.450 en el Instituto Luis Vives. Además el CTARE creó una Financiera Industrial y Agrícola (FIASA) que perviviría, con los restos de las inversiones, hasta comienzos de los años sesenta. Para la primavera de 1941, la situación del CTARE, que había salvado la intervención de nuevo Gobierno del Presidente Manuel Ávila Camacho, era crítica. Además del asesinato de Guillén, Joaquín Lozano había sufrido una angina de pecho, por lo que el peso de la liquidación del Comité recaía en José Puche. A mitad de mayo de 1941 las obligaciones del CTARE ascendían a 1.199.345 pesos (240. 000 dólares) con un déficit de 200. 000 pesos, una vez vendidas tierras sobrantes de Santa Clara y el ganado por medio millón de pesos y contratado créditos adicionales por 400. 000 pesos. Al decir del atribulado doctor Puche "las necesidades a que todavía tenemos que hemos de acudir, el sostenimiento de lo que hemos creado, y el agotamiento de nuestros recursos en todo ello, así como las órdenes recibidas desde Londres nos ha llevado a una situación que, sin énfasis, puede calificarse de verdaderamente épica". Una situación "épica" que obligó a Negrín a enviar, a través de Vayo en Nueva York y del político mexicano Eduardo Villaseñor que trasladaba los fondos, 44 mil dólares adicionales que salvaran las inversiones de FIASA en México. Las obligaciones y compromisos eran de tal calibre que sin esta aportación hubiese quedado comprometida la totalidad del patrimonio. Se trataba ya, no obstante, de una "maniobra de aclaración y liquidación" para la que Puche hubiese necesitado la inyección de, al menos, 120 mil dólares. El ex ministro Álvarez del Vayo y el doctor Puche estaban irritados por la tardanza de Negrín en resolver la situación crítica de sus intereses en México. Según confesaba el primero, estaba indignado con Negrín y esperaba que las inversiones mexicanas pudieran caminar solas:
"Tiene usted razón al juzgar la excesiva pusilanimidad de D. (Negrín). Hay momentos en que también a mí me saca de quicio con sus precauciones y lentitudes" pues "emplear más esfuerzos para solo retrasar la hora del atasco definitivo. Y usted sabe muy bien que no es solo el problema de México. No sé en qué situación se encontraría un equipo de Negrín si fuese reconocido algún día".

SANTA CLARA: DE UTOPÍA COLONIZADORA A EMPRESA AGRARIA
Uno de los objetivos básicos de todos los planes de emigración hacia México fue la colonización agraria en zonas geográficas fronterizas por mar y tierra. En la etapa cardenista, de ejidos comunales y terminación del reparto de las haciendas, se empezó a plantear aspectos no sólo de reforma social sino técnica, que incluyera regadíos, maquinaria, fertilizantes e introducción de nuevos cultivos. Dado el común reformismo radical de Cárdenas y Prieto, unido al regeneracionismo del segundo, los primeros planes de emigración masiva tenían contenidos claramente desarrollistas y modernizadores. Aunque la composición social de los primeros embarques colectivos frustraron el asentamiento y distribución de presuntos refugiados "campesinos" por los ejidos de los Estados, enseguida el Comité Técnico emprendió negociaciones con la Secretaría de Agricultura para conseguir tierras para colonizarlas con los refugiados.
Para el mes de agosto de 1939, con la finalización de la primera fase de la emigración a México, se había optado por concentrar los limitados recursos humanos y materiales disponibles en una empresa colonizadora en el norteño y semiárido Estado de Chihuahua, descartando la colonización de ranchos en tierras tropicales de Tabasco, Oaxaca o Veracruz. El Comité Técnico había decidido concentrar sus recursos en la adquisición de una extensa propiedad, conocida como la hacienda Santa Clara, de nada menos que 138 mil hectáreas. Esto significaba que se descartaba la concesión de pequeños lotes por la Secretaría de Agricultura o los Gobiernos de los Estados, decidiendo construir una especie de empresa cooperativa modelo.
El reclutamiento y traslado de refugiados a Santa Clara encontró dificultades pues, no en vano, había pocos agricultores entre los recién llegados. Hasta finales de abril de 1940, coincidiendo con la suspensión de los subsidios a los desempleados, el CTARE no decidió la adquisición definitiva de Santa Clara. La Financiera Industrial y Agrícola del CTARE descartó la explotación de las tierras con campesinos a jornal, estableciendo, de acuerdo con unas bases elaboradas por el técnico Adolfo Vázquez Humasque, ex director del Instituto de Reforma Agraria, un régimen de explotación cooperativo. Las bases preveían que los colonos terminaran adquiriendo las tierras con los beneficios de las cosechas. El Comité llevó finalmente a Chihuahua a más de 400 personas, construyendo casas y presas de riego, así como adquiriendo numerosa maquinaria y cabezas de ganado. Sin embargo, enseguida la situación en el seno de la Empresa colonizadora se hizo crítica tras el enfrentamiento de los primeros colonos de diversas ideologías con un grupo de recién llegados desde un rancho de Michoacán pertenecientes al PCE. Además, un grupo de 156 personas, entre colonos y sus familiares, se opusieron al régimen de vida y de producción colectivista, pero sobre todo a las actividades políticas impulsadas por los comunistas. Este grupo, entre los que predominaban socialistas y anarcosindicalistas, se dirigió al director de la Colonia y al CTARE expresando, de manera tajante, su "incompatibilidad con los comunistas para seguir conviviendo y colaborando en la colonia en trabajo con ellos". La situación era tan violenta que uno de los enviados del CTARE, Martín Díaz de Cosío, sufrió un atentado. Se produjo la intervención de la administración mexicana con la visita de delegados de Migración y Gobernación, solicitándoles que demorasen la salida de Santa Clara hasta después de la primera cosecha. A consecuencia de los incidentes, el director técnico, Gaos, fue sustituido por Martín Luna. El 10 de mayo salieron más de 30 colonos y el grueso de los disidentes abandonaron Santa Clara, según lo convenido con las autoridades mexicanas, después del 10 de junio de 1940. La Colonia quedó reducida a 128 trabajadores con 114 familiares, un total de 242 personas. La precariedad del número de colonos hizo contratar a peones mexicanos pero éstos tampoco se amoldaron a la convivencia con los politizados colonos españoles, abandonando Santa Clara el último de los mismos en enero de 1943. El número de colonos se fue reduciendo progresivamente, lo que llevó aparejada la venta de maquinaria, tierras sobrantes y ganado. En junio de 1941, quedaban 100 campesinos mientras que para 1944 el número de personas en total residentes en Santa Clara era de 68. La salida y dispersión de los colonos, y la contratación de jornaleros mexicanos, hicieron inviable la adquisición de parcelas por los cooperativistas. Los colonos no sólo no pudieron adquirir las tierras, prevista para finales de 1943, sino que arrastraban importantes deudas con la Financiera (FIASA).
El proyecto de inversión de Puche en la Empresa Colonizadora Santa Clara fue muy ambicioso. En octubre de 1939, a pesar de la pérdida del control de tesoro del Vita y de la limitación de los efectivos de Negrín, el doctor Puche presentó un plan de inversión en Santa Clara de 3.840.000 pesos (768 mil dólares), seguramente con objeto de presionar a las autoridades mexicanas para que cedieran al CTARE determinados efectos como material de aviación, barcos y bonos. De esta manera, Puche quería demostrar a Cárdenas que el plan de inversiones para el asentamiento de refugiados del que había hablado en el pasado mes de junio seguía adelante. Únicamente por motivos ajenos a la voluntad de Negrín y Puche, sobre todo por el estallido de la guerra mundial, no se habrían cumplido las expectativas desarrollistas ante la notable pérdida de recursos. En todo caso, Puche preveía la inversión en México entre empresas y subsidios de 7,5 millones de pesos (1,5 millones de dólares) hasta junio de 1940. Finalmente, el capital social inicial de Santa Clara fue de dos millones de pesos. En el período de constitución de la Colonia, hasta mayo de 1940, el saldo deudor fue de más de 700 mil pesos (en los gastos de constitución se habían ido 136 mil pesos). Medio año después, en enero de 1941, el saldo deudor ascendía ya a más de 800 mil pesos (811 en enero que se convirtieron en 883 en diciembre). Estas pérdidas, unidas a los gastos de constitución, supusieron que para finales de 1942, se tuviera que reducir en un 50% el capital social de partida. La cosecha de avena de Santa Clara por importe de unos 100 mil pesos tenía que ser descontada inmediatamente en la retirada de letras de pago. A finales de 1941, las pérdidas superaban el millón de pesos (200 mil dólares) a pesar de que se habían vendido las tierras sobrantes, parte de la maquinaria y el ganado. De 111.140 hectáreas, valoradas con las mejoras, en 768 mil pesos, se vendieron en 1941 86.285 hectáreas a un precio de 529.000 pesos.
La liquidación de la empresa Colonizadora Santa Clara, a pesar de los deseos de Negrín y Méndez Aspe, se fue demorando hasta el final de la segunda guerra mundial, debido al temor de que la administración mexicana del Presidente Ávila Camacho abriera una investigación sobre las actividades del CTARE o incluso terminase incautando todos los activos como había ocurrido con la JARE en noviembre de 1942 y marzo de 1943.
Negrín venía insistiendo en la liquidación de los intereses en México, de modo que lo resultante pudiera emplearse en Europa para paliar la dramática situación de los refugiados bajo la bota de Hitler y la maltrecha hacienda del "Gobierno en el exilio":
"Es necesario liquidar drásticamente los negocios de ahí para evitar mayores pérdidas que ya no podemos soportar (...) llevamos treinta meses insistiendo en liquidar aunque no explicando las razones salvo telegramas a Guillén (y) supe con asombro que éste había dispuesto, con tremendo quebranto para nuestros planes, de recursos reservados para otros fines".
De todas formas, la liquidación de las empresas de FIASA se fue demorando. De la empresa metalúrgica Vulcano, la Financiera se deshizo vendiendo las acciones a un español "gachupín". Esta empresa, junto a Santa Clara, eran las inversiones más difíciles de recuperar debido a que empleaban a unos cuantos centenares de refugiados. Francisco Méndez Aspe aconsejó a Negrín que se liquidaran estas inversiones antes del final de la guerra mundial, debido a la previsible depreciación de las mismas, aunque temía la reacción de Ávila Camacho:
"las autoridades mexicanas verán con disgusto toda actuación por nuestra parte que tienda a esa operación, por suponernos con propósito de poner a buen recaudo los recursos invertidos e nuestras empresas, existiendo el peligro de que el Gobierno mexicano se incaute de las empresas o de los recursos o bien conjuntamente incorporándolos a la creada para administrar los bienes de la República Española. De decidirse por la liquidación, habrá necesidad de actuar con extremada habilidad y cautela, comenzando por desprenderse inmediatamente de las empresas pequeñas, luego Vulcano y Santa Clara, que será la que ofrezca más peligros y dificultades, y editorial Séneca que discurre con languidez cercana a la extinción".
El último día de 1943, al hacerse el balance de Santa Clara, se estableció que los activos eran de 4.346.438 pesos y los saldos de 2.028.742. Los colonos restantes tenían que hacer un reintegro inmediato de 721. 000 pesos y otro a largo plazo de 775. 000, para cumplir con el plan de que la propiedad pasara a sus manos, lo que, finalmente, no se pudo llevar a cabo.
Finalmente, Puche poco pudo recuperar de la inversión en Santa Clara. El 10 de agosto de 1945, días antes de la reunión de Cortes en México en la que Negrín pudo presentar la dimisión como jefe del Gobierno, Puche consiguió una oferta por las 29. 000 hectáreas restantes de Santa Clara de 300. 000 pesos. Dos días después, se acordaba la venta por esa cantidad a pesar de que las acciones tenían un valor nominal de un millón de pesos, estableciéndose la finalización del pago hasta el 15 de marzo de 1946. Posiblemente algunos remanentes de las inversiones y valores en manos del CTARE, a través de la Financiera, continuaron siendo manejados por el Doctor Puche a lo largo de los años cincuenta.
La única inversión que pudo recuperar el Gobierno Giral fue la deuda de 30. 000 pesos que la editorial Séneca, dirigida por ese entonces por el propio Puche tras la marcha de José Bergamín a Venezuela, tenía con la Financiera.

LA AYUDA DE NEGRÍN DESDE INGLATERRA
La precipitada salida de Negrín de Francia, tras el hundimiento de la III República ante la guerra relámpago hitleriana, trajo consigo la pérdida de diversos fondos. Hay que recordar que la policía francesa había intervenido las oficinas del SERE y los domicilios particulares de sus directivos, incluidos los de Negrín y Ramón González Peña, todavía Presidente del PSOE y de UGT. Puede calcularse que el resto de los fondos en efectivo trasladados por los colaboradores de Negrín a Inglaterra ascendían a 222. 000 libras (1,1 millones de dólares). Otros medios de origen republicano como las acciones de la compañía eléctrica CHADES de más de dos millones de libras (10 millones de dólares), pertenecientes originariamente a Francesc Cambó y controladas formalmente por el británico Henry de Reading, con la colaboración española del ex Presidente del Gobierno Manuel Portela Valladares, estaban intervenidos por las autoridades británicas. Los intereses recibidos de este trust permitieron el disfrute de un mediano nivel de vida a Juan Negrín y sus más estrechos colaboradores hasta la entrega a Franco de las acciones de CHADES a comienzos de los años cincuenta.
El número de refugiados republicanos españoles en el Reino Unido y su imperio era mínimo aunque todavía estaban acogidos en Inglaterra unos cientos de niños de la guerra. La protección de unos 350 refugiados y 1.000 niños vascos era llevada a cabo por el National Joint Comittee For Spanish Relief, presidido por la duquesa de Atholl. El Comité nacional británico tenía un gasto mensual de 1.750 dólares en la protección de refugiados adultos españoles en Inglaterra y Francia, así como en un millar de niños vascos evacuados durante la guerra civil. Este Comité había sufragado tres cuartas partes de la primera expedición importante del SERE a México en el Sinaia con un coste de 24. 000 libras (125. 000 dólares). La situación del Comité se fue haciendo desesperada pues, aunque la mitad de los niños vascos regresaron a España con el comienzo de la guerra mundial, los 325 refugiados adultos no podían encontrar trabajo. Todavía en marzo de 1940, al año de terminar la guerra civil, la mayoría de los refugiados adultos seguían percibiendo subsidio del Comité británico y el SERE no podía contribuir apenas a su mantenimiento. De 338 refugiados adultos solamente trabajaban 90, y el Comité se hacía cargo de 480 niños con un coste global de 300 libras a la semana. La instalación de Negrín y de sus colaboradores en Inglaterra en junio de 1940 contribuyó al mantenimiento de un puñado de refugiados adultos y a la creación de diversas instituciones culturales y educativas.
El SERE, que había sido clausurado definitivamente en Francia en mayo de 1940, quedó en manos de algunos responsables como Pilar Lubián, secretaria y compañera del ex ministro de Hacienda, Francisco Méndez Aspe, Mariano Ansó, Antonio Huerta y el ugetista Eladio Fernández Egocheaga. La mayor parte de estos responsables del SERE pudieron trasladarse a Marsella, siendo tolerados relativamente por las nuevas autoridades de la Francia de Vichy. En todo caso, los antiguos delegados del SERE no tuvieron ya el status de institución bajo la protección de la Legaciónmexicana aunque mantuvieran buenas relaciones con el embajador Luis Rodríguez y el cónsul general Gilberto Bosques.
Los máximos responsables del SERE "semiclandestino" en la Francia de Petain, nombrados por Negrín, fueron Pilar Lubián y Mariano Ansó. En agosto de 1940 se reunieron antiguos funcionarios del SERE y ex ministros como Tomás Bilbao, José Moix y los socialistas vascos Amilibia y Huerta (que trabajaba en la Legación chilena) para preparar nuevas expediciones colectivas a México y Chile. La pretensión de los mismos de que la Legación mexicana en Francia se hiciera cargo del pago de sus emolumentos de ex ministros, sin molestarse en recoger los subsidios en persona, fue respondida airadamente por el embajador Rodríguez.
Aquí cabe hacer una digresión sobre el importante papel de las mujeres en la gestión de la ayuda republicana a los exiliados. Además de Pilar Lubián, Federica Montseny ostentó la representación de la FAI en el consejo del SERE y la diputada belga Isabel Blume se encargó de la coordinación en Bélgica de la ayuda a los niños de la guerra y sus familiares. En el caso de la JARE se creó un comité femenino que se ocupó sobre todo de los colegios y de la asistencia a los niños de Morelia. Fue presidido por Pilar Bolívar, viuda del diputado republicano Tapia, contando con la presencia de María Maciá, Julia Iruretagoyena y Carmen Gallardo. Por otro lado otras mujeres desempeñaron puestos relevantes en otros organismos de solidaridad con las víctimas del franquismo. Margarita Nelken presidió un comité pro presos mientras que las esposas de los Presidentes mexicanos, Amalia Solórzano y Margarita Richardi, tomaron iniciativas personales en relación con los niños de la guerra. Del mismo modo, los principales puestos del Comité Nacional Británico de Ayuda a España fueron desempeñados por mujeres como la Duquesa de Atholl o Eleanor Rathbone. Entre los cuáqueros muchas mujeres, entre las que destaca Miss Helmes, asistieron a los refugiados.. Entre las instituciones francesas de ayuda se pueden citar a Renée Monbrison del Comité de ayuda a los niños españoles y a madame Boylier del Comité nacional católico de socorros a los refugiados españoles. Hay que recordar, en fin, el compromiso de Eleanor Rooosevelt con la causa de los exiliados republicanos españoles.
Los responsables negrinistas coincidían con el criterio de la JARE de primar la evacuación de personalidades republicanas, muy amenazadas de extradiciones. Este criterio no era bien visto por los ugetistas y cenetistas, así como por los responsables de la Legaciónmexicana. La esperanza de una nueva vida en América y, sobre todo, en México, había supuesto que se inscribieran más de 25. 000 refugiados (3.000 de UGT) en las listas de la Legación para obtener visado. Al decir del delegado de UGT en Marsella, el antiguo diputado Eladio Fernández Egocheaga, "resultará que el proletariado (...) quedará en tierra para escoger entre el suicidio y el fusilamiento". En efecto, aunque en la última expedición salida de Burdeos hacia la Dominicana se habían reservado 121 plazas a ugetistas de un total de 600 visados, finalmente habían terminado embarcando 51. El responsable negrinista y ex ministro, Mariano Ansó, también prefería seleccionar a personalidades en una expedición colectiva de cien familias que se preparaba para Chile. Precisamente, Ansó y el socialista Antonio Huerta se vincularon a la Legaciónchilena en tareas semiclandestinas de apoyo a los refugiados en la Francia de Vichy. Negrín destinó 25. 000 libras (unos 5 millones de francos) para una proyectada expedición a Chile que no llegó a realizarse.
En realidad, Negrín y Méndez Aspe habían dado instrucciones a los responsables del SERE para que no se vieran mediatizados por las organizaciones sindicales aunque "conviene políticamente no decir que esta exclusión obedece a indicaciones del Gobierno". La situación en el verano de 1940, pese a las expectativas despertadas por el convenio franco-mexicano para la protección y evacuación de los republicanos españoles, no permitía aventurar grandes resultados. El delegado de UGT, en una entrevista con el embajador Rodríguez, había escuchado que "México no ha empezado la tarea sólo para evacuar diez o veinte mil, no distinguir entre diputado y albañil, piensa extender la protección hacia 50. 000 de zona ocupada (pues) mi nación está dispuesta a pagar para los buques lo que se le pida... Se trata de que México aumenta en 130. 000 personas su población y desde el momento del Convenio son habitantes mejicanos, ciudadanos de mí país". De acuerdo con estas manifestaciones del representante de México en Francia, Fernández Egocheaga elaboró unas normas para el embarque de 37. 000 personas en mes y medio. Sin embargo, como veremos, la realidad era más aplastante, pues no había barcos ni recursos para el traslado y asentamiento de una cantidad tan grande de refugiados en México.
En el segundo semestre de 1940, la prioridad de la política de ayuda de Negrín desde Inglaterra fue contratar una nueva expedición colectiva hacia Chile que salvara de la Europa de Hitler a las personalidades más comprometidas. Ya no pudo seguir manteniendo un gasto de 3 millones de francos al mes para los refugiados en Francia. No hubo ya aportaciones regulares de Negrín a la Legaciónde México en la Francia de Vichy. Únicamente durante el período de la embajada de Luis Rodríguez, Negrín pudo enviar cinco millones de francos.
Los esfuerzos de Negrín y de sus colaboradores para contratar barcos que sacaran de los territorios franceses a unos miles de refugiados fueron infructuosos. Las gestiones con el Chile del Frente Popular, en el que el antiguo embajador republicano Rodrigo Soriano hacía de delegado del SERE, no dieron el resultado apetecido. Después de la experiencia del Winnipeg, las autoridades chilenas preferían la llegada de pescadores, como categoría social, y de vascos, por su origen geográfico. Una política migratoria que difícilmente casaba con la necesidad de evacuar a personalidades políticas.
La red de Negrín en América tenía su base principal en México con el CTARE encabezado por el doctor Puche. Desde Nueva York, el ex ministro Julio Álvarez del Vayo conectaba con el otro lado del océano y facilitaba algunos medios. Existían, además, delegaciones del SERE en la Dominicana y Chile. Sin embargo, para el verano de 1942, Negrín creía injustificado persistir en una acción de ayuda a los refugiados que fueran hombres adultos. Además de la inexistencia de fondos, sobre todo después de ser privado de los recursos depositados en México, Negrín insistía en que la magnitud del problema del exilio hacía imposible la generalización del auxilio salvo que lo que se pretendiera fuera comprar voluntades y crear clientelas, aludiendo injuriosamente a su rival Indalecio Prieto:
"Injustificada después de tres años éxodo acción general ayuda masa exiliados para la que además del volumen requerido no habría medios después de privación parte más considerable y sustancial recursos salvaguardados en cumplimiento de disposiciones legales e imposibilitado auxilio directo compatriotas residentes en Francia o en España procuramos seguir atendiendo a través otros organismos a mutilados, niños, mujeres abandonadas o en campos de concentración".
La última contribución de la maltrecha "hacienda" de Negrín a la ayuda de los refugiados fue con ocasión de la liberación aliada de los territorios del norte de África. Pablo de Azcárate se puso en contacto con el Foreign Office, proporcionando a las autoridades de ocupación británicas una ayuda de 400. 000 francos para los españoles internados en los campos de concentración en Argelia y Túnez. A finales de noviembre de 1942, los españoles internados en el campo de Fouka Marine recibieron un telegrama interesándose por la suerte, en los que se les solicitaba una lista de inválidos.
En enero de 1943, el Gobierno británico contestó a una interpelación en la Cámara de los Comunes sobre la situación de los refugiados republicanos españoles y antifascistas de otras nacionalidades internados en los campos de concentración de África. Por ejemplo, en el campo de Djelba estaban internados 480 españoles refugiados (10 antiguos residentes) y 274 antiguos miembros de las Brigadas Internacionales. El Foreign Office agradeció a Azcárate la oferta de ayuda, contestándole que la comisión angloamericana de ocupación estaba estudiando la situación de los antifascistas en los campos de concentración. Sin embargo, las autoridades angloamericanas no atendieron la petición de Azcárate de que les cedieran para la ayuda a los refugiados españoles diez millones de francos que Indalecio Prieto, a través de la JARE, había enviado a Túnez para un plan de colonización del territorio con refugiados españoles durante los primeros meses de 1940.
El balance del gasto de Negrín desde Inglaterra entre la segunda quincena de junio de 1940 y abril de 1945 fue de 155.888 libras que equivalían a 27.748.064 francos franceses y unos 800. 000 dólares. De esta cantidad fueron destinadas a la ayuda a los refugiados en Francia y África apenas 28.330 libras que equivalían a 5.042.740 francos (un 18, 2%). Otras pequeñas cantidades fueron asignadas a pasajes hacia América, ayuda en España y auxilios en Inglaterra (8.685 libras en total, equivalentes a un 6% del gasto). 42.620 libras (un 27% del gasto) fueron destinadas a las instituciones creadas por Negrín y sus seguidores en el Reino Unido como el Hogar Español, el patronato del Instituto Español y la editorial (creada en junio de 1944) United Editorial. De esta manera tenemos que cerca de la mitad del gasto de Negrín en Inglaterra durante la segunda guerra mundial se fue en asignaciones (subsidios) y gastos diversos administrativos. Las asignaciones a los componentes del Gobierno en el exilio eran de 20. 000 francos al mes para Negrín y de 7.500 para sus ministros. Además Negrín disfrutó de una residencia de campo oficial en su discutida y inoperativa calidad de jefe de gobierno, con servicio doméstico incluido, y de diversos vehículos hasta el final de la guerra mundial. Hay que tener en cuenta que los ex ministros con familia numerosa recibían un máximo de 2.500 francos al mes. La cantidad devengada por Negrín era cuatro veces más grande que la percibida por el Presidente de las Cortes o el Presidente de la Delegación de la JARE en México, Martínez Barrio y Prieto, que recibieron unos 5. 000 francos al mes. Como ha señalado Moradiellos, puede ser que la asignación de Negrín, como presidente del Gobierno en el exilio, no fuese tan elevada una vez que se trasladó a Inglaterra, donde seguramente el coste de la vida era más alto y el subsidio equivalía a tres veces el sueldo de un funcionario o empleado medio. De todas maneras, Negrín tenía bienes propios y disfrutó de los intereses devengados por la CHADES hasta su devolución a Franco a comienzos de los años cincuenta. Al finalizar la guerra mundial y reactivarse la acción de Negrín se reservaron buena parte de las 75.614 libras (unos 400. 000 dólares) restantes a la política, asegurando, además, la continuidad del Instituto español. No parece muy verosímil que Prieto y Martínez Barrio utilizaran remanentes de los fondos de la JARE, salvados de la intervención mexicana, para la acción política de la Junta Española de Liberación o las reuniones de la Diputación Permanente de las Cortes. Prieto tenía bienes propios y vivía del periodismo. En cambio, el Presidente de las Cortes sí continuó percibiendo un subsidio de las autoridades mexicanas y recibió una fuerte ayuda del Presidente mexicano, Ávila Camacho, para el restablecimiento de las instituciones republicanas.
La valoración global de la política de ayuda de Negrín depende de la cuantificación de los recursos manejados. En julio de 1939, Negrín valoraba los recursos de su Gobierno en unos 500 a 600 millones de francos y otros 1.000 a 1.500 en bienes sin convertir (Vita y otros efectos) en México pero fuera de su control. Negrín pretendía emplear los recursos que disponía directamente, una cuarta parte de total, en la ayuda a los refugiados y el mantenimiento de las altas personalidades republicanas. Por el contrario, las otras tres cuartas partes de los recursos había que reservarlos para el futuro de la Hacienda republicana cuando se regresara a España. Esta opción política fue discutida por el resto de las formaciones políticas y sindicatos, pues la mayoría consideró que los fondos había que gastarlos en la ayuda a los refugiados y a las personalidades republicanas (con la oposición de Prieto que consideraba que la prioridad eran los internados en campos y los mutilados y que los subsidios a altos cargos había que suprimirlos). Es cierto que la conversión y venta de los bienes suntuarios y otros efectos no monetarios suponía una considerable depreciación en las circunstancias de la guerra mundial. Además la enormidad del problema de los refugiados en Francia hacía imposible que los recursos disponibles pudieran llegar a la totalidad de los mismos. No había recursos para evacuar a América a más de treinta o cuarenta mil refugiados y había que optar entre el gasto en embarques o el mantenimiento de la masa de los mismos en Europa y África. Por ello, tanto Prieto como Negrín, el PCE o el PNV, terminaron propugnando una política de repatriaciones a España de los refugiados menos comprometidos.
El hundimiento de Francia supuso que Negrín perdiera la mitad de los recursos que administraba, lo que le hizo ordenar la suspensión de subsidios y nuevas inversiones en América. Por el contrario, trató de recuperar parte de las inversiones en empresas industriales y agrícolas en México para la pura supervivencia de la ayuda y la acción política de su Gobierno en el exilio en Inglaterra.
Habría que cuantificar qué parte de los recursos manejados por Negrín se gastó en la ayuda a los refugiados y qué porcentaje se fue en el pago de subsidios y administración de los fondos. Sin embargo, esta cuantificación resulta poco menos que imposible pues buena parte de las asignaciones a las altas personalidades republicanas se computó fuera de las asignaciones del SERE y no se realizó un balance global del gasto. De todas maneras, cabe aventurar que la mitad del gasto se dedicó a los refugiados de "a pie" pues incluso la existencia de una nómina de cerca de 250 empleados del SERE en el verano de 1939 era una forma de que una parte de los exiliados percibieran una asignación por un empleo y no meramente un subsidio.
La política de subsidiar a unos cientos de personalidades republicanas (ministros, diputados, militares), dado que se pretendía la continuidad de la legalidad del Gobierno Negrín y el resto de las instituciones republicanas en el exilio, era criticable, pues significaba privilegiar a unos cuantos a cambio del abandono de la masa de los refugiados. Sin embargo, resulta humanamente comprensible y hubiera sido más legítima moralmente si el grueso de los refugiados hubiese regresado a España (en realidad cerca de 200. 000 refugiados de la primera hora retornaron a España a lo largo de 1939 pero otros 160. 000 se convirtieron en exiliados políticos permanentes). Como podemos observar en la tabla que hace balance de los gastos del Gobierno Negrín durante el bienio de 1939-1940, un 75% de los recursos se emplearon directamente en los organismos de ayuda. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dentro de lo asignado al SERE, el CTARE o la Junta de Auxilios de la República Dominicana una parte considerable se gastó a su vez en la gestión de la ayuda a la masa de los refugiados, con más de 200 funcionarios inicialmente, y en subsidios a personalidades. De este modo, solamente se puede hacer la estimación de que algo menos de la mitad del gasto de Negrín se destinó a la ayuda a la masa de los refugiados. Por el contrario, la Junta de Auxilio a los Republicanos destinó cerca de dos tercios del gasto al conjunto de los refugiados, dedicando muchos menores recursos al subsidio de personalidades o a gastos administrativos y de personal. Finalmente, cabe adelantar que el gasto de los gobiernos de Giral y Llopis entre 1945 y 1947 fue en su mayor parte destinado al mantenimiento del esqueleto de las instituciones republicanas (Gobierno, Cortes, Gobierno Vasco, Generalitat) reservando apenas un 10% a la ayuda directa a los refugiados de a pie mediante subsidios o educación. No obstante, hay que indicar también que, en el contexto de la victoria aliada, la ayuda a los refugiados fue asumida en su mayor pare por los gobiernos francés y norteamericano, así como por numerosas asociaciones humanitarias.

Publicado en Abdón Mateos, La batalla de México. El final de la guerra civil y la ayuda a los refugiados, Madrid, Alianza, 2009

Tercera Prueba de Evaluación.

Preguntas

1. El pleito Prieto-Negrín

2. la política francesa hacia los refugiados

3. La JARE

Lectura de ampliación: Juan Avilés, La izquierda burguesa y la tragedia de la II República, Madrid, Comunidad, 2006.

Documento: Carta de Prieto a Irujo, invitándolo a ser secretario de la JARE, agosto 1939, archivo

Prieto, Madrid

Vídeo: El PSOE en la guerra de España