El largo periodo de gobierno del PSOE liderado por Felipe González entre 1982 y 1996 constituye ya una época que ha entrado en la Historia de la España del siglo XX.
El proyecto político del PSOE en el poder, por primera vez en solitario, osciló entre el reformismo modernizador y la socialdemocracia. Las primeras legislaturas, gobernadas con amplia mayoría, tuvieron como oponentes a los sindicatos, incluido al sindicato hermano UGT, y los nacionalismos periféricos. Entre 1982 y 1990, la vicepresidencia del gobierno fue desempeñada por Alfonso Guerra, quien, además, dirigía el partido socialista. La superación del golpismo, la articulación definitiva del Estado de las Autonomías, la adhesión a la Comunidad Europea y la confirmación de la pertenencia a la OTAN fueron algunos de los principales logros del período. Tras la huelga general de 1988, promovida por UGT y CC.OO, el gobierno socialista acentuó el perfil socialdemócrata con un incremento del gasto social. Sin embargo, a partir de los años noventa, y sobre todo, durante la última legislatura de 1993-1996, se produjo un creciente deterioro debido a la corrupción y a la cuestión de la política contraterrorista a través del GAL. La campaña de propaganda de la prensa conservadura, junto a la pinza de Izquierda Unida y el refundado Partido Popular, fueron deteriorando los apoyos sociales del PSOE en los medios urbanos, hasta la victoria electoral de los populares, encabezados por José María Aznar, en las elecciones de marzo de 1996.
La primera legislatura socialista
En diciembre de 1982, Felipe González formaba el primer gobierno en solitario del PSOE, gracias a la obtencion de una abrumadora mayoría absoluta. González había nacido en 1942, participando en la protesta estudiantil, el obrerismo católico y el asesoramiento laboral a los trabajadores sevillanos. En 1969 entró en la dirección de las organizaciones socialistas, accediendo a la secretaría en 1974, desde un discurso ideológico radical que, enseguida, aemperó con un regeneracionismo y un patriotismo español inspirado en figuras republicanas como la de Azaña más que en los líderes históricos del socialismo.
El equipo de gobierno de González estaba compuesto por hombres, en su mayor parte universitarios, de la generación antifranquista de 1956-68. Alfonso Guerra accedió a la vicepresidencia del Gobierno, ocupándose, además, de la vida del partido. La presencia de Guerra en el gobierno permitía a apelación a la historia del socialismo español aunque, a menudo, fue acusado de populista. La UGT descartó participar directamente en el Gobierno, ocupando, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, aunque colaboró en la elaboración del programa de gobierno con quien terminó ocupando esta cartera, Joaquín Almunia.
Fue aprobada la joranda de 40 horas y la Ley orgánica de Libertad Sindical (LOLS) de 1985 que profundizaba el papel de los sindicatos, ya reconocido parcialmente por el Estatuto de los trabajadadores de 1980, como interlocutores sociales en la empresa y en la administración. Además la LOLS resolvía la cuestión del patrimonio sindical. Sin embargo, la reforma de las pensiones en mayo de 1985 provocó un alejamiento de UGT respecto al Gobierno que culminó con la huelga general de 1988. El gobierno pretendía que los sindicatos mayoritarios UGT y CC.OO, aceptaran la contención salarial, la reconversión industrial y una mayor flexiblidad en la contratación, a cambio de las contrapartidas concedidas en la LOLS.
A la cartera de Exteriores accedió el veterano diplomático e intelectual Fernando Morán, que procedía de las filas de Enrique Tierno Galván. Morán no terminó de encajar en el gobierno González, representando una posición ideológica cercana a la corriente Izquierda Socialista del PSOE. Su gestión, muy atacada por los medios de comunicación conservadores, y con problemas en el seno de su propio partido, permitió un acercamiento a Francia y la homologación de España en el mundo occidental a través de la entrada en la CEE.
Para Educación fue designado el sociólogo de formación anglosajona, José María Maravall, que había inspirado el retorno de PSOE a una actitud socialdemócrata. Además del crecimiento del gasto público en educación, su gestión tuvo como principales iniciativas la regulación de la enseñanza privada concertada, en su mayoría con la Iglesia, y la Ley de Reforma Universitaria.
Para el area de la política económica fueron designados los socialdemócratas Migel Boyer (Economía, Hacienda y Comercio) y Carlos Solchaga (Industria y Energía). Boyer era un técnico procedente del Banco de España con una sólida formación intelectual. Aunque había defendido posiciones marxistas durante los años sesenta, desde su militancia en la ASU y las Juventudes Socialistas, había sido uno de los impulsores del ajuste ideológico del partido durante la transición.
En 1982 la economía española se encontraba en su momento más bajo desde los años setenta. La tasa de paro afectaba al 16, 5 % de la población activa, la inflación había descendido pero todavía era del 14% y el déficit público alcanzaba la crifra del 5,6 % del PIB. Además era necesaria la reconversión de la industria pesada, aplazada por el clima social de la transición aunque el gobierno de Calvo-Sotelo había abordado parcialmente el problema en 1981. Los ajustes económicos (devaluación de la peseta, reconversión, reducción del déficit...), alejados del intervencionismo público keynesiano y sin tener en cuenta a los sindicatos y a la patronal, permitieron una cierta salida de la crisis económica desde 1985.
Para la cartera de Defensa fue nombrado Narcís Serra. El político catalán procedía del radical Frente Obrero de Cataluña y del Partido Socialista de Cataluña. Entre 1979 y 1982, con los primeros ayuntamientos democráticos, había realizado una excelente gestión en Barcelona. Con una serie de gestos hacia los militares, González y Serra lograron progresivamente enfriar la tensión existente en los cuarteles, neutralizando la amenaza golpista.
Las reformas militares de los gobiernos de UCD no habían conseguido la plena inserción de los militares al orden constitucional, es decir, la subordinación de los mandos militares al gobierno, al poder político. En 1984, Serra impulsó la reforma de la Ley orgánica de 1980, logrando poner fin a la autonomía del Ejército. La nueva Ley reformaba la Junta de Jefes del Estado Mayor y precisaba el papel del rey como jefe de las fuerzas armadas. En todo caso, el nuevo papel del Ejército en el marco de la OTAN alejaba la amenaza golpista.
Para el ministerio de Interior fue nombrado José Barrionuevo, que había sido concejal en Madrid y procedía de medios carlistas y neosocialistas de USO. Barrionuevo no procedió a una purga de los cuerpos de seguridad del Estado que provenían de la transición y, en último término, del franquismo. La política de seguridad fue, por tanto, una continuación de la desarrollada por UCD. Esta continudad estuvo provocado, en gran medida, por la virulencia de la ofensiva terrorista de ETA. Para los gobiernos civiles Barrionuevo improvisó unos nombramientos como los de Roldán, Elgorriaga y Sancristóbal, condenados posteriormente por la Justicia, los dos últimos por la guerra sucia del GAL contra el terrorismo. Barrionuevo, además, continuó la política de reinserción de etarras iniciada por Rosón, ministro de UCD, e hizo aprobar una discutible Ley orgánica antiterrorista en diciembre de 1984. Las negociaciones políticas para el fin del terrorismo etarra terminaron fracasando pero el Gobierno consiguió la colaboración de Mitterrand para la desarticulación del llamado "santuario francés".
Puede decirse que la transición en el ámbito de la política exterior no culminó hasta bien avanzada la década de los ochenta pues, si bien las negociaciones con Europa habían avanzado en la época de Suárez y el gobierno de Calvo-Sotelo había decidido la integración en la OTAN por mayoría parlamentaria simple, la solución de ambos aspectos esenciales de la inserción de España en el mundo occidental no culminó hasta 1986. Además en 1988 fueron revisados los acuerdos con Estados Unidos establecidos en 1953 y actualizados mediante el Tratado de 1976.
La cuestión del ingreso de España en la OTAN había planeado sobre la vida política durante toda la transición, pues ya se incluyó en la declaración programática del primer gobierno de UCD. El acceso de Leopoldo Calvo-Sotelo a la presidencia del gobierno en febrero de 1981, tras el golpe militar, dio prioridad a la política de seguridad y defensa. El ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, había declarado el propósito del gobierno de entrar en la OTAN y los Congresos de UCD en 1978 y 1980 habían asumido ese compromiso. Pese a la fuerte crítica de la izquierda parlamentaria y la creación de un movimiento social pacifista y neutralista, que logró modificar la actitud de la opinión pública, Calvo-Sotelo tuvo la firmeza suficiente para proceder a la adhesión a la OTAN de forma rápida e imprecisa, es decir, sin concretar condiciones ni negociar la cuestión de Gibraltar, la cobertura de la Alianza hacia Ceuta y Melilla y las bases de Estados Unidos. Aunque el gobierno de UCD tuvo en cuenta estos aspectos de la política de seguridad y exterior, las Cortes únicamente aprobaron en octubre de 1981 una exigencia para que no se almacenaran armas nucleares en territorio español.
El PSOE, europeísta y, en menor medida, atlantista, durante la etapa del exilio y de la clandestinidad, había asumido posiciones neutralistas durante los primeros años setenta. A juicio de los socialistas el ingreso en la OTAN en un periodo de guerra fría desestabilzaría el equilibrio entre los bloques militares. En un momento de crisis de UCD, los socialistas decidieron impulsar un movimiento pacifista con el lema "OTAN, de entrada, no". La exigencia del PSOE de un referéndum previo a la entrada fue derrotada en el Congreso por 172 votos contra 144. A partir de ese momento González se comprometió a organizar una consulta popular cuando estuviese en el poder.
Una vez recibida la invitación de la Alianza y completada la rafificación del ingreso de España por los estados miembros, el acta de adhesión fue depositada en Washington el 30 de mayo de 1982.
La primera medida del gobierno del PSOE fue la no integración en la estructura militar de la OTAN, ratificándose en la necesidad de un referéndum para resolver la cuestión. Felipe González pronto decidió apoyar el despliegue de los euromisiles en Alemania al encontrarse con que la mayor parte de las potencias europeas asociaabn el ingreso en la CEE con una plena vinculación al mundo occidental a través de la permanencia en la OTAN. Esta percepción condujo a que González terminara identificando ambas opciones internacionales a finales de 1984. En efecto, el Decálogo del PSOE sobre cuestiones de seguridad enlazaba la pertenencia a la OTAN y a la CEE, proponiendo la no integración en la estructura militar, la ausencia de armas nucleares y la reducción de las bases militares. La posición de González no contaba con el apoyo de la totalidad del gobierno y del PSOE. Tanto el vicepresidente Alfonso Guerra como, sobre todo, el ministro de Exteriores, Fernando Morán, discrepaban de la "conversión" o ajuste ideológico socialista hacia el occidentalismo.
Al mismo tiempo se produjo un sustancial avance de la integración en la Comunidad Europea. Las conversaciones bilaterales para el ingreso más difíciles se dieron con Francia. Finalmente, en junio de 1985 se alcanzaba el acuerdo que se hizo efectivo en enero de 1986. Por entonces, el porcentaje del comercio exterior español hacia la Europa comunitaria era del 60%. La dimensión política de la entrada en la CEE se concretó mediante la adjudicación de dos comisarías en la Comisión Europea y 60 eurodiputados en el Parlamento Europeo. Tras la adhesión, el presidente del gobierno sustituyó a Morán por el antiguo socialdemócrata, ministro de Hacienda y Justicia con UCD, Francisco Fernández Ordóñez.
El 12 de marzo de 1986 se celebró el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. Con una participación de sólo el 60% del censo, debido a la llamada a la abstención de los populares, el voto favorable a la permanencia en la Alianza Atlántica obtuvo únicamente el 52% mientras el 4o% votaba en contra.
Se puede decir, por tanto, que apenas un tercio de los españoles con derecho al voto ratificaron la permanencia de España en la OTAN debido, sin duda, a la existencia de una persistente cultura política o conciencia histórica pacifista y antiyanki que anclaba sus raíces en las guerras coloniales y civiles de la España contemporánea y, más recientemente, en la ayuda norteamericana al franquismo. De todas maneras, la campaña del referéndum resultó muy confusa pues la dirección del PSOE tuvo que emplearse a fondo para convencer a sus militantes y votantes sobre el cambio de posición mientras que la conservadora Alianza Popular propugnaba la abstención. Sin embargo, la nueva coalición Izquierda Unida, impulsada por el PCE, no lograría capitalizar el movimiento pacificista con resultados electorales apreciables.
Lectura de ampliación: Álvaro Soto (ed.), La primera legislatura socialista, Historia del Presente, 8, Madrid, 2006.
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